Margarita Arozarena Mendez

Expediente 43/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
43/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
25/05/2022

Partes del expediente

  • Margarita Arozarena Mendez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación con que se da cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se concedió la suspensión de plano en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de depuración. Con independencia de lo anterior, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, se precisa que este expediente, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Asimismo se precisa que este expediente no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 1 del capítulo primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en mención, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. No obsta a la orden de archivo el que no obre los acuses de recibo de los siguientes oficios: 870 y 872, del auto de doce de enero de dos mil veintidós, dirigidos al Secretario de Salud Federal y al Presidente Consejero del Consejo de Salubridad General; y, 9848, 9849, 9850 y 9851, del acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintidós, dirigidos al Presidente de la República, Secretario de Salud Federal, Director del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y al Presidente Consejero del Consejo de Salubridad General. Lo anterior en virtud de que al haber cesado la omisión del acto aquí reclamado, en consideración de este juzgado de Distrito, es innecesario la integración total de este juicio constitucional. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito del autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual exhibe los comprobantes de vacunación de la menor quejosa con iniciales A.E.A., correspondiente a la primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer BioNTech. En razón de lo anterior, con fundamento en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales que adjunta, las que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos, así como las documentales de cuenta, consistentes en los comprobantes de vacunación de la primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer BioNTech, aplicadas al menor de iniciales A.E.A., a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que, para actualizarse la causal de sobreseimiento en estudio, es requisito sine qua non que la Autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar a la parte quejosa. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Luego, como ya se vio, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades responsables, el cual hizo consistir esencialmente en la omisión de aplicar a la menor quejosa las dosis correspondientes de la vacuna preventiva contra COVID-19 producida por el laboratorio Pfizer-BioNTech. Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, así como de los comprobantes de vacunas exhibidos, se advierte que se aplicaron las dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech a la menor. Razón por la cual, si la parte quejosa reclama la omisión de aplicar a la menor quejosa las dosis correspondientes de la vacuna preventiva contra COVID-19 Pfizer-BioNTech y, ya fueron aplicadas las mismas, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, la pretendida violación cesó en sus efectos al desaparecer la omisión de mérito, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos como si se hubiere otorgado la protección constitucional, por lo que, es evidente que los alcances de la protección constitucional no podrían ir más allá. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia en este juicio. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de sobreseimiento invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos de los actos reclamados. Por lo anterior expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos, mediante el cual exhibe los comprobantes de vacunación respecto a la primera dosis -sin fecha legible de aplicación- y de la segunda dosis de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós; por tanto, de conformidad a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales que adjunta, las que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, ya que de las constancias remitidas se advierte que no es legible el comprobante de la primera dosis de la vacuna Pfizer BioNTech, aplicada al menor quejoso, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere al Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de este acuerdo, remita de manera legible, el comprobante de vacunación de la primera dosis de la vacuna Pfizer BioNTech, aplicada a la menor de iniciales A.E.A. Se apercibe a Julio César Cárcamo Guzmán, Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos, que de no hacer lo aquí requerido, con fundamento en la fracción I del artículo 237 de la ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida de actualización, además de que podrá incurrir en la hipótesis que establece el inciso III) del artículo 262 de la propia ley. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a seis de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de cinco de abril pasado, se requirió al a Julio César Cárcamo Guzmán, Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos, para que en el plazo de tres días remita el comprobante de vacunación de la primera dosis de la vacuna Pfizer BionTech, aplicada a la menor quejosa de iniciales A.E.A. Por lo tanto, a fin de dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Notifíquese.

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