Marcos Velasco Mendoza

Expediente 738/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
738/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Marcos Velasco Mendoza
  • MARCOS VELASCO MENDOZA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 738/2023, y; R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el buzón judicial el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés (fojas 2 a 6), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y recibido por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, al día siguiente, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que se precisará. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa estableció los antecedentes del acto reclamado; y manifestó como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 14, 16 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 5). TERCERO. Radicación y Trámite. Mediante proveído de dos de junio de dos mil veintitrés (fojas 8 a 14), el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, radicó la demanda de amparo con el número 560/2023; admitiéndose a trámite; dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción -emplazada el cinco de junio de dos mil veintitrés, (foja 15)-; y solicitó a las autoridades responsables su informe justificado. Asimismo, mediante auto de doce de julio de dos mil veintitrés (fojas 66 a 68), con la finalidad de evitar resoluciones contradictorias determinó que este asunto lo debería conocer este órgano jurisdiccional; por ello, este Juzgado Federal radicó el expediente con el número 738/2023, y determinó no aceptar la competencia legal planteada por razón de turno (fojas 82 a 86). Posteriormente, en proveído de diecinueve de julio pasado (fojas 87 a 89), el mencionado Juzgado determinó someter a consulta la propuesta antes planteada, ante la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, quien mediante oficio SECNO/CT/1232/2023, de cuatro de agosto del año en curso, informó que éste órgano jurisdiccional era el legalmente competente para seguir conociendo del asunto (fojas 111 a 112). En atención a lo anterior, este Juzgado de Distrito, en auto de catorce de agosto de dos mil veintitrés (fojas 131 a 135), recibió el juicio de amparo 560/2023; y atendiendo a la nueva información que se advirtió, determinó declinar competencia al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec; sin embargo, dicho Juzgado no la aceptó (136 a 143). Por ello, este órgano jurisdiccional, en proveído de veintidós de agosto pasado (fojas 150 a 156), determinó someter a consulta la propuesta antes planteada, ante la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, quien mediante oficio ********************, de veintinueve de agosto del año en curso, informó que éste órgano jurisdiccional es el legalmente competente para seguir conociendo del asunto (fojas 160 a 163). En otro aspecto, mediante auto de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, dada la omisión de la parte quejosa en proporcionar la denominación correcta de la autoridad que señaló como "Vicefiscalía Regional de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca" hizo efectivo el apercibimiento con el que le había conminado, y tuvo por inexistente a la referida autoridad (fojas 78 a 79). Seguida la secuela procesal, en auto de treinta y uno de agosto del año en curso (fojas 164 a 165), se continuó con el procedimiento del presente juicio, y se tuvo como terceros interesados a ********************, así como al Agente del Ministerio Público que interviene en la causa penal ********************, del índice de la responsable, quienes fueron emplazados (fojas 190, 191, 192 vuelta, y 216). CUARTO. Cita para audiencia. La celebración de la audiencia constitucional, tuvo verificativo previos diferimientos, en términos del acta que antecede, sin que la parte quejosa haya solicitado el diferimiento o la suspensión de ésta, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. QUINTO. Expediente electrónico. En certificación previa, el Secretario Judicial encargado del trámite de este expediente hizo constar que verificó que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado y que coincide con el expediente impreso, en términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo, así como 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, ya que el acto reclamado atribuyó a autoridades responsables que residen dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este sumario constitucional. Atento a lo anterior, de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca: La orden de aprehensión dictada en su contra el once de mayo de dos mil veintitrés, en la causa penal ******************** de su índice; y su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, debe en principio analizarse si los actos reclamados en realidad existen, de lo contrario resultaría ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio estudio de fondo del mismo. Con base en lo anterior, se tiene que la autoridad responsable Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, al rendir su correspondiente informe justificado (foja 31), negó la existencia del acto de ejecución reclamado que le fue atribuido; sin que el quejoso hubiere ofrecido prueba alguna en contrario, para desvirtuar tal negativa. Por tanto, al no acreditarse la existencia del acto de ejecución reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo lo procedente es sobreseer el presente juicio, por cuanto a la citada responsable. CUARTO. Sentido de los informes justificado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable Juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, aceptó la existencia del acto que se le reclama. Lo cual, se corrobora de las constancias que obran en el disco en formato DVD que acompañó a su informe justificado; documental que goza de valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de la materia por disposición de su propio numeral 2º. Al respecto, tiene aplicación la tesis 1a./J. 43/2013, (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, del libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Por su parte, las autoridades responsables Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, Agente Estatal de Investigaciones Encargado del Grupo de Aprehensiones, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Delitos de Trascendencia Social, Fiscal General del Estado de Oaxaca, Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Tlaxiaco, Oaxaca (fojas 17, 19, 33, 35, 39, 40, y 46), al rendir sus informes justificados, negaron la existencia del acto que se les reclama. Sin embargo, dado que la autoridad ordenadora, aceptó la existencia del acto reclamado -orden de aprehensión-, se desvirtúa su negativa y se presume cierto el acto atribuido. QUINTO Causas de improcedencia. Las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna; por tanto, resulta procedente pronunciarse sobre el tema de fondo. SEXTO. Transcripción innecesaria. La parte quejosa expresó en su ocurso constitucional, los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales deben tenerse por reproducidos sin que sea necesaria su trascripción, dado que tal circunstancia no la deja en estado de indefensión, pues ello no incide en el cumplimiento de los principios de exhaustividad y congruencia en el dictado de las sentencias, aunado a que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a actuar en tal sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN" SÉPTIMO. Estudio del asunto. En principio, resulta necesario establecer que los conceptos de violación serán analizados de conformidad con la fracción III inciso a) del artículo 79 de la Ley de Amparo, pues en el particular el quejoso tiene la calidad de inculpado dentro de un procedimiento penal; por tanto, opera la suplencia de la queja deficiente a su favor. El quejoso alega esencialmente, que se conculca en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que la orden de aprehensión librada en su contra no se encuentra debidamente fundada y motivada, pues refiere no haber cometido ningún delito. Es infundado el concepto de violación que se hace valer, por las razones legales que se expondrán. Es así, pues los requisitos para dictar una orden de aprehensión se encuentran establecidos en el artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: Artículo 16. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, el artículo 7.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", establece: Artículo 7. Derecho a la libertad personal [.] 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Por su parte, de manera específica, los artículos 141 y 310, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen los casos y los requisitos a que deben ceñirse los juzgadores para el libramiento de una orden de aprehensión; tales preceptos estatuyen: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. Artículo 310. Oportunidad para formular la imputación a personas en libertad El agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado. Si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona que no se encontrare detenida, solicitará al Juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud. Cuando lo considere necesario, para lograr la presencia del imputado en la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión o de comparecencia, según sea el caso y el Juez de control resolverá lo que corresponda. Las solicitudes y resoluciones deberán realizarse en los términos del presente Código. De los preceptos constitucional y convencional de referencia, se desprenden los principios rectores para el libramiento de una orden de aprehensión o restricción de la libertad. El citado marco normativo describe las formas de conducción del imputado a proceso conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, la manera de lograr que éste se encuentre presente en todas las etapas del proceso, a través de: I. Citatorio para la audiencia inicial. II. Comparecencia con auxilio de la fuerza pública (cuando el imputado citado previamente a una audiencia no haya comparecido). III. Orden de aprehensión (cuando el ministerio público advierta que existe necesidad de cautela). La fracción I se actualiza cuando el Ministerio Público, ante la denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, recaba los datos que le indican la probable comisión o participación en la comisión de un hecho delictivo por parte de determinada persona y considera que es oportuno formalizar la imputación; sin embargo, en atención a que el imputado no se encuentra detenido, solicitará al juez de control que lo cite para la audiencia inicial conforme al segundo párrafo, del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto a la fracción II, si el imputado no compareció, a pesar de encontrarse debidamente notificado para tal efecto, el juez de control, a petición del ministerio público, girará orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública. Por lo que respecta a la orden de aprehensión a que se refiere la fracción III, del artículo en análisis, constituye una medida excepcional para que el indiciado sea conducido a la presencia del juez de control, cuando se advierta que existe la necesidad de cautela, para lo cual de conformidad con el artículo 16 de la Constitución General se deberá cumplir -además de la necesidad de cautela que exige tal fracción- con los requisitos siguientes: a) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial; b) Preceda denuncia o querella de un hecho señalado por la ley como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad; c) Obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho; y, d) Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Como requisito para esas tres primeras formas de conducción al proceso, en el siguiente párrafo, el numeral en análisis indica que en la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público, se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. Es conveniente distinguir entre la orden de aprehensión contemplada en la fracción III del artículo 141 del código adjetivo penal invocado y la prevista en el párrafo cuarto de dicho numeral. La primera debe entenderse como una forma de conducción del imputado a la audiencia inicial en la que el Ministerio Público obligatoriamente debe acreditar la necesidad de cautela, y conforme al precepto 16 de la Constitución Federal debe: 1) estar precedida de denuncia o querella de un hecho que 2) la ley señale como delito sancionado con pena privativa de libertad, 3) obrar datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y, 4) existir la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Sus efectos son únicamente lograr la celebración de la audiencia inicial, pero no implica necesariamente que el indiciado guardará prisión preventiva. La segunda, solo es una forma de garantizar la continuación del proceso, por lo que solo le son exigibles los requisitos de fundamentación y motivación establecidos en el artículo 16 Constitucional. En ese orden de ideas, por cuanto hace a la orden de aprehensión como un medio de conducción, la necesidad de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal, deriva del hecho de que la forma en que se presenta al indiciado ante el juez de control generará una molestia en grado mayor que un citatorio; de ahí que su naturaleza es únicamente lograr la celebración de la audiencia inicial a través de la fuerza pública, pero no privarlo de la libertad; además, en dicha orden se debe justificar la necesidad de la cautela. En relación con este último aspecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 300/2019, estableció las directrices que deben seguirse para la emisión de una orden de aprehensión, sin que medie citatorio, pues al efecto estableció: La orden de aprehensión es una forma de conducción excepcional al proceso penal; esto es, llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. Las formas de conducción al proceso penal se encuentran contenidas en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Indicó que para considerarse satisfecho el requisito de necesidad de cautela, el Ministerio Público deberá convencer al Juez de Control -al constituir una carga para éste-, que ni el citatorio ni la orden de comparecencia -las cuales son las otras formas de conducción del imputado al proceso aunque menos restrictivas- son suficientes para conducir al imputado ante el juzgador y que por tanto, la orden de aprehensión es el medio idóneo para lograr dicho cometido. El Ministerio Público al solicitar el libramiento de una orden de aprehensión, por considerar que existe necesidad de cautela, debe exponer ante la autoridad judicial las razones y motivos que sustenten su pretensión, esto es, que esa forma especial de conducción al proceso es necesaria e idónea; para lo cual, deberá explicar por qué es absolutamente indispensable y no otra, para lograr el fin perseguido. Refirió que lo anterior implica que la