Margarita Agar Nuñez Ruíz Velasco

Expediente 698/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
698/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
10/01/2023

Partes del expediente

  • Margarita Agar Nuñez Ruíz Velasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, diez de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y en atención a que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha las quejosas hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia, en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2, se declara que dicha sentencia en la que se sobreseyó en el juicio y se negó la protección constitucional, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y en razón a que el expediente en que se actúa se encuentra integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese como asunto concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que lo integran, considerando como tales las promociones y actuaciones judiciales. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de veinticinco de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco siguiente; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio y se negó el amparo por lo que carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del acuerdo general antes citado, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años. Cuadernos incidentales En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el acuerdo referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del aludido acuerdo, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, dado que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del acuerdo general en cita, se determina que es susceptible de depuración, ya que se otorgó la medida cautelar solicitada, en consecuencia, procédase a su cumplimiento. En ese orden de ideas, conforme lo ordenado en el artículo 35, párrafos primero y segundo, del mencionado acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, en la que se hace constar que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202, en relación con el diverso 192, ambos de la Ley de Amparo, sin que a la fecha alguna de las partes haya interpuesto recurso de inconformidad en contra del proveído en el que se determinó que la ejecutoria de amparo se encuentra sin materia y cumplida para el cumplimiento. En consecuencia, se declara que dicho proveído HA QUEDADO FIRME. En esas condiciones, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y debido a que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de este año, se determina que este expediente es susceptible de depuración, conservándose la demanda, la sentencia y la resolución emitida por el Tribunal Colegiado, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del mencionado Acuerdo General, pues se trata de un expediente en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, procédase a su acatamiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere dicho artículo. CUADERNOS INCIDENTALES En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el Acuerdo General referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, puesto que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, se determina que es susceptible de depuración, en razón de que se concedió la medida cautelar solicitada, debiéndose conservar la determinación o determinaciones correspondientes. Atento lo ordenado en el artículo 35, párrafos primero y segundo, del mencionado Acuerdo, así como en términos de lo señalado en los apartados 3.2 Sellos de valoración en la carátula de cada expediente y 7.5 Tratamiento del incidente de suspensión (original) punto 10, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; personalmente a la parte quejosa y por medio de oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que, mediante acuerdo dictado el treinta de abril del año en curso, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución emitida en el amparo en revisión 450/2020 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en la que resolvió revocar la sentencia emitida y reponer el procedimiento, por los motivos y para los efectos que precisó, y se proveyó lo conducente. Ahora bien, en lo que aquí interesa, en dicha determinación, se ordenó dar vista a la parte quejosa de manera personal con el contenido del informe justificado rendido por la Subdirectora de Recursos Humanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), autoridad señalada como responsable, para que manifestara lo que a su derecho e interés legal conviniera, dado que dicha autoridad en la parte que interesa, señaló lo siguiente: "INFORME CON JUSTIFICACIÓN. Por lo que hace al acto reclamado en el presente asunto al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional a través del Subdirector de Recursos Humanos consistente en la ejecución de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde manifestar que dicho acto no es cierto, por su improcedencia de conformidad a lo establecido en los Artículos 17, ,18 y 61. Fracción XIV de la Ley de Amparo, ya que por lo que hace al ejercicio presupuestal 2018, este Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional se encuentra impedido a realizar movimiento alguno, toda vez que la misma Ley impugnada en su Artículo 3, Fracción III manifiesta que la remuneración de los servidores públicos es y será determinada para cada ejercicio fiscal y que los sueldos y salarios no se podrán disminuir en el mismo, por lo cual es inconcuso