Mardin Jeovany Moz Girón

Expediente 2384/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2384/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
16/02/2021

Partes del expediente

  • Mardin Jeovany Moz Girón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, en el que se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General referido, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de un año, sin que nadie se apersonara en representación legal del directo agraviado Mardin Jeovany Moz Girón; por lo tanto, se demuestra un abierto desinterés de su parte en proseguir con el juicio de amparo en que se actúa, lo que no es atribuible a este órgano jurisdiccional, sino al directo quejoso. Consecuentemente, con fundamento en el párrafo sexto del artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no interpuesta la demanda de amparo promovida por Mardin Jeovany Moz Girón, por lo que se dejan sin efecto las providencias decretadas en este expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente...

  3. Principal

    MESA 2-B.- Vista la razón actuarial signado por el actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional, de la que se advierte que no pudo entregar los oficios 35726/2019 y 35729/2019 dirigidos al Director de las Instalaciones del Instituto Nacional de Migración Siglo XXI y Titular de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la Republica Adscrito al Aeropuerto Internacional, todos con residencia en Tapachula, Chiapas, por las razones que en ella expone. Atento a lo anterior, sin realizar pronunciamiento alguno, en virtud que mediante auto de veinte de mayo del año en curso se tuvo por no presentada la demanda de amparo en que se actúa (fojas 51-52), ordenándose el archivo de este asunto por diverso de treinta de mayo del año en curso (fojas 57-58), así mismo como esta ordenado regrésese los autos del presente asunto al archivo.

