Marcos Teran Corona

Expediente 608/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
608/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
22/09/2021

Partes del expediente

  • Marcos Teran Corona

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que establece artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto en el que se desechó la demanda de amparo relativa al presente asunto, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos décimo octavo, fracción I, inciso a), y vigésimo, fracción II, inciso a), ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse desechado la demanda relativa al presente asunto, es susceptible de destrucción, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso d), del referido Acuerdo General; estableciéndose como fecha probable para tal efecto veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese. Así, lo acordó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.

  2. Principal

    en virtud de que la parte quejosa no compareció a notificarse personalmente del auto de veintiséis de agosto del año en curso, se notifica por medio de lista el referido proveído que en lo conducente se cita: Tijuana, Baja California, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Marcos Terán Corona, contra actos del Juez Sexto de lo Civil de Primera Instancia de este Partido Judicial de Tijuana, y otra autoridad, por considerar que se vulneran en su perjuicio el derecho fundamental contenido en el artículo 14 Constitucionales; fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 608/2021-G. Desechamiento. Ahora bien, previamente a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por los artículos 112 y 113, ambos de la Ley de Amparo, debe analizarse si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Asentado lo anterior, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda; sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es; es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor literal siguiente: Con relación a la interpretación que debe darse a los conceptos "manifiesto" e indudable" a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que lo indudable se traduce que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, con lo expresado, cobra aplicación en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA De igual forma es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro siguiente DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Así, al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa se aprecia que los actos aquí reclamados son los siguientes Acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 227/2021, relativo a los medios preparatorios a juicio sumario de desahucio. Ilegal emplazamiento a los medios preparatorios a juicio sumario de desahucio, identificado con el expediente número 227/2021. La celebración de la información testimonial de dos de julio de dos mil veintiuno. Proveído de cinco de julio de dos mil veintiuno, en el cual se negó la admisión del incidente de nulidad de actuaciones. Tal precisión se hace de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, conforme lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DEAMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD ; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo, toda vez que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. Desechamiento por extemporaneidad. En la especie, el suscrito considera que en relación a los actos reclamados identificados con los incisos a), b) y c), se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo y los diversos 17, fracción I, y 18 del propio ordenamiento establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor De los preceptos transcritos, se desprende en primer término, que dicho acto reclamado está consentido tácitamente porque contra éste no se promovió el juicio de amparo dentro de los términos que señala la ley de la materia. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, del Tomo XI, junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 216152, que dice. De los anteriores enunciados normativos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Como plazo genérico para la promoción del juicio de amparo, el legislador federal estatuyó quince días, el cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En relación con esta última prescripción normativa, es factible traer a contexto la interpretación que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del artículo 21 de la derogada Ley de Amparo -cuyos términos contextuales son similares y, por ende, su aplicación es factible de conformidad con el artículo sexto transitorio-; en el que se consideró que se establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución. c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Ahora, cabe reiterar que los referidos actos reclamados consistentes en el acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, pronunciado por el Juez Sexto de lo Civil, así como del emplazamiento a los medios preparatorios a juicio sumario de desahucio, ambos emitidos en el expediente número 227/2021, fueron conocidos por el promovente, quien así lo refiere bajo formal protesta de decir verdad, el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, lo que además acredita con el original de la cédula de notificación respectiva. Por su parte, el diverso acto reclamado consistente en la celebración de la audiencia testimonial de dos de julio de dos mil veintiuno, dentro del expediente 227/2021, el quejoso tuvo conocimiento desde esa misma fecha (dos de julio pasado), pues así lo refirió bajo protesta de decir verdad, aunado a que en esa misma fecha, presentó en la oficialía de partes un escrito mediante el cual solicitó el incidente de nulidad de notificaciones, respecto del cual anexó el acuse respectivo. Atento a lo anterior, es pertinente destacar que conforme al artículo 129, del Código Federal de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, se obtiene que