MARCOS YESID FERNÁNDEZ LÓPEZ y Otros.
Expediente 1008/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1008/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- MARCOS YESID FERNÁNDEZ LÓPEZ y Otros.
- Marcos Yesid Fernández López
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 439-II del Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el remite testimonio de la resolución emitida en el CCA. 37/2021, en la cual resolvió que es competente el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en esta Ciudad, para seguir conociendo del presente sumario; en consecuencia, acúsese recibo de estilo, realícense las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y hágase del conocimiento de las partes. Por otro lado, se hace constar que este sumario no es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste, no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez que transcurran tres años- al tratarse de un cuaderno de antecedentes y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 710/2021 del Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual hace del conocimiento que se admitió a trámite el conflicto competencial hecho valer por el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; el se registró con el número 37/2021. De lo que se toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual, refiere insistir en declinar competencia en favor de este órgano, por lo que remite los autos del juicio de amparo 1341/2021 de su índice al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Primer Circuito en Turno, a efecto de que este resuelva el órgano que debe conocer respecto de la incomunicación reclamado por los justiciables. De lo que se toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Visto el oficio 65517/2021 del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remitió vía interconexión los autos del juicio de amparo indirecto 1341/2021 de su índice, promovido por , contra la orden de incomunicación... que reclaman del Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de México en la Ciudad de México y otras autoridades; regístrese con el número de juicio 1008/2021, e intégrense los respectivos expedientes, -físico y electrónico-. NO SE ACEPTA COMPETENCIA: De una lectura integral a los autos del juicio de amparo remitido por el titular del citado juzgado de Distrito, se obtiene que el sumario 1341/2021, de su control, fue promovido por ..., en representación de ..., en contra de los siguientes actos y autoridades: "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Titular de la Oficina de Representación en la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración. 2. Director General de Regulación y Archivo Migratorio del Instituto Nacional de Migración. 3. Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de México, del Instituto Nacional de Migración. 4. Subdirectora de Operación de Seguridad y Custodia en la Estación Migratoria en la Ciudad de México. 5. Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante, en la Estación Migratoria en la Ciudad de México. IV. ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas con los números del 1 al 5 se reclaman: 1. El aseguramiento, alojamiento y/o detención de los y las quejosas por más de 36 horas, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, conocida como "Las Agujas". De las autoridades señaladas con los números del 3 al 5 se reclaman: 2. la incomunicación de la que es objeto la quejosa. 3. La negativa de permitir a los quejosos nombrar representante legal. 4. Negativa de acceso de su representante legal a la estación migratoria para entrevistarse de manera personal y directa. De acuerdo con lo previsto en el artículo 107 fracción VIII de la Ley de Migración. 5. La omisión de resolver en definitiva el procedimiento administrativo migratorio que es seguido en contra de los quejosos." Previa ratificación y desahogo de prevenciones, el citado Juzgado de Distrito en Materia Administrativa procedió a admitir la demanda por cuanto hace a todas las autoridades y actos, -con excepción del señalado en el numeral 2- Lo anterior, al considerar que la incomunicación constituye un acto de naturaleza penal, por lo que procedió a declinar competencia respecto del citado acto a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. No obstante, este titular no comparte los razonamientos expuestos por la juzgadora por lo que no se avoca al conocimiento, en virtud de los siguientes razonamientos: En primer término, es menester precisar que contrario a lo señalado por el juzgado de Distrito declinante, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece la competencia de los juzgados en materia penal en su artículo 56 y no así en el 51 como lo señala. Ahora, el citado arábigo así como el diverso 57 de la citada legislación, disponen las competencias de los juzgados de Distrito en Materia Penal y Administrativa, y que a la letra disponen: "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". De los artículos transcritos, se obtiene que corresponde a los Juzgados de Distrito conocer de los asuntos relacionados con la materia de su especialidad; es decir, los especializados en materia penal, conocerán de los promovidos en contra de resoluciones judiciales de ese orden; actos de cualquier orden que afecten libertad personal, con la excepción de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, los de materia administrativa conocerán de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; de los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución; de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; de los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para fijar la competencia por materia de los jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. En ese sentido, para poder determinar la competencia debe analizarse los elementos precisados y no a los conceptos de violación, que pudiera hacer valer la parta quejosa, ya que no constituyen el criterio de a qué órgano compete conocer; de estimar lo contrario se estaría estableciendo que la competencia por materia se fija en virtud de lo alegado por las partes y no del tipo de acto y autoridad. Sirve de apoyo, por las razones que la conforman, la jurisprudencia 2ª./J. 24/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de 2009, visible en la página 412, del rubro siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS.". En ese contexto, en la demanda de amparo que nos ocupa, los quejosos señalaron como actos reclamados: a) El aseguramiento, alojamiento y/o detención por más de treinta y seis horas, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración; b) La incomunicación de la que son objeto; c) La negativa de permitirles designar representante legal; d) La negativa de acceso a su representante); y e) La omisión de resolver en definitiva su procedimiento administrativo. Actos que atribuyen al titular de la Oficina de Representación en la Ciudad de México, al Director General de Regulación y Archivo Migratorio, al Director de la Estación Migratoria, a la Subdirectora de Operación de Seguridad y Custodia en la Estación Migratoria en la Ciudad de México, y al Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante en la Estación Migratoria en la Ciudad de México, todas del Instituto Nacional de Migración; lo que torna inconcuso que la naturaleza jurídica de los actos reclamados y el carácter de las autoridades responsables es administrativa. Lo anterior, en razón de que los tramites llevados a cabo ante el Instituto Nacional de Migración por nacionales y extranjeros, respecto de su ingreso, egreso o permanencia en el país, y las resoluciones que dicha autoridad emita al respecto, son claramente de naturaleza administrativa. Consecuentemente, el acto reclamado consistente en la incomunicación, es emitido por la autoridad del rubro migratorio; por lo que, en su caso, es materialmente administrativo, no penal, pues las disposiciones migratorias que le dan sustento legal sólo tienen el propósito de regular el tránsito de personas desde y hacia México. Por lo anterior, se estima que el acto reclamado por el cual el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, pretende declinar competencia, de ninguna manera puede considerarse que sea de naturaleza penal, ya que no tiene como finalidad principal la privación de la libertad de los quejosos, sino el control derivado de las disposiciones migratorias en tanto se resuelve su situación dentro del territorio nacional. En ese sentido, al no existir, mayores elementos de los que pueda desprenderse que la incomunicación alegada por los quejosos sea resultado de un acto del orden penal, a efecto de no dividir la continencia de la causa, debe darse prevalencia a la cuestión principal que es la situación migratoria de los justiciables. En esas condiciones, de conformidad con el artículo 37, párrafo segundo de la Ley de Amparo, no se asume el concomimiento de la demanda en comento. Ahora, toda vez que remitió los autos vía interconexión, devuélvanse de la misma manera; solicitándose de la manera más atenta y respetuosa que informe lo que tenga a bien determinar. DE LA PARTE QUEJOSA: Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en autos del juicio de amparo 1341/2021, del índice del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN: Se les exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se requiere propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES: Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES: Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. HABILITACIÓN AL ACTUARIO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.
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