Margarita Burguete Cruz
Expediente 35/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 35/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Margarita Burguete Cruz
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que la quejosa Margarita Burguete Cruz, no interpuso recurso de queja, contra el auto de uno de febrero del presente año, por el que se desechó de plano la demanda de amparo, habiendo transcurrido el término concedido para tal efecto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso B, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso B, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por la parte quejosa. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, primero de febrero de dos mil veintidós CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito signado por ****, por propio derecho, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veinticinco de enero del año en curso, precisando bajo protesta de decir verdad que desconoce el número de expediente del que emanan los actos reclamados. Ahora bien, tomando en cuenta que la parte quejosa reclama del Auxiliar de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de la propia H. Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con residencia en Tlalixtac de Cabrera, literalmente lo siguiente ACTO RECLAMADO: Reclamo de la autoridad responsable al JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE SALINA CRUZ ESPECIALIZADO EN ORALIDAD MERCANTIL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ISTMO, OAXACA, LA ORDEN U ORDENES DE REQUERIMIENTO DE PAGO, Y/O EMPLAZAMIENTOS DE LEY QUE DICEN TENER EN CONTRA MIA, YA QUE DIARIAMENTE SE PRESENTAN EN MI DOMICILIO YA PROPORCIONADO CON ANTERIORIDAD PERSONAL DEL PRESENTE JUZGADO CIVIL CON EL PROPOSITO DE AMEDRENTARME CON ORDENES DE SUPUESTOS REQUERIMIENTOS DE PAGOS YO EMPLAZAMIENTOS, MAS SIN EMBARGO NO HAN TENIDO ÉXITO ALGUNO EN NOTIFICARME YA QUE NO ME AN ENCONTRADO DE MANERA PERSONAL EN MI DOMICILIO DESECHAMIENTO Previo acordar lo conducente, es necesario examinar el escrito inicial a fin de determinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, en términos del artículo 113 de la ley de Amparo, del tenor siguiente Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano En relación con lo expuesto, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI.2o. J/290 de la Octava Época, con registro 210751, Materia Común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página sesenta y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, (agosto de 1994), que establece: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Resulta oportuno analizar la demanda de amparo, la que, por los motivos que más adelante se precisarán y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, con relación al artículo 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en atención a las consideraciones siguientes. Para sustentar lo anterior, es oportuno trascribir el contenido del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; La hipótesis legal en cita se debe analizar conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, Constitucional, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." El interés jurídico a que alude el precepto legal transcrito consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en vía de amparo algún acto jurisdiccional violatorio de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere en principio a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. En este orden de ideas, de acuerdo con el sistema consagrado en el artículo 107 constitucional y 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto jurisdiccional o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, configurando el interés jurídico que la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio constitucional. Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; Conforme a esos preceptos legales, se prevé que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue la conculcación de los derechos reconocidos en la Carta Magna, en virtud del acto de autoridad que se reclama, circunstancia anterior que, a su vez, habrá de trascender en la esfera jurídica de la quejosa de manera directa ?interés jurídico?, o bien, en consecuencia de su especial situación frente al orden jurídico ?interés legítimo?. Entonces, el interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía constitucional, algún acto violatorio de sus derechos fundamentales, es decir, se trata de un derecho subjetivo que protege alguna norma general, el cual se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. Así, el interés jurídico necesario para acudir al juicio constitucional entraña la existencia de dos elementos, a saber: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Lo anterior se obtiene de la Jurisprudencia 168/2007 que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 225 del Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el interés jurídico debe acreditarse plenamente en el juicio y no puede inferirse en base a presunciones, toda vez que en atención a la naturaleza del juicio constitucional - que constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que conculquen los derechos fundamentales de los gobernados-, la protección de la Justicia Federal sólo puede concederse respecto a personas determinadas y en forma particularizada por su interés, lo que no podría suceder cuando el acto reclamado no le cause algún perjuicio. Tal aseveración se apoya en la jurisprudencia 2a./J.16/94 que sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, del Tomo número 82, Octubre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". En ese sentido, es dable advertir que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio, y así, el perjuicio de que se habla, debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la Ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y es precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que