Margarita Aguilar Hinojosa

Expediente 718/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 17 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
718/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
25/04/2023

Partes del expediente

  • Margarita Aguilar Hinojosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Por lo que hace a los incidentes de suspensión, atendiendo al inciso c) del numeral 21, el original de este es destruible, pues se negó la medida cautelar solicitada respecto de todos los actos reclamados; en tanto que el duplicado es destruible en un plazo de seis meses, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del aludido Acuerdo General; se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que obste que aún no se cuenta con el acuse de notificación de la sentencia a la autoridad responsable, en virtud que no se encuentra facultada para impugnar la presente determinación. No obstante ello, se ordena remitir copia de tal determinación, para los efectos legales respectivos. Notifíquese.

  2. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTRESADO DE LA SENTENCIA DE LA FECHA EN CITA POR LA CUAL: "Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 718/2022; promovido por Margarita Aguilar Hinojosa, contra los actos que reclama del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Poder Judicial Del Estado de Tamaulipas, en Victoria, Tamaulipas, y otras autoridades; y, Resultando: Primero. Mediante escrito depositado el veintiuno de abril de dos mil veintidós, ante buzón judicial y turnado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, ese mismo día a este Juzgado, Margarita Aguilar Hinojosa, demando el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Poder Judicial Del Estado de Tamaulipas, en Victoria, Tamaulipas y otras autoridades, los cuales hizo consistir en los siguientes: "IV.- ACTO IMPUGNADO: Lo constituye la DILIGENCIA DE CATEO Y/O EMBARGO, DICTADA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL EN EL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO, BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 05/2018, EN EL INDICE DE DICHO ORGANO JURISDICCIOAL. Segundo. Previa aclaración de demanda, por auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, misma que se registrara bajo el número de juicio de amparo 718/2022, se procedió a solicitar de las autoridades responsables su informe justificado, se postergó el emplazamiento del tercero interesado, se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional y se dio la intervención que le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito al Juzgado. Previos diferimiento y emplazamiento del tercero interesado, la audiencia constitucional tuvo verificativo y dentro de esta se tuvo como autoridad inexistente para los fines del presente juicio de amparo a la señalada por la parte quejosa como Elementos de Seguridad Pública; y, Considerando: Primero. (Competencia). Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior en atención a que las autoridades responsables, tienen su residencia dentro de la circunscripción territorial en donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. Segundo. (Aplicación de la norma vigente). Antes de iniciar el estudio de este juicio de garantías, es necesario destacar que como a la fecha de presentación de la demanda de garantías que le dio origen, ya había cobrado aplicación la nueva Ley de Amparo, el presente asunto tiene que ser resuelto mediante las disposiciones de ese cuerpo normativo. En efecto, el martes dos de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, miércoles tres de abril de ese mismo año, en cuyo artículo segundo transitorio se abrogó la ley anterior. En esa medida, la cita de tesis aisladas y de jurisprudencia que se hace en la presente resolución, es en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, debido a que si bien se trata de criterios integrados conforme a la ley anterior, no se advierte que se opongan a la nueva ley, y por ello mantienen su vigencia. Tercero. (Fijación clara y precisa del acto reclamado). El artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, impone la obligación de precisar los actos reclamados, para lo cual se estima pertinente mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la demanda de amparo debe interpretarse como un todo, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y de esta forma armonizar los datos y elementos que lo conforman, pero sin cambiar su alcance y contenido. De esta forma, al analizar el libelo constitucional los juzgadores de amparo deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, con atención preferente al pensamiento e intencionalidad de su autor descartando las expresiones que generen oscuridad o confusión. Es decir, al fijar los actos reclamados debe atenderse a lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo que habrá de resolverse. Sustentan lo considerado, en lo conducente, la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Sirve igualmente de apoyo, la diversa tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En vista de lo anterior, del contexto integral de la demanda de amparo presentada por la parte quejosa se advierte que reclama de las autoridades responsables: El auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós en el que se autoriza uso de fuerza pública con rompimiento de cerraduras, para el caso de que no se permita el acceso a la parte actora en el juicio de origen, al inmueble que en el auto se precisa (que la quejosa afirma que es de su propiedad), a fin de que esté en aptitud de señalar bienes para embargo. Cuarto. (Existencia del acto reclamado). En su informe justificado, las autoridades responsables Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial en el Estado y el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, manifestaron que es cierto el acto reclamado. Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por plenamente probado el acto reclamado a las responsables. Es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. En el presente caso, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa carece de interés para reclamar los actos de los que se duele. En ese orden, el artículo y fracción en comento en su contenido disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 257/2013, cuyo tema a dilucidar fue:  La persona que se ostenta extraña al juicio ¿tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que autoriza el uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras sobre el inmueble que habita y que es de su propiedad, para lograr el embargo de bienes del demandado? (cuyos actos son los que reclama la quejosa). Emitió la jurisprudencia, que puede consultarse en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página 1023, cuyo rubro y texto, se precisan a continuación: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA FRACTURA DE CERRADURAS DERIVADO DE UNA ORDEN DE EMBARGO, EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD DONDE TIENE SU DOMICILIO. En un juicio de naturaleza civil, la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto contra la determinación que hace efectivo el apercibimiento contenido en una orden de embargo, en cuanto al uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras (en caso de oposición) sobre el inmueble de su propiedad y en el cual tiene su domicilio. Lo anterior, ya que la afectación a su esfera jurídica se produce porque con la citada orden existe la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad e inviolabilidad del domicilio injustificadamente; de ahí que resulte procedente el juicio de amparo indirecto, cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble y tener su domicilio en éste, sin que ello prejuzgue sobre el fondo del asunto, toda vez que la determinación de hacer efectivo dicho apercibimiento constituye la materia del amparo en el que habrá de dilucidarse si esa autorización se encuentra ajustada a derecho." Como puede verse, concluyó que la persona que se ostenta extraña al juicio de origen tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que hace efectivo el apercibimiento contenido en la orden de embargo, en cuanto al uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras sobre el inmueble que habita y que es de su propiedad; lo anterior, en virtud de que dicho acto afecta sus derechos de propiedad y de inviolabilidad de su domicilio, como parte del derecho a la privacidad. Es decir, que en los casos como el que nos ocupa, en el que se reclama:  Auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós en el que se autoriza uso de fuerza pública con rompimiento de cerraduras, para el caso de que no se permita el acceso a la parte actora, al inmueble que en el auto se precisa (que la quejosa afirma que es de su propiedad), a fin de que esté en aptitud de señalar bienes para embargo. El tercero extraño acreditará el interés jurídico, si demuestra lo siguiente:  Ser el propietario del inmueble; y,  Tener ahí su domicilio, es decir que viva en éste. Para mayor objetividad se transcribe la parte de la ejecutoria, en la cual se precisó lo antes dicho y que es del tenor siguiente: "47. Cabe indicar que los casos concretos que dieron lugar a la contradicción de tesis que se analiza, se refieren a personas que demostraron ser propietarios del inmueble en donde se practicaría el embargo y, además, viven en aquél; en tal virtud, la jurisprudencia que resuelve la contradicción limita a la procedencia del juicio de amparo indirecto y se dirige a quien se ostenta extraño al juicio y demuestra tanto su calidad de propietario del inmueble, como que vive en éste; sin que ello prejuzgue sobre el fondo del asunto, pues el hecho de que se dé trámite al juicio de amparo indirecto no necesariamente dará lugar a la concesión del amparo. VII. Decisión 48. En razón de lo anterior, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la siguiente tesis: 49. PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA FRACTURA DE CERRADURAS DERIVADO DE UNA ORDEN DE EMBARGO, EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD DONDE TIENE SU DOMICILIO. Ahora bien, en el caso concreto, la quejosa no ofreció medio de prueba