Margarita Arciniega Aquino
Expediente 1417/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 27 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1417/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Margarita Arciniega Aquino
- Junta Especial Núm 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Torreón, Coahuila, en sustitución de la Junta Especial núm 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Agréguese únicamente para que obre en autos el oficio que remite el auxiliar de la Oficina Auxiliar de la Junta Especial número Cuarenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual informa sobre las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia de amparo; lo anterior, toda vez que en auto de siete de noviembre de dos mil veintitrés se tuvo por cumplido el fallo protector, de modo que resulta innecesario proveer sobre su acatamiento. Notifíquese.
- Principal
I. Se realiza pronunciamiento en torno al cumplimiento. Vistos los presentes autos, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión. II. Sentencia ejecutoria y requerimiento de cumplimiento. En principio, la parte quejosa reclamó la omisión de acordar su escrito en el que solicitó la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral ******/***** de la estadística de la extinta Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje. El veintidós de junio de dos mil veintitrés fue dictada sentencia en la que se concedió el amparo solicitado, para los efectos siguientes: "SEXTO. Efectos de la protección constitucional. Con fundamento en el artículo 77, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, son precisados los actos que deben realizarse en cumplimiento a esta sentencia: 1. Dar respuesta inmediata al escrito de catorce de junio de dos mil veintidós, en el cual la quejosa solicitó la ejecución del laudo en los términos advertidos en la parte considerativa de esta sentencia. 2. En concordancia con lo anterior, debe permitirse a la parte quejosa el acceso al expediente físico para que esté en condiciones de dar seguimiento a la ejecución del laudo.". La sentencia causó ejecutoria el catorce de julio de dos mil veintitrés, por lo que se requirió su cumplimiento a la Junta Especial número Cuarenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Torreón, Coahuila, al ser la autoridad que sustituyó a la señalada inicialmente como responsable. Para dar cumplimiento a la sentencia, la autoridad responsable remitió el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés dictado en el juicio laboral *****/*****. Con lo anterior se dio vista a las partes en auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, quienes no realizaron manifestaciones en torno al cumplimiento dentro del plazo otorgado por el artículo 196 de la Ley de Amparo. III. Pronunciamiento sobre el cumplimiento a la sentencia de amparo. A fin de calificar el cumplimiento, es oportuno traer a cuenta el siguiente fragmento de la sentencia de amparo: "Ahora, la actora-quejosa presentó dos escritos, el primero el trece de junio de dos mil veintidós y el segundo el catorce siguiente; en dichos escritos, aunque buscaban la ejecución, lo cierto es que presentaban diferencias que merecían diversos tratamientos por parte de la Junta responsable, y la desatención de ello implica que exista la omisión alegada respecto a proveer sobre el escrito de catorce del mes y año en cita. En efecto, en el escrito de trece de junio de dos mil veintidós, la actora solicitó la ejecución del monto precisado en el incidente de liquidación de sentencia que ascendió a $*****(*****pesos *****/ 100 moneda nacional); por otro lado, el escrito de catorce siguiente presenta una particularidad que difiere de la solicitud anterior, pues en este último solicitó a la responsable que requiriera el cumplimiento del laudo en el sentido de que la demandada le otorgara una pensión por riesgo de trabajo con efectos a partir del veintiocho de octubre de dos mil veinte, así como el pago de las pensiones vencidas. En apariencia, podría estimarse que la Junta sí proveyó sobre ambos escritos, pues emitió el acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós donde requirió a la parte demandada el pago de $*****(*****pesos */****100 moneda nacional); empero, la responsable desatendió que su mandamiento de ejecución sólo abarcó el pago de ese monto en específico, pero nada se dijo sobre requerir a la