Margaret Ann Tyler y Otros.

Expediente 1197/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 18 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1197/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Margaret Ann Tyler y Otros.
  • Margaret Ann Tyler

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Incidental

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3 de la Ley de Amparo, el escrito de cuenta por medio del cual **************, apoderada de la parte quejosa, solicita copias certificadas electrónicamente de la resolución emitida en el presente incidente de suspensión; las cuales pide sean entregadas a quienes indica. Al respecto, no ha lugar a acordar favorable su solicitud, en virtud de que de autos se desprende que la promovente cuenta con acceso al expediente electrónico, por lo tanto, puede disponer de las actuaciones que estime conducentes con las autorizaciones o certificaciones correspondientes, pues así lo prevé el 22 del punto cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, el cual a la letra dice: Artículo 22. Al integrar los expedientes electrónicos, los órganos jurisdiccionales los registrarán dentro de la misma numeración consecutiva que la empleada para los expedientes derivados de promociones que se presenten de manera impresa, y en ambos casos se dará el trámite correspondiente. Las constancias firmadas electrónicamente tienen validez legal suficiente y no deberán agregarse al expediente físico, el cual contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. Las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. En efecto, del párrafo antes transcrito, se advierte que las constancias que integren el expediente electrónico que cuenten con las debidas evidencias criptográficas, serán consideradas como copias certificadas, toda vez que las mismas son inalterables. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el escrito signado por ******************** apoderada legal de la parte quejosa, a través del cual cumple con el requerimiento efectuado por este juzgado. Admisión de la ampliación. Por tanto, con fundamento en los artículos 111, fracción II y 117 de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda de amparo, por la autoridad responsable Juez Mixto Civil y Mercantil de Villa de Álvarez, Colima; y, otras autoridades, que señala en su escrito de catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Requerimiento de informe justificado a la autoridad responsable. Pídase el informe justificado a las autoridades responsables, que deberán rendirlo por escrito dentro del plazo de quince días hábiles, el cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; debiendo acompañar, en su caso, el expediente original o el duplicado o copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias que apoyen el ocurso respecto del acto reclamado; incluyendo las pruebas que hubiesen sido rendidas y que por alguna razón no se hayan incorporado al expediente, considerando las siguientes directrices: Si algunas fojas se encuentran ilegibles, porque así están los documentos de donde se obtuvieron; entonces, deberá aclarar esa circunstancia, especificando el número de folio que le corresponda a cada una de ellas. Si las copias son legibles, pero las reproducciones fotostáticas se obtienen ilegibles; deberá efectuar su transcripción (trasunto) y enviarla. Si las copias solicitadas pueden enviarse legibles obteniéndolas con cuidado, así lo realice. En la inteligencia que de no hacerlo o de no remitir, en su caso, las referidas constancias, se les impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos), de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la citada ley, en relación con el arábigo 238 del mismo cuerpo normativo; y, se presumirán ciertos los actos reclamados en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico: informes2jdo32cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); sin que la remisión del mismo por este medio las exima de acompañar las constancias respectivas para justificar sus actos, mismas que deberán ser remitidas por la mensajería rápida que estimen conveniente, al domicilio que ocupa el local de este juzgado, cito en Boulevard Camino Real No 1052 A, 2° piso Colonia Hospital General y Complejo Administrativo de Colima. Colima, Col. C.P. 28019; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tengan la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En el entendido de que la remisión del citado informe deberá hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deba hacerlo por todas. Asimismo, se comisiona al actuario para que en caso de que la oficina encargada de recibir los oficios girados a las autoridades responsable se niegue a recibirlos de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, le haga saber que se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de eso subsiste en negarse a recibirlo, se asentará la razón y se tendrá por hecha; además de que si su negación es con motivo del cambio de denominación parcial de la autoridad o de algún sinónimo constitucional, con fundamento en el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a doscientas unidades de medida y actualización, que corresponden a $20,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos), en razón de que su negativa implica un retardo injustificado en la procuración y administración de justicia. Aviso de causal de improcedencia y existencia amparos