alguno tendiente a acreditar que es propietaria del inmueble ubicado en la calle Matamoros, número 530, Interior entre Fermín Legorreta (21) y Venustiano Carranza (22), Zona Centro, del Plano Oficial de Ciudad Victoria Tamaulipas, como tampoco ofreció pruebas dirigidas a demostrar que vive en dicho domicilio. Elementos que deben ser demostrados, de acuerdo a la jurisprudencia citada con antelación, en la que inclusive, al abordar el tema de la inviolabilidad del domicilio, definió éste de la siguiente manera: ".El domicilio constitucionalmente protegido será el espacio en el cual el individuo permanece sin estar sujeto de manera necesaria a los usos y convencionalismos sociales, donde ejerce su libertad más íntima y desarrolla su vida privada y su personalidad, quedando protegido no sólo el espacio físico sino la posibilidad de florecimiento razonablemente libre del escrutinio ajeno que el mismo representa.." Destacando que a la hora de indagar sobre éste: ".resultará útil hacer mención tanto a elementos objetivos relacionados con las características físicas del lugar (será relevante indagar si es un lugar donde sea posible la permanencia y/o residencia de personas, con independencia de que mueble o inmueble...)" Precisando que: ".lo determinante será siempre el elemento subjetivo relacionado con el tipo de uso que los individuos le den al mismo: debe tratarse de un lugar donde las personas desarrollen de manera inmediata su vida íntima y su personalidad mediante el libre ejercicio de su libertad." Para mayor objetividad se cita la parte de la ejecutoria a la que se viene haciendo mención, la cual es del tenor siguiente: "36. Por ello, aunque a la hora de indagar y finalmente definir el alcance que debe dársele al derecho a la inviolabilidad del domicilio en un caso particular resultará útil hacer mención tanto a elementos objetivos relacionados con las características físicas del lugar (será relevante indagar si es un lugar donde sea posible la permanencia y/o residencia de personas, con independencia de que mueble o inmueble ...), lo determinante será siempre el elemento subjetivo relacionado con el tipo de uso que los individuos le den al mismo: debe tratarse de un lugar donde las personas desarrollen de manera inmediata su vida íntima y su personalidad mediante el libre ejercicio de su libertad. En este sentido, el domicilio y la vida privada se encuentran intrínsecamente ligados, ya que el domicilio se convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar libremente la vida privada.(15) El domicilio constitucionalmente protegido será el espacio en el cual el individuo permanece sin estar sujeto de manera necesaria a los usos y convencionalismos sociales, donde ejerce su libertad más íntima y desarrolla su vida privada y su personalidad, quedando protegido no sólo el espacio físico sino la posibilidad de florecimiento razonablemente libre del escrutinio ajeno que el mismo representa. 37. Sobre esa base, lo que protege la Constitución Federal es el acceso arbitrario o abusivo al domicilio del gobernado, como parte de la protección al derecho de privacidad de las personas." Elementos los anteriores que no fueron acreditados forma alguna por la parte impetrante de garantías, al no ofrecer medio de convicción encaminado a ese fin, es decir, que la quejosa no demuestra habitar el domicilio en donde se verificará el acto de molestia, y que es importante destacar va dirigido a JAVIER TERRONES CUELLAR, parte demandada en el juicio natural, no respecto de la ahora quejosa. Lo mismo sucede con lo que aduce en el sentido de que es factible que se embarguen bienes de su propiedad pues citando de nueva cuenta la ejecutoria relativa a la jurisprudencia que se ha venido invocando en esta resolución, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA FRACTURA DE CERRADURAS DERIVADO DE UNA ORDEN DE EMBARGO, EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD DONDE TIENE SU DOMICILIO. Y en la cual se resolvió un caso idéntico al que nos ocupa, se estableció lo siguiente: 37. (.) Caso concreto 38. En las ejecutorias de amparo dictadas por los Tribunales Colegiados contendientes, se advierte que el análisis efectuado versó sobre dos aspectos esenciales contenidos en los actos reclamados: a. La orden de embargo sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada, con la finalidad de garantizar el adeudo contraído. b. La determinación de hacer efectivo el apercibimiento del uso de la fuerza pública y de la fractura de cerraduras, como medida de apremio, en el inmueble en donde el demandado tiene su domicilio, para el caso de que aquél se niegue a permitir el acceso a dicho inmueble, con el fin de llevar a cabo el embargo de bienes muebles de su propiedad, para garantizar el pago de lo incumplido. 39. En cuanto a la orden de embargo sobre bienes muebles propiedad del demandado, esta Primera Sala advierte que es un acto que no causa afectación al quejoso (persona extraña al juicio), porque esa orden es clara en determinar a quién va dirigido ese acto de autoridad, esto es, al demandado quien es parte en el juicio de origen y a quien perjudicaría tal determinación, por tratarse de una afectación sobre bienes muebles de su propiedad. 