Marcos Valentin Canche Che
Expediente 566/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 566/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Marcos Valentin Canche Che
- Ricardo Chan Chable
- MARCOS VALENTIN CANCHE CHE y Otros.
- Pedro Alexis Canche Noh
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de treinta de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual por un lado, se tuvo por no presentada la demanda de amparo y por otro se desechó. En tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, pues se concedió la suspensión de plano, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el citado expediente al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda este expediente y la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese el oficio rendido por el Director de la Policía del Municipio de Telchac Puerto, Yucatán, y anexo que acompaña, que remite en cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante proveído de diecisiete de los corrientes; sin que sea factible atender su solicitud relativa a que se deje sin efectos la multa que se le impuso en autos, toda vez que el suscrito no puede revocar sus propias determinaciones. Ahora bien, del informe de mérito, así como del diverso de la propia autoridad que obra glosado en autos, se advierte que el directo quejoso VÍCTOR MANUEL TABASCO ROJAS, fue ubicado el once de mayo del año en curso, detenido en la cárcel pública de la aludida localidad, estando actualmente en libertad; sin que de los autos en consulta se advierta que éste haya comparecido a ratificar la demanda de amparo que promovió a su favor *******, no obstante de estar legal y oportunamente notificada la parte promovente desde el veintiuno de mayo último. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado por auto de doce de mayo del año en curso, por lo que se tiene por no presentada la demanda respecto del referido quejoso; quedando sin efecto las providencias dictadas. Asimismo, en relación con los diversos quejosos, *******, toda vez que ratificaron la demanda promovida a su favor, se tiene por presentada la misma. Seguidamente, se pasa a proveer lo que legalmente corresponde. De las constancias que obran en autos, se desprende que en el presente asunto procede desechar de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. A consideración del suscrito, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, por analogía la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, se estableció que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables: La detención ilegal e incomunicación de los directos quejosos MARCOS VALENTÍN CANCHÉ CHE, PEDRO ALEXIS POOL NOH, LUIS ALBERTO KU ESCAMILLA, MARIO ALBERTO TABASCO Y CELIS, PEDRO RICARDO CHAN CHI, MARTÍN ALBERTO PUC HERNÁNDEZ y YORDI YOEL CAB CARRILLO. Por otra parte, de las constancias remitidas por el Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, con sede en esta ciudad, a las que se les otorga eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte que el trece de mayo último se ordenó la inmediata libertad de los directos quejosos MARCOS VALENTÍN CANCHÉ CHE, PEDRO ALEXIS POOL NOH, LUIS ALBERTO KU ESCAMILLA, MARIO ALBERTO TABASCO Y CELIS, PEDRO RICARDO CHAN CHI y YORDI YOEL CAB CARRILLO (fojas 91 y 92). Y respecto del menor MARTÍN ALBERTO PUC HERNÁNDEZ, éste fue entregado a su progenitor Martín Puc Solís el doce de mayo del año en curso, por la Unidad Especializada para la Prevención de la Violencia Familiar y Género, de la Secretaría de Seguridad Pública, como se advierte de la actuación relativa (foja 48); que igualmente alcanza eficacia probatoria plena acorde a los preceptos legales antes invocados. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos de los actos reclamados, pues estos se hicieron consistir precisamente, en que las autoridades responsables habían detenido y privado de la libertad personal a dichos quejosos; ello indudablemente actualiza la causal de improcedencia en comento. Se sostiene lo expuesto, pues las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a los impetrantes de amparo la protección de la Justicia Federal que pretendían por este conducto, que era para que las autoridades señaladas como responsables los dejaran en inmediata libertad. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a los peticionarios en el pleno goce de los derechos humanos que estimaron violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción I, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA promovida por FERNANDO HERNÁNDEZ UICAB a favor de MARCOS VALENTÍN CANCHE CHE, PEDRO ALEXIS POOL NOH, LUIS ALBERTO KU ESCAMILLA, MARIO ALBERTO TABASCO Y CELIS, PEDRO RICARDO CHAN CHI, MARTÍN ALBERTO PUC HERNÁNDEZ y YORDI YOEL CAB CARRILLO, contra los actos que reclamaron del Secretario de Seguridad Pública Estatal y del Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, ambos con sede en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Ahora bien, en cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada ley. Notifíquese por lista de estrados y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Yucatán, con sede esta ciudad, del que se advierte que a fin de que la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1" estuviera en aptitud de hacer efectiva la multa impuesta en autos, le remitió el oficio 22597/2018-I-A de nuestro índice, con la documentación correspondiente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Vocal del Registro Federal de Electores, con sede en esta ciudad, que remite en cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante proveído de diecisiete de agosto actual. Ahora bien, en cuanto a la reserva decretada por acuerdo de veintitrés de agosto del año en curso, toda vez que ya obran en autos todos los informes de las autoridades a las que se les requirió que proporcionaran ciertos datos a fin de estar en aptitud de ordenar hacer efectiva la multa impuesta a Jesús Efraín Pech Nah, Director de la Policía Municipal de Telchac Puerto, Yucatán, se pasa a proveer lo que corresponda. De los informes de mérito, se advierte que ya se cuenta con todos los datos necesarios para tal efecto, con excepción de la fecha de nacimiento; sin embargo, la misma se puede deducir del RFC proporcionado, que en la especie sería el veintinueve de octubre de mil novecientos ochenta y uno. En virtud de lo anterior, gírese atento oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Yucatán "1", con sede en esta ciudad, para que se sirva hacer efectiva la multa impuesta en el aludido auto de diecisiete de agosto del año en curso, al Director de la Policía Municipal de Telchac Puerto, Yucatán; remitiéndole para tal efecto copia certificada de los oficios de mérito. Asimismo, comuníquesele a la autoridad recaudadora, que de conformidad con el artículo 237, fracción I, relacionado con el 238, ambos de la Ley de Amparo, el importe de la multa es por la cantidad de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalente a $4,030.00 (cuatro mil treinta pesos sin centavos, moneda nacional); monto que resulta de multiplicar $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), que es el valor diario que tienen cada una de dichas unidades que el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía determinó para el dos mil dieciocho, por cincuenta. Solicitando informe a la brevedad posible, la determinación que recaiga a este requerimiento. Notifíquese y cúmplase.
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