las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado. En esa medida, el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa promoviera juicio de amparo contra los actos mencionados en los incisos a) y b) reclamados en el presente juicio, transcurrió del uno de julio de dos mil veintiuno al veintiuno de julio de dos mil veintiuno; descontando los días inhábiles, tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho, todos del mes de julio del año en curso, y respecto del señalado en el inciso c), del cinco de julio de dos mil veintiuno al veintitrés de julio de dos mil veintiuno; descontando los días inhábiles, diez, once, diecisiete y dieciocho, todos del mes de julio del año en curso. Por tanto, si la demanda que dio origen al sumario constitucional en que se actúa, se presentó hasta el veinticuatro de agosto de la presente anualidad, es evidente que transcurrió el término de quince días hábiles con que contaba el promovente de conformidad con el artículo 17, fracción I, de la ley de Amparo, para interponer la demanda de amparo tratándose de asuntos de esta naturaleza, sin que así lo hubiera hecho dentro de dicha temporalidad, de ahí que su promoción sea considerada extemporánea. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, del Tomo XI, junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 216152, que dice. En razón de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61, y los diversos 17, fracción I, y 18 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la legislación de la materia, procede desechar la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia, en virtud de que aun substanciándose el juicio de amparo, no podría arribarse a determinación diversa. Desechamiento por principio de definitividad. En la especie, el suscrito considera que en relación al acto reclamado identificado con el inciso d), se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones. El precepto legal en cita, en lo conducente establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" La fracción transcrita pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocadas o modificadas, que deben ser satisfechos antes de la promoción del juicio de amparo, deviniendo éste improcedente y precisamente dicha hipótesis se actualiza en el presente asunto. De lo anterior se advierte que para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro siguiente: También robustece lo anterior, la tesis cuyo rubro es: En ese sentido, cabe precisar que los artículos 670, 671 y 674 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, en su orden, disponen: Articulo 670.- Los autos que no fueren apelables y los Decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles. Articulo 671.- La revocación debe pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación, de la resolución que se impone, mismos que serán improrrogables, dándose vista a las demás partes por un tiempo igual y transcurrido dicho termino, el Juez deberá resolver pronunciándose dentro del tercer día. Esta resolución no admite más recurso que el de la responsabilidad. "ARTICULO 674.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I.- Las sentencias definitivas en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables; II.- Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la Ley no se otorgue a las partes el recurso o la sentencia definitiva no fuere apelable; III.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este código y también lo fuera la sentencia definitiva,y IV.- Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo Juez o se levante por éste. Así, de conformidad con el artículo 670 del precepto legal antes invocado, el recurso de revocación procede cuando los autos no fueren apelables, pueden ser revocados por el Juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Por ello, en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues la parte quejosa atribuye el auto de cinco de julio de dos mil veintiuno al Juez Sexto de lo Civil de esta ciudad, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes relacionados. El segundo de los requisitos también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido del artículo 670, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, del que se advierte la procedencia de un recurso que puede hacer valer el promovente en el procedimiento de origen, como lo es el recurso de revocación. En este orden de ideas, si el ordenamiento citado señala expresamente en el numeral precisado, la procedencia del recurso de revocación para combatir el auto aludido, resulta evidente la procedencia de ese medio de impugnación. En relación con el tercer requisito, también se encuentra satisfecho, ya que la tramitación del aludido recurso debe hacerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. La cuarta de las hipótesis relacionadas también se actualiza, en virtud que el auto de cinco de julio de dos mil veintiuno puede ser revocado o modificado, a través del recurso de revocación. De ahí que, contra el acto combatido, proceda el recurso de revocación. No obsta para lo referido, que el procedimiento natural sea para preparar un juicio sumario de desahucio, porque aun en tal caso el medio de impugnación procede, en atención a que en lo que respecta a los medios preparatorios. Al respecto se cita, sólo en la idea jurídica y sustancialmente conducente, la jurisprudencia PC.I.C.J/79 C (10a), de rubro: Conforme a lo expuesto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues el auto de cinco de julio de dos mil veintiuno, en el cual el juez responsable determinó desechar el incidente de nulidad de notificación promovido por el quejoso, es impugnable a través del recurso de revocación previsto en el artículo 670, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California; de ahí que se advierte la procedencia de un medio de defensa ordinario que puede hacer valer la persona jurídica quejosa en el procedimiento de origen. En tal razón, previo a promover el juicio de amparo indirecto