40. Por tanto, el que se ostenta extraño al juicio carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto en contra de esa determinación judicial, al no existir afectación alguna en su esfera jurídica de derechos. Como puede verse, se estableció que la orden de embargo, ".es un acto que no causa afectación al quejoso (persona extraña al juicio), porque esa orden es clara en determinar a quién va dirigido ese acto de autoridad, esto es, al demandado quien es parte en el juicio de origen y a quien perjudicaría tal determinación, por tratarse de una afectación sobre bienes muebles de su propiedad." Luego, como la quejosa no demostró que en la finca en la cual se ordenó el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras (para el caso de que no se permita el acceso de manera voluntaria), y pueda el actor señalar bienes para embargo, sea su domicilio, es inconcuso que no acreditó su interés jurídico, y siendo así, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia de previo análisis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción XII de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 62, 63, 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se Resuelve: Único.- Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Margarita Aguilar Hinojosa, contra el acto que reclama de las autoridades responsables, el cual fuera precisado en el considerando tercero, por los motivos que se exponen en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese y personalmente a las partes."

  3. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 718/2022; promovido por Margarita Aguilar Hinojosa, contra los actos que reclama del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Poder Judicial Del Estado de Tamaulipas, en Victoria, Tamaulipas, y otras autoridades; y, Resultando: Primero. Mediante escrito depositado el veintiuno de abril de dos mil veintidós, ante buzón judicial y turnado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, ese mismo día a este Juzgado, Margarita Aguilar Hinojosa, demando el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Poder Judicial Del Estado de Tamaulipas, en Victoria, Tamaulipas y otras autoridades, los cuales hizo consistir en los siguientes: "IV.- ACTO IMPUGNADO: Lo constituye la DILIGENCIA DE CATEO Y/O EMBARGO, DICTADA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL EN EL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO, BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 05/2018, EN EL INDICE DE DICHO ORGANO JURISDICCIOAL. Segundo. Previa aclaración de demanda, por auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, misma que se registrara bajo el número de juicio de amparo 718/2022, se procedió a solicitar de las autoridades responsables su informe justificado, se postergó el emplazamiento del tercero interesado, se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional y se dio la intervención que le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito al Juzgado. Previos diferimiento y emplazamiento del tercero interesado, la audiencia constitucional tuvo verificativo y dentro de esta se tuvo como autoridad inexistente para los fines del presente juicio de amparo a la señalada por la parte quejosa como Elementos de Seguridad Pública; y, Considerando: Primero. (Competencia). Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior en atención a que las autoridades responsables, tienen su residencia dentro de la circunscripción territorial en donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. Segundo. (Aplicación de la norma vigente). Antes de iniciar el estudio de este juicio de garantías, es necesario destacar que como a la fecha de presentación de la demanda de garantías que le dio origen, ya había cobrado aplicación la nueva Ley de Amparo, el presente asunto tiene que ser resuelto mediante las disposiciones de ese cuerpo normativo. En efecto, el martes dos de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, miércoles tres de abril de ese mismo año, en cuyo artículo segundo transitorio se abrogó la ley anterior. En esa medida, la cita de tesis aisladas y de jurisprudencia que se hace en la presente resolución, es en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, debido a que si bien se trata de criterios integrados conforme a la ley anterior, no se advierte que se opongan a la nueva ley, y por ello mantienen su vigencia. Tercero. (Fijación clara y precisa del acto reclamado). El artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, impone la obligación de precisar los actos reclamados, para lo cual se estima pertinente mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la demanda de amparo debe interpretarse como un todo, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y de esta forma armonizar los datos y elementos que lo conforman, pero sin cambiar su alcance y contenido. De esta forma, al analizar el libelo constitucional los juzgadores de amparo deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, con