Representación Social exponga la suficiencia de datos que conduzcan a presuponer que: a) existe riesgo de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia; b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad; o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma, para que el Juez de Control evalúe si, en el caso concreto, se justifica esa necesidad de cautela. Realizó especial énfasis en que el Juez de Control debe evitar confundir, para tener por satisfecho el requisito de necesidad de cautela, las formas de conducción al proceso penal -citatorio, orden de comparecencia y orden de aprehensión- con las medidas cautelares, ya que esta últimas tienen por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento; pues, son medidas instrumentales de contenido material que cumplen con una función procesal, aunque su aplicación limita la esfera jurídica del indiciado. Consideraciones que dieron origen a la Jurisprudencia 1a./J. 20/2020 (10a.), de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA". En el caso, tales exigencias fueron satisfechas, porque la resolución reclamada fue emitida por la Jueza de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, sede Huajuapan de León, Oaxaca. En principio, se precisa que la responsable es competente para emitir el acto reclamado, de conformidad con los artículos 20, fracción I y 133, fracción I, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el acuerdo general 16/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, toda vez que los hechos ocurrieron a las afueras de la agencia de ********************, ********************, Tlaxiaco, Oaxaca, lugar que se encuentra dentro de la demarcación territorial donde esa Juzgadora ejerce su competencia, además que la misma se encuentra justificada por razón de la materia y grado. De igual manera, en cuanto a que debe preceder denuncia o querella, la jueza responsable acertadamente estableció que se contaba con la denuncia que en su oportunidad formularon los testigos de identidad reservada ante la institución ministerial a quien informaron la forma en que las víctimas perdieron la vida. Respecto a que se deba referir a un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad, se tiene que de la resolución aquí controvertida se advierte que la Jueza de Control responsable, en lo que interesa, determinó que los hechos manifestados por la representación social se subsumen en el delito de ********************, previsto en los artículos 285, en relación con lo dispuesto en el diverso 286, fracción II y 301, fracción IV, sancionado en el 291, todos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca; cometido en agravio de ********************. En relación al elemento consistente en que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, también se encuentra actualizado. En efecto, la Jueza de Control responsable libró orden de aprehensión contra el aquí quejoso, como probable responsable del hecho que la ley señala como el delito de ********************, previsto en los artículos 285, en relación con lo dispuesto en el diverso 286, fracción II y 301, fracción IV, todos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca; cometido específicamente en agravio de ********************; para ello, tomó en consideración los siguientes datos de prueba invocados por el Ministerio Público: 1) Acta de aviso policial de cinco de mayo del año dos mil veintitrés, suscrita por el Agente Estatal de Investigaciones ********************, con número de identificación 857 (minuto 04:31 a 05:05 del archivo digital denominado 0152-2023 A1P1). 2) Acta de descripción, levantamiento y traslado de cadáver, efectuada por el propio Agente Estatal de Investigaciones ********************, con número de identificación 426, respecto de la víctima que en vida respondió al nombre de ******************** (minuto 05:06 a 11:08 ibídem). 3) Acta de descripción, levantamiento y traslado de cadáver, efectuada por el propio Agente Estatal de Investigaciones ********************, con número de identificación 426, respecto de las víctimas que en vida respondieron al nombre de ******************** -señalado como indicio 1- y ******************** -señalado como indicio 2- (minuto 11:09 a 17:42 ibídem). 4) Dictamen en criminalística de campo, de cinco de mayo de dos mil veintitrés, emitido por el perito en criminalística, ********************, con cédula profesional ********************, en compañía del perito químico ********************, el Agente Estatal de Investigaciones ******************** y el ciudadano Julio César López Mendoza tesorero municipal de la agencia de ********************, San Miguel El Grande, Tlaxiaco, ello en el lugar ubicado como inmueble sin número, sobre la carretera Tlaxiaco-Chalcatongo, conocido como propiedad del señor ********************, en la agencia de ******************** del Rio, como referencia a ciento cincuenta metros aproximadamente del edificio de la agencia municipal de esa localidad; y exposición de fotografías (17:43 a 28:05 ídem). 5) Dictamen en criminalística de campo, de cinco de mayo de dos mil veintitrés, emitido por el ya referido perito en criminalista, el perito ********************, realizado en la población de ********************, en ********************, Oaxaca, como referencia en el lugar señalado por el Agente Estatal de Investigaciones ********************, en las cercanías a la agencia municipal de ********************, donde se manifestó se había realizado el levantamiento del cuerpo sin vida de la persona de nombre ********************; y exposición de fotografías (minuto 28:06 a 34:34 ídem). 6) Dictamen en criminalística de campo, de cinco de mayo de dos mil veintitrés, efectuado a las dieciocho horas con treinta y seis minutos nuevamente por el perito ********************, en el paraje sin nombre ubicado en la agencia de ******************** del Río, en compañía del señor ********************, quien es poblador de Villa de Guadalupe Victoria, ********************, Oaxaca, lugar señalado en el cual se levantó el cuerpo de una persona de nombre ********************; y exposición de fotografías (minuto 34:38 a 39:27 ídem). 7) Protocolo y necropsia de ley, de cinco de mayo de dos mil veintitrés, efectuado por la perito médico legista, la doctora ********************, con cedula profesional, respecto del cuerpo sin vida de una persona de nombre ********************(minuto 39:28 a 44:32 ídem). 8) Dictamen en química forense, de cinco de mayo de dos mil veintitrés, efectuado por el perito ********************, con cedula profesional, respecto de la prueba de rodizonato de sodio realizada en la región dorsal y palmar de ambas manos del cuerpo de ********************, la cual resultó negativa (minuto 44:33 a 45:53 ídem). 9) Protocolo y necropsia de ley, de cinco de mayo de dos mil veintitrés, efectuado por la perito médico legista, doctora ********************, con cedula profesional, respecto del cuerpo sin vida de una persona de nombre ******************** (minuto 45:54 a 49:06 ídem). 10) Dictamen en química forense, de cinco de mayo de dos mil veintitrés, efectuado por el perito ********************, con cedula profesional, respecto de la prueba de rodizonato de sodio realizada en la región dorsal y palmar de ambas manos del cuerpo de ********************, la cual resultó negativa (minuto 49:09 a 50:17 ídem). 11) Reconocimiento médico exterior y necropsia de ley, de cinco de mayo del dos mil veintitrés, efectuado por la perito ********************, respecto de la persona que respondió al nombre de ******************** (minuto 50:20 a 53:45 ídem). 