Mardonio Ramírez García
Expediente 482/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 482/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Mardonio Ramírez García
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de ocho de noviembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo ha quedado firme. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se dictó un proveído que sin decidirlo en lo principal, concluyó el presente juicio. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito de demanda de amparo promovido por Mardonio Ramírez García, por propio derecho, quien promueve contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo. Regístrese en el Libro de Gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 482/2021 y fórmese expediente. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juzgador examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del juzgador para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sentado lo anterior, es preciso destacar que la identificación del acto reclamado, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada por las partes procesales en esta etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que Mardonio Ramírez García, reclama el proveído de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 179/2021, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, a través del cual fijó las once horas del once de enero de dos mil veintidós, para que la parte demandada en dicho juicio rinda declaración bajo protesta de decir verdad, respecto a la calidad de su posesión o tenencia de la casa habitación ubicada en el andador sin nombre, lote seis, manzana tres, colonia Nuevo Milenio de esta ciudad; dicho acto se fija en función de la etapa en que se encuentra el procedimiento natural. Lo anterior, de acuerdo con el criterio plasmado en la Tesis Aislada 2a. CV/2013 (10a.), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la página 732, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, de número de registro 2005150, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Así, del análisis de lo anterior, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es de aquéllos que producen al agraviado una ejecución de imposible reparación. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia vigente, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, prevén que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del artículo 107, fracción V, transcrito con antelación, se advierte claramente que la nueva Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales; incluso, las predominantes en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones directas a los artículos 8º, 14 y 17 constitucionales, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, como sería la incorrecta prosecución del trámite; de ahí que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; y el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente; lo que en el caso no se actualiza. Los razonamientos anteriores se contienen en la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2011580, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Página 1086, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En el caso concreto, la parte promovente se duele del proveído de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 179/2021, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, a través del cual fijó las once horas del once de enero de dos mil veintidós, para que la parte demandada en dicho juicio rinda declaración bajo protesta de decir verdad, respecto a la calidad de su posesión o tenencia de la casa habitación ubicada en el andador sin nombre, lote seis, manzana tres, colonia Nuevo Milenio de esta ciudad; sin embargo, aun cuando se está en presencia de un acto que aduce, es contrario a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, debe atenderse a si en la especie existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto, lo que no ocurre, pues en relación con la fecha en que se dictó el acuerdo que reclama (cuatro de octubre de dos mil veintiuno), la fecha en que se presentó la demanda (cinco de noviembre de dos mil veintiuno) y la señalada por la responsable (once de enero de dos mil veintidós), en dicho auto, es que el acto aquí reclamado no se considera que dilate abiertamente el procedimiento o lo paralice, a la luz de las condiciones prevalecientes en los órganos impartidores de justicia. Lo anterior, en razón de que lo aquí determinado se sustenta en lo establecido en la jurisprudencia 2ª.J.48/2016 (10ª.), precitada de aplicación obligatoria, en términos del artículo 217, de la Ley de Amparo, y la cual señala que por regla general el amparo interpuesto contra actos relativos a proseguir en tiempo con el juicio, al tratarse de violaciones intraprocesales no afectan derechos sustantivos, y por tanto resulta improcedente, a menos que el juez de amparo, de la propia demanda advierta que existe una abierta dilación en el procedimiento, o la paralización total del mismo, hipótesis que a juicio del suscrito juzgador no se actualiza conforme a lo expuesto con antelación. Máxime que, ningún fin práctico tendría la tramitación del presente juicio de amparo, porque de acuerdo a la experiencia de este órgano jurisdiccional, un juicio de amparo con las características de la demanda de cuenta, tarda en integrarse un promedio de tres meses, dado que se debe requerir informe justificado a la autoridad responsable. Por tanto, en el caso de admitir la demanda, al momento de estar en condiciones de emitir la sentencia de amparo correspondiente, la fecha que señaló la autoridad responsable (once de enero de dos mil veintidós), para que la parte demandada en rinda declaración bajo protesta de decir verdad, respecto a la calidad de su posesión o tenencia de la casa habitación ubicada en el andador sin nombre, lote seis, manzana tres, colonia Nuevo Milenio de esta ciudad, ya no sería lejana, y para cuando la sentencia de amparo cause ejecutoria, es factible que ya haya transcurrido o bien que ya este próxima a desahogarse la audiencia aludida. Por tanto, no debe perderse de vista que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa; para la procedencia del mismo, es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Motivo por el cual, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu y 113 de la Ley de Amparo, en consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA. DOMICILIO. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como su autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la persona que designa, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
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