Margarita Capiterucho Rivera
Expediente 439/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 439/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Margarita Capiterucho Rivera
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dos de junio de dos mil veintidós. En atención a la certificación con que se me da cuenta, se obtiene que el treinta y uno de mayo pasado feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la promovente Margarita Capiterucho Rivera hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I inciso a) de la citada Ley de la materia, en contra del acuerdo de doce de mayo del año en curso, por el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la citada ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. En tales condiciones, de conformidad en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) El presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por haberse desechado la demanda de amparo. b) Transcurridos más de tres años a partir de la fecha del presente acuerdo, previa acta que se elabore, procédase a la destrucción del mismo. c) Este asunto no se considera de relevancia documental, en los términos del artículo 15 del aludido Acuerdo General. d) Por último, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, respecto de la fecha del acuerdo por el que se ordena su archivo, así como indicando la valoración que corresponda (relevancia documental, conservable, depurable o destruible) como al efecto establece el artículo 35 de la normativa de mérito. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DEL AMPARO Ahora, mediante proveído de doce de mayo del año en curso, su tuvo por recibido el oficio signado por la actuaria judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, del cual se advierte que en los autos del amparo directo 280/2022 de su índice estadístico, formado con motivo de la demanda promovida por Margarita Capiterucho Rivera, ésta no impugnó el auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, en donde la magistrada presidenta declaró que ese Tribunal carecía de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en cuestión, por lo que, al haber causado estado remitió la demanda con anexos para su conocimiento. Derivado de lo anterior, por cuestión de turno, este juzgado aceptó la competencia planteada; sin embargo, en ese mismo proveído de doce de mayo hogaño, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda con sus anexos, este órgano jurisdiccional advirtió actualizada una causa de improcedencia, de forma manifiesta e indudable, a saber, la establecida en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y se desechó de plano la demanda de amparo. En ese contexto, comuníquese lo anterior mediante oficio a las autoridades señaladas como responsables Magistrados que integran la Sexta Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, para los efectos legales procedentes dentro del toca 1508/2021 de su índice estadístico, así como al Juez Segundo de Primera Instancia, residente en Veracruz, Veracruz, para conocimiento dentro de su expediente 173/2021, al que se adjunta copia autorizada del acuerdo de doce de doce de mayo de esta anualidad, a fin de que se impongan de su contenido. De igual forma, notifíquese esta determinación a Macario Ríos Escobar, a quien se le citó como tercero interesado en la demanda de amparo promovida por Margarita Capiterucho Rivera propio derecho, y a quien se le emplazó por la autoridad responsable en el domicilio ubicado en calle Víctimas del 5 y 6 de Julio, número 1123, entre Simón Bolívar y Valencia, colonia Ignacio Zaragoza, en Veracruz, Veracruz, así como el contenido del aludido acuerdo de doce de doce de mayo de esta anualidad, únicamente para su conocimiento y efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con ésta fecha se notifica a la parte tercero interesada, los autos de doce de mayo y dos de junio del año en curso, que dice: Boca del Río, Veracruz, dos de junio de dos mil veintidós, En atención a la certificación con que se me da cuenta, se obtiene que el treinta y uno de mayo pasado feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la promovente Margarita Capiterucho Rivera hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I inciso a) de la citada Ley de la materia, en contra del acuerdo de doce de mayo del año en curso, por el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la citada ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. En tales condiciones, de conformidad en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) El presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por haberse desechado la demanda de amparo. b) Transcurridos más de tres años a partir de la fecha del presente acuerdo, previa acta que se elabore, procédase a la destrucción del mismo. c) Este asunto no se considera de relevancia documental, en los términos del artículo 15 del aludido Acuerdo General. d) Por último, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, respecto de la fecha del acuerdo por el que se ordena su archivo, así como indicando la valoración que corresponda (relevancia documental, conservable, depurable o destruible) como al efecto establece el artículo 35 de la normativa de mérito. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DEL AMPARO Ahora, mediante proveído de doce de mayo del año en curso, su tuvo por recibido el oficio signado por la actuaria judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, del cual se advierte que en los autos del amparo directo 280/2022 de su índice estadístico, formado con motivo de la demanda promovida por Margarita Capiterucho Rivera, ésta no impugnó el auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, en donde la magistrada presidenta declaró que ese Tribunal carecía de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en cuestión, por lo que, al haber causado estado remitió la demanda con anexos para su conocimiento. Derivado de lo anterior, por cuestión de turno, este juzgado aceptó la competencia planteada; sin embargo, en ese mismo proveído de doce de mayo hogaño, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda con sus anexos, este órgano jurisdiccional advirtió actualizada una causa de improcedencia, de forma manifiesta e indudable, a saber, la establecida en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y se desechó de plano la demanda de amparo. En ese contexto, comuníquese lo anterior mediante oficio a las autoridades señaladas como responsables Magistrados que integran la Sexta Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, para los efectos legales procedentes dentro del toca 1508/2021 de su índice estadístico, así como al Juez Segundo de Primera Instancia, residente en Veracruz, Veracruz, para conocimiento dentro de su expediente 173/2021, al que se adjunta copia autorizada del acuerdo de doce de doce de mayo de esta anualidad, a fin de que se impongan de su contenido. De igual forma, notifíquese esta determinación a Macario Ríos Escobar, a quien se le citó como tercero interesado en la demanda de amparo promovida por Margarita Capiterucho Rivera propio derecho, y a quien se le emplazó por la autoridad responsable en el domicilio ubicado en calle Víctimas del 5 y 6 de Julio, número 1123, entre Simón Bolívar y Valencia, colonia Ignacio Zaragoza, en Veracruz, Veracruz, así como el contenido del aludido acuerdo de doce de doce de mayo de esta anualidad, únicamente para su conocimiento y efectos legales procedentes. doce de mayo del año en curso, que dice: Agréguese el oficio signado por la actuaria judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, del cual se advierte que en los autos del amparo directo 280/2022 de su índice estadístico, formado con motivo de la demanda promovida por Margarita Capiterucho Rivera, ésta no impugnó el auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, en donde la magistrada presidenta declaró que ese Tribunal carecía de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en cuestión, por lo que, ha causado estado y remite la demanda con anexos para su conocimiento. En esa virtud, fórmese expediente y regístrese bajo el número 439/2022 y, en estricto cumplimiento a lo acordado por la Presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, dentro del mencionado amparo directo 280/2022, el suscrito ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA y se avoca al conocimiento de la referida demanda de amparo. Acúsese recibo. Ahora, con apoyo en la facultad derivada del artículo 113 de la Ley de Amparo, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda y anexos, así como la diversa demanda de amparo promovida por Ivonne Guadalupe Ríos Capiterucho, recibida igualmente el día de ayer en este juzgado, a la que se le asignó el número 440/2022, y que guarda estrecha relación con la demanda 439/2022 que se atiende, por reclamar el mismo acto, a saber, la resolución de veinte de enero de dos mil veintidós, dictada por la Sexta Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en el toca de apelación 1508/2021, mediante la cual revocó la diversa resolución interlocutoria de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, en el incidente de cancelación de pensión alimenticia 173/2021, que se tramitó dentro del juicio ordinario civil 525/2001 del índice del referido juzgado, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia, de forma manifiesta e indudable. Se considera así, en virtud de que en esta instancia la quejosa promueve por propio derecho; sin embargo, en el juicio de origen que dio lugar al acto que aquí se combate, únicamente se decretó la cancelación de la pensión para la aludida Ivonne Guadalupe Ríos Capiterucho, no así para la citada Margarita Capiterucho Rivera, pues si bien es cierto que en su demanda de alimentos esta última los solicitó en representación de su hija Ríos Capiterucho, por ser entonces menor de edad, también cierto resulta que actualmente ésta alcanzó la mayoría de edad, y se encuentra combatiendo por propio derecho en esta vía de amparo la resolución de veinte de enero de dos mil veintidós, dictada por la Sexta Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en el toca de apelación 1508/2021, de ahí que, como se dijo, los alimentos únicamente fueron cancelados para Margarita Capiterucho Rivera, por ende, se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. Para justificar lo anterior se atiende al contenido del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Por su parte, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos de los gobernados contra los actos u omisiones de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, o sea, aquella a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Así, de conformidad con el artículo 107, fracción I, constitucional, y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo es requisito indispensable que el quejoso resienta un agravio personal y directo; esto es, tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y dicho interés, como condición indispensable para la procedencia de la acción constitucional, sólo puede comprobarse mediante la demostración de que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cobra aplicación la tesis rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. " Luego, si en términos del artículo 61, fracción XII de la ley de la materia, para acreditar la procedencia del juicio de amparo es menester que la parte agraviada acredite indubitablemente su interés jurídico; de ahí que el análisis de las pruebas aportadas, para tal efecto, se constriñe a determinar si el promovente del amparo es titular del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica, y que éste es afectado por el acto reclamado. Paralelamente a la estructura básica y forma de operación del interés jurídico en el amparo, para el asunto a examen es de importancia demostrar que los que litigan en un juicio son partes de éste, reciben las denominaciones de actor y demandado, y son aquéllas a quienes les corresponde la facultad de exigir a la autoridad judicial su intervención para que declare o constituya un derecho o imponga una condena, o se les absuelva de las prestaciones reclamadas, respectivamente. En otras palabras, parte es todo aquél que pide o contra el cual se promueve en juicio una declaración de derecho, y por ello son las únicas que en ese procedimiento pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley, ya para demostrar su acción o, en su caso, sus excepciones, así como de impugnar los acuerdos o resoluciones que les agravie, a través de los recursos correspondientes. Sentadas las premisas anteriores, se destaca que de las actuaciones practicadas en el incidente de cancelación de pensión alimenticia 173/2021, que se tramitó dentro del juicio ordinario civil 525/2001 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, el demandado en lo principal y actor incidentista Macario Ríos Escobar demandó la cancelación de alimentos decretada en favor de su hija Ivonne Guadalupe Ríos Capiterucho, a través de Margarita Capiterucho Rivera, por ser esta última la que en su momento promovió en representación de Ivonne Guadalupe Ríos Capiterucho; sin embargo, como se adelantó, la resolución que constituye el acto reclamado y que revoca la de primera instancia, ordena cancelar los alimentos decretados únicamente a favor de Ivonne Guadalupe Ríos Capiterucho. De lo anterior se sigue que, para justificar la afectación a la esfera jurídica, la quejosa Margarita Capiterucho Rivera debió acreditar que tiene un interés jurídico en relación con el acto reclamado y, además, que éste fue afectado por su emisión; es decir, que resintió un agravio personal y directo con motivo del acto reclamado, para que en su caso fuera reintegrada en sus derechos afectados; pero, sin que en el caso así lo hiciera ni se advierte dicha afectación de las constancias que componen los antecedentes del acto reclamado. Entonces, se puede deducir que la mencionada Margarita Capiterucho Rivera como progenitora de Ivonne Guadalupe Ríos Capiterucho, no tiene interés alguno en el juicio civil de origen en relación con la pensión alimenticia cancelada, pues dicha cancelación versó exclusivamente por los alimentos decretados en favor de Ríos Capiterucho. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. Sin que obste que de los conceptos de violación hechos valer por Margarita Capiterucho Rivera, se advierta que también trata de combatir la falta o el ilegal emplazamiento al incidente de cancelación de la pensión alimenticia 173/2021 de referencia; sin embargo, como quedó establecido en líneas anteriores, al no haber afectación a su esfera jurídica, ocioso sería analizar en esta vía de amparo la ilegalidad o la falta de ese emplazamiento. DOMICILIO PROCESAL Si bien es verdad que en el proemio de la demanda de amparo que se atiende, la parte promovente señaló como domicilio procesal los estrados del tribunal que conozca del asunto, también cierto resulta que en el capítulo de nombre y domicilio del quejoso señaló el ubicado en calle Laguna Dulce número 251 de la unidad habitacional El Coyol, de la ciudad de Veracruz, Veracruz, como su domicilio particular. En consecuencia, en términos del artículo 17 constitucional, y de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j) de la Ley de Amparo, y a fin de no dejarla sin defensa, se ordena notificarle este acuerdo a través de la actuaria de la adscripción en el domicilio mencionado en el párrafo que antecede y que corresponde al de la ciudad de Veracruz, corriéndole traslado con copia autorizada del proveído que se notifica, por así disponerlo el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, y se le hará saber que ante este Juzgado Cuarto de Distrito residente en Boca del Río, Veracruz, se encuentra radicado el presente expediente. Además, a quien conforme al artículo 27, fracción II de la ley de la materia, se deberá requerir para que en el acto de la diligencia señale domicilio en esta plaza, para oír y recibir notificaciones; apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos que se publique en este juzgado, con fundamento en lo dispuesto en el citado artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que para ello se requiera de previo acuerdo que así lo ordene, sin perjuicio que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV, del artículo 26, de la citada ley. Asimismo, se habilitan días y horas inhábiles a la actuaria de este juzgado, a fin de que realice la notificación encomendada, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES En atención a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado inicialmente en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y prorrogado en cuanto a su vigencia, en su numeral 22, fracción II, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico o servicios de mensajería instantánea que brinda la telefonía móvil, para entablar comunicaciones no procesales, en los casos en que se estime necesario. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración que el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Jorge Lagunes Maitret, con quien actúa y da fe."2022, Año de Ricardo Flores Magón".Agréguese el oficio signado por la actuaria judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, del cual se advierte que en los autos del amparo directo 280/2022 de su índice estadístico, formado con motivo de la demanda promovida por Margarita Capiterucho Rivera, ésta no impugnó el auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, en donde la magistrada presidenta declaró que ese Tribunal carecía de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en cuestión, por lo que, ha causado estado y remite la demanda con anexos para su conocimiento. En esa virtud, fórmese expediente y regístrese bajo el número 439/2022 y, en estricto cumplimiento a lo acordado por la Presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, dentro del mencionado amparo directo 280/2022, el suscrito ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA y se avoca al conocimiento de la referida demanda de amparo. Acúsese recibo. Ahora, con apoyo en la facultad derivada del artículo 113 de la Ley de Amparo, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda y anexos, así como la diversa demanda de amparo promovida por Ivonne Guadalupe Ríos Capiterucho, recibida igualmente el día de ayer en este juzgado, a la que se le asignó el número 440/2022, y que guarda estrecha relación con la demanda 439/2022 que se atiende, por reclamar el mismo acto, a saber, la resolución de veinte de enero de dos mil veintidós, dictada por la Sexta Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en el toca de apelación 1508/2021, mediante la cual revocó la diversa resolución interlocutoria de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, en el incidente de cancelación de pensión alimenticia 173/2021, que se tramitó dentro del juicio ordinario civil 525/2001 del índice del referido juzgado, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia, de forma manifiesta e indudable. Se considera así, en virtud de que en esta instancia la quejosa promueve por propio derecho; sin embargo, en el juicio de origen que dio lugar al acto que aquí se combate, únicamente se decretó la cancelación de la pensión para la aludida Ivonne Guadalupe Ríos Capiterucho, no así para la citada Margarita Capiterucho Rivera, pues si bien es cierto que en su demanda de alimentos esta última los solicitó en representación de su hija Ríos Capiterucho, por ser entonces menor de edad, también cierto resulta que actualmente ésta alcanzó la mayoría de edad, y se encuentra combatiendo por propio derecho en esta vía de amparo la resolución de veinte de enero de dos mil veintidós, dictada por la Sexta Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en el toca de apelación 1508/2021, de ahí que, como se dijo, los alimentos únicamente fueron cancelados para Margarita Capiterucho Rivera, por ende, se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. Para justificar lo anterior se atiende al contenido del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Por su parte, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos de los gobernados contra los actos u omisiones de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, o sea, aquella a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Así, de conformidad con el artículo 107, fracción I, constitucional, y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo es requisito indispensable que el quejoso resienta un agravio personal y directo; esto es, tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y dicho interés, como condición indispensable para la procedencia de la acción constitucional, sólo puede comprobarse mediante la demostración de que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cobra aplicación la tesis rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. " Luego, si en términos del artículo 61, fracción XII de la ley de la materia, para acreditar la procedencia del juicio de amparo es menester que la parte agraviada acredite indubitablemente su interés jurídico; de ahí que el análisis de las pruebas aportadas, para tal efecto, se constriñe a determinar si el promovente del amparo es titular del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica, y que éste es afectado por el acto reclamado. Paralelamente a la estructura básica y forma de operación del interés jurídico en el amparo, para el asunto a examen es de importancia demostrar que los que litigan en un juicio son partes de éste, reciben las denominaciones de actor y demandado, y son aquéllas a quienes les corresponde la facultad de exigir a la autoridad judicial su intervención para que declare o constituya un derecho o imponga una condena, o se les absuelva de las prestaciones reclamadas, respectivamente. En otras palabras, parte es todo aquél que pide o contra el cual se promueve en juicio una declaración de derecho, y por ello son las únicas que en ese procedimiento pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley, ya para demostrar su acción o, en su caso, sus excepciones, así como de impugnar los acuerdos o resoluciones que les agravie, a través de los recursos correspondientes. Sentadas las premisas anteriores, se destaca que de las actuaciones practicadas en el incidente de cancelación de pensión alimenticia 173/2021, que se tramitó dentro del juicio ordinario civil 525/2001 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, el demandado en lo principal y actor incidentista Macario Ríos Escobar demandó la cancelación de alimentos decretada en favor de su hija Ivonne Guadalupe Ríos Capiterucho, a través de Margarita Capiterucho Rivera, por ser esta última la que en su momento promovió en representación de Ivonne Guadalupe Ríos Capiterucho; sin embargo, como se adelantó, la resolución que constituye el acto reclamado y que revoca la de primera instancia, ordena cancelar los alimentos decretados únicamente a favor de Ivonne Guadalupe Ríos Capiterucho. De lo anterior se sigue que, para justificar la afectación a la esfera jurídica, la quejosa Margarita Capiterucho Rivera debió acreditar que tiene un interés jurídico en relación con el acto reclamado y, además, que éste fue afectado por su emisión; es decir, que resintió un agravio personal y directo con motivo del acto reclamado, para que en su caso fuera reintegrada en sus derechos afectados; pero, sin que en el caso así lo hiciera ni se advierte dicha afectación de las constancias que componen los antecedentes del acto reclamado. Entonces, se puede deducir que la mencionada Margarita Capiterucho Rivera como progenitora de Ivonne Guadalupe Ríos Capiterucho, no tiene interés alguno en el juicio civil de origen en relación con la pensión alimenticia cancelada, pues dicha cancelación versó exclusivamente por los alimentos decretados en favor de Ríos Capiterucho. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. Sin que obste que de los conceptos de violación hechos valer por Margarita Capiterucho Rivera, se advierta que también trata de combatir la falta o el ilegal emplazamiento al incidente de cancelación de la pensión alimenticia 173/2021 de referencia; sin embargo, como quedó establecido en líneas anteriores, al no haber afectación a su esfera jurídica, ocioso sería analizar en esta vía de amparo la ilegalidad o la falta de ese emplazamiento. DOMICILIO PROCESAL Si bien es verdad que en el proemio de la demanda de amparo que se atiende, la parte promovente señaló como domicilio procesal los estrados del tribunal que conozca del asunto, también cierto resulta que en el capítulo de nombre y domicilio del quejoso señaló el ubicado en calle Laguna Dulce número 251 de la unidad habitacional El Coyol, de la ciudad de Veracruz, Veracruz, como su domicilio particular. En consecuencia, en términos del artículo 17 constitucional, y de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j) de la Ley de Amparo, y a fin de no dejarla sin defensa, se ordena notificarle este acuerdo a través de la actuaria de la adscripción en el domicilio mencionado en el párrafo que antecede y que corresponde al de la ciudad de Veracruz, corriéndole traslado con copia autorizada del proveído que se notifica, por así disponerlo el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, y se le hará saber que ante este Juzgado Cuarto de Distrito residente en Boca del Río, Veracruz, se encuentra radicado el presente expediente. Además, a quien conforme al artículo 27, fracción II de la ley de la materia, se deberá requerir para que en el acto de la diligencia señale domicilio en esta plaza, para oír y recibir notificaciones; apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos que se publique en este juzgado, con fundamento en lo dispuesto en el citado artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que para ello se requiera de previo acuerdo que así lo ordene, sin perjuicio que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV, del artículo 26, de la citada ley. Asimismo, se habilitan días y horas inhábiles a la actuaria de este juzgado, a fin de que realice la notificación encomendada, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES En atención a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado inicialmente en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y prorrogado en cuanto a su vigencia, en su numeral 22, fracción II, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico o servicios de mensajería instantánea que brinda la telefonía móvil, para entablar comunicaciones no procesales, en los casos en que se estime necesario. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración que el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con ésta fecha se notifica a la parte quejosa, el auto de doce de mayo del año en curso, que dice: Agréguese el oficio signado por la actuaria judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, del cual se advierte que en los autos del amparo directo 280/2022 de su índice estadístico, formado con motivo de la demanda promovida por Margarita Capiterucho Rivera, ésta no impugnó el auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, en donde la magistrada presidenta declaró que ese Tribunal carecía de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en cuestión, por lo que, ha causado estado y remite la demanda con anexos para su conocimiento. En esa virtud, fórmese expediente y regístrese bajo el número 439/2022 y, en estricto cumplimiento a lo acordado por la Presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, dentro del mencionado amparo directo 280/2022, el suscrito ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA y se avoca al conocimiento de la referida demanda de amparo. Acúsese recibo. Ahora, con apoyo en la facultad derivada del artículo 113 de la Ley de Amparo, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda y anexos, así como la diversa demanda de amparo promovida por Ivonne Guadalupe Ríos Capiterucho, recibida igualmente el día de ayer en este juzgado, a la que se le asignó el número 440/2022, y que guarda estrecha relación con la demanda 439/2022 que se atiende, por reclamar el mismo acto, a saber, la resolución de veinte de enero de dos mil veintidós, dictada por la Sexta Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en el toca de apelación 1508/2021, mediante la cual revocó la diversa resolución interlocutoria de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, en el incidente de cancelación de pensión alimenticia 173/2021, que se tramitó dentro del juicio ordinario civil 525/2001 del índice del referido juzgado, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia, de forma manifiesta e indudable. Se considera así, en virtud de que en esta instancia la quejosa promueve por propio derecho; sin embargo, en el juicio de origen que dio lugar al acto que aquí se combate, únicamente se decretó la cancelación de la pensión para la aludida Ivonne Guadalupe Ríos Capiterucho, no así para la citada Margarita Capiterucho Rivera, pues si bien es cierto que en su demanda de alimentos esta última los solicitó en representación de su hija Ríos Capiterucho, por ser entonces menor de edad, también cierto resulta que actualmente ésta alcanzó la mayoría de edad, y se encuentra combatiendo por propio derecho en esta vía de amparo la resolución de veinte de enero de dos mil veintidós, dictada por la Sexta Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en el toca de apelación 1508/2021, de ahí que, como se dijo, los alimentos únicamente fueron cancelados para Margarita Capiterucho Rivera, por ende, se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. Para justificar lo anterior se atiende al contenido del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Por su parte, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos de los gobernados contra los actos u omisiones de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, o sea, aquella a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Así, de conformidad con el artículo 107, fracción I, constitucional, y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo es requisito indispensable que el quejoso resienta un agravio personal y directo; esto es, tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y dicho interés, como condición indispensable para la procedencia de la acción constitucional, sólo puede comprobarse mediante la demostración de que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cobra aplicación la tesis rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. " Luego, si en términos del artículo 61, fracción XII de la ley de la materia, para acreditar la procedencia del juicio de amparo es menester que la parte agraviada acredite indubitablemente su interés jurídico; de ahí que el análisis de las pruebas aportadas, para tal efecto, se constriñe a determinar si el promovente del amparo es titular del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica, y que éste es afectado por el acto reclamado. Paralelamente a la estructura básica y forma de operación del interés jurídico en el amparo, para el asunto a examen es de importancia demostrar que los que litigan en un juicio son partes de éste, reciben las denominaciones de actor y demandado, y son aquéllas a quienes les corresponde la facultad de exigir a la autoridad judicial su intervención para que declare o constituya un derecho o imponga una condena, o se les absuelva de las prestaciones reclamadas, respectivamente. En otras palabras, parte es todo aquél que pide o contra el cual se promueve en juicio una declaración de derecho, y por ello son las únicas que en ese procedimiento pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley, ya para demostrar su acción o, en su caso, sus excepciones, así como de impugnar los acuerdos o resoluciones que les agravie, a través de los recursos correspondientes. Sentadas las premisas anteriores, se destaca que de las actuaciones practicadas en el incidente de cancelación de pensión alimenticia 173/2021, que se tramitó dentro del juicio ordinario civil 525/2001 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, el demandado en lo principal y actor incidentista Macario Ríos Escobar demandó la cancelación de alimentos decretada en favor de su hija Ivonne Guadalupe Ríos Capiterucho, a través de Margarita Capiterucho Rivera, por ser esta última la que en su momento promovió en representación de Ivonne Guadalupe Ríos Capiterucho; sin embargo, como se adelantó, la resolución que constituye el acto reclamado y que revoca la de primera instancia, ordena cancelar los alimentos decretados únicamente a favor de Ivonne Guadalupe Ríos Capiterucho. De lo anterior se sigue que, para justificar la afectación a la esfera jurídica, la quejosa Margarita Capiterucho Rivera debió acreditar que tiene un interés jurídico en relación con el acto reclamado y, además, que éste fue afectado por su emisión; es decir, que resintió un agravio personal y directo con motivo del acto reclamado, para que en su caso fuera reintegrada en sus derechos afectados; pero, sin que en el caso así lo hiciera ni se advierte dicha afectación de las constancias que componen los antecedentes del acto reclamado. Entonces, se puede deducir que la mencionada Margarita Capiterucho Rivera como progenitora de Ivonne Guadalupe Ríos Capiterucho, no tiene interés alguno en el juicio civil de origen en relación con la pensión alimenticia cancelada, pues dicha cancelación versó exclusivamente por los alimentos decretados en favor de Ríos Capiterucho. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. Sin que obste que de los conceptos de violación hechos valer por Margarita Capiterucho Rivera, se advierta que también trata de combatir la falta o el ilegal emplazamiento al incidente de cancelación de la pensión alimenticia 173/2021 de referencia; sin embargo, como quedó establecido en líneas anteriores, al no haber afectación a su esfera jurídica, ocioso sería analizar en esta vía de amparo la ilegalidad o la falta de ese emplazamiento. DOMICILIO PROCESAL Si bien es verdad que en el proemio de la demanda de amparo que se atiende, la parte promovente señaló como domicilio procesal los estrados del tribunal que conozca del asunto, también cierto resulta que en el capítulo de nombre y domicilio del quejoso señaló el ubicado en calle Laguna Dulce número 251 de la unidad habitacional El Coyol, de la ciudad de Veracruz, Veracruz, como su domicilio particular. En consecuencia, en términos del artículo 17 constitucional, y de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j) de la Ley de Amparo, y a fin de no dejarla sin defensa, se ordena notificarle este acuerdo a través de la actuaria de la adscripción en el domicilio mencionado en el párrafo que antecede y que corresponde al de la ciudad de Veracruz, corriéndole traslado con copia autorizada del proveído que se notifica, por así disponerlo el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, y se le hará saber que ante este Juzgado Cuarto de Distrito residente en Boca del Río, Veracruz, se encuentra radicado el presente expediente. Además, a quien conforme al artículo 27, fracción II de la ley de la materia, se deberá requerir para que en el acto de la diligencia señale domicilio en esta plaza, para oír y recibir notificaciones; apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos que se publique en este juzgado, con fundamento en lo dispuesto en el citado artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que para ello se requiera de previo acuerdo que así lo ordene, sin perjuicio que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV, del artículo 26, de la citada ley. Asimismo, se habilitan días y horas inhábiles a la actuaria de este juzgado, a fin de que realice la notificación encomendada, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES En atención a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado inicialmente en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y prorrogado en cuanto a su vigencia, en su numeral 22, fracción II, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico o servicios de mensajería instantánea que brinda la telefonía móvil, para entablar comunicaciones no procesales, en los casos en que se estime necesario. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración que el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Jorge Lagunes Maitret, con quien actúa y da fe."2022, Año de Ricardo Flores Magón".Agréguese el oficio signado por la actuaria judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, del cual se advierte que en los autos del amparo directo 280/2022 de su índice estadístico, formado con motivo de la demanda promovida por Margarita Capiterucho Rivera, ésta no impugnó el auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, en donde la magistrada presidenta declaró que ese Tribunal carecía de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en cuestión, por lo que, ha causado estado y remite la demanda con anexos para su conocimiento. En esa virtud, fórmese expediente y regístrese bajo el número 439/2022 y, en estricto cumplimiento a lo acordado por la Presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, dentro del mencionado amparo directo 280/2022, el suscrito ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA y se avoca al conocimiento de la referida demanda de amparo. Acúsese recibo. Ahora, con apoyo en la facultad derivada del artículo 113 de la Ley de Amparo, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda y anexos, así como la diversa demanda de amparo promovida por Ivonne Guadalupe Ríos Capiterucho, recibida igualmente el día de ayer en este juzgado, a la que se le asignó el número 440/2022, y que guarda estrecha relación con la demanda 439/2022 que se atiende, por reclamar el mismo acto, a saber, la resolución de veinte de enero de dos mil veintidós, dictada por la Sexta Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en el toca de apelación 1508/2021, mediante la cual revocó la diversa resolución interlocutoria de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, en el incidente de cancelación de pensión alimenticia 173/2021, que se tramitó dentro del juicio ordinario civil 525/2001 del índice del referido juzgado, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia, de forma manifiesta e indudable. Se considera así, en virtud de que en esta instancia la quejosa promueve por propio derecho; sin embargo, en el juicio de origen que dio lugar al acto que aquí se combate, únicamente se decretó la cancelación de la pensión para la aludida Ivonne Guadalupe Ríos Capiterucho, no así para la citada Margarita Capiterucho Rivera, pues si bien es cierto que en su demanda de alimentos esta última los solicitó en representación de su hija Ríos Capiterucho, por ser entonces menor de edad, también cierto resulta que actualmente ésta alcanzó la mayoría de edad, y se encuentra combatiendo por propio derecho en esta vía de amparo la resolución de veinte de enero de dos mil veintidós, dictada por la Sexta Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en el toca de apelación 1508/2021, de ahí que, como se dijo, los alimentos únicamente fueron cancelados para Margarita Capiterucho Rivera, por ende, se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. Para justificar lo anterior se atiende al contenido del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Por su parte, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos de los gobernados contra los actos u omisiones de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, o sea, aquella a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Así, de conformidad con el artículo 107, fracción I, constitucional, y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo es requisito indispensable que el quejoso resienta un agravio personal y directo; esto es, tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y dicho interés, como condición indispensable para la procedencia de la acción constitucional, sólo puede comprobarse mediante la demostración de que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cobra aplicación la tesis rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. " Luego, si en términos del artículo 61, fracción XII de la ley de la materia, para acreditar la procedencia del