atención preferente al pensamiento e intencionalidad de su autor descartando las expresiones que generen oscuridad o confusión. Es decir, al fijar los actos reclamados debe atenderse a lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo que habrá de resolverse. Sustentan lo considerado, en lo conducente, la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Sirve igualmente de apoyo, la diversa tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En vista de lo anterior, del contexto integral de la demanda de amparo presentada por la parte quejosa se advierte que reclama de las autoridades responsables: El auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós en el que se autoriza uso de fuerza pública con rompimiento de cerraduras, para el caso de que no se permita el acceso a la parte actora en el juicio de origen, al inmueble que en el auto se precisa (que la quejosa afirma que es de su propiedad), a fin de que esté en aptitud de señalar bienes para embargo. Cuarto. (Existencia del acto reclamado). En su informe justificado, las autoridades responsables Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial en el Estado y el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, manifestaron que es cierto el acto reclamado. Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por plenamente probado el acto reclamado a las responsables. Es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. En el presente caso, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa carece de interés para reclamar los actos de los que se duele. En ese orden, el artículo y fracción en comento en su contenido disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 257/2013, cuyo tema a dilucidar fue:  La persona que se ostenta extraña al juicio ¿tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que autoriza el uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras sobre el inmueble que habita y que es de su propiedad, para lograr el embargo de bienes del demandado? (cuyos actos son los que reclama la quejosa). Emitió la jurisprudencia, que puede consultarse en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página 1023, cuyo rubro y texto, se precisan a continuación: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA FRACTURA DE CERRADURAS DERIVADO DE UNA ORDEN DE EMBARGO, EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD DONDE TIENE SU DOMICILIO. En un juicio de naturaleza civil, la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto contra la determinación que hace efectivo el apercibimiento contenido en una orden de embargo, en cuanto al uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras (en caso de oposición) sobre el inmueble de su propiedad y en el cual tiene su domicilio. Lo anterior, ya que la afectación a su esfera jurídica se produce porque con la citada orden existe la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad e inviolabilidad del domicilio injustificadamente; de ahí que resulte procedente el juicio de amparo indirecto, cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble y tener su domicilio en éste, sin que ello prejuzgue sobre el fondo del asunto, toda vez que la determinación de hacer efectivo dicho apercibimiento constituye la materia del amparo en el que habrá de dilucidarse si esa autorización se encuentra ajustada a derecho." Como puede verse, concluyó que la persona que se ostenta extraña al juicio de origen tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que hace efectivo el apercibimiento contenido en la orden de embargo, en cuanto al uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras sobre el inmueble que habita y que es de su propiedad; lo anterior, en virtud de que dicho acto afecta sus derechos de propiedad y de inviolabilidad de su domicilio, como parte del derecho a la privacidad. Es decir, que en los casos como el que nos ocupa, en el que se reclama:  Auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós en el que se autoriza uso de fuerza pública con rompimiento de cerraduras, para el caso de que no se permita el acceso a la parte actora, al inmueble que en el auto se precisa (que la quejosa afirma que es de su propiedad), a fin de que esté en aptitud de señalar bienes para embargo. El tercero extraño acreditará el interés jurídico, si demuestra lo siguiente:  Ser el propietario del inmueble; y,  Tener ahí su domicilio, es decir que viva en éste. Para mayor objetividad se transcribe la parte de la ejecutoria, en la cual se precisó lo antes dicho y que es del tenor siguiente: "47. Cabe indicar que los casos concretos que dieron lugar a la contradicción de tesis que se analiza, se refieren a personas que demostraron ser propietarios del inmueble en donde se practicaría el embargo y, además, viven en aquél; en tal virtud, la jurisprudencia que resuelve la contradicción limita a la procedencia del juicio de amparo indirecto y se dirige a quien se ostenta extraño al juicio y demuestra tanto su calidad de propietario del inmueble, como que vive en éste; sin que ello prejuzgue sobre el fondo del asunto, pues el hecho de que