previos. De acuerdo con lo dispuesto en el precepto 64 del ordenamiento legal invocado, requiérase tanto a las autoridades responsables, como a la parte quejosa, para que en el supuesto de que haya ocurrido alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por ocurrir alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado; asimismo, se solicita que se informe sobre la existencia de amparos promovidos previamente por el solicitante de amparo, o bien, por alguna de las partes intervinientes en el juicio de origen, para lo cual se deberá precisar el estado procesal de los mismos y el juzgado del conocimiento; lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, con apoyo en el dispositivo 251 de la ley en comento. Requerimiento a las partes en el juicio. Tomando en consideración el considerable número de asuntos que se llevan por este juzgador, se requiere a todas las partes del presente juicio para que - en el supuesto de que el suscrito Juez Federal hubiese conocido en diversa instancia en materia mercantil, penal, civil, amparo, o de cualquier otra naturaleza-, de un juicio distinto que tenga relación alguna con los bienes o derechos materia del presente juicio de amparo, lo informen a este juzgado federal, dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se les haga, precisando para tal efecto, la materia y el número de expediente del juicio respectivo. Lo anterior a fin de estar en aptitud de analizar si en el caso se actualiza alguna causa de impedimento para conocer y resolver el presente juicio, dado que en atención a la competencia y jurisdicción de este órgano jurisdiccional, el suscrito Juez Federal conoce de juicios de amparo, causas penales, juicios mercantiles y juicios civiles federales en los que en ocasiones el suscrito conoce sobre un mismo bien o derecho como juzgador de primera instancia y como juzgador de amparo y resulta necesario que sean las partes quienes informen lo conducente; máxime que son éstas quienes cuentan con el mejor conocimiento particular de los juicios que tienen relación con sus bienes y derechos. Se apercibe a las partes que en caso de no hacerlo, se impondrá al omiso como medida de apremio una multa por la cantidad equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, la que se hará efectiva por los conductos debidos, de conformidad con lo que establece el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; y, además atendiendo a la naturaleza de la omisión, se ponderará si en el caso resulta procedente dar vista a la autoridad competente para que proceda conforme a derecho corresponda. Pronunciamiento a la suspensión en el cuaderno incidental. En razón de que la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos que reclama en su ampliación de demanda, provéase lo conducente en el cuaderno incidental, mismo que es encuentra por cuerda separada. Se informa fecha de audiencia constitucional. Se reitera a las autoridades responsables que en este juicio están señaladas las doce horas con tres minutos del quince de diciembre de dos mil veintitrés, para que se verifique la audiencia constitucional. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se les notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. A lo anterior, resulta aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro número 2002576, de rubro y texto siguientes: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Intervención al Ministerio Público Federal. Por otra parte, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en los términos del artículo 5 fracción IV de la ley reglamentaria.

  3. Incidental

    Como está ordenado en el cuaderno principal, con copia del escrito de demanda, de conformidad con los artículos 128 de la Ley de Amparo y 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo; tramítese únicamente el original del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1197/2023-III, promovido por ***** contra actos del Juez Mixto Civil y Mercantil de Villa de Álvarez, Colima y otras autoridades. De conformidad con los artículos 131, 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, mismo que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que sean notificadas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo. Se apercibe a las autoridades responsables de que en caso de que no rindan el informe requerido, se les sancionara con una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos); con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo; y, se presumirá cierto el acto reclamado en términos del artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo electrónico informes2jdo32cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); sin que la remisión del mismo por este medio las exima de acompañar las constancias respectivas para justificar sus actos, mismas que deberán ser remitidas por la mensajería rápida que estimen conveniente, al domicilio que ocupa el local de este juzgado, cito en Boulevard Camino Real No 1052 A, 2° piso Colonia Hospital General y Complejo Administrativo de Colima. Colima, Col. C.P. 28019; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tengan la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En el entendido de que la remisión del citado informe deberá hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deba hacerlo por todas. Se señalan las doce horas con treinta y tres minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental, correspondiente