contra el acuerdo mencionado, la parte quejosa debió interponer el citado recurso ordinario que la ley procesal civil prevé para controvertirlo, a fin de agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Bajo esa óptica, de conformidad con el principio de impugnación que rige todo proceso, es de concluirse que el acto del cual se duele el quejoso admite la posibilidad de ser combatido mediante el recurso de revocación de acuerdo con los dispositivos referidos, de ahí que no se cumplió con el principio de definitividad que exige la ley de la materia para la procedencia del juicio de amparo. Por ende, la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que, si en contra del acto de autoridad existe algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción. Resta señalar que el acto reclamado no se encuentra dentro de las causas de excepción para no agotar los medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional, porque no se trata de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; menos el amparo lo instó una persona extraña al procedimiento; tampoco el acto reclamado se contrae al auto de vinculación a proceso; y, finalmente, el citado recurso o medio de defensa no está sujeto a interpretación adicional para recurrirlo o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: Por tanto, se colige que el acto reclamado consiste en el acuerdo de cinco de julio de dos mil veintiuno dictado por el Juez Sexto de lo Civil de esta ciudad, en el expediente 2272021, en el cual determinó desechar el incidente de nulidad de notificaciones, promovido por la parte quejosa, puede ser impugnado mediante el recurso de revocación, previsto en la codificación mencionada, lo cual se traduce en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, resulta inconcuso que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada. Sirve de apoyo por analogía la jurisprudencia de título siguiente: Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la presente demanda promovida por Marcos Teran Corona, atento a lo que establece el diverso 113 del ordenamiento indicado. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional, ello en términos de la fracción II, del artículo 6, del multicitado Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Domicilio y autorizados. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que al consultar el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, se obtuvo que Yesenia Guzmán Montes, Ricardo Rodíguez Burgoa, Evelin Castillo Velueta y Nayeli Melissa Ramírez Gallegos, no cuentan con cédula profesional que los faculte para ejercer la licenciatura en derecho registrada en el referido sistema; por tanto, únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, hasta en tanto registren su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, y previa insistencia de su parte se proveerá lo conducente; asimismo téngase como domicilio procesal el señalado en el libelo que se atiende. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 282 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, por su contenido la jurisprudencia 1./J. 82/2019 (10 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos del artículo 31 de la en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales en todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo, y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos, asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano jurisdiccional deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este Juzgado sin digitalizarse.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Marcos Terán Corona, contra actos del Juez Sexto de lo Civil de Primera Instancia de este Partido Judicial de Tijuana, y otra autoridad, por considerar que se vulneran en su perjuicio el derecho fundamental contenido en el artículo 14 Constitucionales; fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 608/2021-G. Desechamiento. Ahora bien, previamente a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por los artículos 112 y 113, ambos de la Ley de Amparo, debe analizarse si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Asentado lo anterior, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda; sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es; es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor literal siguiente: Con relación a la interpretación que debe darse a los conceptos "manifiesto" e indudable" a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que lo indudable se traduce que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, con lo expresado, cobra aplicación en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA De igual forma es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro siguiente DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Así, al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa se aprecia que los actos aquí reclamados son los siguientes Acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 227/2021, relativo a los medios preparatorios a juicio sumario de desahucio. Ilegal emplazamiento a los medios preparatorios a juicio sumario de desahucio, identificado con el expediente número 227/2021. La celebración de la información testimonial de dos de julio de dos mil veintiuno. Proveído de cinco de julio de dos mil veintiuno, en el cual se negó la admisión del incidente de nulidad de actuaciones. Tal precisión se hace de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, conforme lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DEAMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD ; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo, toda vez que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. Desechamiento por extemporaneidad. En la especie, el suscrito considera que en relación a los actos reclamados identificados con los incisos a), b) y c), se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo y los diversos 17, fracción I, y 18 del propio ordenamiento establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor De los preceptos transcritos, se desprende en primer término, que dicho acto reclamado está consentido tácitamente porque contra éste no se promovió el juicio de amparo dentro de los términos que señala la ley de la materia. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, del Tomo XI, junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 216152, que dice. De los anteriores enunciados normativos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Como plazo genérico para la promoción del juicio de amparo, el legislador federal estatuyó quince días, el cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En relación con esta última prescripción normativa, es factible traer a contexto la interpretación que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del artículo 21 de la derogada Ley de Amparo -cuyos términos contextuales son similares y, por ende, su aplicación es factible de conformidad con el artículo sexto transitorio-; en el que se consideró que se establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución. c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Ahora, cabe reiterar que los referidos actos reclamados consistentes en el acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, pronunciado por el Juez Sexto de lo Civil, así como del emplazamiento a los medios preparatorios a juicio sumario de desahucio, ambos emitidos en el expediente número 227/2021, fueron conocidos por el promovente, quien así lo refiere bajo formal protesta de decir verdad, el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, lo que además acredita con el original de la cédula de notificación respectiva. Por su parte, el diverso acto reclamado consistente en la celebración de la audiencia testimonial de dos de julio de dos mil veintiuno, dentro del expediente 227/2021, el quejoso tuvo conocimiento desde esa misma fecha (dos de julio pasado), pues así lo refirió bajo protesta de decir verdad, aunado a que en esa misma fecha, presentó en la oficialía de partes un escrito mediante el cual solicitó el incidente de nulidad de notificaciones, respecto del cual anexó el acuse respectivo. Atento a lo anterior, es pertinente destacar que conforme al artículo 129, del Código Federal de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, se obtiene que las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado. En esa medida, el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa promoviera juicio de amparo contra los actos mencionados en los incisos a) y b) reclamados en el presente juicio, transcurrió del uno de julio de dos mil veintiuno al veintiuno de julio de dos mil veintiuno; descontando los días inhábiles, tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho, todos del mes de julio del año en curso, y respecto del señalado en el inciso c), del cinco de julio de dos mil veintiuno al veintitrés de julio de dos mil veintiuno; descontando los días inhábiles, diez, once, diecisiete y dieciocho, todos del mes de julio del año en curso. Por tanto, si la demanda que dio origen al sumario constitucional en que se actúa, se presentó hasta el veinticuatro de agosto de la presente anualidad, es evidente que transcurrió el término de quince días hábiles con que contaba el promovente de conformidad con el artículo 17, fracción I, de la ley de Amparo, para interponer la demanda de amparo tratándose de asuntos de esta naturaleza, sin que así lo hubiera hecho dentro de dicha temporalidad, de ahí que su promoción sea considerada extemporánea. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, del Tomo XI, junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 216152, que dice. En razón de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61, y los diversos 17, fracción I, y 18 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la legislación de la materia, procede desechar la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia, en virtud de que aun substanciándose el juicio de amparo, no podría arribarse a determinación diversa. Desechamiento por principio de definitividad. En la especie, el suscrito considera que en relación al acto reclamado identificado con el inciso d), se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones. El precepto legal en cita, en lo conducente establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" La fracción transcrita pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocadas o modificadas, que deben ser satisfechos antes de la promoción del juicio de amparo, deviniendo éste improcedente y precisamente dicha hipótesis se actualiza en el presente asunto. De lo anterior se advierte que para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro siguiente: También robustece lo anterior, la tesis cuyo rubro es: En ese sentido, cabe precisar que los artículos 670, 671 y 674 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, en su orden, disponen: Articulo 670.- Los autos que no fueren apelables y los Decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles. Articulo 671.- La revocación debe pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación, de la resolución que se impone, mismos que serán improrrogables, dándose vista a las demás partes por un tiempo igual y transcurrido dicho termino, el Juez deberá resolver pronunciándose dentro del tercer día. Esta resolución no admite más recurso que el de la responsabilidad. "ARTICULO 674.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I.- Las sentencias definitivas en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables; II.- Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la Ley no se otorgue a las partes el recurso o la sentencia definitiva no fuere apelable; III.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este código y también lo fuera la sentencia definitiva,y IV.- Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo Juez o se levante por éste. Así, de conformidad con el artículo 670 del precepto legal antes invocado, el recurso de revocación procede cuando los autos no fueren apelables, pueden ser revocados por el Juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Por ello, en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues la parte quejosa atribuye el auto de cinco de julio de dos mil veintiuno al Juez Sexto de lo Civil de esta ciudad, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes relacionados. El segundo de los requisitos también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido del artículo 670, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, del que se advierte la procedencia de un recurso que puede hacer valer el promovente en el procedimiento de origen, como lo es el recurso de revocación. En este orden de ideas, si el ordenamiento citado señala expresamente en el numeral precisado, la procedencia del recurso de revocación para combatir el auto aludido, resulta evidente la procedencia de ese medio de impugnación. En relación con el tercer requisito, también se encuentra satisfecho, ya que la tramitación del aludido recurso debe hacerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. La cuarta de las hipótesis relacionadas también se actualiza, en virtud que el auto de cinco de julio de dos mil veintiuno puede ser revocado o modificado, a través del recurso de revocación. De ahí que, contra el acto combatido, proceda el recurso de revocación. No obsta para lo referido, que el procedimiento natural sea para preparar un juicio sumario de desahucio, porque aun en tal caso el medio de impugnación procede, en atención a que en lo que respecta a los medios preparatorios. Al respecto se cita, sólo en la idea jurídica y sustancialmente conducente, la jurisprudencia PC.I.C.J/79 C (10a), de rubro: Conforme a lo expuesto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues el auto de cinco de julio de dos mil veintiuno, en el cual el juez responsable determinó desechar el incidente de nulidad de notificación promovido por el quejoso, es impugnable a través del recurso de revocación previsto en el artículo 670, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California; de ahí que se advierte la procedencia de un medio de defensa ordinario que puede hacer valer la persona jurídica quejosa en el procedimiento de origen. En tal razón, previo a promover el juicio de amparo indirecto contra el acuerdo mencionado, la parte quejosa debió interponer el citado recurso ordinario que la ley procesal civil prevé para controvertirlo, a fin de agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Bajo esa óptica, de conformidad con el principio de impugnación que rige todo proceso, es de concluirse que el acto del cual se duele el quejoso admite la posibilidad de ser combatido mediante el recurso de revocación de acuerdo con los dispositivos referidos, de ahí que no se cumplió con el principio de definitividad que exige la ley de la materia para la procedencia del juicio de amparo. Por ende, la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que, si en contra del acto de autoridad existe algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción. Resta señalar que el acto reclamado no se encuentra dentro de las causas de excepción para no agotar los medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional, porque no se trata de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; menos el amparo lo instó una persona extraña al procedimiento; tampoco el acto reclamado se contrae al auto de vinculación a proceso; y, finalmente, el citado recurso o medio de defensa no está sujeto a interpretación adicional para recurrirlo o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: Por tanto, se colige que el acto reclamado consiste en el acuerdo de cinco de julio de dos mil veintiuno dictado por el Juez Sexto de lo Civil de esta ciudad, en el expediente 2272021, en el cual determinó desechar el incidente de nulidad de notificaciones, promovido por la parte quejosa, puede ser impugnado mediante el recurso de revocación, previsto en la codificación mencionada, lo cual se traduce en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, resulta inconcuso que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada. Sirve de apoyo por analogía la jurisprudencia de título siguiente: Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la presente demanda promovida por Marcos Teran Corona, atento a lo que establece el diverso 113 del ordenamiento indicado. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional, ello en términos de la fracción II, del artículo 6, del multicitado Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Domicilio y autorizados. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que al consultar el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, se obtuvo que Yesenia Guzmán Montes, Ricardo Rodíguez Burgoa, Evelin Castillo Velueta y Nayeli Melissa Ramírez Gallegos, no cuentan con cédula profesional que los faculte para ejercer la licenciatura en derecho registrada en el referido sistema; por tanto, únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, hasta en tanto registren su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, y previa insistencia de su parte se proveerá lo conducente; asimismo téngase como domicilio procesal el señalado en el libelo que se atiende. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 282 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, por su contenido la jurisprudencia 1./J. 82/2019 (10 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos del artículo 31 de la en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales en todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo, y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos, asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano jurisdiccional deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este Juzgado sin digitalizarse. Notifíquese personalmente a Marcos Terán Corona.

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