Marcos Scott Bravo

Expediente 151/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
151/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
13/09/2021

Partes del expediente

  • Marcos Scott Bravo
  • Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, Con Sede En Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual remite inserta la ejecutoria de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, emitida dentro del recurso de queja 131/2021, así como los autos originales del presente sumario constitucional 151/2021 en un tomo. Ahora bien, de lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado, se aprecia que, declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el quejoso ********************, en contra del auto de ********************, mediante el cual, se desechó la demanda de garantías; por consiguiente, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno relativo, acúsese el recibo de estilo a la autoridad oficiante. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 214 de la legislación en comento, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica, como se dijo, en el inciso d) del arábigo 21 del citado acuerdo general, pues se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en la circular SECNO/10/2021 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. El levantamiento de la suspensión implica que se debe continuar el trámite del presente asunto, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque con los siguientes ajustes: 1.1. Comunicación a las partes. De conformidad con las circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se determinó el regreso al esquema de contingencia del artículo 1 del Acuerdo General 13/2020 a partir del uno al nueve de febrero y del diez al quince de febrero de dos mil veintiuno, respectivamente, se suspendieron los plazos en esas fechas y en base a la circular SECNO/10/2021 en que se ordenó de nueva cuenta la aplicación del Acuerdo General 21/2020 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. 1.2. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.2.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 1.2.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.2.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, la secretaria o el secretario encargado de la tramitación del asunto brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario de las 8:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes. Los datos de contacto de la secretaria o el secretario encargado del asunto serán proporcionados en las instalaciones del juzgado, previa cita para acudir que haga el interesado. 1.2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes de este órgano judicial, la promoción u oficio, de lunes a viernes, de las 8:30 a las 14:30 horas. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 1.2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada de este juzgado para su consulta por los interesados. 1.2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.3. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2. ESTADO PROCESAL. Este expediente se encuentra concluido, toda vez que, mediante sentencia pronunciada el quince de mayo de dos mil veinte, se sobreseyó en el sumario constitucional en que se actúa. No obstante, a la fecha no ha causado ejecutoria dicha resolución. Ahora bien, como se advierte que la notificación de dicha resolución de mérito, se practicó la misma mediante lista a la parte quejosa el veintiocho de julio de dos mil veinte, es decir, antes de que se ordenara la reanudación de los términos y plazos procesales en el presente juicio; por tanto, se comisiona al actuario judicial de la adscripción a fin de que notifique de nueva cuenta al promovente del amparo la sentencia de que se trata. Lo anterior, en la inteligencia de que deberá realizarlo mediante lista, por así estar establecido en proveído de seis de diciembre de dos mil diecinueve. 3. LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN PARA ACTUARIOS EN MATERIA DE NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 3.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede); lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 3.2. Excepcionalmente, las notificaciones se harán de forma personal, cuando así se ordene en la resolución respectiva. 3.3. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 1jdo24ctoaj@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 4. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 5. NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE REANUDACIÓN. Este acuerdo deberá ser notificado en los términos siguientes: 5.1. Por oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas. 5.2. Por lista a la parte quejosa que se publica en los estrados de este juzgado. Notifíquese en los términos indicados.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el escrito recibido vía electrónica, signado por el quejoso ***y anexo que acompaña, consistente en la evidencia criptográfica del archivo magnético del libelo en cuestión, a través del cual desahoga la prevención efectuada en proveído de ocho de febrero de la presente anualidad, y al respecto, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el acto que reclama consiste en el acuerdo de veinte de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual, la autoridad responsable determinó dar cumplimiento a lo ordenado en el proveído de veintinueve de enero de dos mil veinte, relativo al recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, contra la sentencia definitiva dictada el diez de enero de dos mil veinte, en el expediente mercantil 291/2010 y ordenó remitir los autos originales al Tribunal Superior de Justicia para el Estado de Nayarit, para la substanciación de dicho medio de impugnación; en consecuencia, se tiene por desahogada la prevención de mérito; por lo que, provéase lo que en derecho corresponda. Ahora bien, del análisis integral de dicha demanda, este órgano jurisdiccional advierte que es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia; y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. A ese respecto, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito, de su aclaración o ampliación cuando haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII de los numerales 61 y 62 de la ley de la materia, en correlación con el dispositivo 107, fracción V, éste último aplicado en sentido contrario, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; .". De los preceptos transcritos se infiere, que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V de la ley en comento), es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. En otras palabras, que la afectación que sufra el gobernado o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; de modo que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad; esto es, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al resolverse en definitiva el procedimiento de donde emana, o eventualmente, mediante la promoción del juicio de amparo directo. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 24/92, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, agosto mil novecientos noventa y dos, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Además, la Tesis número II.1o.C.T.9 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de Segundo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y ocho, Tomo II, Diciembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN; QUÉ DEBE CONSIDERARSE COMO, EN EL JUICIO DE AMPARO. Por actos de imposible reparación, se deben considerar aquellos cuyas consecuencias, sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, cuyos efectos no puedan repararse en el juicio del que dimanan tales actos, aunque se obtenga sentencia definitiva favorable, así como que sus efectos sean ciertos, inmediatos e independientes de cualquier otro evento; y que no puedan ser modificados por actuación posterior alguna, dada en el trámite y resolución del juicio.". Cobra aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 3a./J.43 29/89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página doscientos noventa y uno, Tomo IV, primera parte, Julio a Diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo.". Una vez establecido lo anterior, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, el acuerdo de veinte de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual, la responsable determinó dar cumplimiento a lo ordenado el veintinueve de enero de dos mil veinte, relativo al recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, contra la sentencia definitiva dictada el diez de enero de dos mil veinte, en el expediente mercantil 291/2010 y ordenó remitir los autos originales al Tribunal Superior de Justicia para el Estado de Nayarit, para la substanciación de dicho medio de impugnación; considerando que con lo anterior, se transgreden en su perjuicio las prerrogativas reconocidas en los dispositivos 1, 16 y 17 Constitucionales. Sin embargo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, en razón de que el acto materia de reclamo en la presente instancia constitucional, el cual ha quedado precisado con antelación, no es de imposible reparación en perjuicio de la parte quejosa, por lo que no se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo indirecto, contenida en los preceptos previamente invocados; lo anterior es así, pues el acto reclamado únicamente produce efectos intraprocesales dentro del expediente de mérito y puede ser reparado si la parte quejosa obtiene resolución favorable, en el cual no se ven afectados derechos sustantivos; máxime que la admisión del recurso de apelación interpuesto, no implica necesariamente que el fallo emitido en segunda instancia deba ser contrario al interés del solicitante de la protección constitucional. En consecuencia, aun cuando la determinación reclamada pudiera acarrear una violación de carácter formal o procesal, la misma en sí no puede considerarse como una violación que afecte de forma irreparable al promovente, porque lo único que conlleva es la tramitación del medio de impugnación interpuesto y ello no implica necesariamente que lo que resuelva en definitiva el tribunal de alzada respecto a dicho sumario deba ser contrario al interés del solicitante de la protección constitucional. Es decir, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable; de modo que, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, esto es, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado, sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al resolverse en definitiva el procedimiento de donde emana. Máxime que no se advierte que el acto reclamado afecte derechos sustantivos, entendidos como aquellos que por sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustenta lo anterior, a contrario sensu, la Jurisprudencia I.11o.C. J/14, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, materia común, publicada en la página 1283, tomo XXVIII, de noviembre de 2008, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que refiere: "VIOLACIONES PROCESALES. NO PROCEDE SU ANÁLISIS EN EL AMPARO DIRECTO CUANDO NO AFECTAN LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO NI TRASCIENDEN AL RESULTADO DEL FALLO. Conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República y 158 de la Ley de Amparo, para que las violaciones a las leyes del procedimiento puedan impugnarse en amparo directo es necesario que se reúnan los siguientes requisitos: a) que afecten las defensas del quejoso; y, b) que trasciendan al resultado del fallo; por tanto, si la violación procesal impugnada se hace consistir en la admisión de pruebas de la contraparte del quejoso, y el sentido de la sentencia de primer grado no se apoyó en esas probanzas, es evidente que tal violación no afectó las defensas del quejoso ni trascendió al resultado de dicho fallo y, por consiguiente, es de concluirse que no procede su análisis en el amparo directo respectivo." Por consiguiente, al no encontrarse satisfecho el requisito que el dispositivo 107, fracción V, de la ley en comento, exige para que sea procedente el juicio de amparo en contra de los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, es indudable que, en el caso, se actualiza el motivo de improcedencia en estudio; y en esas condiciones SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Marcos Scott Bravo, por su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el precepto 113 de la Ley de Amparo, en relación al acto reclamado. Por otra parte, como lo solicita el promovente, con sustento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, atendiendo al precepto 3° de la Ley de la materia, se autorizan las notificaciones vía electrónica a la parte quejosa con el nombre de usuario "alba93", ello, en virtud de que tal y como lo establece el precepto de previa mención, el Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitió los acuerdos generales que consideró necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la firma electrónica, que al día de hoy, se encuentra funcionando. Finalmente, respecto al correo electrónico gut-mir@hotmail.com que indica el promovente, en términos del artículo 2, fracción XIX del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de salud pública derivado del virus COVID-19, téngase dicho correo electrónico únicamente para que, de ser necesario, se establezca contacto con el mencionado quejoso. Sin que se tenga como tal los usuarios y correo electrónico que proporciona del tercero interesado pues dicha parte procesal no los ofreció. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo signado electrónicamente por ****, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 151/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora bien, analizada la demanda, se hace necesario requerir al promovente, de conformidad con los artículos 112 y 114, fracción I, II y IV, de la Ley de Amparo en Vigor, para que dentro del término de CINCO DÍAS siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado numeral 114 de la Ley de la Materia aplicable, bajo protesta de decir verdad, cumpla con la siguiente prevención: Precise claramente cuál es el acto reclamado. Lo anterior es así, pues del capítulo relativo al acto que se reclama a la autoridad responsable, señala como tal, el acuerdo de veinte de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual determinó dar cumplimiento a lo ordenado en veintinueve de enero de dos mil veinte, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada el diez de enero de dos mil veinte, en el expediente mercantil 291/2010 y se ordenó remitir los autos originales al Tribunal Superior de Justicia para el Estado de Nayarit, para la substanciación de dicho medio de impugnación; mientras que en el punto número cinco del capítulo de antecedentes, refiere que con fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno, presentó ante la responsable un escrito, mismo que hasta el día miércoles tres del mes y año en curso, no había sido acordado, pues indica que de conformidad con el artículo 1066 del Código de Comercio, la responsable cuenta con veinticuatro horas para dar cuenta con el mismo. De ahí que existe incertidumbre respecto del o los actos que reclama. Es aplicable a lo anterior, por analogía la tesis XX.57 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, página 871, Marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, cuyo rubro y texto, señalan: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda". En esas condiciones, se hace del conocimiento de la parte quejosa que es él quien debe dar cumplimiento a la prevención formulada en párrafos que anteceden en razón de que ésta debe ser cumplida por el propio quejoso, ya que es éste quien, bajo protesta de decir verdad, debe manifestar los hechos, abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación, pues constituye un acto personalísimo que solo puede realizar quienes promueven el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". Hágase saber al peticionario de garantías que el escrito aclaratorio de la demanda de amparo se debe presentar con las copias necesarias que señala el ordinal 110 de la ley de la materia, a fin de distribuirlas entre las partes. Sustenta lo anterior por identidad jurídica, la Jurisprudencia por contradicción tesis número 9/2000, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página setenta y nueve, Tomo XIII, abril de dos mil uno, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo.". Se apercibe al promovente, que en caso de no acatar lo establecido en el presente proveído, dentro del término concedido, se tendrá por no presentada la demanda en términos del precepto 114 de la legislación en comento. Asimismo, apercíbase al peticionario de amparo, que en caso de que afirme hechos falsos u omita los que les consten en relación al amparo que se provee, se procederá de conformidad con lo establecido en el numeral 261, del ordenamiento legal invocado, que a la letra establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y.". Luego, en términos del artículo 22 y 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte promovente para que procure la continuación del presente expediente en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente. En tanto tramite u obtenga cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, debe proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. También podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico del juzgado. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda. d) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes de este órgano judicial, la promoción u oficio, de lunes a viernes, de las 8:30 a las 14:30 horas. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. Se apercibe que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. Lo anterior, con la finalidad de cumplir con las medidas de distanciamiento social y coadyuvar a frenar la propagación del COVID-19. LUGAR PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, se tiene autorizada en términos amplios del artículo 12 de la ley de Amparo a Alba Itzell Reyes Ruiz, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mientras que únicamente en términos restringidos del citado numeral a Claudia Mercedes Miramontes Rodríguez, en virtud de que no cuenta con dicho requisito. CONSULTA ELECTRÓNICA. Por otro lado, el promovente solicita que se le autorice la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo y para tal efecto manifiesta que cuenta con nombre de usuario "alba93"; en consecuencia, de conformidad con el ordinal 3°, parte final del párrafo octavo de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica del presente expediente, ello, en virtud de que tal y como lo establece el precepto de previa mención, el Consejo de la Judicatura antes citado, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitió los acuerdos generales que consideró necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la firma electrónica, que al día de hoy, se encuentra funcionando. NOTIFICACIÓN A LA QUEJOSA. Por otro lado, toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, sino que se concretó a señalar que tiene su domicilio conocido en Playa Sayulita, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, datos que resultan insuficientes para su ubicación; consecuentemente, con base en lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el precepto 29 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, los estrados de este Juzgado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En obvio de mayores dilaciones, desde este momento se habilitan días y horas, para practicar las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, siempre y cuando exista imposibilidad de practicarlas en días y horas hábiles, de conformidad con el numeral 21 de la ley de la materia. LEY DE TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el precepto 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que pueden manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. NOTIFÍQUESE.

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