a la ampliación de demanda. De igual forma, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de diferirse la celebración de la audiencia incidental, se le notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. A lo anterior, resulta aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro número 2002576, de rubro y texto siguientes: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Ahora bien, del escrito de demanda de amparo y anexos, de donde deriva el presente incidente de suspensión, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado: ? La diligencia de entrega de la posesión real y material del ***** de trece de octubre de dos mil veintitrés, en el juicio ****, del índice del Juzgado Mixto Civil y Mercantil de Villa de Álvarez, Colima. Y solicita la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que: (.) Nos conceda la suspensión provisional solicitada para efecto de que mis mandantes sean resarcidos en sus derechos y posesiones con la medida de ejecución reclamada, (.) Los artículos 128 y 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente (.) El primero de ellos, establece como requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que la solicite el quejoso y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Y, el segundo de los citados, precisa que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Sin embargo, este juzgado federal no puede quedar vinculado a su pretensión; lo anterior, porque atendiendo a los actos reclamados, este juzgado, de conformidad con lo establecido en el artículo 147 de la Ley de Amparo, fijará la situación en que habrán de quedar las cosas, tomando las medidas para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, al ser el objetivo principal de una suspensión preservar la materia del juicio o darle una mayor protección a la parte quejosa. Tiene de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 1a./J. 92/2017 (10a.), Publicada en la página 389, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Primera Sala, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA UN EFECTO DIVERSO ALSOLICITADO POR EL QUEJOSO. Para que proceda la suspensión a petición de parte, es necesario que el quejoso señale claramente los actos cuya suspensión se solicita y las razones por las cuales debe proceder; sin embargo, la Ley de Amparo no especifica los términos para los cuales debe concederse. Ahora bien, una vez que el juzgador determina que procede conceder la suspensión del acto reclamado, puede hacerlo para un efecto diverso al solicitado por el quejoso, a fin de conservar la materia de la controversia y evitar que sufra afectaciones en su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto. En este sentido, el artículo 147 de la Ley de Amparo establece que los jueces deben fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar medidas para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, de tal manera, limitar a los jueces a conceder la medida suspensional para un efecto que, a pesar de haberse solicitado, no sea el idóneo para preservar la materia del juicio o no le dé la mayor protección al quejoso, sería contrario a su objetivo principal. En efecto, los jueces deben tener la facultad de modificar los términos en que fue solicitada la suspensión, ya que así pueden actuar de la forma más favorable para el quejoso, protegiendo el orden público y el interés social. En este sentido, el artículo 154 de la Ley de Amparo, señala que la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive. Por tanto, por mayoría de razón, si la ley de la materia dispone que la resolución que conceda o niegue la suspensión puede ser modificada de oficio cuando se presente un hecho novedoso, resulta evidente que los juzgadores tienen la misma facultad de modificar lo solicitado por el quejoso al concederla. En ese sentido, se niega la suspensión provisional solicitada, toda vez que, en principio, adquirió la naturaleza jurídica de consumado, desde el momento de su ejecución, contra lo cual resulta improcedente conceder la medida suspensional que solicita, ya que concederla sería darle efectos restitutorios, propios de la eventual sentencia que se dicte en el juicio de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 217665, Tomo Número 60, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre de 1992, Octava Época, que a continuación se transcribe: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo. Por otra parte, en cuanto a sus efectos y consecuencias se niega la suspensión provisional solicitada por la quejosa, en virtud de que no reúne los requisitos a que refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que no acreditó ni presuntivamente su interés para el otorgamiento de dicha medida, puesto que no exhibió ningún documento o prueba alguna que de manera indiciaria demostrara tener algún derecho de propiedad originaria o de posesión derivada del bien inmueble que defiende. Ilustra lo anterior la tesis aislada, con registro 220917, materia común de la Octava Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, fuente: Semanario Judicial de la Federación, tomo IX de enero de mil novecientos noventa y dos, página 262 que reza: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR SU INTERÉS JURÍDICO. El promovente del amparo, al solicitar la suspensión provisional del acto reclamado, está obligado a demostrar aun en forma presuntiva su interés jurídico, cuando dada la naturaleza del acto en contra de la cual se pide, no pueda desprenderse del texto de la propia demanda tal presunción y así dejar satisfechos todos los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de amparo, por lo que no es el caso, de que a pesar de la falta de prueba, que demuestre siquiera en forma presuntiva el interés jurídico, debe concederse la suspensión provisional y dejar al quejoso expedito su derecho para que lo demuestre hasta la audiencia incidental, donde debe resolverse sobre la procedencia de la definitiva, pues esto solamente podría darse, cuando se hubiere concedido la provisional y dentro del trámite del incidente, se impugnará el derecho del peticionario de garantías, alegando que no tiene interés jurídico para pedir la medida cautelar. Así como la diversa tesis XXI.4o.17 K, de la Novena Época, con registro 179724, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX de diciembre de dos mil catorce, materia común, página 1460 que dice: SUSPENSIÓN. SE ACREDITA EL INTERÉS JURÍDICO SI QUIEN LA SOLICITA DEMUESTRA SER PARTE EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Basta con demostrar ser parte demandada en el juicio natural del cual emanan los actos reclamados, para acreditar el interés jurídico que le asiste en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo, sobre todo si se trata de un juicio seguido en la vía especial hipotecaria que trae aparejada ejecución sobre el bien hipotecado, que resulta ser la base del adeudo y, por tanto, del litigio; lo anterior aunado al hecho de que la autoridad responsable admite la existencia del acto. Lo anterior, de acuerdo a las siguientes consideraciones: En efecto, la parte quejosa no acredita su interés suspensional no obstante haya ofrecido en su escrito inicial de demanda y que se encuentren agregados en esta incidencia, como medio de convicción: ? Dos acuses originales de los escritos de trece de septiembre de dos mil veintitrés, recibidos por la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado de Colima, dirigidos al Supremo Tribunal de Justicia del Estado Colima, Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil. Sin embargo, los mismos son insuficientes para acreditar el derecho de propiedad originaria o de posesión derivada del bien inmueble que defiende. ? Copia certificada del poder número trece mil ciento cuarenta y dos, pasado ante la fe del Notario Público número seis de Manzanillo, Colima; empero, con dicho documento únicamente acredita la personalidad con la que instan la promovente el juicio de amparo, como apoderada de los quejosos. ? Copias simples de escrito inicial de demanda en la vía civil ordinaria, reclamando la acción de cumplimiento de contrato de diez de marzo de dos mil catorce. ? Copias simples de contrato privado de compraventa de doce de junio de dos mil siete, celebrado entre ***, como representante legal de *****. El cual carece de fecha cierta. Copia simple del escrito dirigido al expediente *** con número de folio 14055 del Poder Judicial del Estado de Colima, recibido por su oficialía de partes. ? Copia simple del proveído de tres de noviembre de dos mil catorce, del expediente **** del índice del Juez Mixto de lo Civil y Mercantil del Tercer Partido Judicial en el Estado de Colima. Copia simple del contrato privado de obra celebrado por ****. Copia simple del expediente judicial **** del índice del Juzgado Mixto Civil y Mercantil, de Villa de Álvarez, Colima. Medios de prueba que se tienen por admitidos y desahogado dada su propia y especial naturaleza; lo anterior según lo manda el numeral 143 de la Ley de Amparo. Sin embargo, las copias simples de las pruebas descritas en párrafos que preceden, son insuficientes para acreditar de manera indiciaria el derecho que ostenta; en virtud de que las mismas carecen de valor probatorio puesto que las mismas son copias simples. Apoya lo anterior, la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 185215, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 1a./J. 71/2002, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Enero de 2003, página 33, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto: COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste. Asimismo, ilustra lo anterior, la tesis 2a./J. 21/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 196457, Segunda Sala, Tomo VII, Abril de 1998, página 213, Jurisprudencia (Común), de rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso. Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia 3a./J. 3/91, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación localizable en la página 58 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Febrero de 1991, Octava Época, del tenor literal siguiente: COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES NO OBJETADAS. NO TIENEN VALOR PROBATORIO Y EL JUEZ NO DEBE ORDENAR DE OFICIO SU COTEJO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio, aun cuando no hubiesen sido objetadas ni puesto en duda su exactitud, pues esa objeción resulta innecesaria para negarles el valor de que legalmente carecen, no estando facultado el juez federal, ante la exhibición de copias de esa naturaleza, para ordenar, de oficio, su cotejo, en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo. En efecto, los referidos medios de prueba son insuficientes para acreditar el interés suspensional, pues no se acredita que los quejosos tengan el derecho real del inmueble. En otras palabras, que con relación al derecho de posesión del inmueble en cuestión, no se acredita fehacientemente que tenga una posesión originaria o derivada, pues así lo ha establecido en Máximo Tribunal del país, en la jurisprudencia P./J. 