Margarita Cecilia Nuñez Rogel
Expediente 1923/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1923/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 27/11/2023
Partes del expediente
- Margarita Cecilia Nuñez Rogel
Actuaciones
- Principal
VI. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, quienes se ostentan como apoderados de ***, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Se precisa que no pasa inadvertido para este Juzgado de Distrito el hecho de que ***, se ostenten como apoderados de la parte quejosa; sin embargo no existe plasmada firma de éstos en dicho documento, lo que evidencia que no existe voluntad para aceptar el carácter de apoderados de la quejosa. En términos del numeral 10 de la Ley de Amparo, se reconoce a ***, como apoderados de ***. Del análisis integral de la demanda se advierte que la quejosa reclama: La omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, de pronunciarse respecto de la demanda presentada el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, registrada con el número de expediente *** de su índice. El artículo 204 A de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, establece que transcurridos contados a partir de la notificación de la última determinación del Tribunal o la Sala, se declarará la caducidad de instancia si no hubiere promoción que tienda a impulsar el procedimiento por la parte actora. En este sentido, es menester citar el artículo 229 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que dispone: "Artículo 229. El Tribunal o la Sala dentro de tres días siguientes a la presentación de la demanda, prevendrá al actor para que en el plazo de tres días corrija su demanda por ser obscura e imprecisa, en caso de que no lo haga se tendrá por ratificada. Asimismo, cuando el actor sea el servidor público o sus beneficiarios podrá aclarar, modificar o enderezar la demanda por una sola vez en un término de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la demanda, para el caso de no hacerlo se le tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer con posterioridad. Admitida la demanda y el escrito de pruebas se correrá traslado de ella a la parte demandada, así como de las pruebas, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, emplazándola para que la conteste dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente del emplazamiento, ésta deberá contener copia cotejada de la demanda y de los acuerdos que le recayeron, apercibiéndolo que para el caso de no contestarla en el término señalado se tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas ofrezca pruebas en contrario con las que acredite que el actor no era servidor público, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda. El Tribunal o la Sala dentro de los tres días hábiles siguientes que reciba la contestación de demanda o hubiera trascurrido el término para contestarla, dictará acuerdo en el que se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas, la cual deberá realizarse dentro de los diez días hábiles posteriores al acuerdo; apercibiéndolos de tenerlos por inconformes con todo arreglo conciliatorio y por perdido el derecho de ofrecer pruebas si no concurren a la audiencia. Durante la tramitación de los conflictos individuales y colectivos bastará la presencia del Presidente del Tribunal o de la Sala o del auxiliar, quien llevará a cabo la audiencia hasta su terminación y dictará las resoluciones que procedan, salvo los laudos, caso en que citará a los integrantes del Tribunal o de la Sala para dictar la resolución correspondiente. El precepto citado establece las hipótesis en que puede encuadrar un escrito inicial de demanda, es decir: 1. Acuerdo en el que se prevenga la demanda. 2. Acuerdo en el que se admita la demanda. Se estima tal aserto, porque dicho ordinal establece que el Tribunal responsable, dentro de los tres días siguientes a la presentación de la demanda podrá prevenir a la parte actora a fin de que corrija su demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo así se tendrá por ratificada; o bien, en su caso dentro del citado plazo de tres días, deberá admitirla a trámite. La quejosa, bajo protesta de decir verdad afirmó que el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, presentó la demanda laboral ante la autoridad responsable. Luego, si el plazo de tres días que prevé el artículo 239 de la ley burocrática estatal, para pronunciarse respecto de la presentación de la demanda, transcurrió del seis al ocho de septiembre de dos mil veintitrés, y conforme al diverso 204 A de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, el plazo de ciento veinte días que se mencionan para la declaratoria de la caducidad, transcurren del once de septiembre de dos mil veintitrés al ocho de enero de dos mil veinticuatro; es evidente que si para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas, procede cuando transcurren más de ciento veinte días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debió pronunciarse, precisamente porque se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 204 A de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador, entonces a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dos de octubre del año en curso) aún no transcurre el plazo señalado, y por ende, no es dable afirmar que exista una abierta demora del procedimiento o su paralización total. Se actualiza la referida regla general consistente en que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza (actos omisivos), y por ende, es notoriamente improcedente, desechándose de plano la demanda promovida por ***, por conducto de sus apoderados *** contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene por autorizado al usuario "***", y se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este órgano a fin de que realice las notificaciones a la parte quejosa por el mencionado medio electrónico conforme al artículo 26 fracción IV de la Ley de Amparo. En esa virtud, no se tiene como domicilio procesal el físico que cita, a fin de evitar duplicidad de notificaciones. Se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.
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