Margarita Aurora Torres Delgado
Expediente 1719/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1719/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Margarita Aurora Torres Delgado
- Margarita Aurora Torres Delgado y Otros.
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 1463/5/2022, signado por el Presidente Interino por Ministerio de Ley de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, quien en representación de dicha Junta, remite copia certificada de la constancia de entrega del oficio 1269/5/2022, dirigido al Administrador Desconcentrado de Recaudación en Tamaulipas "4", con sede en Reynosa, dentro del juicio laboral 179/5/2017; el cual tiene relación con el acto reclamado. En mérito de lo anterior, debe decirse que en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por la parte quejosa, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al diverso numeral 62 de le ley de la materia, y a la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En efecto, el artículo y fracción en comento textualmente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Sentado lo anterior, de autos de advierte que la parte quejosa se duele básicamente de que la autoridad responsable Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, ha sido omisa en enviar el oficio respectivo relativo a la multa impuesta a la parte demandada, dentro del juicio laboral 179/5/2017. Dentro de ese contexto, tenemos que la autoridad responsable anexó a su oficio de cuenta, copia certificada de una constancia que obran dentro del juicio laboral de origen, la cual al estar referida a actuación judicial se le otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que el treinta de setiembre de dos mil veintidós, se entregó el oficio 1269/5/2022, girado dentro del juicio laboral de origen, dirigido a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Tamaulipas "4", con sede en esta ciudad, para hacer efectiva la multa impuesta a la parte demandada; ello, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que lo fue el doce de agosto de dos mil veintidós. De lo antes expuesto, es claro que el estado de incertidumbre en que se encontraba la parte quejosa hasta antes de la presentación de la demanda ha desaparecido, ya que como se dijo, la responsable hizo entrega del multicitado oficio girado dentro en el juicio de origen, por lo que quien aquí provee considera que ha sido restituida en el goce del derecho fundamental que estimó violado. Asimismo, la aludida restitución es equivalente a la que hubiese obtenido la parte quejosa en el supuesto de haber obtenido sentencia favorable en el presente juicio de amparo, pues en ese evento se hubiese ordenado a la responsable que en cumplimiento a la misma, enviara oficio a la autoridad hacendaria dentro del juicio laboral de origen. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, ya que en la especie ningún efecto práctico tiene esperar a que se celebre la audiencia constitucional, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que al ser ésta manifiesta e indudable no es posible que con los elementos de prueba que se ofrezcan sea desvirtuada y se tenga que emitir una resolución en sentido diverso. Finalmente, se ordena cancelar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes en el juicio. En mérito de lo anterior, y en cumplimento a lo ordenado en auto admisorio, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara la firmeza del presente proveído. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, once de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se desprende la imposibilidad que se tendrá para celebrar la audiencia constitucional señalada para el doce de octubre próximo, dentro del juicio de amparo en que se actúa, en virtud de que dicha data es inhábil, en atención a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo, por lo que en esa fecha no correrán los términos de Ley. Por tal motivo, se deja sin efectos la fecha señalada para el doce de octubre el año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Por otra parte, del estado que guardan los autos, y del escrito inicial de demanda, se advierte que la aquí quejosa señala como acto reclamado "la omisión de enviar oficio al Servicio de Administración Tributaria, como se encuentra ordenado en auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 175/5/2017, para efecto de aplicar al multa impuesta a la demandada por su omisión de cumplimentar el laudo"; consecuentemente, el suscrito juzgador considera que para mejor resolver, resulta necesario tener a la vista las constancias relativas a dicho acto reclamado. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, con relación al numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, remita copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario, que tenga en esta fecha, la unidad de medida y actualización, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259 de la propia ley. No pasa por inadvertido que la junta responsable al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, en virtud del cumulo de trabajo con el cuenta dicha junta, y al que solo adjuntó copia certificada del proveído de dieciocho de mayo del año en curso; sin embargo, dicha manifestación no justifica lo dispuesto por el numeral 17 Constitucional, así como dispuesto por la jurisprudencia IV.3o.T.J/57, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, en el sentido de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo. Para mayor comprensión, se transcribe la jurisprudencia IV.3o.T.J/57, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, página mil doscientos ochenta y tres: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 Constitucional." Notifíquese.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, quince de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte la imposibilidad para celebrar la audiencia incidental señalada para el día de hoy, en virtud de que no se encuentra debidamente integrado el presente expediente; lo anterior es así, toda vez que las autoridades responsables que a continuación se enlistara no han rendido su informe previo Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad General de Investigación número Uno, con sede en Río Bravo, Tamaulipas Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Operación del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, comisionada a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas Fiscalía de Asuntos Electorales de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas Comisionado General de la Policía Investigadora, Dirección de la Policía Ministerial Dirección General de Operación del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, todos residentes en Ciudad Victoria, Tamaulipas Jueces de Control de la Primera Región Judicial, con sede en Padilla, Tamaulipas Jueces de Control de la Primera Región Judicial, con sede en Soto la Marina, Tamaulipas Jueces de Control de la segunda Región Judicial, con sede en González, Tamaulipas Así como tampoco obra en autos constancia de la que se advierta la fecha en que recibieron el oficio a través del cual se les solicitó dicho informe. Por tanto, para dar oportunidad a que dichas autoridades rindan su informe previo, se difiere la audiencia incidental y se fijan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL SEITE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.
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