demandada para que otorgara a la quejosa la pensión por riesgo de trabajo equivalente al pago mensual de $*****(***** pesos *****/100 moneda nacional) -cantidad determinada en liquidación de sentencia-. La omisión de proveer sobre ese aspecto implica que, tal como lo refiere la quejosa, la responsable no haya acordado respecto a lo solicitado en el escrito de catorce de junio de dos mil veintidós. Así, aun cuando la Junta fijó en liquidación de sentencia la cantidad a la que asciende la pensión, el monto por pensiones vencidas desde el laudo a la fecha del incidente y emitió el mandamiento de ejecución que culminó con el pago de los montos vencidos; lo cierto es que con ello la Junta no ha logrado del cumplimiento del laudo, ya que la demandada no ha otorgado la pensión por riesgo de trabajo a la que se le condenó, y los pagos ya realizados obedecieron a un cobro judicial y no porque haya sido establecido el otorgamiento de la pensión, lo que conlleva que la quejosa tenga que solicitar su pago ante la Junta de forma periódica, circunstancia que desatiende la condena fijada en el fallo. Lo anterior se robustece, porque la propia demandada reconoció que no ha otorgado a la quejosa la pensión por riesgo de trabajo, debido a que ya cuenta con una pensión por años de servicio, las cuales son compatibles, pero entre ambas no pueden superar el cien por ciento del salario promedio del grupo mayor que sirvió para su cuantificación, lo que ocurriría en el caso (folios 142 a 146 y 191 a 192). Circunstancia que escapa de la materia de análisis de este juicio de amparo, y que en su caso corresponde a la Junta dilucidar en su momento procesal oportuno; pero previo a ello, indefectiblemente debe proveer sobre la ejecución del laudo en ese aspecto, tal como fue solicitado en el escrito de catorce de junio de dos mil veintidós. Inclusive, la propia actora en la comparecencia de doce de julio de dos mil veintidós, manifestó ante la Junta que: ". hasta la fecha no se me ha otorgado la resolución de pensión por riesgo de trabajo condenada al Instituto Mexicano del Seguro Social a otorgar en mi favor.". Esto revela que la quejosa ha buscado el cumplimiento del laudo en lo relativo al otorgamiento de pensión por riesgo de trabajo, ya que la demandada no ha cumplido con ese punto de la condena, lo que es la materia de solicitud en el escrito de catorce de junio de dos mil veintidós.". De lo anterior se obtiene, que este órgano jurisdiccional advirtió que la autoridad responsable ha sido omisa en ordenar el cumplimiento del laudo en el punto que ordena el otorgamiento a la actora de una pensión por riesgo de trabajo con efectos a partir del veintiocho de octubre de dos mil veinte, pues se ha limitado a requerir el pago del monto determinado en liquidación de sentencia respecto a pensiones vencidas, pasando por alto que lo que la actora solicitó en su escrito de catorce de junio es que se ordenara el otorgamiento definitivo de la pensión. Además, en la sentencia se precisó que el Instituto demandado ha realizado diversos pagos en dinero, pero que éstos obedecieron a un cobro judicial y no porque haya sido establecido el otorgamiento de la pensión, lo que conlleva que la quejosa tenga que solicitar su pago ante la Junta de forma periódica, circunstancia que desatiende la condena fijada en el fallo, pues la demandada ha sido omisa en otorgar oficialmente la pensión a la que se le condenó. Así, conforme a los efectos de la sentencia de amparo, la autoridad responsable quedó constreñida a dar respuesta al escrito de catorce de junio de dos mil veintidós en los términos expuestos, esto es, debió responder a la parte actora su petición relativa a ejecutar el laudo en el punto específico del otorgamiento de la pensión y, por tanto, ordenar a la demandada que otorgue una pensión por riesgo de trabajo con efectos a partir del veintiocho de octubre de dos mil veinte equivalente al monto determinado en el laudo. Para tal efecto, la responsable emitió el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el cual determinó lo siguiente: ". visto el escrito presentado por el apoderado legal de la actora de fecha catorce de junio de dos mil veintidós y atento al contenido se requiere al Instituto Mexicano del Seguro Social para que en el término de diez días, dé cumplimiento de forma total al laudo de fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte en su