que esta institución dentro del ejercicio fiscal 2018, no realizó aplicación alguna de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y por tanto, es que no se materializa la ejecución del acto reclamado. Por lo que hace al presente ejercicio fiscal 2019, este Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional tiene la obligación de aplicar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual, a la fecha, esta institución ha realizado la aplicación considerando para la base gravable del cálculo del impuesto sobre la renta la totalidad de las percepciones que obtienen los trabajadores. Asimismo, por lo que hace al presente ejercicio fiscal 2019, este Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico por la fecha en que se actúa ya ha realizado los descuentos y/o disminuciones a los quejosos ya que los pagos de salarios de los trabajadores de mi representada se rigen por lo estipulado en el artículo 46° de las Condiciones Generales de Trabajo mismo que para una mejor y pronta referencia se transcribe a continuación." Asimismo, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si deseaba ampliar la demanda respecto al acto de aplicación surgido con posterioridad a la presentación de la demanda, manifestado por la autoridad responsable Subdirectora de Recursos Humanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho; a efecto de incorporar eficazmente a la problemática del juicio la ley aplicada, así como su acto concreto de aplicación; y, para el caso de ser afirmativo lo anterior, debería indicar si era su deseo formular nuevos conceptos de violación en cuanto al acto concreto de aplicación. En atención a lo anterior, en acuerdo dictado el ocho de junio del año en curso, se tuvo por recibido el escrito presentado por el quejoso, por medio del cual en desahogo a los requerimientos formulados en proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno, manifestó su deseo de ampliar la demanda respecto al acto de aplicación y ejecución de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a partir del ejercicio fiscal 2019, surgido con posterioridad a la presentación de la demanda, manifestado por la autoridad responsable Subdirector de Recursos Humanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), y formuló nuevos conceptos de violación en cuanto al acto concreto de aplicación; por lo que en dicha determinación, se admitió a trámite la ampliación de demanda; y, entre otras cuestiones se requirió a la mencionada autoridad responsable su respectivo informe justificado en ampliación de demanda. Por otra parte, en proveído de seis de julio del año que transcurre, se recibió el oficio presentado por la autoridad responsable Subdirectora de Recursos Humanos del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional; por medio del cual rindió su informe justificado relativo a la ampliación de demanda. Ahora bien, en dicho informe en la parte que interesa, señaló lo siguiente: ".INFORME CON JUSTIFICACIÓN. Por lo que hace al acto reclamado en el presente asunto al Centro de investigación y Estudios Avanzados del IPN, a través de la Subdirectora de Recursos Humanos, consistente en la atribución de la aplicación y ejecución de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del ejercicio fiscal 2019, así como la elaboración, firma y autorización de la nómina mediante la cual se le paga al quejoso sus remuneraciones en términos de las páginas 53 y 54 del Manual General de Organización de este Centro de Investigación. De lo antes mencionado, corresponde manifestar que mi representado, al momento de rendir su primer Informe Justificado de fecha 09 de octubre de 2019, manifestó que tuvo la obligación de aplicar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, a partir de la primera quincena de enero de 2019 y hasta la fecha se ha dejado de aplicar lo previsto en la citada Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la suspensión definitiva concedida mediante el oficio 25541/2018 emitido por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México relativo al juicio de amparo 2476/2018. Como constancia de lo anterior se adjuntan al presente copias certificadas de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al pago de la segunda quince de diciembre de 2018 y la primera quincena de enero de 2019 Lo anterior precisando que los pagos de salarios de los trabajadores de este Centro de Investigación se rigen por lo estipulado en el artículo 46° de las Condiciones Generales de Trabajo." De las consideraciones antes precisadas, se tiene que la Subdirectora de Recursos Humanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), al rendir su informe justificado respecto de los actos que se le atribuyen en el escrito inicial de demanda, manifestó haber aplicado con posterioridad a la presentación de la demanda, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que hace al ejercicio fiscal 2019, señalando que ya había realizado los descuentos y/o disminuciones al quejoso, ya que los pagos de salarios de los trabajadores de dicho Centro de Investigación se rigen por lo estipulado en el artículo 46° de las Condiciones Generales de Trabajo. Y, al rendir su informe justificado en ampliación de demanda, dicha autoridad responsable manifestó que si bien al momento de rendir su primer informe justificado manifestó que tuvo la obligación de aplicar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, a partir de la primera quincena de