12) Dictamen en química forense, de cinco de mayo de dos mil veintitrés, efectuado por el perito ********************, con cedula profesional, respecto de la prueba de rodizonato de sodio realizada en la región dorsal y palmar de ambas manos del cuerpo de ********************, la cual resultó negativa (minuto 53:46 a 54:26 ídem). 13) Identificación legal de cadáver, de diez de mayo de dos mil veintitrés, efectuada por ********************, quien dijo ser primo de la persona fallecida ********************(minuto 54:30 a 56:07 ídem). 14) Identificación legal de cadáver, de diez de mayo del dos mil veintitrés, por parte de ********************, ante la representación social respecto al reconocimiento de la persona fallecida de nombre ******************** (minuto 56:09 a 58:42 ídem). 15) Reconocimiento legal de cadáver, de seis de mayo del año en curso, ante la representación social, por parte de Elena Dominguez Ferrer, respecto de quien fuera en vida la persona de nombre ******************** (minuto 58:47 a 01:00:13 ídem). 16) Comparecencia ante la representación social, de seis de mayo de dos mil veintitrés, de la persona con identidad reservada ********************(minuto 01:00:21 a 01:06:49 ídem). 17) Comparecencia ante la representación social, de seis de mayo de dos mil veintitrés, de la persona con identidad reservada ********************(minuto 01:06:35 a 01:18:22 ídem). 18) Comparecencia ante la representación social, de seis de mayo de dos mil veintitrés, de la persona con identidad reservada ********************(minuto 01:18:24 a 01:23:21 ídem). 19) Testimonio ante la representación social, de seis de mayo de dos mil veintitrés, de la persona con identidad reservada ********************(minuto 01:23:27 a 01:35:22 ídem). 20) Las minutas de trabajo realizadas ante la Secretaría General de Gobierno, la primera de ellas, emitida el trece de abril del año dos mil veintitrés, a las once horas; y la segunda, de fecha veinticinco de ese mes y año, emitida a las once horas (fojas 01:35:26 a 01:37:32 ídem). 21) Dictamen en criminalística de campo efectuada por el licenciado ********************, perito con cedula profesional, con la finalidad de establecer la visibilidad que tenían los testigos con identidad reservada ********************, ********************, ********************y ********************, todos con la terminación ********************; en compañía del perito en fotografía ********************, el perito arquitecto ********************, el perito en planimetría, el Agente Estatal de investigaciones ******************** y las cuatro personas con reserva de identidad (minuto 01:37:38 a 01:47:36 ídem). 22) Dictamen de planimetría de campo realizada por el perito arquitecto ********************, con cédula profesional, de nueve de mayo de dos mil veintitrés; y exposición de fotografías (minutos 01:47:42 a 01:55:40 ídem). 23) Dictamen de fotografía forense, de nueve de mayo del dos mil veintitrés, emitido por el perito en fotografía y con cédula profesional, de nombre ********************, y proyección de las mismas (minuto 01:55:41 a 02:10:39 ídem). Los anteriores datos de prueba fueron valorados por la jueza de origen en términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del método de libre apreciación probatoria, así como las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica y los conocimientos científicamente afianzados. Así, tomó en consideración el acta de aviso policial de cinco de mayo de dos mil veintitrés, al señalar que el agente Estatal de Investigaciones percibió a través de sus sentidos cómo fue que se enteró de lo acontecido, al señalar que recibió una llamada telefónica a las ocho horas con treinta minutos de la mañana, por parte de su superior jerárquico, quien le informó que el síndico municipal de ********************, comunicó el deceso de varias personas y la quema de casas en la agencia de ********************, ********************, Tlaxiaco, Oaxaca, al considerar que lo narrado fue de acuerdo a lo que percibió (minuto 10:10 a 11:07, del archivo identificado como 0152_2023 A1P2). En cuanto a las actas de descripción, levantamiento y traslado de cadáver, señaló que las tomaba en consideración al haber sido realizadas en cumplimiento a las funciones que tiene el agente Estatal de Investigaciones, y lo ahí asentado fue percibido por sus sentidos; en la primera destacó la forma en la que llegó al lugar de los hechos (********************, en ********************, Tlaxiaco), las incidencias que acontecieron, y de las cuales advirtió que detrás de uno de los domicilios que se encuentra en el centro de esa población, localizó el cuerpo de ********************; además, precisó el lugar exacto en donde lo halló e, incluso, expresó que a simple vista se observaba la presencia de orificios producidos al parecer por arma de fuego; en cuanto a la segunda acta, precisó dicho agente que acudió precisamente al edificio de la agencia de policía Guadalupe Victoria, en donde tuvo a la vista los cuerpos sin vida de ******************** y ********************; aunado a que ello fue expuesto a través de fotografías que le sirvieron para recrear mentalmente la existencia de lo advertido por ese elemento policial; máxime, que para su emisión no se requieren conocimientos especiales, ya que el perito solo describió lo que pudo percibir (minutos 11:09 a 14:20 ibídem). Respecto a los dictámenes en criminalística de campo realizados por el perito ********************, externó que los tomaba en consideración ya que de la narrativa del primero se advertía que dicho perito, en compañía de un grupo multidisciplinario, se constituyó a ciento cincuenta metros de la agencia municipal de ********************, ********************, Tlaxiaco, específicamente, en el domicilio del señor ********************, en donde encontró y describió diversos elementos balísticos, así como un inmueble calcinado aún con presencia de fuego en algunas partes; en cuanto al segundo, observó que el perito se constituyó en el lugar donde se realizó el levantamiento de cadáver de la persona que respondía al nombre de ********************, en donde de igual forma se localizaron elementos balísticos y manchas de color café rojizo; lo que incluso fue ilustrado con fotografías de las que advirtió lo ahí narrado (minutos 14:21 a 17:28 ídem). En cuanto al tercero, observó que el perito se constituyó en el paraje sin nombre, ubicado en la referida población, como referencia a setenta y siete metros aproximadamente de la carretera que conduce a esa comunidad, en compañía del señor ********************, quien es vecino de la población de la Villa de Guadalupe Victoria, ********************, Oaxaca, quien realizó el señalamiento del lugar en el que se levantó el cadáver de ********************; agregó, que se proyectaron fotografías del lugar, con lo que se podía establecer el lugar exacto donde fue levantado el cuerpo (minuto 17:29 a 18:32 ídem). Por lo que respecta a los protocolos de necropsia, la juzgadora señaló que los tomaba en cuenta al advertir que la doctora que los emitió, tiene los conocimientos necesarios para arribar a las conclusiones a las que llegó; pues, al ser médico puede describir las lesiones que presenta una persona y determinar con ello la causa de la muerte, aunado a que narró los métodos y técnicas que su ciencia le sugiere para arribar a la conclusión