resolutivo tercero y otorgue a la actora la pensión por riesgo de trabajo con efectos a partir del veintiocho de octubre de dos mil veinte, y realice el pago de las pensiones devengadas y no pagadas.". Lo anterior permite concluir que la autoridad cumplió con el indicado efecto de la sentencia de amparo, pues atendió el escrito de catorce de junio de dos mil veintidós y ordenó la ejecución del laudo en el punto advertido en el fallo constitucional, esto es, ordenó a la parte demandada que otorgara a la actora una pensión por riesgo de trabajo con efectos a partir del veintiocho de octubre de dos mil veinte. Finalmente, por cuanto al segundo efecto de la sentencia, en ésta se precisó que la concesión contra la omisión de proveer sobre el aludido escrito debía hacerse extensiva a la negativa verbal de acceso al expediente, pues implica continuar con la etapa de ejecución, lo que conlleva necesariamente permitir el acceso al expediente. Así, no se aprecia que la responsable persista en negar el acceso al expediente laboral, sobre todo porque ordenó la ejecución del laudo; de modo que sobre ese aspecto se estima cumplido el fallo protector, sin perjuicio que ante una nueva negativa verbal, la parte quejosa pueda denunciar la repetición del acto reclamado conforme al artículo 199 de la Ley de Amparo. Por tanto, lo conducente es tener por cumplido el fallo protector con apoyo en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. Como el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. IV. Valoración del expediente. De conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es CONSERVABLE en su integridad y deberá transferirse al área coordinadora de archivos en un plazo de tres años, por lo que en términos del numeral 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Conservable" mediante uso de sello. V. Devolución de anexo a la autoridad responsable. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que obre el tomo de pruebas remitido por la autoridad responsable, devuélvasele a la citada autoridad, sin que haya necesidad de solicitar acuse de recibo, dado que la constancia de entrega del oficio con el que se remitan, es apta para acreditar su recepción. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la parte tercera interesada.
- Principal
AVISO PARTE QUEJOSA ACUERDO DE FECHA SIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 I. Se realiza pronunciamiento en torno al cumplimiento. Vistos los presentes autos, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión. II. Sentencia ejecutoria y requerimiento de cumplimiento. En principio, la parte quejosa reclamó la omisión de acordar su escrito en el que solicitó la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral ******/***** de la estadística de la extinta Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje. El veintidós de junio de dos mil veintitrés fue dictada sentencia en la que se concedió el amparo solicitado, para los efectos siguientes: "SEXTO. Efectos de la protección constitucional. Con fundamento en el artículo 77, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, son precisados los actos que deben realizarse en cumplimiento a esta sentencia: 1. Dar respuesta inmediata al escrito de catorce de junio de dos mil veintidós, en el cual la quejosa solicitó la ejecución del laudo en los términos advertidos en la parte considerativa de esta sentencia. 2. En concordancia con lo anterior, debe permitirse a la parte quejosa el acceso al expediente físico para que esté en condiciones de dar seguimiento a la ejecución del laudo.". La sentencia causó ejecutoria el catorce de julio de dos mil veintitrés, por lo que se requirió su cumplimiento a la Junta Especial número Cuarenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Torreón, Coahuila, al ser la autoridad que sustituyó a la señalada inicialmente como responsable. Para dar cumplimiento a la sentencia, la autoridad responsable remitió el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés dictado en el juicio laboral *****/*****. Con lo anterior se dio vista a las partes en auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, quienes no realizaron manifestaciones en torno al cumplimiento dentro del plazo otorgado por el artículo 196 de la Ley de Amparo. III. Pronunciamiento sobre el cumplimiento a la sentencia de amparo. A fin de calificar el cumplimiento, es oportuno traer a cuenta el siguiente fragmento de la sentencia de amparo: "Ahora, la actora-quejosa presentó dos escritos, el primero el trece de junio de dos mil veintidós y el segundo el catorce siguiente; en dichos escritos, aunque buscaban la ejecución, lo cierto es que presentaban diferencias que merecían diversos tratamientos por parte de la Junta responsable, y la desatención de ello implica que exista la omisión alegada respecto a proveer sobre el escrito de catorce del mes y año en cita. En efecto, en el escrito de trece de junio de dos mil veintidós, la actora solicitó la ejecución del monto precisado en el incidente de liquidación de sentencia que ascendió a $*****(*****pesos *****/ 100 moneda nacional); por otro lado, el escrito de catorce siguiente presenta una particularidad que difiere de la solicitud anterior, pues en este último solicitó a la responsable que requiriera el cumplimiento del laudo en el sentido de que la demandada le otorgara una pensión por riesgo de trabajo con efectos a partir del veintiocho de octubre de dos mil veinte, así como el pago de las pensiones vencidas. En apariencia, podría estimarse que la Junta sí proveyó sobre ambos escritos, pues emitió el acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós donde requirió a la parte demandada el pago de $*****(*****pesos */****100 moneda nacional); empero, la responsable desatendió que su mandamiento de ejecución sólo abarcó el pago de ese monto en específico, pero nada se dijo sobre requerir a la demandada para que otorgara a la quejosa la pensión por riesgo de trabajo equivalente al pago mensual de $*****(***** pesos *****/100 moneda nacional) -cantidad determinada en liquidación de sentencia-. La omisión de proveer sobre ese aspecto implica que, tal como lo refiere la quejosa, la responsable no haya acordado respecto a lo solicitado en el escrito de catorce de junio de dos mil veintidós. Así, aun cuando la Junta fijó en liquidación de sentencia la cantidad a la que asciende la pensión, el monto por pensiones vencidas desde el laudo a la fecha del incidente y emitió el mandamiento de ejecución que culminó con el pago de los montos vencidos; lo cierto es que con ello la Junta no ha logrado del cumplimiento del laudo, ya que la demandada no ha otorgado la pensión por riesgo de trabajo a la que se le condenó, y los pagos ya realizados obedecieron a un cobro judicial y no porque haya sido establecido el otorgamiento de la pensión, lo que conlleva que la quejosa tenga que solicitar su pago ante la Junta de forma periódica, circunstancia que desatiende la condena fijada en el fallo. Lo anterior se robustece, porque la propia demandada reconoció que no ha otorgado a la quejosa la pensión por riesgo de trabajo, debido a que ya cuenta con una pensión por años de servicio, las cuales son compatibles, pero entre ambas no pueden superar el cien por ciento del salario promedio del grupo mayor que sirvió para su cuantificación, lo que ocurriría en el caso (folios 142 a 146 y 191 a 192). Circunstancia que escapa de la materia de análisis de este juicio de amparo, y que en su caso corresponde a la Junta dilucidar en su momento procesal oportuno; pero previo a ello, indefectiblemente debe proveer sobre la ejecución del laudo en ese aspecto, tal como fue solicitado en el escrito de catorce de junio de dos mil veintidós. Inclusive, la propia actora en la comparecencia de doce de julio de dos mil veintidós, manifestó ante la Junta que: ". hasta la fecha no se me ha otorgado la resolución de pensión por riesgo de trabajo condenada al Instituto Mexicano del Seguro Social a otorgar en mi favor.". Esto revela que la quejosa ha buscado el cumplimiento del laudo en lo relativo al otorgamiento de pensión por riesgo de trabajo, ya que la demandada no ha cumplido con ese punto de la condena, lo que es la materia de solicitud en el escrito de catorce de junio de dos mil veintidós.". De lo anterior se obtiene, que este órgano jurisdiccional advirtió que la autoridad responsable ha sido omisa en ordenar el cumplimiento del laudo en el punto que ordena el otorgamiento a la actora de una pensión por riesgo de trabajo con efectos a partir del veintiocho de octubre de dos mil veinte, pues se ha limitado a requerir el pago del monto determinado en liquidación de sentencia respecto a pensiones vencidas, pasando por alto que lo que la actora solicitó en su escrito de catorce de junio es que se ordenara el otorgamiento definitivo de la pensión. Además, en la sentencia se precisó que el Instituto demandado ha realizado diversos pagos en dinero, pero que éstos obedecieron a un cobro judicial y no porque haya sido establecido el otorgamiento de la pensión, lo que conlleva que la quejosa tenga que solicitar su pago ante la Junta de forma periódica, circunstancia que desatiende la condena fijada en el fallo, pues la demandada ha sido omisa en otorgar oficialmente la pensión a la que se le condenó. Así, conforme a los efectos de la sentencia de amparo, la autoridad responsable quedó constreñida a dar respuesta al escrito de catorce de junio de dos mil veintidós en los términos expuestos, esto es, debió responder a la parte actora su petición relativa a ejecutar el laudo en el punto específico del otorgamiento de la pensión y, por tanto, ordenar a la demandada que otorgue una pensión por riesgo de trabajo con efectos a partir del veintiocho de octubre de dos mil veinte equivalente al monto determinado en el laudo. Para tal efecto, la responsable emitió el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el cual determinó lo siguiente: ". visto el escrito presentado por el apoderado legal de la actora de fecha catorce de junio de dos mil veintidós y atento al contenido se requiere al Instituto Mexicano del Seguro Social para que en el término de diez días, dé cumplimiento de forma total al laudo de fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte en su resolutivo tercero y otorgue a la actora la pensión por riesgo de trabajo con efectos a partir del veintiocho de octubre de dos mil veinte, y realice el pago de las pensiones devengadas y no pagadas.". Lo anterior permite concluir que la autoridad cumplió con el indicado efecto de la sentencia de amparo, pues atendió el escrito de catorce de junio de dos mil veintidós y ordenó la ejecución del laudo en el punto advertido en el fallo constitucional, esto es, ordenó a la parte demandada que otorgara a la actora una pensión por riesgo de trabajo con efectos a partir del veintiocho de octubre de dos mil veinte. Finalmente, por cuanto al segundo efecto de la sentencia, en ésta se precisó que la concesión contra la omisión de proveer sobre el aludido escrito debía hacerse extensiva a la negativa verbal de acceso al expediente, pues implica continuar con la etapa de ejecución, lo que conlleva necesariamente permitir el acceso al expediente. Así, no se aprecia que la responsable persista en negar el acceso al expediente laboral, sobre todo porque ordenó la ejecución del laudo; de modo que sobre ese aspecto se estima cumplido el fallo protector, sin perjuicio que ante una nueva negativa verbal, la parte quejosa pueda denunciar la repetición del acto reclamado conforme al artículo 199 de la Ley de Amparo. Por tanto, lo conducente es tener por cumplido el fallo protector con apoyo en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. Como el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. IV. Valoración del expediente. De conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es CONSERVABLE en su integridad y deberá transferirse al área coordinadora de archivos en un plazo de tres años, por lo que en términos del numeral 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Conservable" mediante uso de sello. V. Devolución de anexo a la autoridad responsable. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que obre el tomo de pruebas remitido por la autoridad responsable, devuélvasele a la citada autoridad, sin que haya necesidad de solicitar acuse de recibo, dado que la constancia de entrega del oficio con el que se remitan, es apta para acreditar su recepción. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la parte tercera interesada.
- Principal
Vista con adscripción de titular. Con fundamento en los artículos 51 y 60, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que a partir del seis de noviembre del presente año, la Jueza Alma Adriana Villanueva Madrid fungirá como titular de este órgano jurisdiccional en sustitución de la Jueza Ruth Haggi Huerta García, y mientras subsistan las condiciones, o hasta en tanto el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, lo cual fue informado a este Juzgado de Distrito mediante oficio SEADS/2429/2023, de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Notifíquese.
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