enero de dos mil diecinueve y hasta la fecha en que rindió dicho informe, ha dejado de aplicar lo previsto en la citada Ley, con motivo de la suspensión definitiva concedida mediante el oficio 25541/2018 emitido por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México relativo al juicio de amparo 2476/2018, antecedente del sumario en que se actúa 1398/2019, y al efecto exhibió copia certificada de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al pago de la segunda quince de diciembre de dos mil dieciocho y la primera quincena de enero de dos mil diecinueve. En esas condiciones, a efecto de estar en aptitud de tener certeza sobre si existe o no acto de aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y no dejar en estado de indefensión a las partes que intervienen en este juicio, así como evitar violar las reglas procedimentales que rigen el juicio de amparo, atento a lo manifestado por la autoridad responsable que nos ocupa; Subdirectora de Recursos Humanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), con fundamento en los artículos 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la Subdirectora de Recursos Humanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento en que quede notificada del presente proveído: Bajo protesta de decir verdad, manifieste si aplicó o no al quejoso la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y para el caso de ser afirmativo, indique cuál o cuáles fueron los artículos de dicha Ley que aplicó, la fecha en que llevó a cabo dicha aplicación, y en el caso, los conceptos de las percepciones de la parte quejosa que se vieron afectadas, acompañando copias certificadas de las constancias con las que acredite su dicho. Debiendo además, exhibir copia certificada de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al pago de la segunda quince de diciembre de dos mil dieciocho y la primera quincena de noviembre de dos mil veintiuno, quincena que corresponde a la última a la fecha en que se actúa, respecto del quejoso Rodolfo Marsch Moreno; o en su caso, manifieste la imposibilidad legal o material que tenga para dar cumplimiento a lo requerido. Lo anterior, a fin de que este juzgador esté en posibilidad de conocer, en caso de haber existido, el período de aplicación de la normatividad reclamada y saber con certeza la fecha en que se llevó a cabo el acto de aplicación de la Ley impugnada, lo cual incide en la fijación de la litis del presente asunto. Bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo así dentro del plazo concedido, se hará acreedora a una multa por el equivalente de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del numeral 237 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 259 del mismo ordenamiento. Medida que se toma en estricta observancia a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 75 de la Ley de Amparo, en consideración que para un mejor análisis de la cuestión debatida en el presente juicio, este Juzgador estima necesario tener a la vista las constancias de referencia; en razón de que atendiendo a la necesidad de conocer la verdad, no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también, es un imperativo al Juez de Distrito, de allegarse en forma oficiosa todos los elementos de convicción para la resolución del amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 17/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, página 108, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.". A efecto de que se cumplimente lo anterior y evitar alguna violación a las reglas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Ciudad de México, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 3139, firmado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por el que acusa recibo del diverso con el que se remitió el cuaderno original del juicio de amparo, original y copia del escrito de expresión de agravios, con motivo del recurso de revisión interpuesto por *****, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por las quejosas *****, interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el sumario constitucional en que se actúa, e informa que lo admitió y registró como amparo en revisión 1237/2021. De lo anterior este órgano jurisdiccional toma conocimiento Por otra parte, como lo solicita el Tribunal Colegiado antes citado, con copia simple del oficio que se provee el que contiene inserto el proveído de Presidencia de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente relativo al amparo en revisión 1237/2021 de su índice, por oficio notifíquese a las autoridades responsables, así como vía electrónica a la parte quejosa; y, una vez que se cuente con las constancias de notificación respectivas sin ulterior acuerdo, remítanse los originales al Tribunal Colegiado de referencia, previa copia certificada que de las mismas se deje agregada en autos, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como lo solicita el Tribunal Colegiado oficiante, se le informa que en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado, ya que se han incorporado al mismo todas y cada una de las promociones, documentos, autos y resoluciones, el cual está a su disposición en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por tanto, instrúyase al Analista Jurídico a efecto de que realice lo movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables, así como al Tribunal Colegiado oficiante.

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