también se ha hecho referencia en los párrafos anteriores, y que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Por ello, sólo tiene interés jurídico aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Sobre el particular es aplicable el criterio de jurisprudencia que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en su anterior integración, Séptima Época, mismo que es del tenor literal siguiente: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo". Ahora, en el caso concreto el acto reclamado consiste en la orden u órdenes de requerimiento de pago, y/o emplazamientos de ley, que el Juez Primero de lo Civil de este Distrito Judicial de Salina Cruz Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial del Istmo, Oaxaca dice tener en contra de la quejosa, sin embargo, la parte quejosa no acredita fehacientemente contar con un derecho legítimamente tutelado, que haya sido conculcado por la autoridad responsable. Lo anterior es así, pues para la procedencia del juicio de amparo, debe acreditarse la existencia de una afectación real al derecho tutelado, al respecto cobra aplicación la tesis I.18o.A.37 K (10a.), con registro digital 2023018, sustentada por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, Abril de 2021, Tomo III, página 2199, materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. LA PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DEPENDE DE LA EXISTENCIA DE UN PERJUICIO REAL. La reforma constitucional en materia de derechos humanos y de amparo del año dos mil once, elevó a rango superior el reconocimiento de los derechos humanos de que gozan las personas y el interés legítimo, como elemento de procedibilidad de la acción constitucional. Además, con motivo de dicha reforma, se emitió la nueva Ley de Amparo por virtud de la cual, actualmente procede el juicio de amparo con base no sólo en el interés jurídico, sino también en un interés legítimo y tal circunstancia no puede traducirse en una apertura absoluta para que, por cualquier motivo, se acuda al juicio constitucional, puesto que, al igual que el interés jurídico, el legítimo parte de la premisa de que exista un perjuicio real, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela." Ahora bien, debe indicarse que los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: "Artículo 14. Nadie podrá ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho..." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo." De lo anterior, se destaca el derecho de audiencia, la cual impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. De esta forma, es preciso indicar que la importancia y trascendencia del emplazamiento ha sido reiteradamente reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha definido que la falta o la defectuosa práctica de éste constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En vinculación con lo asentado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8, establece en relación a la garantía de audiencia, que toda persona tiene derecho a ser oída dentro de un plazo razonable con las debidas prerrogativas en la determinación de los derechos y obligaciones del orden civil o de cualquier otro carácter. Precisamente por la importancia y trascendencia que tiene el emplazamiento es que las leyes procesales lo regulan detalladamente estableciendo los requisitos de que debe estar investido; por lo que, sus formalidades no tienen otra finalidad que la de garantizar, hasta donde racionalmente sea posible, que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio incoado en su contra, y sus consecuencias, pues sólo así tendrá realmente oportunidad de defenderse. De esta forma, el emplazamiento es un acto procesal emitido por un órgano jurisdiccional, cuya finalidad es la de hacer saber al gobernado la existencia de una demanda entablada en su contra y la posibilidad legal que tiene de contestarla. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen además, las relativas al derecho de legalidad contenido en el texto del primer párrafo del artículo 16 Constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Bajo este orden de ideas, todo procedimiento ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, indefectiblemente, distintas etapas que integran el derecho formal de audiencia a favor de los gobernados, como lo es que el afectado tenga conocimiento del inicio del procedimiento o juicio de que se trata, la cuestión objeto de debate y las consecuencias que se producirán con el resultado de su trámite; también que se le dé la posibilidad de defenderse a través de un sistema de comprobación para demostrar sus afirmaciones o desvirtuar las de su contraria; asimismo, que tenga la oportunidad de formular los alegatos que considere pertinentes; y, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que dirima los puntos objeto de debate, circunstancias que en el caso concreto no ha acontecido, tal y como la propia quejosa lo señala. Entonces, tratándose de la impugnación de actuaciones por parte de autoridad jurisdiccional, no cabe duda que para resultar afectado el interés jurídico de la quejosa, se requiere que ésta sea parte interviniente en el juicio del cual deriva el acto reclamado; caso contrario, el juicio de amparo resulta improcedente. En ese sentido, es evidente que se necesita de un derecho real y positivo, pues si la violación en nada hubiese dañado a la quejosa, no existe materia para el juicio de amparo, el cual no se deben tratar de discusiones abstractas sobre violaciones constitucionales, ni la responsabilidad en que puede incurrir la autoridad responsable, sino de la protección practica y eficaz de los derechos violados. De ahí, que se estime que la promovente no cuenta con "interés jurídico" para promover el presente sumario, puesto que no demostró fehacientemente la afectación a un derecho, que aduce se está transgrediendo con el actuar de la autoridad responsable, lo que trae como consecuencia el desechamiento de plano de la demanda de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia al haberse actualizado la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XII, en relación con el numeral 107 fracción VI, aplicado en sentido contrario del ordenamiento legal en cita. Es conveniente mencionar que algunos de los criterios jurisprudenciales que se han invocado en este acuerdo, no se oponen a la ley reglamentaria vigente, por lo que se aplicaron con sustento en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el precepto 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. Notifíquese personalmente
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Margarita Burguete Cruz, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Salina Cruz, Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial del Istmo, Oaxaca, que hace consistir literalmente en lo siguiente: ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el libro del juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 35/2022, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN Con fundamento en lo previsto por el artículo 108, fracción V, en relación con el diverso 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de CINCO DÍAS contado a partir de la legal notificación del presente proveído, y bajo protesta de decir verdad, para los efectos del artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y ." Desahogue el siguiente requerimiento: Único. Para que manifieste bajo protesta de decir verdad el expediente de donde emana el acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Lo anterior, constituye una obligación que le impone la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, lo cual tiene como finalidad que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda y en su caso la suspensión del acto reclamado. A lo anterior resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), registro 2010471, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 24, de noviembre de dos mil quince, Tomo I, página 713, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable." Segundo. En virtud de que el motivo de prevención se considera como irregularidad de la demanda de amparo, deberán exhibir cuatro copias del escrito con el que desahoguen la prevención de mérito, a saber: una para la responsable, una para dar al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que legalmente le compete y dos más para el incidente de suspensión. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia 36/2001, registro 189977, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, a foja 79, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." APERCIBIMIENTO Con el apercibimiento que de no cumplir con la prevención formulada en la forma y plazo indicados, de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADO Téngase señalando el domicilio que se indica para oír y recibir notificaciones. De igual forma, como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jesús Pastrana Esteva, por tener inscrita su cédula profesional en el Módulo de Cédulas Profesionales de Red de Abogados Postulantes acreditado ante el Poder Judicial de la Federación, que lo faculta a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho; no así respecto a Ana Margarita Rogers Burguette, quien lo será conforme a lo previsto en la segunda parte del párrafo segundo de dicho numeral. CORREO NO VINCULADO Y NÚMERO TELEFÓNICO Sin que haya lugar a proveer de conformidad la solicitud de la parte quejosa para tener el correo electrónico que proporcionó, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, lo cierto es que en la especie al verificar el "Reporte de autorizados para consultar expediente electrónico" visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que la dirección electrónica no está asignada a usuario alguno, siendo obligación de las partes gestionarlo de manera expresa y proporcionar el usuario que fijaron al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo previsto en los numerales 35 en relación con el 55 del Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, no ha lugar a proveer de conformidad la solicitud del promovente de tener el número telefónico que proporciona, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, no es como tal para realizarla a través de dicho medio. Lo anterior, sin perjuicio de que en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo se establecen formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones, se tenga como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se le llegaran a formular. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los secretarios del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Por otra parte, dado que en la especie el asunto que en esta data se provee fue promovido físicamente, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 22 del multicitado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se les exhorta (invita) continúen dicha tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. En ese orden de ideas, se invita a las partes quienes en su caso no tengan autorizada la actuación "en línea", a que soliciten, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, en observancia a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. En el entendido que en caso contrario a lo anterior se harán las notificaciones por lista, misma que hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. FEDATARIOS DE LA ADSCRIPCIÓN Ahora bien, se hace mención a los fedatarios de la adscripción que las notificaciones dirigidas a las partes y que tengan que realizar de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, deberán hacerlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar su integridad y salud, así como la de aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la fracción I del numeral 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese.
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