Margarita Adriana Díaz González y Otros.

Expediente 172/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
172/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
16/03/2018

Partes del expediente

  • Margarita Adriana Díaz González y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ...ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo...se declara que CAUSÓ ESTADO ...archívese este asunto como concluido...se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción...al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo...

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LAS QUEJOSAS, EL AUTO QUE DICE: *** promueven juicio de amparo contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 172/2018 que le corresponde. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional de amparo para que, previo análisis de la demanda, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del contenido del escrito de demanda, se considera respetuosamente, que en este asunto se actualiza la causa de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Tal disposición se relaciona con el diverso artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, que señala que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. En ese contexto, cabe mencionar que como requisito para que el juicio de amparo sea procedente, corresponde a la parte quejosa demostrar el derecho que le asiste para reclamar por esta vía, e indicar con exactitud el acto o actos violatorios de los derechos fundamentales en su perjuicio, y demostrar que dicho acto reclamado le ocasiona un perjuicio, esto es, una ofensa o daño en sus derechos o intereses. Asimismo, los artículos 102, fracción III, 223 y 224 de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, señalan: Artículo 102. Prescribirán en dos años: III.- Las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Artículo 223. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o las Salas, tienen obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictarán todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Artículo 224. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal o las Salas pronunciarán la resolución correspondiente y comisionarán a un Actuario o librarán exhorto en su caso, a quien corresponda, a fin de que, en unión de la parte que obtuvo, se constituyan en el domicilio del condenado y lo requieran para que cumpla la resolución, apercibiéndolo que de no hacerlo se procederá conforme a los dispuesto en este artículo. De los preceptos transcritos se advierte que una vez dictado el laudo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, tiene la obligación de ejecutarlo, pero al señalar cuando se pida, se estima necesaria la intervención de la parte actora, aunado a que la fracción III, del artículo 102, de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, establece que las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje prescriben en dos años, lo que implica el consecuente impulso procesal del trabajador, con la pena que de no hacerlo prescribirá la acción para ejecutarlo. Aunado a lo anterior, se puntualiza que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la ejecución forzosa de un laudo, no es una fase en la cual la autoridad laboral pueda y deba seguir de forma oficiosa la ejecución de un laudo, sino que requiere la solicitud del ejecutante para su inicio, así como su directa intervención, requisitos que no se acreditaron. Tienen aplicación al caso las tesis siguientes: Época: Décima Época Registro: 2010025 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II Materia(s): Común Tesis: PC.I.L. J/10 L (10a.) Página: 844 AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante. Época: Décima Época Registro: 2000025 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4 Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 16/2011 (10a.) Página: 2772 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo. HECHOS Ahora bien, el acto reclamado consiste esencialmente en la omisión y dilación en el trámite de la sección de ejecución para dar cumplimiento al laudo de veinte de marzo de dos mil quince, dictado en el juicio laboral 269/2012-I del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. Al respecto, la parte quejosa precisó en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, los siguientes antecedentes: 1. El veinte de marzo de dos mil quince, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, dictó laudo en el juicio laboral *** en el que condenó a la *** a la reinstalación de las quejosas en la ***, así como al pago de salarios caídos y otras prestaciones. 2. En auto de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, el tribunal responsable recibió la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, relativa al juicio de amparo directo *** promovido por la parte demandada en contra del laudo dictado, en el que negó el amparo solicitado por la Secretaría de Educación de Veracruz. 3. Por auto de once de mayo de dos mil dieciséis, la autoridad responsable ordenó abrir el incidente de liquidación de laudo, el cual resolvió el tres de octubre del mismo año, en el que se condenó a la *** al pago de *** por concepto de salarios caídos, prima vacacional, aguinaldo, horas extras y salarios devengados y los que se siguieran generando hasta el cumplimiento material del laudo. 4. El ocho de febrero de dos mil diecisiete, el tribunal responsable ordenó el primer requerimiento a la Secretaría demandada. 5. Por auto de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, la autoridad responsable ordenó por segunda ocasión el requerimiento para el cumplimiento del laudo condenatorio. 6. Las quejosas mediante escrito de once de julio de dos mil diecisiete, solicitaron se llevara a cabo el tercer requerimiento a la parte demandada, solicitud que reiteraron por escrito de veinticinco de agosto de ese año. 7. En auto de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable ordenó por tercera ocasión que se realizara el requerimiento a la ***. 8. La parte quejosa mediante escrito de veintitrés de enero del presente año, solicitó que se fijara nuevamente fecha para el cumplimiento del laudo condenatorio, lo que la autoridad responsable realizó mediante auto de uno de febrero del dos mil dieciocho, asimismo, determinó imponer a la Secretaría demandada una multa por la cantidad de cien unidades de medida y actualización por no cumplir con el laudo respectivo. De lo anterior se advierte que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial de Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, ha llevado a cabo su labor, al ordenar en diversas ocasiones los requerimientos respectivos para el cumplimiento del laudo en mención, incluso, impuso una multa a la Secretaría demandada por el incumplimiento del laudo respectivo. CONCLUSIÓN En ese sentido, este órgano jurisdiccional respetuosamente considera que la autoridad responsable ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento del laudo respectivo, por lo que en este momento no se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de las promoventes, en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso, el tribunal responsable señaló nuevamente fecha para requerir a la *** que cumpla con el laudo de veinte de marzo de dos mil quince, esto es, el impulso procesal para la ejecución del laudo corresponde a la parte ejecutante, máxime que en el caso no se advierte un supuesto de excepción que permita acudir a la vía constitucional para impugnar el acto reclamado. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, debido a que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, asimismo, en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo en cita, a los restantes profesionistas que indica, esto es, solamente para oír notificaciones e imponerse de autos, por no contar con su cédula registrada en el referido sistema. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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