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XV, Febrero de 2002, página 5, del tenor literal siguiente: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Sustenta lo anterior la tesis 2616 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: POSESION, PRUEBA DE. Los comprobantes de los pagos fiscales no pueden tenerse como prueba de la posesión del predio respectivo, puesto que el efecto probatorio de ellos, solamente alcanza las relaciones de los causantes con la Hacienda Pública, pero no pueden conceptuarse como pruebas perfectas, sino como débiles presunciones de la posesión y la propiedad. Así como las diversas tesis emitidas por la misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: POSESION. NO SE DEMUESTRA CON RECIBOS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES. El pago de contribuciones respecto a un inmueble sólo demuestra ese hecho consistente en tal pago y no la posesión, porque ésta puede faltar independientemente de dicho pago. POSESION, NO SE ACREDITA CON LOS RECIBOS DE CONTRIBUCIONES. No es de tomarse en consideración el agravio hecho valer en el sentido de que la documentación que se aportó a los autos proviene la autoridad competente y que, por tanto, hace prueba plena de que el quejoso es poseedor y propietario de un solar; porque los recibos de pago de contribuciones no acreditan que el quejoso hubiera estado en posesión del inmueble, sino solamente que pagó las referidas contribuciones. Y porque el certificado del director y secretario del Registro Público de la Propiedad, en el que asienta que según datos tomados de una inscripción de cierto legajo y determinada sección, aparece que el quejoso se encuentra en posesión del predio en cuestión, no hace prueba plena, porque de los términos en que está concebida dicha certificación, se desprende que en realidad su materia es una apreciación de los funcionarios mencionados, y es claro que la opinión que éstos se hayan formado sobre si de la inscripción a que se refieren, se desprenden o no datos suficientes para comprobar que el quejoso es poseedor del lote, no tiene ningún valor probatorio en el juicio, máxime que no se sabe en qué consiste la inscripción, ni sus términos. Ahora, el hecho de que la parte quejosa se conduzca bajo protesta de decir verdad al redactar la narración de los antecedentes del acto que reclama, con ello no acredita el derecho tutelar que le asiste, ni es elemento de convicción suficiente para otorgarle la medida cautelar solicitada, dado que la protesta es un requisito previsto en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, pero no es medio de convicción. Resulta aplicable al caso, la tesis visible a foja 328, del Tomo XII Septiembre, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que reza: SUSPENSIÓN, INTERÉS JURÍDICO EN EL INCIDENTE DE. El hecho de promover un juicio de amparo bajo protesta de decir verdad no implica necesariamente una presunción juris tantum que acredite el interés jurídico del quejoso y proceda, por ello, el otorgamiento de la suspensión provisional de los actos reclamados, pues ningún precepto de la Ley de Amparo dispone que la sola presentación de la demanda y la relación de los hechos afirmados en ella, bajo protesta de decir verdad, traiga aparejada esa presunción, sino que únicamente significa que se cumple con uno de los requisitos que debe contener la demanda de garantías. Por lo que el interés jurídico de quien se dice ser extraño a un procedimiento, para obtener la suspensión provisional, debe probarlo siquiera presuntivamente". Asimismo, sirve de apoyo la tesis I. 3o. C. 59 K, visible en la página 446, Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, septiembre de 1994, Octava Época, que a la letra dice: SUSPENSION, PROTESTA DE DECIR VERDAD, VALOR Y EFECTO EN EL INCIDENTE DE. La circunstancia de que todo lo declarado en un juicio de amparo se haya hecho bajo protesta de decir verdad de quien se dice ser extraño a un procedimiento, para obtener la suspensión provisional, no implica necesariamente una presunción que acredite el interés jurídico y proceda, por ello, el otorgamiento de la suspensión provisional de los actos reclamados, pues el hecho de que haya manifestado tal circunstancia, no le eximía de la obligación de acompañar al cuaderno incidental algún elemento de convicción que en forma indiciaria robusteciera su aserto, dado que esa situación únicamente tiene como efecto dar cumplimiento a uno de los requisitos formales que toda demanda de amparo indirecto debe contener, conforme lo dispone el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo; por tanto, la mencionada protesta es insuficiente para acreditar presuntivamente el interés jurídico. Con la finalidad de establecer que la parte quejosa indiscutiblemente debe acreditar su interés suspensional, se cita la jurisprudencia 1a./4/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 515, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX, abril de 2009, Novena Época y jurisprudencia 1a./J.71/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 33 del Semanario Judicial de la Federación, XVII, enero de 2003, Novena Época, que a la letra dicen: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien. Se reitera, lo que en el caso no aconteció, ya que en el presente incidente de suspensión la parte quejosa no cumplió con las exigencias del aludido numeral 128, toda vez que no acreditó ni presuntivamente su interés jurídico; como se explicó en párrafos que precede. En conclusión, en el caso particular, no opera la apariencia del buen derecho, ya que como se dijo no se reúnen los requisitos del multicitado numeral 128, pues se insiste, que la quejosa no acreditó el derecho tutelar que le asiste. Siendo aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 204/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Diciembre de 2009, que a la letra establece: SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida. No pasan desapercibidas para este Juzgador, las pruebas que dice contienen las unidades "USB", que anexó a los escritos 15385, 15141 y 15114, únicamente se acredita que en ellas existe un archivo grabado respecto de las audiencias que ahí se describen, mismo que ahora fue posible su reproducción mediante el programa "software" de nombre ****. Sin embargo, con dichos dispositivos de almacenamiento e información, la parte quejosa pretende demostrar tener algún derecho real sobre el bien inmueble que defiende, lo cual no es viable, pues ello no es un documento con el cual acrediten tener un derecho real sobre el bien inmueble al amparo de una figura jurídica prevista en el Código Civil de esta entidad. Además, que refiere que es una audiencia de una expediente de naturaleza penal, la cual por mayoría de razón no acreditan tener algún derecho público subjetivo respecto del bien inmueble que defienden. Por ende, en el caso particular, no opera la apariencia del buen derecho, ya que como se dijo anteriormente no se reúnen los requisitos del multicitado numeral 128. Aunado a lo anterior, el hecho de que la quejosa manifieste bajo protesta de decir verdad, que los quejoso son adultos mayores y que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, no le otorga procedencia a la medida cautelar solicitada, en virtud de que como se hace referencia en los párrafos que precede, en la presente incidencia, no se encuentre acreditado que los quejosos tengan el derecho de posesión del inmueble en cuestión, porque no se acredita fehacientemente que tenga una posesión originaria o derivada, pues así lo ha establecido en Máximo Tribunal del país, en la jurisprudencia P./J. 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el sentido de que debe acreditar su derecho a poseer con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas. Máxime, que el argumento de la promovente en el sentido que son adultos mayores y que se encuentra en un estado vulnerabilidad, por cuestiones de salud, no se encuentra acreditado. Siendo aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 204/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Diciembre de 2009, que a la letra establece: SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida. Por otra parte, no ha lugar otorgar la suspensión retroactiva, en virtud de que no acreditó tener interés jurídico suspensional. Por lo mismo, no se puede poner en posesión del inmueble; de ahí que, no pase desapercibido para este órgano jurisdiccional la tesis jurisprudencia de rubro: LANZAMIENTO EJECUTADO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA, SIEMPRE QUE SE DEMUESTREN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA, Y NO EXISTA IMPEDIMENTO JURÍDICO O MATERIAL; pues -repítase- la parte quejosa no acredito tener el interés jurídico suspensional, y con ello no se satisface el primero de los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo; por tanto, no se demuestra la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Tampoco se puede conceder para que no se permita transmitir el bien inmueble, en razón de las razones anteriores. Aunado que con una posible concesión de amparo pueden retrotraerse las cosas, hasta antes de la violación reclamada. Finalmente, es de indicarse que la presente determinación no implica una violación al principio jurídico de petición de principio, habida cuenta que no es dable conceder la medida cautelar solicitada al no cumplirse, como se vio, los requisitos que exige el numeral 128 de la ley de la materia, pues de lo contrario se le constituiría un derecho que la parte quejosa no tiene, pues debe recordarse que en ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda; lo anterior, según lo ordena el artículo 131 de la Ley de Amparo, pues recuérdese que la suspensión es para conservar derechos no para constituir; además, de acceder a las pretensiones de la quejosa sería tanto como que este juzgador se sustituyera en las facultades de la responsable lo cual no es dable.

  4. Incidental

    PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************en su carácter de apoderada de ******************** ********************, respecto de los actos que se les reclama a las autoridades señaladas como responsables y determinadas en los considerandos tercero y cuarto. SEGUNDO. Para el desahogo de la audiencia incidental, respecto de las autoridades responsables Notario Público número 2 y del Director de la Policía Estatal Preventiva, ambas con sede en Manzanillo, Colima, se fijan las doce horas con cincuenta y tres minutos del ocho de diciembre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese por lista.

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