juicio de amparo es menester que la parte agraviada acredite indubitablemente su interés jurídico; de ahí que el análisis de las pruebas aportadas, para tal efecto, se constriñe a determinar si el promovente del amparo es titular del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica, y que éste es afectado por el acto reclamado. Paralelamente a la estructura básica y forma de operación del interés jurídico en el amparo, para el asunto a examen es de importancia demostrar que los que litigan en un juicio son partes de éste, reciben las denominaciones de actor y demandado, y son aquéllas a quienes les corresponde la facultad de exigir a la autoridad judicial su intervención para que declare o constituya un derecho o imponga una condena, o se les absuelva de las prestaciones reclamadas, respectivamente. En otras palabras, parte es todo aquél que pide o contra el cual se promueve en juicio una declaración de derecho, y por ello son las únicas que en ese procedimiento pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley, ya para demostrar su acción o, en su caso, sus excepciones, así como de impugnar los acuerdos o resoluciones que les agravie, a través de los recursos correspondientes. Sentadas las premisas anteriores, se destaca que de las actuaciones practicadas en el incidente de cancelación de pensión alimenticia 173/2021, que se tramitó dentro del juicio ordinario civil 525/2001 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, el demandado en lo principal y actor incidentista Macario Ríos Escobar demandó la cancelación de alimentos decretada en favor de su hija Ivonne Guadalupe Ríos Capiterucho, a través de Margarita Capiterucho Rivera, por ser esta última la que en su momento promovió en representación de Ivonne Guadalupe Ríos Capiterucho; sin embargo, como se adelantó, la resolución que constituye el acto reclamado y que revoca la de primera instancia, ordena cancelar los alimentos decretados únicamente a favor de Ivonne Guadalupe Ríos Capiterucho. De lo anterior se sigue que, para justificar la afectación a la esfera jurídica, la quejosa Margarita Capiterucho Rivera debió acreditar que tiene un interés jurídico en relación con el acto reclamado y, además, que éste fue afectado por su emisión; es decir, que resintió un agravio personal y directo con motivo del acto reclamado, para que en su caso fuera reintegrada en sus derechos afectados; pero, sin que en el caso así lo hiciera ni se advierte dicha afectación de las constancias que componen los antecedentes del acto reclamado. Entonces, se puede deducir que la mencionada Margarita Capiterucho Rivera como progenitora de Ivonne Guadalupe Ríos Capiterucho, no tiene interés alguno en el juicio civil de origen en relación con la pensión alimenticia cancelada, pues dicha cancelación versó exclusivamente por los alimentos decretados en favor de Ríos Capiterucho. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. Sin que obste que de los conceptos de violación hechos valer por Margarita Capiterucho Rivera, se advierta que también trata de combatir la falta o el ilegal emplazamiento al incidente de cancelación de la pensión alimenticia 173/2021 de referencia; sin embargo, como quedó establecido en líneas anteriores, al no haber afectación a su esfera jurídica, ocioso sería analizar en esta vía de amparo la ilegalidad o la falta de ese emplazamiento. DOMICILIO PROCESAL Si bien es verdad que en el proemio de la demanda de amparo que se atiende, la parte promovente señaló como domicilio procesal los estrados del tribunal que conozca del asunto, también cierto resulta que en el capítulo de nombre y domicilio del quejoso señaló el ubicado en calle Laguna Dulce número 251 de la unidad habitacional El Coyol, de la ciudad de Veracruz, Veracruz, como su domicilio particular. En consecuencia, en términos del artículo 17 constitucional, y de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j) de la Ley de Amparo, y a fin de no dejarla sin defensa, se ordena notificarle este acuerdo a través de la actuaria de la adscripción en el domicilio mencionado en el párrafo que antecede y que corresponde al de la ciudad de Veracruz, corriéndole traslado con copia autorizada del proveído que se notifica, por así disponerlo el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, y se le hará saber que ante este Juzgado Cuarto de Distrito residente en Boca del Río, Veracruz, se encuentra radicado el presente expediente. Además, a quien conforme al artículo 27, fracción II de la ley de la materia, se deberá requerir para que en el acto de la diligencia señale domicilio en esta plaza, para oír y recibir notificaciones; apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos que se publique en este juzgado, con fundamento en lo dispuesto en el citado artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que para ello se requiera de previo acuerdo que así lo ordene, sin perjuicio que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV, del artículo 26, de la citada ley. Asimismo, se habilitan días y horas inhábiles a la actuaria de este juzgado, a fin de que realice la notificación encomendada, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES En atención a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado inicialmente en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y prorrogado en cuanto a su vigencia, en su numeral 22, fracción II, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico o servicios de mensajería instantánea que brinda la telefonía móvil, para entablar comunicaciones no procesales, en los casos en que se estime necesario. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración que el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.
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