Margarita Cejudo Díaz
Expediente 119/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 119/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Margarita Cejudo Díaz
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, del que se advierte que por auto de cuatro de febrero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con las constancias que al efecto, envió la autoridad responsable Tesorera del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, con relación al cumplimiento dado al fallo protector y, debidamente notificados, no desahogó la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia de ocho de julio de dos mil catorce, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a MIREYA ELENA DE LA VEGA SOLÍS, respecto del sistema normativo que regula el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional, previstos en los artículos 94 Bis a 94 Bis-12, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, para el siguiente efecto: "...En conclusión se concede el amparo y protección de la justicia de la unión a la quejosa MIREYA ELENA DE LA VEGA SOLÍS, por cuanto al sistema normativo que regula el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, previsto en los artículos 94 Bis a 94 Bis-12, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos. En el entendido de que, con motivo de la concesión del amparo, a fin de restituirla en el goce de la garantía individual violada, como lo prevé en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, deberán reintegrársele la cantidad generada y pagada por tal concepto, es decir, un monto total de: $14,500.00 (catorce mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional). Dicho monto incluye la cantidad cobrada por concepto de impuestos adicionales, equivalentes al veinticinco por ciento (25%) cuya base gravable fue el monto del impuesto principal, ello en virtud de que al ordenarse la devolución de lo pagado por el impuesto impugnado, no existe base para el cobro del impuesto adicional, dada su estrecha vinculación, y que está prevista en los artículos 119 al 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, cuyo tributo adicional también reclama el quejoso; de igual forma, es procedente devolver la cifra que se le aplicó por recargos de ese tributo, ello en virtud de que debe comprender el monto de las cantidades que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido." Por auto de veintinueve de julio de dos mil quince, causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió a las referidas autoridades, el cumplimiento de la sentencia constitucional Por otra parte, en virtud de que la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, no había dado cumplimiento a la sentencia de amparo no obstante los diversos requerimiento realizados por este jugado, se dio trámite al incidente de inejecución de sentencia, el cual fue radicado en el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, bajo el número 61/2015, en el cual por sesión de dieciocho de septiembre de dos mil quince, se declaró fundado dicho incidente. Por consiguiente, el expediente del juicio de amparo 1374/2014-II del índice de este juzgado, fue enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual mediante auto de catorce de octubre de dos mil quince, dictado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue admitido y registrado como incidente de inejecución de sentencia 471/2015; asimismo, el Máximo Tribunal, solicitó a la autoridad responsable el cumplimiento en los siguientes términos: "TERCERO. Se requiere a la Tesorera y a la Presidenta, como superior jerárquico, ambas el Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para que, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, acrediten haber acatado el fallo protector en los términos antes descritos, o bien, justifiquen ante este Alto Tribunal la causa del incumplimiento, apercibidas, con fundamento en el puntos Segundo, fracción VI, inciso B, del Acuerdo General Plenario 5/2013 y Segundo, fracción IV, del Acuerdo General 10/2013, en el sentido de que de no acatarse la sentencia protectora o acreditarse la justificación de su incumplimiento en dicho plazo, el asunto se listará ante el Pleno de este Alto Tribunal dentro de los quince días hábiles siguientes a su vencimiento, para la aplicación de lo dispuesto en la fracción XVI, del artículo 107 Constitucional." En acatamiento a lo anterior, la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, mediante oficio recibido el tres de febrero del dos mil dieciséis, remitió copia certificada del cheque número 0000324, de fecha uno de febrero del año actual, a favor de la quejosa Mireya Elena De la Vega Solís, por la cantidad de $14,500.00 (catorce mil quinientos pesos 00/100 MN.), por concepto del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y sus adicionales. Con el referido acuerdo, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, solicitándole a dicha parte que informara dentro del mismo término si había cobrado el cheque; sin que a la fecha lo haya comunicado, no obstante se encuentra debidamente notificada, como se advierte de autos. Documentales que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Por consiguiente, al poner a disposición de la parte quejosa, el citado monto cobrado por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido. Sin que sea óbice a lo anterior, que no obre constancia de la que se advierta que la parte quejosa a la fecha no se haya presentado a recoger el cheque correspondiente, en virtud de que la autoridad responsable ya puso a su disposición el referido título de crédito, además con dicha situación se dio vista a la parte quejosa, como se advierte de los presentes autos; por consiguiente sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por el citado concepto del impuesto reclamado. Sustenta lo anterior, el criterio que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el incidente de inejecución de sentencia 584/2015, derivado del juicio de amparo 2053/2014-IV del índice de juzgado, mediante proveído cinco de enero de dos mil dieciséis, estableció lo siguiente: "CUARTO. Con fundamento en el artículo 297, fracción 11, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a la parte quejosa, para que dentro de los tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste ante el Juzgado de Distrito del conocimiento si cobró el cheque 0046346, por el monto de $13,041.94 (trece mil cuarenta y un pesos 94/100 M.N.), apercibida que de no hacerlo se determinará el cumplimiento de la sentencia de amparo respecto del Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, y del Tesorero de Xochitepec, Morelos, con las constancias que obren en autos." Lo subrayado es propio de este juzgado. Es decir, para el Máximo Tribunal la omisión del quejoso de pronunciarse sobre el cumplimiento, cuando se ha expedido el cheque respectivo a su favor y se puso a su disposición, sin que manifieste si lo recibió, es motivo suficiente para tener por cumplida la ejecutoria de amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el 201 de la Ley de Amparo. Finalmente, remítase al Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con residencia en México, Distrito Federal, vía MINTERSCJN el presente acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar, dentro del incidente de inejecución de sentencia 471/2015. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
...Por consiguiente, se requiere en los siguientes términos: LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. II. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere a la Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (MARÍA CONCEPCIÓN CÁRDENAS FUAN), para que dentro del término de veinte días, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo y devuelva a la quejosa la cantidad de $4,039.38 (cuatro mil treinta y nueve pesos 38/100 m.n.). En el entendido que la actualización al día de hoy se calculó de la siguiente manera lo siguiente: Mes más reciente Diciembre 2015 Entre Mes anterior (De acuerdo a la fecha de pago) marzo 2011 Factor de actualización ? 118.532 / *100.797 1.175947696856057 Cantidad cobrada Por Factor de actualización Cantidad total a pagar $3,435.00 * 1.175947696856057 $4.039.38 Cabe precisar que el término de veinte días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En el entendido de que el efecto del amparo es para lo siguiente: Se desincorporen de la esfera jurídica del quejoso, hasta en tanto no sean reformados, los artículos 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, así como los diversos 119 al 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, y, en su lugar, se cobre al quejoso la tarifa mínima de un día de salario mínimo general vigente en el Estado, con motivo de la inscripción de la escritura pública número 235,762 pasada ante la fe del Notario número Dos de Cuernavaca, Morelos. Como consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad de los mencionados preceptos y, en razón de la inconstitucionalidad que le asiste a los cobros consignados en los recibos de pago 3934337 -por la cantidad de cinco mil ciento cincuenta y dos pesos-, 058932 -por la cantidad de tres mil cuatrocientos treinta y cinco pesos-y 3972728 -por la cantidad de quince pesos-, expedidos por la entonces Secretaría de Finanzas y Planeación, y por la tesorería del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, ambos del Estado de Morelos, se ordena reintegrar a la parte quejosa el pago que realizó por concepto de dichas contribuciones, descontando el monto de un día de salario mínimo general vigente en el Estado, con motivo de la inscripción de la escritura pública número 235,762, pasada ante la fe del Notario Público número Dos, con residencia en Cuernavaca Morelos. En el entendido que se deberá restituir al quejoso el pago que realizó por concepto de dichas contribuciones (ocho mil seiscientos dos pesos), previo descuento precisado en el párrafo que antecede, debidamente actualizado, pero sin que ello obligue al pago de intereses, toda vez que el pago de aquéllos tiene como finalidad sancionar a la autoridad por el incumplimiento oportuno del deber de una devolución, es decir, tienen una naturaleza indemnizatoria, tal como lo dispone el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Morelos. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo establecido en el decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, del Diario Oficial de la Federación y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. III. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al Presidenta Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (JOSÉ FERNANDO AGUILAR PALMA), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia...
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