Margarita Bañuelos Márquez
Expediente 1361/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1361/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/07/2018
Partes del expediente
- Margarita Bañuelos Márquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito ***, en su carácter de autorizado de la parte quejosa y en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, por disposición expresa de su artículo 2º, se autoriza la expedición de las copias simples que señala, a su costa, previa toma de razón y constancia que de su entrega deje en autos. Asimismo, con apoyo en la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, y toda vez que acorde a lo dispuesto en los dispositivos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes previa autorización del Juzgado, pueden obtener copia de cualquier constancia o documento que obren en autos y por economía procesal, se permite al promovente el uso de medios electrónicos, para obtener reproducción de las constancias que obren en este expediente, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma de conformidad respectiva. En el entendido de que tal autorización no se hace extensiva sobre documentos que sean clasificados como reservados o confidenciales. Lo anterior, encuentra sustento en la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página dos mil ochocientos cuarenta y siete, Tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro indica:
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables Presidente Suplente del Comité de Vigilancia y Director General, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio el Estado de Nayarit y Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, por conducto del Director General Jurídico, todos con residencia en esta ciudad; en consecuencia, dese vista a las partes, a fin de que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses legales convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, con fundamento en el numeral 9 de dicha ley, téngase designando delegados, así como domicilio para oír y recibir notificaciones los que señalan las autoridades mencionadas, de conformidad con los dispositivos 305 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del arábigo 2°.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexo recibidos en este Juzgado Federal (fojas 164 a 166), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Secretario de dicha secretaría, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de dieciocho de mayo de la presente anualidad (foja 167), se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el treinta de abril de dos mil dieciocho (fojas 127 a 143), se determinó conceder a Cyntia Rosas Topete, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el arábigo 21 fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $16,158.75 (dieciséis mil ciento cincuenta y ocho pesos 75/100 moneda nacional), en favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, por concepto de 'INSCRIP. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO, INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO', Fom. Educación, Asist. Social, U.A.N, respecto del instrumento público 36,535 emitido por el Notario Público 1, con sede en Tepic, Nayarit, que se pagó el ocho de noviembre de dos mil diecisiete. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". Resolución que causó ejecutoria el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (foja 159 a 160). Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver al peticionario de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el veinte de junio de dos mil dieciocho (fojas 164 a 166), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del estado de Nayarit, en representación dicho organismo, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución a la parte quejosa mediante la transferencia bancaria SPEI el catorce de junio de dos mil dieciocho, por la cantidad de $16,255.74 (dieciséis mil doscientos cincuenta y cinco pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), de lo cual se advierte su devolución. Lo anterior es así, ya que la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $16,255.74 (dieciséis mil doscientos cincuenta y cinco pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, el cual establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el ocho de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 40 y 110), y que se efectúo la devolución mediante la transferencia SPEI el catorce de junio de la presente anualidad, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de noviembre del dos mil diecisiete al mes de junio de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes mayo de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de octubre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes mayo de dos mil dieciocho fue de 131.773 y para el mes de octubre de dos mil diecisiete fue de 128.717, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.023742008. Al respecto, es oportuno mencionar que el excedente de la aplicación que excede de $280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional) sobre la cantidad de $16,158.75 (dieciséis mil ciento cincuenta y ocho pesos con setenta y cinco centavos moneda nacional), se obtiene la cantidad de $15,878.75 (quince mil ochocientos setenta y ocho pesos con setenta y cinco centavos moneda nacional). En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: $15,878.75 (quince mil ochocientos setenta y ocho pesos con setenta y cinco centavos moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $16,255.74 (dieciséis mil doscientos cincuenta y cinco pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $376.99 (trescientos setenta y seis pesos con noventa y nueve centavos). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, se sobreseyó y por otra parte se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la notificación de la resolución terminada de engrosar el treinta y uno de mayo del año curso (fojas 19 a 35), se efectuó al Agente del Ministerio Público de la Federación, el uno de junio de la presente anualidad; en tanto que, para el tercero interesado y autoridades responsables, el siete de junio actual y para la parte quejosa el ocho del mes y anualidad en curso (fojas 43, 47 y 46 respectivamente), por lo que a la fecha feneció el término que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable denominada Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. Sin que en el presente asunto se actualice la hipótesis contenida en el dispositivo 192, párrafo tercero de la Ley de la materia, en el sentido de requerir al superior jerárquico para que ordene a la responsable, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a ./J.36/2011 (10a.), determinó que las juntas y tribunales laborales no tienen superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo, pues son organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, por lo que están desvinculadas de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional. Además, el superior jerárquico al que se refiere la Ley de Amparo en vigor, es al superior en materia jurisdiccional o judicial y no al superior en materia administrativa. No es obstáculo a lo anterior: a) Que el Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en funciones de Presidente, con residencia en esta ciudad, en el incidente de inejecución de sentencia número 17/2012, determinó que con fundamento en el dispositivo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en la fracción IV, del diverso 41 Bis, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, es la Secretaría de Trabajo del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, la que si bien no tiene facultades para decidir respecto a cuestiones meramente jurisdiccionales, sí cuenta con las atribuciones administrativas como lo es coordinar y vigilar el funcionamiento del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; y señala que se debe requerir a dicha autoridad a fin de que obligue a la autoridad responsable a cumplir con la sentencia de amparo; y b) Que el Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo del Estado de Nayarit, en el artículo 7, fracciones VII y X, estipula que la persona titular de esa secretaría, deberá vigilar que en el establecimiento de la Junta de Conciliación y Arbitraje y, en su caso, las juntas especiales, se cumplan las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo; y coordinar la integración y el establecimiento de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de las comisiones que se formen para regular las relaciones obrero patronal y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, así como vigilar el funcionamiento de los mismos. Ello, porque en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia que establezcan las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es obligatoria para este Juzgado de Distrito. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página tres mil quinientos quince, libro IV, enero de dos mil doce, tomo 4, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "**Apercibida que de no hacerlo con causa justificada, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá la multa que proceda; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con domicilio en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el artículo 193 de la citada Ley.
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