se dé trámite al juicio de amparo indirecto no necesariamente dará lugar a la concesión del amparo. VII. Decisión 48. En razón de lo anterior, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la siguiente tesis: 49. PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA FRACTURA DE CERRADURAS DERIVADO DE UNA ORDEN DE EMBARGO, EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD DONDE TIENE SU DOMICILIO. Ahora bien, en el caso concreto, la quejosa no ofreció medio de prueba alguno tendiente a acreditar que es propietaria del inmueble ubicado en la calle Matamoros, número 530, Interior entre Fermín Legorreta (21) y Venustiano Carranza (22), Zona Centro, del Plano Oficial de Ciudad Victoria Tamaulipas, como tampoco ofreció pruebas dirigidas a demostrar que vive en dicho domicilio. Elementos que deben ser demostrados, de acuerdo a la jurisprudencia citada con antelación, en la que inclusive, al abordar el tema de la inviolabilidad del domicilio, definió éste de la siguiente manera: ".El domicilio constitucionalmente protegido será el espacio en el cual el individuo permanece sin estar sujeto de manera necesaria a los usos y convencionalismos sociales, donde ejerce su libertad más íntima y desarrolla su vida privada y su personalidad, quedando protegido no sólo el espacio físico sino la posibilidad de florecimiento razonablemente libre del escrutinio ajeno que el mismo representa.." Destacando que a la hora de indagar sobre éste: ".resultará útil hacer mención tanto a elementos objetivos relacionados con las características físicas del lugar (será relevante indagar si es un lugar donde sea posible la permanencia y/o residencia de personas, con independencia de que mueble o inmueble...)" Precisando que: ".lo determinante será siempre el elemento subjetivo relacionado con el tipo de uso que los individuos le den al mismo: debe tratarse de un lugar donde las personas desarrollen de manera inmediata su vida íntima y su personalidad mediante el libre ejercicio de su libertad." Para mayor objetividad se cita la parte de la ejecutoria a la que se viene haciendo mención, la cual es del tenor siguiente: "36. Por ello, aunque a la hora de indagar y finalmente definir el alcance que debe dársele al derecho a la inviolabilidad del domicilio en un caso particular resultará útil hacer mención tanto a elementos objetivos relacionados con las características físicas del lugar (será relevante indagar si es un lugar donde sea posible la permanencia y/o residencia de personas, con independencia de que mueble o inmueble ...), lo determinante será siempre el elemento subjetivo relacionado con el tipo de uso que los individuos le den al mismo: debe tratarse de un lugar donde las personas desarrollen de manera inmediata su vida íntima y su personalidad mediante el libre ejercicio de su libertad. En este sentido, el domicilio y la vida privada se encuentran intrínsecamente ligados, ya que el domicilio se convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar libremente la vida privada.(15) El domicilio constitucionalmente protegido será el espacio en el cual el individuo permanece sin estar sujeto de manera necesaria a los usos y convencionalismos sociales, donde ejerce su libertad más íntima y desarrolla su vida privada y su personalidad, quedando protegido no sólo el espacio físico sino la posibilidad de florecimiento razonablemente libre del escrutinio ajeno que el mismo representa. 37. Sobre esa base, lo que protege la Constitución Federal es el acceso arbitrario o abusivo al domicilio del gobernado, como parte de la protección al derecho de privacidad de las personas." Elementos los anteriores que no fueron acreditados forma alguna por la parte impetrante de garantías, al no ofrecer medio de convicción encaminado a ese fin, es decir, que la quejosa no demuestra habitar el domicilio en donde se verificará el acto de molestia, y que es importante destacar va dirigido a JAVIER TERRONES CUELLAR, parte demandada en el juicio natural, no respecto de la ahora quejosa. Lo mismo sucede con lo que aduce en el sentido de que es factible que se embarguen bienes de su propiedad pues citando de nueva cuenta la ejecutoria relativa a la jurisprudencia que se ha venido invocando en esta resolución, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA FRACTURA DE CERRADURAS DERIVADO DE UNA ORDEN DE EMBARGO, EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD DONDE TIENE SU DOMICILIO. Y en la cual se resolvió un caso idéntico al que nos ocupa, se estableció lo siguiente: 37. (.) Caso concreto 38. En las ejecutorias de amparo dictadas por los Tribunales Colegiados contendientes, se advierte que el análisis efectuado versó sobre dos aspectos esenciales contenidos en los actos reclamados: a. La orden de embargo sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada, con la finalidad de garantizar el adeudo contraído. b. La determinación de hacer efectivo el apercibimiento del uso de la fuerza pública y de la fractura de cerraduras, como medida de apremio, en el inmueble en donde el demandado tiene su domicilio, para el caso de que aquél se niegue a permitir el acceso a dicho inmueble, con el fin de llevar a cabo el embargo de bienes muebles de su propiedad, para garantizar el pago de lo incumplido. 