a la que llegó y expuso los pasos que siguió para concluir la causa de la muerte de las víctimas, que por lo que hace a ********************se debió a hemorragia interna intensa de órgano torácico, secundaria a traumatismo directo por proyectil disparado con arma de fuego; en cuanto a ******************** fue hemorragia interna intensa de órganos torácicos, secundarios a traumatismo directo por proyectil disparado con arma de fuego; en tanto que la causa de la muerte de ********************, se debió a hemorragia interna intensa por lesión de grandes vasos del cuello, secundaria a traumatismo directo por proyectil disparado por arma de fuego; asimismo, dijo que con ese dictamen también se podía determinar el cronotanatodiagnóstico con relación al tiempo transcurrido desde que perdieron la vida (minutos 18:35 a 21:00 ídem). En tanto que, respecto a los tres dictámenes químicos, los tomó en consideración por haberlos realizado un experto con conocimientos en la materia de química, con cédula profesional; experticia de la cual advirtió que una vez llevada a cabo la prueba de rodizonato de sodio a las muestras tomadas en la región palmar y dorsal de ambas manos de las víctimas, arrojaron una reacción negativa, es decir, que no existió contacto de las manos de estas personas con restos de pólvora; además, de ellas se podían advertir los métodos y técnicas utilizadas para arribar a las conclusiones señaladas, aunado a que hasta ese momento no existía dato alguno que le hiciera establecer que fueran contrarias a los conocimientos científicamente afianzados, por lo que expresó que tenían eficacia demostrativa (minuto 21:03 a 22:50 ídem). En cuanto a las tres identificaciones legales del cadáver, decidió tomarlas en consideración, al haberse realizado con familiares de las víctimas, quienes dado su vínculo cuentan con información relativa a cuándo y dónde nacieron, el nombre de sus parejas, cuántos hijos tenían; además, que fueron coincidentes en expresar que sus familiares perdieron la vida en la población de ******************** el cinco de mayo de dos mil veintitrés y en algunos casos, la forma en la que ello ocurrió (minuto 21:51 a 25:14 ídem). Por lo que respecta a los cuatro testimonios de identidad reservada marcados con los números ********************, ********************, ********************y ********************, todos con la terminación ********************, los tomó en consideración en virtud que narraron la forma en la cual se enteraron de la agresión que sufrían pobladores de ********************; justificaron el motivo por el cual se encontraban en el lugar de los hechos, así como que fueron testigos presenciales de ellos, por qué conocían a los indiciados en la causa penal en estudio; además, indicó que esas versiones no se encontraban aisladas, por el contrario, se corroboraban con los diversos actos de investigación, como son el dictamen de visibilidad realizado por la institución ministerial, las minutas de trabajo, así como con el dictamen en criminalística de campo (minuto 26:07 a 34:30 ídem). Respecto a los dictámenes de criminalística de campo efectuado por el licenciado ********************, y el diverso de planimetría de campo emitido por el Licenciado ********************, estimó importante valorarlos de manera conjunta, toda vez que el primero se refirió a un dictamen de visibilidad, dado que los cuatro testigos de identidad reservada indicaron el lugar exacto desde donde vieron los acontecimientos que narraron a la institución ministerial; sin que advirtiera que hubiera algún objeto que obstruyera o quitara visibilidad a los atestes, pues el experto se constituyó en los lugares exactos que fueron señalados, los cuales son abiertos, sin limitaciones visuales en el lugar; aunado a que destacaba la salud visual de los testigos, además que a la hora aproximada en la cual sucedieron los hechos era buena toda vez que se contaba con iluminación natural y no existieron objetos de gran tamaño que obstruyeran la visibilidad, por lo que se corroboraba al menos de manera periférica, la versión de los cuatro testigos de identidad reservada, en el sentido que desde el lugar en el cual se encontraban ubicados sí pudieron ver lo que narraron. Y en cuanto al dictamen en planimetría de campo, de las proyecciones de imágenes realizadas por la institución ministerial, se advertían los puntos exactos geolocalizados donde se encontraban los testigos y los puntos en donde fueron privados de la vida las personas que resultan pasivos del delito (minuto 34:33 a 37:22 ídem). Finalmente, en cuanto al dictamen en fotografía forense, señaló que propiamente no podía llamarse dictamen, ya que a su consideración no se requiere un conocimiento especial para tomar fotografías, sino que únicamente basta con contar con una cámara fotográfica; sin embargo, adujo que éstas sirven para recrearle la existencia de los lugares de los hechos, a las que incluso se hizo referencia en los dictámenes en criminalística (minuto 37:27 a 38:30 ídem). Así, los anteriores datos de prueba, valorados por la autoridad judicial responsable, le resultaron suficientes para considerar acreditados los siguientes hechos: "1. Que el día cinco de mayo del año dos mil veintitrés aproximadamente a las 05:00 horas, pobladores de la agencia de ********************, municipio de Tlaxiaco, arribaron con armas de fuego a las inmediaciones que tienen con la agencia de ********************, ********************, Tlaxiaco, Oaxaca, realizando disparos de arma de fuego. 2. Que el cinco de mayo del año dos mil veintitrés aproximadamente a las 05:15 horas, pobladores de ********************, Tlaxiaco, dentro de las cuales se encontraba ********************, se acercaron a la casa de ********************, ubicada a las afueras de la agencia de ********************, por lo que esta persona salió de su domicilio a ver qué ocurría, dirigiéndose a su corral, ubicado en las coordenadas 17°9'22.96" Norte y 97°37'30.43' Oeste, de esa población, momento en el que ********************, quien iba en compañía de otras personas, le disparan con armas largas a ******************** a una distancia de treinta y cinco metros, provocándole lesiones que a la postre le causaron la muerte. 3. Que el cinco de mayo del año dos mil veintitrés aproximadamente a las 06:30 horas, detrás de la casa denominada como delegación de la agencia de ********************, en el centro de dicha población, ******************** con un arma de fuego le dispara por la espalda a ********************, a una distancia de diez metros provocándole lesiones que a la postre le causaron la muerte. 4. Que el cinco de mayo del año dos mil veintitrés, pero alrededor de las 07:30 horas, en el lugar conocido como camino viejo, que va de ******************** a la agencia de ********************, en las laderas de un cerro, con coordenadas 17°´9´7.84 Norte y 97°3'16.13' Oeste, ******************** con un arma de fuego le dispara a ********************, provocándole lesiones que a la postre le causaron la muerte. 5. Que La causa de la muerte de ********************fue hemorragia interna intensa de órgano torácico, secundario a traumatismo directo por proyectil disparado con arma de fuego. 6. Que la causa de la muerte de ******************** fue hemorragia interna intensa de órganos torácicos, secundarios a traumatismo directo por proyectil disparado con arma de fuego. 7. Que la causa de la muerte de ******************** fue hemorragia interna intensa por lesión de grandes vasos del cuello, secundario a traumatismo directo por proyectil disparado con arma de fuego." Asimismo, se advierte que la autoridad judicial responsable realizó correctamente la clasificación jurídica al determinar la existencia del delito de ********************, previsto en los artículos 285, en relación con lo dispuesto en el diverso 286, fracción II y 301, fracción IV, todos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, que establecen: Artículo 285.- Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Artículo 286.- Para la aplicación de las sanciones que correspondan al que infrinja el artículo anterior, no se tendrá como mortal una lesión sino cuando se verifiquen las tres circunstancias siguientes: [.] II.- Que la muerte del ofendido se verifique dentro de sesenta días contados desde que fue lesionado; Artículo 301.- Se entiende que hay ventaja: [.] IV.- Cuando éste se halle inerme o caído y aquél armado o de pie. Si bien para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que la jueza encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable; sin embargo, de los preceptos legales transcritos se advierte que como lo sustentó la autoridad judicial responsable, los elementos del delito son: Que haya la privación de una vida. Que dicha privación de la vida se haya realizado por una causa externa. Que dicha privación de la vida se haya verificado dentro de los sesenta días establecidos en el numeral 286, es decir la temporalidad. La existencia de una ventaja. En efecto, en el primer elemento del delito señalado, la Jueza responsable acertadamente consideró que la primer hipótesis se encontraba justificada al quedar establecido que el cinco de mayo de dos mil veintitrés a las seis horas con treinta horas de ese día, se privó de la vida a ********************; lo anterior acorde a los protocolos de necropsia emitidos a favor de las víctimas, de los cuales se advertía la causa del deceso de cada uno de ellos. Lo que se corroboraba al menos de manera periférica con el levantamiento de cadáver realizado por el agente Estatal de Investigaciones, ya que desde ahí advirtió y describió las lesiones que presentaba la víctima, ya que como agente estatal tiene la capacidad de diferenciar entre una lesión causada por un arma de fuego y una causada por otro instrumento. Aunado a lo anterior, también se contaba con la inspección practicada por los agentes Estatales de Investigación y las fotografías, con las cuales podía advertir la existencia del cuerpo sin vida del pasivo; además, con los dictámenes en criminalística observó el lugar exacto donde fue privado de la vida la persona que resulta pasivo del delito; corroborado todo ello con los testimonios de los testigos de identidad reservada quienes dieron cuenta de cómo se les privó de la vida. Por cuanto hace al segundo elemento, válidamente señaló encontrarlo justificado, tomando en consideración el dictamen de necropsia de ley en el que expresó se advertía que esas lesiones fueron provocadas por un proyectil disparado por arma de fuego, lo que se encontraba robustecido con el testimonio de los testigos de identidad reservada, quienes señalaron precisamente que fueron habitantes de la población de ********************, quienes accionaron armas de fuego no solo en contra del pasivo, sino en contra de toda la comunidad; sin embargo, únicamente perdió la vida la víctima señalada, sin que exista dato que revele que la propia víctima se autolesionó con un arma de fuego y se haya ocasionado esas lesiones que originaron la perdida de la vida, pues incluso de los registros destacados se advierte que ésta no accionó ningún arma, lo que revela que no estaba armado. Respecto al tercer elemento, de forma acertada expresó que en cuanto a la temporalidad entre las lesiones y la muerte del pasivo se encontraba justificada con el mencionado protocolo de necropsia, ya que se advertía que ******************** presentó un cronotanatodiagóstico de ocho a catorce horas. Toda vez que ese protocolo fue realizado el cinco de mayo del dos mil veintitrés después de las veintiún horas; parámetro que estimó correcto en atención a la hora en que ocurrieron los hechos, así como los métodos y técnicas utilizados por la experta; con lo cual concluyó que se colmaba esa temporalidad, es decir, esos sesenta días que requiere la norma para que una lesión se considere mortal. En cuanto a la agravante del delito, por cuanto hace al aquí quejoso, certeramente resolvió que se actualizada la ventaja dado que de la narrativa realizada por la representación social, se despendía que los sujetos activos se encontraban armados, ello acorde con lo expresado por los testigos de identidad reservada, incluso al realizar los dictámenes en criminalística fueron hallados y recabados elementos balísticos, aunado a que como se dijo, las víctimas se encontraban desarmados, ello según se advirtió de los dictámenes de química llevados a cabo en su corporeidad, al no haberse detectado rastro alguno de pólvora, lo que india que no manejaron un arma de fuego. Además, de forma correcta, expresó que la conducta realizada por el aquí quejoso fue a título de dolo, ya que en el momento de los hechos sabía que no debía realizar disparos de arma de fuego en la humanidad de la víctima, ni de cualquier persona, ya que se podría ocasionar lesiones que pudieran en su caso conducir a la muerte, dado que ese conocimiento es adquirido de manera generalizada, en la escuela, en algún centro religioso, en la sociedad en general, incluso en la familia se nos enseña que no debemos ocasionarle lesiones a otra persona, por tanto, considero actualizado el supuesto establecido por el artículo 8, fracción I, del Código Penal en el Estado. Incluso, acertadamente expresó que hasta ese momento no advertía que se actualizara en favor del indiciado -aquí quejoso- una causa de licitud, un estado de necesidad, alguna legítima defensa o el ejercicio de un derecho, por lo que consideró que la conducta desplegada resultaba ser típica y antijurídica. En otro aspecto, atinadamente la Jueza responsable estimó de manera probable que el ahora quejoso, cometió el hecho que la ley señala como delito de ********************, previsto por los artículos 285, en relación con lo dispuesto por el diverso 286, fracción II y 301, fracción IV, todos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca; cometido en agravio de ********************. Es así, pues refirió que existía el señalamiento directo concreto y categórico realizado por los testigos de identidad reservada de números ******************** y ********************, ya que éstos sostuvieron reconocer a ******************** -aquí quejoso- como la persona que realizó disparos en la humanidad de ******************** y que con posterioridad le privara de la vida. Que incluso, por cuanto hace al testimonio del testigo de identidad reservada ********************, lo tomaba en consideración ya que éste un cargo dentro de la agencia municipal, por ello, conocía al agresor Lo que encontró corroborada con las minutas de trabajo presentadas por la institución ministerial se advierte que el aquí quejoso ostenta un cargo dentro de la comunidad, de ahí que, era factible que se pudiera reconocer. En cuanto a la forma de intervención, de forma acertada expresó que lo realizaron conjuntamente, si bien no al mismo tiempo, de la mecánica de los hechos se puede advertir cuando menos anterior a ese día se organizaron para establecer la forma en que iban a rodear la comunidad de ********************, lo que permitió precisamente se llevaran a cabo los hechos en la forma en que acontecieron, con lo que tuvo por actualizado lo establecido por el artículo 11, fracción III, del Código Penal del Estado. Datos que estimó adminiculados entre sí y robustecidos con la proyección de la videograbación apreciada en la audiencia, en la que advirtió cómo sucedieron los hechos y con lo cual decidió que hasta esa fase procesal, ello era suficiente para tener por justificada la probable participación del señor ********************, en la comisión de los hechos que la ley penal señala como delito de ********************. Máxime que, como bien lo apuntó la autoridad responsable, el hecho señalado por la ley como delito, que fue puesto de su conocimiento en el caso, se encuentra sancionado con pena privativa de libertad, en términos de lo establecido en el artículo 291 del Código Penal del Estado. Necesidad de la cautela. En otro aspecto, también fue correcta la determinación de la Jueza de Control, respecto de la necesidad de cautela solicitada por la agente del Ministerio Público. Es así, pues la representación social señaló que se encontraba justificada la necesidad de cautela (minuto 02:26:51 a 02:34:39 del archivo 0152-2023 A1P1); ya que al efecto expresó que: De los registros de investigación que se vertieron en la audiencia, se advertía que la emisión de un citatorio para hacer comparecer al indiciado no se podría llevar a cabo, en virtud que es originario de la población que ********************, municipio de Tlaxiaco, Oaxaca; ello, dado que existe una confrontación entre éstos y los habitantes de ********************. Era así, porque han realizado acciones que afectan no solo a los pobladores de la Agencia de ********************, sino también a la comunidad en general, pues habían bloqueado una carretera, que era de uso común para todas las personas, lo que hacía indicar la falta de respeto hacia la autoridad. Además, que ambas poblaciones han mantenido reuniones de trabajo realizadas por parte de la Secretaría General de Gobierno, pero en ellas, la población de ******************** arremeten contra las autoridades de ******************** y realizan amenazas hacia éstas últimas. De los registros de investigación se observa que se trata de un problema social de toda una comunidad, por lo que citar a unas personas en su domicilio, podría generar un riesgo hacia el propio personal de ese órgano jurisdiccional, ya que podría acontecer que fueran retenidos o alguna circunstancia en particular. También existe ese riesgo para la propia sociedad, ya que en el caso particular, aún con el arribo de la Guardia Nacional al lugar de los hechos, aproximadamente a las doce horas con veinte minutos; como se pudo observar de las fotografías proyectadas, el personal de la guardia estaba en posición de resguardo, es decir, en postura de hacer frente a estas personas, ya que aún seguían realizando disparos de arma de fuego, lo cual genera un sentimiento de inseguridad. Además, que con la información aportada por los testigo de identidad reservada, en la reunión de trabajo sostenida ante la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca los pobladores de ********************, externaron que no iban a permitir los acuerdos de paz y no agresión entre las partes, al considerar que no se habían presentado las pruebas necesarias para ello; por tanto, que los pobladores de ******************** se atuvieran a las consecuencias; y que a los tres días de ello, ocurrieron los hechos materia del asunto. Por tanto, señaló que existía la necesidad para el libramiento de la orden de aprehensión, aunado a que existía peligro de sustracción en relación a las circunstancias de inseguridad que se vive en la zona. Tomando en cuenta los argumentos de la Ministerio Público, la jueza responsable acertadamente concluyó que de acuerdo a la información establecida por la representación social, era procedente dicha medida (minuto 01:09:32 a 01:13:27). Toda vez que, se justificó esencialmente el peligro para la sociedad, así como dificultad que puede existir para hacerlos comparecer ante la autoridad judicial, en términos de lo establecido en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, sostuvo que tal y como lo refirió la representación social, el indiciado es un riesgo para la sociedad, ya que ha demostrado no tener respeto hacia la figura de autoridad; pues, pese a que se tenían firmadas diversas minutas de trabajo en las que ésa comunidad se comprometió a sujetarse a un tema de civilidad y respeto entre ambas localidad, ello no aconteció; además, esa disputa, como lo adujo uno de los testigos, data desde hace más de cien años, pasando de generación en generación. Aunado a que, en la forma en que se desarrollaron los hechos, se hace visible que existe riesgo para la sociedad en atención a que aún cuando después de esos eventos acudieron diversas corporaciones policiacas, como son la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Agentes Estatales de Investigaciones, se continuó realizando disparos de arma de fuego, lo que evidenciaba aún más la falta de respeto a las autoridades. Incluso, expuso que derivado de ese conflicto existente entre los pobladores, haría imposible que se pueda citar a los indiciados, toda vez que se han realizado bloqueos a la carretera para arribar a las poblaciones; y se podía poner en riesgo al personal encargado de esa labor de citación. Y, finalmente señaló que, de acuerdo a la forma en cómo se ha conducido, le hizo inferir que aun cuando se encontrara la forma de citarlo, no comparecería e incluso, externó que se pueden generar eventos de similar naturaleza o de una mayor magnitud, lo que representaría también un riesgo para el personal encargado de realizar esa actividad y la sociedad. Por lo que decidió válidamente librar la orden de aprehensión en los términos que le fueron solicitados, para el único efecto de que la ministerio público en la audiencia pública le haga del conocimiento la imputación inicial y la autoridad judicial le haga saber sus derechos constitucionales y legales para que en su caso rinda una declaración respecto a esos hechos. En esa línea argumentativa, se estima que la resolución que a la luz del juicio constitucional se analiza, está apegada a derecho y, como consecuencia, ninguna violación irroga al accionante del amparo. Esto es así, dado que de la totalidad de la lectura del expediente, que comprende tanto constancias escritas como apreciación de material de audio y video, permite afirmar que la autoridad judicial actuó correctamente al valorar en su conjunto todas los datos de prueba que introdujo la representación social, lo que acertadamente hizo siguiendo los principios rectores de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales; es decir, con aplicación estricta de las reglas de la sana critica asignó el valor correspondiente a cada dato de prueba, y en general actuó apreciando la prueba según su libre convicción, conforme a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. En la valoración de las pruebas que se mencionaron, este órgano constitucional no aprecia alguna irregularidad por parte de la autoridad responsable, que ameritase conceder el amparo. Por tanto, contrariamente a la apreciación del quejoso, se colmó la exigencia constitucional prevista en el artículo 16 de la Constitución, en el sentido que los datos de prueba que tuvo a la vista la autoridad del fuero común pusieron de relieve un hecho que la ley señala como delito, como es el de ******************** con ventaja, y los datos de prueba que valoró hacen probable que el indiciado participó en la comisión de tales hechos, pues así lo revelan hasta el momento los datos de prueba que fueron expuestos en la causa penal de origen. En ese sentido, respecto a los conceptos de violación que alega el quejoso, como ya se dijo, son infundados. En efecto, la resolución reclamada, reúne los requisitos que establece el artículo 16 de la Constitución General de la República; ya que, en el caso, aparece que consta en mandamiento escrito y, como se dijo anteriormente, fue dictada por autoridad judicial competente, la que al analizar las constancias del juicio penal de origen, expresó los fundamentos y los motivos que consideró suficientes para librar la orden de aprehensión en contra del peticionario, pues invocó los artículos los artículos 8, fracción I, 11, fracción III, 285, 286, fracción II, y 301, fracción IV, todos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca. Además, los datos que obran en la causa penal de origen acreditan, hasta esa estadía procesal, la existencia del hecho que la ley señala como delito de ******************** con ventaja y que probablemente el indiciado lo cometió o participó en su comisión, en los términos que ya quedaron precisados con antelación, de donde se arriba al convencimiento que existe la motivación suficiente y la debida fundamentación del acto reclamado. De igual forma, la Jueza responsable señaló las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que rodearon a los hechos y que tuvo en consideración para la emisión del acto, existiendo adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configura la hipótesis normativa invocada, por lo que no existe violación de garantías en este aspecto en perjuicio de la quejosa. Es aplicable en este sentido, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 166, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación mil novecientos diecisiete a dos mil, Tomo VI, Materia Común, Séptima Época, con número de registro: 917738, cuyo rubro y texto son: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Además, la Jueza responsable al librar la orden de aprehensión reclamada, se basó para ello en las disposiciones relativas al Código Penal para el Estado de Oaxaca y Código Nacional de Procedimientos Penales, vigentes al momento en que ocurrieron los hechos que se le atribuye, leyes que fueron expedidas con anterioridad al hecho delictuoso. En consecuencia, al no advertirse violación manifiesta de derechos en perjuicio del quejoso que actualizara la suplencia de la queja y al resultar infundados los conceptos de violación que se hicieron valer, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado contra el acto reclamado de la jueza de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, sede Huajuapan de León, Oaxaca, consistente en la orden de aprehensión de once de mayo de dos mil veintitrés, librada en su contra, dentro de la causa penal número ******************** de su índice. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Agente Estatal de Investigaciones Encargado del Grupo de Aprehensiones, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Delitos de Trascendencia Social, Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, Fiscal General del Estado de Oaxaca, Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Tlaxiaco, Oaxaca, por no reclamarse sus actos por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable y por los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A ********************, respecto de las autoridades y por los actos reclamados precisados en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Con motivo del paro nacional de labores realizado por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo indicado en la certificación de cuenta, se declararon inhábiles los días correspondientes del dieciséis al veintisiete de octubre del presente año; en el entendido que subsistirá la validez de aquellas actuaciones y diligencias que se hubieren celebrado los días dieciséis y diecisiete del citado mes y año; por tanto, se suspendieron los términos y plazos procesales durante ese periodo. Ahora, visto el estado de autos se advierte que, mediante proveído de trece de octubre del año en curso, se dio vista al tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, con las constancias que integran este juicio; por lo que, en esta data empezó a transcurrir el plazo de ocho días establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que dicha parte se imponga de las mismas, pues quedó notificada el dieciséis de los actuales, y la notificación surtió sus efectos el diecisiete siguiente; sin que haya mediado algún día de la vista, dada la suspensión de labores antes precisada. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar, se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, se desprende que al consultar la página de internet de la compañía de mensajería acelerada Estafeta Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, https://www.estafeta.com/Herramientas/Rastreo; se obtiene que la guía de envío con número de rastreo ********************, por la que se remitió el oficio para emplazar a este juicio al Agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, que interviene en la causa penal ********************, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, con sede en Santa María Asunción Tlaxiaco, Oaxaca, fue entregado el diez de los actuales. Por tanto, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se le tiene por emplazado al presente asunto con el carácter de tercero interesado. Dese vista con las constancias que integran el presente asunto. Diferimiento. En tales condiciones, para dar oportunidad a que transcurra el termino común de ocho días en relación a la vista a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las once horas con doce minutos del dieciocho de octubre del año en curso; y en su lugar, se fijan las TRECE HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Sin que haya lugar a notificar personalmente a las autoridades señaladas como responsables el diferimiento de la audiencia constitucional, ello es así, en virtud que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que imponga tal obligación. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, incorpórese a los presentes autos el oficio del Juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, con sede en Santa María Asunción Tlaxiaco, Oaxaca, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinticinco de septiembre pasado, informa que se encuentra imposibilitado para emplazar al presente juicio de amparo al Agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, que interviene en la causa penal ********************de su índice, pues su domicilio se encuentra fuera de la jurisdicción de la autoridad oficiante, esto es, en el Centro de Justicia, ubicado en Libramiento Norte, Agencia de Agua Dulce, Huajuapán de León, Oaxaca. Atento a lo anterior, reexpídase el oficio librado en auto de treinta y uno de agosto de este año, con las constancias necesarias, dirigido al Agente del Ministerio Público de que se trata a efecto de que comparezca al presente juicio de amparo en su carácter de tercero interesado, de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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