  4. Principal

    MESA 3-A.- Agréguese a los presentes autos, el oficio del Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 429/2019 orden 713/2019. Acúsese recibo correspondiente. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, este juzgado procede a pronunciarse sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables vinculadas para ello, con base en las constancias que obran en el sumario y de conformidad con lo establecido por el artículo 77 de la Ley de Amparo . De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Para ello, primeramente es menester dejar sentado que derivado del recurso de revisión 98/2018 interpuesto por el quejoso, mediante ejecutoria de doce de abril de dos mil dieciocho, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, determinó modificar la resolución recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que las autoridades responsables, en esta ciudad, realizaran lo siguiente: Dentro del ámbito de sus atribuciones, provean que de inmediato se le brinde la alimentación adecuada de acuerdo con los padecimientos que se le diagnosticaron al quejoso, e inmediatamente después, verificar el cumplimiento de esa circunstancia a fin de que aquel tenga una mejor calidad de vida. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Médico Penitenciario del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS - CHIAPAS", con residencia en Villacomaltitlán, Chiapas; al no haber sido reclamados por vicios propios, sino en vía de consecuencia. En consecuencia, a través de proveído de veintisiete de abril de dos mil dieciocho (157-159), se requirió a las autoridades responsables su acatamiento, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Al efecto, mediante oficio de diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS", con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, informó respecto del cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo y al efecto remitió copia certificada de las constancias relativas a dicho cumplimiento (foja 165). Con ese comunicado y anexos, en proveído de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho (fojas 179 y 180), se dio vista a las partes para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del mismo, manifestaran lo que a su interés legal conviniera. En ese contexto, el diecisiete de agosto del año próximo pasado, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto (fojas 216-220). Sin embargo, a través de la diligencia de notificación de veinticinco de agosto de dos mil dieciocho, el quejoso interpuso recurso de inconformidad en contra del auto precisado en el párrafo que antecede (foja 223). De dicho recurso conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lo registró bajo el número 32/2018, y en sesión de veintinueve de noviembre del año próximo pasado lo declaró fundado, revocó el auto recurrido toda vez por considerar que la responsable no especificó si la comida y porción que le sirven como alimentos en el centro penitenciario, es la que el médico le recomendó para mitigar las afecciones que le aquejan, mucho menos que la porción fuera la suficiente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo, ordenó a éste órgano jurisdiccional para que por única ocasión, requiriera nuevamente a la autoridad responsable dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente de que surta efectos su notificación, cumpla con el fallo protector teniendo en cuenta los defectos establecidos en esa ejecutoria, subsistiendo los apercibimientos contenidos en el proveído de veintisiete de abril de dos mil dieciocho. Atento a lo anterior, en auto de once de diciembre de dos mil dieciocho, se requirió a la autoridad responsable Director General y Titular del Área Médica, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS", con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente de su notificación, diera cumplimiento a la ejecutoria dictada en el recurso de inconformidad 32/2018, del índice de la superioridad (foja 260). Al efecto, en autos de cuatro, diecisiete y veintinueve de enero de la presente anualidad, se tuvo a las autoridades responsables en vías de cumplimiento respecto de los primeros dos autos, y dando vista con el cumplimiento respecto del último en mención, corriéndole traslado a la parte quejosa con las constancias que remitieron para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo (fojas 273-274, 286 -287 y 305-306) Por lo que, del análisis de dichas constancias, por auto de doce de febrero de la presente anualidad, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, y se requirió nuevamente su cumplimiento, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo (fojas 308-312). En atención a ello, el Director General del citado centro penitenciario, mediante oficio SSPC/OADPRS/CGCF/CPF15/DG/006448/2019, de catorce de febrero del año en curso (fojas 318-324), se pronunció respecto al cumplimiento, por lo que con las constancias remitidas por la citada autoridad para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en auto de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve (foja 325-326), se dio vista a la parte quejosa corriéndole traslado con las mismas, para que manifestara lo que en su interés legal convenga. Así, en una nueva determinación de once de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo (foja 328-331). En consecuencia, mediante constancia de notificación de doce siguiente, el quejoso nuevamente interpuso recurso de inconformidad en contra de la resolución precisada en el párrafo que antecede (foja 335), del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lo registró con el número 12/2019, y el quince de abril de dos mil diecinueve (fojas 363-396), resolvió el citado recurso de inconformidad en el que determinó lo siguiente: "PRIMERO. Es fundado el recurso de inconformidad. SEGUNDO. Se revoca el auto recurrido y se ordena al Juez de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Amparo, que por única ocasión, requiera nuevamente a la responsable para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente de que surta efectos su notificación, cumpla el fallo protector teniendo en cuenta los defectos establecidos en esta ejecutoria, subsistiendo los apercibimientos contenidos en el proveídos de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, en términos de los establecido en el artículo 192 del ordenamiento legal invocado." Siendo los defectos de la misma, los que a continuación se transcriben: "[.] no obstante que la autoridad penitenciaria responsable patentizó la entrega adecuada de una dieta terapéutica, acorde con un padecimiento actual del quejoso (lo que podría evidenciar la protección al derecho a la salud de aquél), lo cierto es que ello no se ajusta a la base de la concesión del amparo, pues si bien un plan de tratamiento tiene un atemporalidad cuya vigencia depende del restablecimiento de la salud del paciente, lo cierto es que en el sumario no existe constancia alguna que revele que al quejoso Antonio Hernández Gauna ya no lo aqueja la citada enfermedad ácido péptica, y que por ello, ya no necesita el plan alimenticio relativo, el cual fue elemento fundamental para la concesión del amparo; lo que en cierta medida si justificaría que el derecho a la protección de la salud del impetrante quedaba protegido solamente atendiendo al malestar actual detectado en la persona del reo quejoso, cuya esencia se consigna en las documentales remitidas por la autoridad responsable, en cumplimiento al fallo protector. Por ello, el Juez de Distrito perdió de vista que tales documentales no son suficientes para evidenciar que al quejoso se le están proporcionando alimentos acorde a la dieta que se le prescribió, para mitigar el mencionado, padecimiento (enfermedad ácido péptica), tal como quedó estipulado en la ejecutoria de amparo, sino que con ellas se fundó la entrega de alimentos acordes a otro diagnóstico del quejoso, pero - se reitera- sin que se hubiere demostrado que el impetrante ya no necesitara una dieta libre de pescados y mariscos para mitigar la citada enfermedad, que fue materia de la concesión del amparo." Atento a lo anterior, en auto de tres de mayo de dos mil diecinueve, se requirió a la autoridad responsable Director General y Titular del Área Médica, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS", con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente de su notificación, diera cumplimiento a la ejecutoria dictada en el recurso de inconformidad 12/2019, del índice de la superioridad (foja 397-399). En proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve (fojas 418-420), se tuvo al Director General del Centro Federal de Readaptación Social "CPS-CHIAPAS", con residencia en Villacomaltitlán, informando que el quejoso Antonio Hernández Gauna, en tres de junio del año en curso, egresó por traslado del citado centro penitenciario al Centro Estatal de Reinserción Social Topo Chico, con sede en Monterrey, Nuevo León, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el numeral 193 y 197 de la Ley de Amparo aplicable al presente asunto, se tuvo al Director del Centro Estatal de Reinserción Social Topo Chico, con sede en Monterrey, Nuevo León, como autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio y se le requirió para efecto de que: Dentro del ámbito de sus atribuciones, de inmediato se le brindara la alimentación adecuada de acuerdo con los padecimientos que se le diagnosticaron e inmediatamente después, verificar el cumplimiento de esa circunstancia a fin de que aquel tenga una mejor calidad de vida. En atención a ello, el Alcaide del Centro Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico", con sede en Monterrey, Nuevo León, remitió el oficio J/3770/2019 de ocho de agosto del año en curso (foja 426), y constancias relativas para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, mismas que se ordenó glosar a los autos en acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve (fojas 434-435). Con dichas documentales se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del citado proveído, manifestara lo que a su interés legal conviniera, la cual se solicitó practicar vía exhorto sin que realizara manifestación alguna (foja 462). Pese a ello en proveído de veintitrés de septiembre de la presente anualidad éste juzgador consideró que la ejecutoria de amparo no se encontraba debidamente cumplida, toda vez que el Director del referido centro preventivo manifestó que el quejoso no presentaba ningún padecimiento que requiriera una dieta especial, por lo que, se ordenó nuevamente el cumplimiento (fojas 466-471). Toda vez que el impetrante fue trasladado a diverso centro de reinserción social, en auto de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (fojas 492 y 493), se tuvo al alcaide del Centro de Reinserción Social Número 1, Residente en Apodaca, Nuevo León, informando que el quejoso Antonio Hernández Gauna, fue trasladado al diverso Centro de Reinserción Social de "Cadereyta", con sede Cadereyta Jiménez, Nuevo León, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 197 de la Ley de Amparo aplicable al presente asunto, se tuvo al Director del Centro de Reinserción Social de "Cadereyta", con sede Cadereyta Jiménez, Nuevo León, como autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio y se requirió su cumplimiento. Dicha potestad rindió su informe respecto del cumplimiento dado a la sentencia amparadora de la siguiente manera: Mediante oficio SM/583/2019, de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, suscrito por la jefa del Departamento Medico del Centro de Reinserción Social de "Cadereyta", con sede Cadereyta Jiménez, Nuevo León (foja 486), anexó dictamen médico practicado al quejoso Antonio Hernández Gauna, (foja 487) de treinta de octubre de dos mil diecinueve, (foja 487), copia certificada de la solicitud de interconsulta y menú clínico de quejoso. Con esos documentos mediante auto de seis de noviembre del presente año (foja 492), se otorgó vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del proveído de referencia, para que realizara las manifestaciones pertinentes, sin que lo haya hecho en el acto de notificación (foja 574). Ahora bien, del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable las cuales están provistas de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene que el fallo amparador no se encuentra debidamente cumplido.

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