Marcos Romero Cruz
Expediente 506/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 506/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Marcos Romero Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de la Secretaria, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la sentencia ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal. Por ello, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en términos de lo dispuesto en el capítulo 7.1.1. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el Artículo 18 del citado Acuerdo General y atendiendo al Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal en su capítulo 7, se concedió la suspensión provisional y definitiva, el cuaderno incidental original es depurable dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el último considerando de la interlocutoria de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MES "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 506/2021; (...) C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el ordinal 74, fracción I, de la ley de la materia, dada la obligatoriedad del juez de amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte agraviada y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el asunto. De una lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama el segundo acto de aplicación de los artículos 6º, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, expedida el 28 de enero de 2012 y publicada mediante decreto 885 en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir sus informes justificados el Director General de la Oficina de Pensiones y el Apoderado Legal del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, aceptaron la existencia de los actos reclamados. TERCERO.- Estudio de las causales de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión planteada, procede analizar si en la especie existe causal de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Sobre el tema del interés jurídico y legítimo en el Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis del rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente".(Tesis: 2a. LXXX/2013, Página 1854, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala Décima Época). Los artículos y jurisprudencias transcritos, revelan que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto u omisión de autoridad o por la aplicación de una ley. Para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que al ser transgredido por la actuación de una autoridad o por la Ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés legítimo, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo; debiendo destacarse que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona, merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca, es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos, a través de una o varias de sus normas. Es decir, la génesis de la acción constitucional presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento legal, cuyo derecho constituye el interés legítimo que, entre los intereses que pueden concurrir en un gobernado, para que sea legítimo se necesita que se transgreda un interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva y por consiguiente, legalmente protegido, precisa estar reconocido y amparado por la norma legal de tal manera que cuando con los actos de autoridad se afecte ese derecho, irrogue agravio real, PERSONAL, DIRECTO y ACTUAL, en su esfera jurídica, que resiente una lesión o un perjuicio en el derecho del que es titular y que resulta conculcado. En el caso, la parte quejosa reclama el segundo acto de aplicación de los artículos 6º, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio de la Ley de pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, ya declarados inconvencionales e inconstitucionales por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con motivo del Oficio OP/DG/330/2021 del siete de abril de dos mil veintiuno; de modo que al existir un criterio jurisprudencial mediante el cual se declara la inconstitucionalidad de los citados preceptos, estos deben dejar de aplicarse por vulnerar los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. Sin embargo, de las constancias existentes en autos se advierte que el Oficio OP/DG/330/2021 del siete de abril de dos mil veintiuno, está sujeto a una condición suspensiva para que surta sus efectos, pues en la parte final del citado oficio se establece lo siguiente: "SEXTO.- Se le concede un plazo de 60 días hábiles contados a partir de la fecha de su notificación, para que el promovente exhiba ante la Unidad de Administración y Finanzas de los Fondos de Pensiones de la Ofician de Pensiones, los documentos exigidos por el artículo 49 del Reglamento de Operación de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, en caso de no hacerlo, el presente acuerdo quedará sin efecto." Lo resaltado no es de origen. Lo cual revela que el quejoso cuenta con sesenta días hábiles contados a partir del siete de mayo de dos mil veintiuno, fecha en que se le notificó el citado oficio, tal como lo refiere en su capítulo de hechos de su demanda de amparo, para cumplir con los requisitos establecidos por el Instituto y que su pensión por jubilación comience a surtir efectos y en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo de sesenta días que se le otorga, el acuerdo de siete de abril pasado contenido en el citado oficio quedará sin efecto; en correlación a lo manifestado por el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca al rendir su informe justificado, la parte quejosa no demostró fehacientemente haber cumplido con la condición suspensiva a la que está sujeto el acto reclamado, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento de Operación de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, que a la letra dice: "Artículo 49.- El interesado para recibir pensión por Jubilación.en un término no mayor a sesenta días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo favorable de pensión, deberá presentar ante el Departamento Administrativo de la Oficina de Pensiones los siguientes documentos: I.- Original de la baja laboral u oficio de aceptación de renuncia emitido (a) por el Área Administrativa de la Dependencia en la que laboró; II.- Original de acta de nacimiento de beneficiarios actualizadas; III.- Original para cotejo y 2 fotocopias de comprobante de domicilio reciente; IV.- Copia certificada por el registro civil del acta de matrimonio en caso de ser casado; V.- 4 fotocopias de Credencial de Elector; VI.- 6 fotografías tamaño infantil recientes; y Vll.- 2 fotocopias del último recibo de pago como trabajador activo del Gobierno del Estado o constancia expedida por la autoridad competente." En consecuencia, al no existir oficio por el que se le tenga dando cumplimiento a la parte quejosa de los lineamientos antes citados y como tampoco ofreció recibos de pago correspondientes a su pensión por jubilación que presuman el cumplimiento y aceptación de los mismos por parte de la autoridad responsable, se estima que no quedó demostrada la existencia del primer acto de aplicación, menos el segundo reclamado a las autoridades responsables en esta vía de amparo; en consecuencia tampoco se demostró la afectación de derecho fundamental alguno que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establezca a favor de la aquí quejosa; por lo que carece de interés jurídico para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. No obsta el hecho de que con su demanda de amparo exhiba acuse de recibo de su renuncia por jubilación, en virtud de que del mismo se advierte que ésta surtirá efectos el treinta y uno de mayo del presente año, y como ya se dijo el amparo procede contra los actos de autoridad se afecte su derecho, irrogue agravio real, PERSONAL, DIRECTO y ACTUAL; por tanto, si la demanda de amparo la presentó el diez de mayo de dos mil veintiuno, dicha renuncia no había surtido efectos. Lo anterior, sin perjuicio de que una vez que se actualice la afectación a su interés jurídico, esto es, demuestre haber aceptado la renuncia al puesto que venía desempeñando o bien le realicen el primer descuento, con fundamento en los artículos tildados de inconstitucionales, podrá acudir a esta instancia constitucional. Por tales consideraciones, al no demostrarse la afectación al interés jurídico de la quejosa, en el momento de la presentación de la demanda, lo procedente es SOBRESEER en el juicio de garantías acorde con lo dispuesto en el diverso normativo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Tampoco varia el sentido de esta resolución lo manifestado por el asesor jurídico del quejoso, en contestación a la vista que se le dio con el informe justificado de las autoridades responsables pues, la jurisprudencia que invoca se refiere a los actos futuros e inminentes como descuentos, pero cuanto éstos ya se iniciaron. Es así, porque en el texto de dicha jurisprudencia se advierte: ".Sin embargo, cuando en la demanda de amparo se señalen como actos reclamados los descuentos subsecuentes a los realizados con anterioridad a su presentación o a su ampliación, es jurídicamente posible que los efectos del fallo protector comprendan a dichos descuentos futuros al monto periódico de la misma pensión por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que se reintegren a la quejosa los descuentos señalados como actos reclamados, en los que se incluyen los subsecuentes hasta que se cumplimente la ejecutoria, así como para que ya no se realicen los posteriores descuentos al monto periódico de la misma pensión respecto de la cual se solicite el amparo"; lo que en el caso no sucede en virtud de que ni siquiera está firme el oficio de jubilación que reclama, por ello, este criterio no es aplicable al caso en concreto. CUARTO.- En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 74, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por . SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de esta resolución NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA I ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Visto el escrito del licenciado Miguel Ángel Ramírez Salazar, asesor jurídico federal, adscrito a la Delegación Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública, autorizado legal del quejoso MARCOS ROMERO CRUZ y en atención a su contenido, téngasele por formulados los alegatos que realiza, los cuales serán tomados en consideración al momento de dictar sentencia. NOTIFÍQUESE.
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