39. En cuanto a la orden de embargo sobre bienes muebles propiedad del demandado, esta Primera Sala advierte que es un acto que no causa afectación al quejoso (persona extraña al juicio), porque esa orden es clara en determinar a quién va dirigido ese acto de autoridad, esto es, al demandado quien es parte en el juicio de origen y a quien perjudicaría tal determinación, por tratarse de una afectación sobre bienes muebles de su propiedad. 40. Por tanto, el que se ostenta extraño al juicio carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto en contra de esa determinación judicial, al no existir afectación alguna en su esfera jurídica de derechos. Como puede verse, se estableció que la orden de embargo, ".es un acto que no causa afectación al quejoso (persona extraña al juicio), porque esa orden es clara en determinar a quién va dirigido ese acto de autoridad, esto es, al demandado quien es parte en el juicio de origen y a quien perjudicaría tal determinación, por tratarse de una afectación sobre bienes muebles de su propiedad." Luego, como la quejosa no demostró que en la finca en la cual se ordenó el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras (para el caso de que no se permita el acceso de manera voluntaria), y pueda el actor señalar bienes para embargo, sea su domicilio, es inconcuso que no acreditó su interés jurídico, y siendo así, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia de previo análisis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción XII de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 62, 63, 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se Resuelve: Único.- Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Margarita Aguilar Hinojosa, contra el acto que reclama de las autoridades responsables, el cual fuera precisado en el considerando tercero, por los motivos que se exponen en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese y personalmente a las partes.

  4. Principal

    En Victoria, Tamaulipas, siendo las diez horas con cuarenta minutos del veintisiete de junio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 718/2022, promovido por Margarita Aguilar Hinojosa; encontrándose en audiencia pública el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con la asistencia de la licenciada Sandra Luz González García con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, a través de sistema de videoconferencia, habiéndose enviado con la oportunidad debida la invitación correspondiente al tercero interesado, sin que se conectara a la presente audiencia. Enseguida la Secretaria hace una relación de las constancias de autos, y CERTIFICA: que obran agregados en autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables (promociones 8630 y 9511); y que el tercero interesado se encuentra emplazado al presente juicio a través de diligencia llevada a cabo el uno de junio del año en curso, a excepción del solicitado a la autoridad responsable que el quejoso denominó como Elementos de Seguridad Pública, puesto que no obra el informe con justificación; en torno a ello, se hace constar que el plazo concedido a la parte quejosa por auto de diez de mayo de dos mil veintidós, para que desahogara la vista concedida en relación con la inexistencia de la autoridad que el quejoso señaló como los Elementos de Seguridad Pública; transcurrió del diecinueve al veintitrés del citado mes y año, sin contar los días veintiuno y veintidós por ser inhábiles. El Juez acuerda: Atento a la certificación que antecede y habiendo transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que desahogara la vista en torno a la inexistencia de la autoridad responsable Elementos de Seguridad Pública; se hace efectivo el apercibimiento concedido y se tiene por inexistente la autoridad responsable que la quejosa denominó como Elementos de Seguridad Pública, por lo que se interrumpe toda comunicación con dicha autoridad. A continuación se abre el período probatorio: La secretaria da nueva cuenta con las pruebas remitidas por el Juez responsable (promoción 9511). El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia. Como no se ofrecieron más elementos de convicción que deban relacionarse y desahogarse se cierra dicho periodo y se ordena abrir el de alegatos, en el que la Secretaria hace constar que no existen escritos de las partes a través de los cuales hayan hecho uso de ese derecho. El Juez acuerda: Al no haber manifestaciones de las partes, se cierra dicho periodo. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, firmando electrónicamente al calce el Juez y Secretaria los que en ella intervinieron; en la inteligencia de que quedan los autos en estado de resolución.- DOY FE. EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LIC. FERNANDO UREÑA MORENO LA SECRETARIA. LIC. SANDRA LUZ GONZÁLEZ GARCÍA.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 17,203 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano