Marcos Urbano Díaz

Expediente 679/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
679/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
13/05/2019

Partes del expediente

  • Marcos Urbano Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a trece de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de treinta de abril del año en curso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir de la notificación del presente proveído, dado que no obran documentos originales, ni es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General citado y carece de valor institucional e histórico. Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese por estrados.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO, POR ASÍ ORDENARLO EL MISMO PROVEÍDO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE... Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a treinta de abril de dos mil diecinueve. Vista la demanda de garantías promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Diputado Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior en el Estado. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 679/2019; fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de garantías, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional la negativa de la autoridad responsable de dar respuesta a la petición formulada por el quejoso el quince de marzo de dos mil diecinueve. Sin embargo, este órgano de control constitucional estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los numerales 1, 5 fracciones I y II de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 8 de la Constitución Federal, por las consideraciones que a continuación se exponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto por el diverso artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone a los funcionarios y empleados públicos a que respeten el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; petición a la que deberá recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en BREVE TÉRMINO al solicitante. De lo anterior, se puede advertir que si bien el gobernado tiene la plena facultad de ejercer el derecho de petición de manera pacífica y respetuosa ante cualquier autoridad y/o funcionario público, lo cierto también es que esos empleados o funcionarios públicos tienen la obligación de dar contestación por escrito en breve término a quien elevó su petición. Por cuanto hace a la referencia de que tal contestación debe ser emitida y notificada al solicitante dentro de un breve término, si bien es cierto el precepto en estudio no especifica qué se debe entender por breve término, también es verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en reiteradas ocasiones, ha sustentado que dicha disposición se infringe si transcurren cuatro meses desde que la autoridad haya recibido la petición escrita del gobernado, sin que aquélla se hubiese contestado. Ese lapso no debe entenderse como invariable, es decir, aplicable en todo caso, pues la misma Corte ha considerado que el "breve término", a que el mencionado precepto constitucional alude, debe ser aquel en que racionalmente pueda conocerse una petición y contestarse. Respecto a ese concepto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que dicha disposición se infringe si transcurren cuatro meses desde que la autoridad haya recibido la petición escrita del gobernado, sin que hubiese contestado, pero además, la misma Corte ha considerado que el "breve término" a que el mencionado precepto constitucional alude, debe ser aquel en que racionalmente pueda conocerse una petición y acordarse; es decir, queda claro que no es posible dar una definición de lo que debe entenderse por "breve término", de manera que se comprendan todas las posibles peticiones elevadas a la autoridad, pues la naturaleza de lo solicitado y los estudios o trámites que la contestación requiera, hacen variable el periodo de lo que sería un término razonablemente breve para dar respuesta, de modo tal que no queda más que ser casuista en este aspecto, atendiendo a las peculiaridades del caso y a lo que razonablemente se puede llamar un término breve para dar respuesta a la petición de que se trate. Es aplicable a lo anterior, la tesis jurisprudencial 470, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, visible en el Apéndice de 1975, Parte III, Sección Administrativa, página 767, registro digital 395221, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN, DERECHO DE. TÉRMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional". Así también, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.4o.A.68 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, febrero de 1994, página 390, registro digital 213551, cuyo epígrafe y texto dicen: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses". Bajo ese tenor, es preciso establecer a qué se refiere al dispositivo antes invocado cuando se refiere al breve término, pues éste debe entenderse como aquel en que racionalmente la autoridad pueda estudiar y acordar la petición respectiva, pues deben tomarse en cuenta los trámites a que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que se les turnan, sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses. Precisado lo anterior, debe decirse que si la parte quejosa elevó su petición ante la autoridad responsable, cuya instancia fue recepcionada el quince de marzo de dos mil diecinueve; en tanto que, la demanda de amparo fue recibida el veintinueve de abril del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, esto es, aproximadamente un mes con catorce días de su promoción; por ende, es inconcuso que no ha transcurrido un breve término, a afecto de que la autoridad responsable dé contestación a su escrito de petición, de ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la autoridad responsable se encuentra dentro del lapso de cuatro meses ya indicado para dar respuesta al ahora solicitante de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 633 del tomo XIX, septiembre de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Por lo anterior, resulta clara la causa de improcedencia aludida y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de garantías, contra la infracción que se demanda al numeral 8 de la Ley Fundamental, por los motivos manifiestos e indudables de improcedencia referidos y autoridad citada. Se invoca, por contenido substancial, el criterio de la Décima Época, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1861 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Materia Constitucional, Tesis: VI.1o.A.21 A (10a.), Registro: 2000772, que indica: "DERECHO HUMANO DE PETICIÓN RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 37 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER EN SU PRIMER PÁRRAFO EL TÉRMINO DE TRES MESES PARA QUE LAS AUTORIDADES FISCALES DEN RESPUESTA A LAS INSTANCIAS O PETICIONES QUE LES FORMULEN LOS CONTRIBUYENTES, Y ESTABLECER COMO CONSECUENCIA DEL SILENCIO DE LA AUTORIDAD LA FIGURA DE LA NEGATIVA FICTA, NO VULNERA LA CITADA PRERROGATIVA FUNDAMENTAL. De los lineamientos establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis P. LXIX/2011(9a.) y P. LXVII/2011(9a.), de rubros: "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." y "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.", se desprende, en lo conducente, que a fin de adecuar el control de convencionalidad ex officio al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país, debe procederse en primer orden a realizar una interpretación conforme de la norma que se señala violatoria de derechos humanos, teniendo además en consideración lo establecido por el artículo 133 de la Ley Fundamental. Por tanto, al efectuar el control de constitucionalidad a fin de determinar si el artículo 37, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, es violatorio del derecho humano de petición, es necesario tomarse en cuenta que el artículo 8o. de la Constitución Federal, que reconoce este último, no prevé un plazo específico para que las autoridades den respuesta a las peticiones que les formulen los particulares, pues exclusivamente alude a que ello deberá hacerse del conocimiento del solicitante en un breve término, y debe concluirse en primer orden que no existe sustento jurídico para determinar que la sola existencia de un plazo en particular en una norma secundaria, pueda considerarse por sí misma como violatoria del derecho humano en cuestión. De igual modo, del citado primer párrafo del artículo 37 del Código Tributario Federal, se advierte que dicha porción normativa no se limita a establecer el término de tres meses para que las autoridades fiscales den respuesta a las instancias o peticiones que les formulen los particulares, sino que además prevé una consecuencia jurídica para el supuesto consistente en que la autoridad no efectúe pronunciamiento alguno sobre la solicitud planteada, que es la configuración de la negativa ficta, lo que implica que el silencio de la autoridad fiscal ante una instancia o petición formulada por el contribuyente, extendido ininterrumpidamente durante el mencionado término de tres meses, genera la presunción legal de que resolvió en contra de los intereses del peticionario, circunstancia que da lugar al derecho procesal de interponer los medios de defensa pertinentes contra esa negativa tácita, o bien, a esperar a que la autoridad dicte la resolución respectiva. Así, el término previsto en el primer párrafo del artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, al vincularse con la figura de la negativa ficta en caso de silencio de la autoridad, permite garantizar una definición al particular sobre la petición formulada, ya sea mediante una respuesta en forma expresa, o bien implícitamente, lo que se traduce además en brindarle certeza sobre la existencia de un límite temporal tras el cual estará en aptitud de hacer valer los medios de defensa procedentes en relación con el fondo de lo solicitado, pues con tal figura ficta se determina también la litis sobre la que, eventualmente, versará el medio de defensa que, de estimarlo conveniente, haga valer el particular. Consecuentemente, atendiendo a las dos consideraciones destacadas, y en ejercicio del control de constitucionalidad inicialmente referido, debe concluirse que con el contenido de la porción normativa de mérito no se genera afectación al derecho de petición reconocido en el artículo 8o. constitucional, y que el correspondiente problema jurídico se solventa con el examen efectuado con base en la interpretación conforme de aquélla." Por tanto, si no ha transcurrido el breve término, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los diversos 1°, 5 fracciones I y II de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso 113 del propio ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo propuesta por notoriamente improcedente. Sin que esta determinación constituya cosa juzgada sobre el acto omisivo reclamado; por tanto, si una vez transcurrido el plazo de referencia, el promovente estima que la autoridad responsable continúa con dicha omisión, hágase del conocimiento a la parte quejosa que tiene a salvo sus derechos para promover un nuevo juicio de amparo, en atención a que la omisión en que incurre la autoridad es de tracto sucesivo. Lo anterior, para que este juzgador esté en aptitud de determinar la actualización del caso de excepción establecido en la jurisprudencia 48/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, esto es, que en el caso existe una abierta dilación del procedimiento. Así las cosas, al advertirse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en las fracciones XII y XXIII, en relación con los diversos 1°, 5 fracciones I y II de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso 113 del propio ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, por así haberlo solicitado expresamente, y como su autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese por estrados.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · 7,641 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano