Marcos Román Camarillo
Expediente 132/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 132/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 15/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Marcos Román Camarillo
- Décima Octava Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que en proveído dictado el catorce de junio del año en curso en el juicio principal de donde deriva esta incidencia, causó ejecutoria la sentencia de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Destino Conforme el artículo 17 del Acuerdo General citado, se determina que este juicio de amparo es conservable íntegramente; y en su oportunidad, una vez transcurrido el plazo de tres años, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivos y Documental del Consejo de la Judicatura Federal. Anotaciones. Háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese por lista electrónica. "
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación de la secretaria, se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia engrosada el veintinueve de mayo del año en curso (fojas 71 a 82), que negó la protección constitucional a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos a que haya lugar. Archivo, relevancia documental. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Destino Conforme el artículo 17 del Acuerdo General citado, se determina que este juicio de amparo es conservable íntegramente; y en su oportunidad, una vez transcurrido el plazo de tres años, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivos y Documental del Consejo de la Judicatura Federal. Anotaciones. Háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Devolución de constancias Finalmente, toda vez que carece de objeto la permanencia en este Juzgado los anexos que remitió la autoridad responsable (Toca penal 02/2022 y causa penal 09/2020) como pruebas documentales de su parte, devuélvase el mismo; sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo, toda vez que bastará para tal efecto el sello que en la constancia respectiva al efecto se estampe. Notifíquese por lista electrónica."
- Principal
VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 132/2023, promovido por Marcos Román Camarillo; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Marcos Román Camarillo, por propio derecho, mediante escrito presentado en el buzón judicial el quince de febrero de dos mil veintitrés, y turnado en esa misma fecha a este órgano jurisdiccional, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la Décimo Octava Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, respecto del acto reclamado que hizo consistir en: ".la resolución de fecha veintisiete de enero de dos mil veintitrés en el toca penal 02/2022 de la autoridad la Décimo Octava Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y notificada el treinta de enero de la misma anualidad, mediante la cual confirma el auto de formal prisión en contra del quejoso Marcos Román Camarillo". Acto que estimó violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se radicó la demanda con el número 132/2023, se admitió a trámite, se solicitó a la responsable su informe justificado y se dio intervención al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual, se desahogó al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103 fracción I y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado tiene ejecución dentro del territorio donde este Juzgado ejerce jurisdicción, en términos del Acuerdo General 23/2018, y 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de veintisiete de enero de dos mil veintitrés dictada en el toca penal 02/2022 del índice de la Décima Octava Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable la Magistrada Titular de la Décima Octava Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las copias certificadas de las constancias del toca penal 02/2022, y la causa penal 9/2020 del índice del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial del Centro del Estado de Oaxaca, que acompañó la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador incluso de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, toda vez que las partes no las hicieron valer, ni este juzgador advierte de oficio alguna causa de improcedencia, se procede al estudio del asunto. Quinto. Estudio. La parte quejosa señala que el acto reclamado viola el artículo 16 constitucional, porque carece de congruencia, toda vez que los argumentos plasmados en la parte considerativa, no son coincidentes con los resolutivos de la sentencia. Al respecto establece que la autoridad responsable declaró fundados diversos agravios planteados en el recurso de revisión, relativos a la falta de fundamentación de la sentencia, y que al momento de realizar el estudio de la probable responsabilidad penal se habían vulnerado los principios de legalidad y seguridad jurídica; aspectos que señala analizados conforme a los agravios de falta de fundamentación y motivación que plasmó en el recurso de revisión interpuesto en contra del auto de formal prisión de trece de agosto de dos mil veintidós emitido por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro; sin embargo, señala que la autoridad responsable, en los puntos resolutivos, no revocó la determinación, a efecto de que el juez realizara ese análisis, sino confirmó la resolución reclamada. Por tanto, argumenta que el hecho que la Sala responsable dotara de fundamentación y motivación al auto de formal prisión lo deja en estado de indefensión, porque con ello no puede combatir las consideraciones que realizó la autoridad responsable. Los anteriores conceptos de violación son infundados. Antes de realizar el análisis de la resolución reclamada a la luz de los conceptos de violación, resulta conveniente -al tratarse el acto reclamado del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de formal prisión-, precisar que si bien la Sala responsable no se pronunció acerca de las formalidades procedimentales previas al dictado del auto formal prisión, ello no resulta en perjuicio del quejoso, pues del análisis que al efecto realiza este órgano jurisdiccional advierte no se trasgredieron los derechos constitucionales de Marcos Román Camarillo. En efecto, la averiguación previa 39(I)/2016 fue consignada sin detenido y la orden de aprehensión librada contra el quejoso fue cumplimentada a las veintitrés horas con treinta minutos del día siete de agosto de dos mil veintidós. La diligencia de declaración preparatoria se realizó a las once horas con treinta minutos del ocho de agosto de dos mil veintidós, siendo presidida por la titular del juzgado, asistido por la secretaria del juzgado; asimismo, comparecieron la agente del Ministerio Público y el defensor particular, licenciado en derecho, haciéndose constar la presencia del procesado Marcos Román Camarillo. Aunado a ello, en el acta de la diligencia de declaración preparatoria se plasmó que se hicieron del conocimiento del indiciado sus derechos constitucionales y se tomaron los generales del imputado. Luego, se le precisó que el Ministerio Público ejerció acción penal en su contra por el delito de feminicidio en agravio de J.M.S., y en uso de la voz designó como su defensor al licenciado Gerardo Francisco López Thomas quien aceptó y protestó el cargo conferido. Posteriormente, previa comunicación con su abogado se reservó su derecho a declarar; y en uso de la voz el defensor particular solicitó la ampliación del término constitucional, por otras setenta y dos horas. Así, el trece de agosto de dos mil veintidós se resolvió la situación jurídica de Marcos Roman Camarillo, dictándosele auto de formal prisión, por su probable responsabilidad penal en el delito de feminicidio en agravio de J.M.S. previstos en el artículo 411, fracciones II, III, y IV, en relación con los artículos 8°, fracción I, 9° fracción I, 10, fracción I, del Código Penal del Estado de Oaxaca. En la segunda instancia también se observaron las formalidades del procedimiento, ya que el quejoso contó con la asistencia de su defensor particular, quien asistió a la celebración de la audiencia de vista que tuvo verificativo el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós y, luego de sustanciada, mediante fallo pronunciado el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, la magistrada responsable resolvió confirmar el auto de formal prisión dictado a Marcos Román Camarillo, por el delito de feminicidio Por tanto, respecto de la substanciación del procedimiento se observaron las formalidades esenciales en segunda instancia, por lo que no se trasgredió en perjuicio del quejoso el artículo 14 Constitucional. Precisado lo anterior, es necesario aclarar los requisitos constitucionales que debe contener todo acto de autoridad, de conformidad con el artículo 16 constitucional, primer párrafo, que a la letra dice: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Del numeral transcrito se advierte que para emitir un acto que pueda generar una molestia a cualquier gobernado, éste debe constar por escrito, ser dictado por autoridad competente, y que esté fundado y motivado. Esto es, para que la autoridad emita una decisión en el ejercicio de sus funciones, con el objeto de poder realizar un acto de molestia, éste debe constar por escrito, ser dictado dentro del ámbito de su competencia, así como estar fundado y motivado, entendiendo lo primero como la cita del precepto legal en que basa su actuar y la explicación al gobernado de las razones que tiene para pronunciar su determinación en uno u otro sentido. Por otra parte, el que se exija que la conducta de la autoridad conste por escrito asegura que exista constancia de ella, siendo así factible su análisis y confrontación con las normas en que se debe fundar, para determinar así su legalidad y consecuente constitucionalidad. Asimismo, otro de los requisitos en cuestión, indudablemente es el respeto del principio de legalidad que rige dentro de nuestro sistema jurídico, donde las facultades de las autoridades deben reconocerse en una ley, por lo que su conducta se encuentra indefectiblemente subordinada a un ordenamiento de carácter general, abstracto e impersonal. Así, el requisito formal de debida fundamentación y motivación, implica que en todo acto de autoridad ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas, pues por fundamentación se debe entender la cita del precepto o preceptos legales que soportan la emisión de un acto, y la motivación implica adecuar lo establecido en los artículos invocados, al sentido del acto que se emite, lo que debe realizarse a través de la exposición de los razonamientos que conducen a la autoridad a tomar su decisión y respaldarla en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 204, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Ahora, la autoridad responsable al emitir el acto reclamado consideró toralmente lo siguiente: [.] II. Estudio de fondo En términos del artículo 518, del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se procede al ·análisis del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, esto, a efecto de examinar si en la resolución recurrida, se aplicó exactamente la ley, si se violaron los preceptos reguladores de la valorización de la prueba o si se alteraron los hechos, y también para verificar si existen agravios que suplir a favor del inculpado, dado que el recurrente es el defensor de éste. Es cierto que ha quedado acreditado el cuerpo del delito de feminicidio, como lo aduce el juez de primera instancia. Lo anterior, porque como bien dijo el a quo, se tienen indicios al siguiente tenor: 1. La privación de la vida a una mujer; 2. Que esa privación de la vida se realice por razón de género. 1. La privación de la vida a una mujer se encuentra justificado en autos el proceso penal, como bien lo dijo el a quo, con los indicios por él valorados en los términos de los preceptos que citó, esto es, con la diligencia de traslado e identificación ocular en el lugar de intervención y levantamiento de cadáver, así como del reconocimiento médico exterior y necropsia de ley, de los que esencialmente se advierte la muerte real y verdadera de una persona del sexo femenino y que la causa de la muerte fue: asfixia por estrangulamiento, causa de la muerte que también consta en el dictamen de mecánica de lesiones valorado por el a quo y emitido por el mismo perito legista. Cabe mencionar, que se aprecia también, que la víctima fue encontrada muerta en el kilómetro número ciento treinta y ocho, de la carretera Federal 190, paraje "El Poleo" perteneciente al Municipio de Tenango, Etla, Oaxaca. Asimismo, existe la diligencia de identificación legal del cadáver valorada por el a quo, de la que se aprecia que Josefina Martínez Santos contaba con la edad de veintidós años, fue identificada muerta por su progenitor Faustino Martínez Pérez. Consta también, el certificado y acta de defunción a nombre de Josefina Martínez Santos, a las que si bien, el a quo les concedió valor pleno, se puntualiza que las mismas tienen valor de indicio, derivado de la etapa procesal en que nos encontramos, conforme al artículo 354, del Código de Procedimientos Penales, en las que esencialmente consta que aquélla falleció a las cuatro horas del quince de enero de dos mil dieciséis, en Santiago Tenango, Etla, Oaxaca, y aparece también, como causa de la muerte asfixia por estrangulamiento. Además, el juez de primera instancia no pasó por alto la secuencia fotográfica e inspección judicial del lugar de los hechos probanzas a las que les concedió valor indiciario y que fortalecieron los demás medios probatorios y de igual forma hicieron patente los indicios encontrados en el lugar de los hechos delictivos, como la huella negativa de un neumático impresa sobre la superficie de la tierra; y una toalla color blanca ubicada en los pies del cadáver. Asimismo consta que el cadáver encontrado según la inspección judicial vestía una blusa de las conocidas como toreras de color negro, pantalón de mezclilla en color azul marino botines de color negro. Asimismo correctamente advirtió el juez de primera instancia que la sujeto pasivo tenía la calidad específica de mujer del atestado de nacimiento de la de cujus valorado por el a quo y del cual advirtió, que se trataba de una persona femenina. 2. Que esa privación de la vida se realice por razón de género. Correctamente definió el a quo, lo que se entiende por género coincidiendo esencialmente en la definición que proporciona el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género consistente en que el género se conforma por el conjunto de atributos asignados socialmente a las personas a partir de su sexo. Es el que define de acuerdo con los parámetros que se establecen en cada sociedad, cómo deben ser los hombres y las mujeres, cómo deben verse, cómo deben comportarse, a qué deben dedicarse, cómo deben relacionarse entre sí, etcétera. La división que se hace de las personas en géneros a partir de su anatomía supone prescribir formas determinadas de sentir de actuar y de ser; concibe dos modos de vida de formas de existir: uno para las mujeres y otro para los hombres. Ahora, en el feminicidio, el resultado defuntivo, debe sobrevenir como consecuencia de una razón de género, mismas que el legislador enlistó en las siete fracciones del artículo 148 Bis, del Código Penal vigente en la época de los hechos (dos mil dieciséis), lo que también es acorde a lo establecido en los preceptos 1 y 2 de la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y lo anterior, dirigido al caso particular, conlleva a acertar que, efectivamente nos encontramos en presencia de un hecho que se adecua a la descripción típica en comento, dado que, como dijo el a quo, se actualizan los supuestos de las fracciones II, III, y VI, del referido precepto legal, atendiendo a lo siguiente: a) Fracción III. Existan antecedentes o indicios anteriores de amenazas, acoso o maltrato del sujeto activo en contra de la víctima. Previo al análisis de esta fracción, cabe mencionar que el apelante es contundente al referir que las determinaciones de la autoridad deben estar fundadas y motivadas, esto es, citar los preceptos legales que le sirven y expresar los razonamientos lógicos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto encuadra en los supuestos de la norma y a partir de este argumento indica que es necesario, que en el acto que aquí reclama se precisen cuáles son las circunstancias que configuraron el cuerpo del delito, así como las pruebas que denotan la acreditación de aquéllas, por lo que, implícitamente se agravia de una falta de motivación, pero solamente de los aspectos que específicamente menciona, pues en el desarrollo de sus agravios, si es puntual en referir los puntos concretos que le agravian, como lo relativo a esta fracción, pues hace notar que el a quo, omitió exponer las circunstancias por las cuales, se actualiza la misma. Siendo fundado este agravio, pues no basta que el a quo trascribiera la parte conducente de las declaraciones de los atestes, dado que, a efecto de cumplir con el deber de motivación debió exponer los argumentos propios que permitan demostrar que se actualizaron él, o los elementos normativos que integran la norma penal, pues al dejar de exponer qué supuesto normativo y por qué se actualiza, omitió dotar de contenido a los conceptos para determinar si están o no acreditados en autos, lo que sin duda, dejó en estado de indefensión al imputado pues se desconoce la conducta que, en concreto, realizó el sujeto activo previo a la consumación del hecho delictivo; es decir, amenazas, acoso o maltrato contra la víctima, siendo ello necesario para considerar motivado el acto de autoridad. [.] En ese sentido, ante la omisión del a quo y para dotar de contenido a la referida fracción, se procede al análisis de la misma, a efecto de verificar si se actualizan o no los supuestos normativos. De ahí que, asiste razón al juzgador al afirmar que se actualiza la citada fracción II, pese a que no puntualizó las razones por las cuáles así lo consideró. Esto es así, porque existen antecedentes de que el sujeto activo maltrató a la víctima. Para demostrar lo anterior, es preciso definir este concepto. De controlar o agredir física, psicoemocional o sexualmente, definición que se obtiene de la lectura del artículo 198, fracción II, del Código Familiar para el Estado de Oaxaca, pues al tratarse de un concepto normativo es viable acudir a las normas de la legislación familiar donde se define al maltrato. Luego, el maltrato puede ser: Físico: causar dolor o lesiones, ejercer coerción física o restringir la libertad de movimientos mediante la fuerza o el uso de drogas. Psicológico: Cualquier acción dirigida a controlar, restringir los movimientos o vigilar a la otra persona; aislarla socialmente; desvalorizarla, denigrarla, humillarla o hacerla sentir mal consigo misma; hacer que otros se pongan en su contra, acusarla falsamente o culparla por circunstancias negativas; obligarla a ir en contra de la ley o de sus creencias morales y/o religiosas, destruir su confianza en sí misma o en la pareja. Sexual: relaciones sexuales forzadas y otras formas de coacción sexual. Entonces, a través de la declaración de Leticia Guillermina Martínez Santos, hermana de la extinta, a quien el a quo le concedió valor probatorio de indicio, se aprecia la existencia de maltrato psicológico por parte del inculpado, pues dicha ateste se percató a través del altavoz, cuando Marcos Román Camarillo insultaba a la víctima, diciéndole 'Josefina eres una pendeja, una puta, seguro ya te estas revolcando con alguien más, también le decía que era una zorra, una cualquiera" lo que sin duda refleja maltrato psicológico hacia la víctima por parte del sujeto activo, puesto que éste, le profirió palabras dirigidas a denigrarla, dado que es una ofensa o injuria las palabras 'pendeja', 'puta', 'zorra', 'una cualquiera' le decía también el sujeto activo, que nunca lo iba a dejar; lo que denota un control hacia la víctima, que también se considera maltrato psicológico. Refirió también la testigo, que el sujeto activo regañaba y le hablaba feo a la víctima, le decía, por ejemplo, "oye pendeja pásame esto, o que estúpida eres"}'; palabras que reflejan una desvalorización y denigración hacia la víctima, porque aparte de hablarle con esas ofensas o injurias como 'pendeja' o 'estúpida', sus palabras indican que quería hacerla inferior (desvalorizar) al darle órdenes. Asimismo, la ateste también percibió que su hermana presentó diversos moretones en su cuerpo, como son brazos, y piernas, a lo que la víctima le decía que esos moretones eran porque Marcos le estaba ensañando a pelear pelea callejera, y después la declarante le preguntó a la occisa si Marcos era el que la golpeaba y aquélla contestó que sí, lo que sin duda refleja maltrato físico por parte del sujeto activo hacia la víctima, dado que los golpes son signo de este tipo de maltrato. En la declaración de Alisson Luria Acevedo, a quien el a quo le concedió valor probatorio indiciario, consta que la extinta víctima le contó que se peleó con Marcos porque éste tenía hijos y porque le quiso pegar, que se habían dado en la madre; lo que denota maltrato psicológico hacia la víctima dado que quiso golpearla y ello implica un control del sujeto activo hacia la víctima; luego, el hecho de que haya referido que se 'dieron en la madre', es indicativo (según definición consultable en la página electrónica), de un daño serio entre ellos, que sin duda se dio en una situación de desventaja para la víctima por ser mujer, pues partiendo de un enfoque diferencial, que refiere el artículo 5, fracción XV, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es de visibilizar que derivado de la violencia que el inculpado ejercía contra la víctima, ésta se encontraba en una situación de desventaja. El a quo, también concedió valor indiciario a la declaración de Araceli Ojeda Juárez, quien fue pareja del sujeto activo e indicó que conoció a Josefina como pareja de Marcos y en una ocasión vio que Josefina Martínez Santos venía caminando sobre la Avenida Montoya y Marcos Román Camarillo que venía atrás de ella con la moto, la alcanzó y se veía que estaban discutiendo, la agarró de su brazo y la subió a la moto lo que denota un control, restricción en · los movimientos o vigilancia a la víctima y esto se reitera que constituye maltrato psicológico. Como a los dos días, dijo la ateste, que Marcos fue a la casa de ella y ésta le hizo plática de porqué le había hecho eso a la muchacha (víctima), a lo que Marcos le dijo que no se metiera que era problema de ellos, que si él se había peleado con ella es porque ella era una drogadicta y eso le había molestado a él, palabras del sujeto activo que implican denigración hacia la víctima, al referirse a ella como 'drogadicta' pues este término la estigmatiza al señalarla con un calificativo que no es propia de su nombre, lo que agudiza el maltrato por el vínculo afectivo que existió entre ellos. De igual forma, el juez le concedió valor a la declaración de Ivette Marisol Sánchez Luis, quien refirió como resaltó el a quo, que conoció al novio de Josefina (Marcos), y que Josefina en el mes de septiembre llegó a casa de la declarante borracha, gritando y le dijo a la declarante que había peleado con Marcos porque le reprochaba que porqué con Armando si quiso quedar embarazada y con él no, y le sacó el arma y la quiso matar en las canchas de CU. Lo que también refleja violencia psicológica al pretender ejercer control sobre la víctima a través del sometimiento y amenazas con un arma para lograr ejercer control sobre su vida, como el hecho de que no tuviera descendencia con el inculpado. Testimonios que como bien dijo el juez, son verosímiles atendiendo a las razones por él dadas, y porque se advierte por esta instancia, que se trata de personas que estuvieron en condiciones de percatarse de los hechos, por la cercanía que tenían con la víctima y activo, la primera por ser hermana de la extinta, Alisson Luria Acevedo, Ivette Marisol Sánchez Luis, por ser amigas de la pasivo, quienes conocían sobre la vida personal de la ofendida porque eran amigas de ésta, específicamente Ivette Marisol Sánchez Luis, era a quien la extinta le tenía más confianza como así lo declaró Alisson Luria Acevedo, y, porque así se advierte de declaración de Ivette, quien indicó que únicamente a ella o a Alisson o Alfaro, les decía la extinta donde estaba de lo que se acredita la citada fracción como bien dijo el a quo, pues es evidente que apreciando dichos testimonios, la víctima sufrió maltrato por parte del sujeto activo. De modo que, atendiendo a las razones puntualizadas por esta Sala, se concluye que existió maltrato físico y psicológico por parte del sujeto activo hacia la víctima por lo que, aun considerando que el agravio resultó fundado, en el sentido de la falta de motivación por parte del a quo, el mismo es inoperante, porque aún ante el análisis efectuado por esta instancia sí se actualizó el supuesto normativo. b) Fracción VI. La víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad. Lo que aconteció como bien dijo el a quo, porque la víctima Josefina Martínez Santos, estuvo privada de su libertad a partir de las siete de la noche con quince minutos del doce de enero de dos mil dieciséis. Sin embargo, asiste razón al apelante el indicar que su determinación no se encuentra motivada. Esto, porque no basta la simple trascripción de las declaraciones como así lo hizo el juez, para demostrar que se actualizó la citada fracción IV. En ese sentido, esta Sala procede al análisis respectivo ante la omisión en que incurrió el juzgador. De ahí que, se advierte que la víctima no sólo estuvo privada de su libertad sino incomunicada, atendiendo al siguiente análisis. Incomunicada. Para demostrar la existencia de la incomunicación, de inicio, es preciso recalcar que la víctima vivía con su pareja Dafnis Armando Flores López, como así lo indicó éste, en su declaración valorada por el a quo, en la que también refirió que ese día, la víctima se quedó planchando su ropa, una blusa color oscuro (azul marino o negra), un pantalón azul de mezclilla y los botines negros ya estaban separados, listos para ponérselos, porque se iba a ir a clases a la universidad, e indicó también que la víctima tenía una cita de trabajo al día siguiente: Después, a las diecisiete horas con cincuenta minutos del doce de enero de dos mil dieciséis, la occisa le mandó el último mensaje a Dafnis Armando Flores López, en el que le indicó, que se iba a quedar en la casa de su papá, y a partir de ese último mensaje, la víctima no tuvo contacto con familiares, amigas ni pareja; siendo encontrada sin vida hasta el quince de enero de dos mil dieciséis. Se afirma esa falta de contacto con familiares, amigas y pareja, porque así consta en las declaraciones de los atestes valoradas por el a quo, las que a continuación se refieren para constatar esa falta de comunicación. En cuanto a sus amistades, tenemos que la víctima dejó de tener comunicación con su amiga Ivette Marisol Sánchez Luis (la güera), pues ésta, fue puntual en su declaración valorada por el a quo, al indicar que dejó de tener comunicación con la extinta desde el doce de enero de dos mil dieciséis a las cuatro de la tarde aproximadamente, cuando la víctima le mandó un mensaje a la ateste para decirle que estaba en el Jymmis Bar, de ahí, esta ateste le estuvo llamando a la occisa en la noche del doce de enero de dos mil dieciséis y mandaba a buzón, al siguiente día (trece de enero) también le marcó a sus dos números, sólo a uno entraba la llamada pero como no pudo contactarla ni a través de Armando, (con quien se comunicó vía telefónica dado que sabía que estaba viviendo con él, y éste le dijo que no sabía de ella, que la ayudara a buscarla porque su familia no le creía), dicha testigo acudió al bar de donde le marcó un día anterior la víctima, esto como a las diez u once de la mañana del trece de enero y le preguntó al joven de seguridad por la víctima, a lo que éste, de acuerdo a la descripción proporcionada por la testigo le dijo que Josefina sí había estado tomando y que como a las ocho de la noche llegó un tipo que se la llevó, quien por las características que le proporcionó el joven, dedujo la testigo que se trataba de Marcos. Cabe mencionar, que esa testigo también refirió que la extinta, únicamente le decía a ella o a Alison donde estaba; y a dicha ateste, la victima le tenía más confianza (como lo declaró Alisson Luria Acevedo, en su testimonio a quien la quo le concedió valor probatorio indiciario). La incomunicación con otra de sus amigas, se aprecia del citado testimonio de Alisson Luria Acevedo, donde consta que la extinta no tuvo comunicación previamente a su fallecimiento, pues refirió en su declaración que el trece de enero varios compañeros subieron la fotografía de Josefina en redes sociales sobre su búsqueda, y jueves le marcó el padre de Josefina para saber si había visto a su hija, a lo que la ateste respondió que no. Luego, se aprecia la incomunicación con sus familiares, de la declaración de sus hermanos y padre de la víctima. En cuanto a la hermana de la extinta Leticia Guillermina Martínez Santos, consta la declaración de ésta, a la que el juez le concedió valor probatorio indiciario, y de la que se aprecia que también dejó de tener comunicación con la víctima, pues la noche del doce de enero de dos mil dieciséis, la ateste le estuvo marcando a su hermana, y ella ya no contestó, esto ocurrió después de que Marcos le habló como a las nueve de la noche, para decirle que su hermana estaba con él, que estaban en su cuarto y que su hermana estaba tomada, de ahí le colgó, a las diez y cuarto de la noche, Marcos le volvió a marcar para decirle que su hermana se había puesto loca y que se salió corriendo incluso le dijo que acaban de tener relaciones y que se había metido a bañarse y cuando salió su hermana ya no estaba, lo que se le hizo bastante raro a la ateste de que el inculpado le estuviera diciendo todo lo que estaba haciendo. Cabe mencionar, que también hizo referencia, que el inculpado tenía en su poder unas toallas blancas, con las que se había quedado en alguna ocasión en que dicho inculpado acudió con la víctima a un hotel en Huajuapan, toallas que dijo, coincidían con la que encontraron en el lugar de los hechos. En similares términos, declara el padre de la víctima, testimonio al que el a quo, le concedió valor probatorio y donde consta la incomunicación de la víctima con su padre, dado que el testigo indicó, que como a las ocho de la noche del doce de enero, le habló Marcos para decirle que no se preocupara que él tenía a Josefina en su casa, lo que indica que el padre de la víctima tampoco tuvo comunicación después del doce de enero con su hija, pues refiere que el miércoles (día con el que se advierte hace alusión al trece de enero de dos mil dieciséis, esto por la secuencia que narra, y dado que el doce de enero de ese año fue martes), como a las seis o siete de la tarde, llegó Armando a su casa, le preguntó por Josefina y él dijo no saber de ella, el jueves catorce habló con Marcos vía telefónica para preguntarle por su hija, Marcos fue a la casa del declarante donde aceptó haber estado con la extinta, pero igual refirió que ésta se fue de su casa y de ahí, el viernes quince de enero, el declarante acudió a las oficinas de presuntos desaparecidos donde le pidieron los números telefónicos de los conocidos de su hija, y el único que no contestaba era Marcos. En lo que respecta al hermano de la víctima, éste en lo que interesa refirió que desconocían donde se encontraba Josefina Martínez Santos, incluso, fue él quien a través de sus conocidos inició la búsqueda de su hermana De modo que, existen varios testimonios que constituyen indicios para advertir que la víctima no tuvo contacto con familiares, amigas y que estuvo incomunicada, pues no se le permitió tratar con nadie de palabra ni por escrito; esto es, la falta de comunicación derivó de un impedimento por parte de alguien, lo que se concluye, porque derivado de la relación que tenía con Dafnis Armando Flores López y la confianza que le tenía a Ivette Marisol Sánchez Luis, no resulta racional que la víctima no procurara tener contacto con éstas personas, ni con familiares o amigas, máxime que éstos trataban de localizarla. Y si bien, existen múltiples factores que impiden la comunicación, como fallas en los medios de comunicación a manera de ejemplo, solo se trata de interrupciones momentáneas y no de dos días, como aconteció en el caso, aunado a que existen diversos medios de comunicación que pueden ser utilizados y no solamente el que presente problemas de conexión, por lo que, esa falta de comunicación no se considera que derive de ese tipo de eventualidades, es más bien que le impidieron tener ese contacto, lo que se reitera indica que la víctima estuvo incomunicada, esto es, que no se le permitió tratar con nadie. Privada de la libertad. Este elemento normativo, se advierte porque la víctima ingresó al domicilio del inculpado el doce de enero de dos mil dieciséis, y de ahí, no se tiene conocimiento de que saliera de ese lugar sino hasta el quince de enero de ese año, siendo ubicada ese mismo día quince de enero de ese año, en Santiago Tenango, Etla, Oaxaca, donde la encontraron sin vida; por lo que, es razonalmente probable que la víctima permaneciera privada de la libertad en el domicilio del inculpado del doce al quince de enero de dos mil dieciséis, atendiendo a las siguientes consideraciones. Del propio testimonio del inculpado Marcos Román Camarillo, valorado por el a quo, consta que aquél se llevó a la occisa del Jimmys bar hacia su casa, lugar en el que tuvieron relaciones sexuales aproximadamente a las siete horas con quince minutos de la noche, y a partir de ahí sus familiares, amigos y pareja no tuvieron contacto con la extinta, como quedó puntualizado. Luego, la víctima ingresó a dicho domicilio contra su voluntad, como se aprecia del informe de investigación número AEl/164/2019, mismo que si bien fue valorado por el a quo con valor pleno, se puntualiza que el mismo tiene valor de indicio, derivado de la etapa procesal en que nos encontramos, en términos del artículo 354, del Código de Procedimientos Penales, pues consta en dicho informe, que la ciudadana Josefa Luis Rodríguez, quien tiene una cenaduría aparentemente frente al domicilio del inculpado, esencialmente indicó que el doce de enero de dos mil dieciséis, una muchacha que iba caminando en la calle, enfrente de su negocio, por la forma en que caminaba, pensó que estaba borracha, tomada y atrás de ella iba un hombre de cuerpo robusto y alto, se paró junto a la muchacha y vio que se la llevó cargando en sus brazos, pero la muchacha gritó y pataleó como tratando de que la soltara, pero ese hombre la metió a la fuerza del edificio; lo que permite advertir de manera razonada, que esa muchacha era la víctima y el sujeto que la ingresó al domicilio (contra su voluntad, dado que gritó y pataleó), fue el sujeto activo, pues el padre y hermano de la occisa son coincidentes en afirmar la existencia de un puesto de tlayudas frente al domicilio del inculpado, lo que también se corrobora con el testimonio de Arcelia Beatriz Sánchez Hernández, quien fue precisa al referir sobre la existencia de un puesto de tlayudas y tacos frente al domicilio donde vio que el inculpado, sacó a la víctima de ese lugar. De ahí, se tiene conocimiento que la víctima salió del domicilio del inculpado aproximadamente a las cero horas del quince de enero de dos mil dieciséis, siendo llevada en los brazos de aquél, quien la subió a una camioneta, la sentó del lado del copiloto, y se dirigió con el vehículo rumbo hacia Plaza Bella, lo que se aprecia del testimonio de Arcelia Beatriz Sánchez Hernández, ya valorada por el a quo como indicio, agregando dicha ateste que su amiga 'Jose', al parecer iba muy dormida o borracha y que al momento de que Marcos subió a la occisa al vehículo, a éste, se le cayó un trapo blanco al parecer una toalla pequeña, la cual recogió y la metió donde había metido a su amiga Jose; asimismo, declaró que la víctima llevaba la siguiente ropa: blusa oscura, pantalón negro y zapatos tipo botines. Testimonio que en lo particular es creíble además de las razones dadas por el a quo, debido a que la ateste se percató de estos hechos derivado de que se fue a comprar unas hamburguesas en la calle de Pinos de la colonia Jacarandas San Martín Mexicapan y después de cenar caminó por la Avenida Montoya hasta llegar a la calle Mixcóatl por donde subió y caminó una calle y antes de llegar a la segunda calle del lado izquierdo en la esquina por donde se encuentra una señora que vende de cenar tlayudas y tacos, y ello es racional porque la ateste es vecina de San Martín Mexicapan, según declaración que proporcionó en sus generales, aunado a que en efecto hay un puesto de tlayudas y tacos frente al domicilio del inculpado, como lo hizo notar el a quo a través de las diversas declaraciones. Asimismo, de este testimonio se advierte que la testigo vio al ·inculpado sacar a la occisa a las cero horas del quince de enero de dos mil dieciséis, pues si bien, la testigo hizo referencia a las doce de la noche del catorce de enero de dos mil dieciséis, constituye una máxima de la experiencia que normalmente las personas se refieren a las doce de la noche como al final de un día, esto es, las doce de la noche la inmersa en el día que terminó (que en el caso es el día catorce), cuando lo correcto es referirse a las cero horas del quince de enero de dos mil dieciséis; por ende, atendiendo a la puntualización hecha se concluye que la ateste hizo referencia a las doce de la noche del catorce de enero de dos mil dieciséis, siendo esta expresión equivalente a las cero horas del quince de enero de dos mil dieciséis, por lo que en lo subsecuente se hará referencia a las cero horas para mayor precisión. Entonces, al tener conocimiento de que la víctima ingresó a un domicilio el doce de enero de dos mil dieciséis y no se tiene conocimiento de que saliera de ese lugar sino hasta el quince de enero de ese año aproximadamente a las cero horas, es racionalmente probable que la víctima permaneció en ese lugar y ello fue contra su voluntad. Lo que indica que le impidieron deambular, pues de haber tenido la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro, alguno de sus familiares, amigos o conocidos la hubiera visto, pero nadie supo de su paradero y, al ignorarse, ello indica que estuvo privada de su libertad. Ahora bien, asiste razón al a quo, al afirmar que no es creíble la afirmación del inculpado de que la víctima se fue de su domicilio después de las diecinueve horas con quince minutos del doce de enero, porque como bien lo dijo el juez, el informe de investigación AEI/10/2017, respecto al registro telefónico del inculpado, se contrapone con la declaración del inculpado. Pues como bien lo resaltó el juez, el inculpado dijo que, cuando se percató que la extinta se había ido del domicilio, salió a buscarla a la calle, le mandó mensajes e intentó llamarla a su número, lo que se desvirtúa con el informe, pues como dijo el juez de primera instancia, desde las 18:59:40 horas hasta las 00:44:46 del día trece de enero de dos mil dieciséis, no existe ningún registro de llamada realizada al número propiedad de la occisa. Aunado a ello, el inculpado refirió que cuando fue en busca de la víctima, tuvo un percance automovilístico que sufrió con un mototaxista y motivo por el cual, a decir de él, fue detenido por la policía municipal de San Jacinto Amilpas, pero ello no coincide con el referido informe, pues como bien lo hizo notar el a quo y atendiendo a las razones por él puntualizadas, la noche del doce de enero de dos mil dieciséis, el inculpado no estuvo ubicado en San Jacinto Amilpas, por el contrario, se advierte que permaneció en un área dentro de la cual se ubica su domicilio, lo que indica que estuvo en su domicilio o bien estuvo en un lugar cercano a éste, pero no en San Jacinto Amilpas. Lo anterior porque así lo advirtió el juez, específicamente del informe que desglosa las coordenadas que corresponden a la localización y ubicación de las antenas de telefonía celular que le brindan el servicio al inculpado y por lo tanto la ubicación de la persona al momento de realizar la llamada es próxima a dichas antenas. Y correctamente explica el quo, que de acuerdo a la ubicación de las antenas, el inculpado se encontraba cercano al área de la agencia de San Martín Mexicapan, esto desde las 18:59:46 del doce de enero de dos mil doce hasta las 06:29:46 del trece de enero de dos mil dieciséis, acorde a la descripción que realizó el a quo y que coincide con el informe de referencia. Aunado a ello, correctamente refirió el a quo, que de los informes rendidos por parte de la policía municipal de San Jacinto Amilpas, no existen datos de que el inculpado estuviera detenido en ese lugar. c) Fracción II. A la víctima se le hayan infligido heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas dislocaciones, quemaduras, mutilaciones con implicaciones sexuales o que le genere sufrimiento. En relación a esto, el apelante se duele porque dice que el juez no analizó las circunstancias con las que se acredita la fracción II, y que únicamente se basó el a quo, en que 'le causó lesiones que le infligieron sin lugar a dudas sufrimiento, pues fue retenida sin la voluntad de la víctima, para posteriormente ser estrangulada". Lo que indica, que el recurrente se agravia de una falta de motivación del a quo en lo que a ésta fracción se refiere, si atendemos a que previamente a arribar a la afirmación que plantea, hizo un análisis de lo que implica la fundamentación y motivación, aduciendo que en el acto que reclama es necesario que se precisen las circunstancias que configuran el cuerpo del delito. Agravio que resulta fundado, porque en efecto, el a quo no expresó las razones por las cuáles, a su consideración se actualizó la fracción II, del referido artículo, pues solamente se limitó a indicar que se actualizó tal hipótesis y trascribió el contenido del reconocimiento En el entendido, que no se pasa por alto que el apelante refiere de manera implícita como agravio, la falta de fundamentación, pero ello no se actualiza, derivado de que el a qua, si invocó el precepto aplicable consistente en el artículo 411, fracción II, del Código Penal del Estado de Oaxaca. Por ende, ante la omisión en que incurrió el juzgador en cuanto a la motivación, esta Sala asume el análisis de dicha fracción. Entonces, partiendo del reconocimiento médico exterior y necropsia, valorados por el a quo como indicios, queda claro que el cuerpo de la víctima presentó diversas escoriaciones y fractura de un incisivo superior de lado izquierdo, pues textualmente lo refiere el dictamen y ese tipo de lesiones, (escoriaciones y fracturas) encuadran en las descritas por la citada fracción. Luego, tales lesiones sin duda fueron para generarle sufrimiento. Para abordar este elemento normativo, se puntualiza que sufrimiento es indicativo de sufrir (sufrir. Del lat. sufferre. 1. tr. Sentir físicamente un daño, un dolor, una enfermedad o un castigo); sufrir del latín sufferre: padecer, aguantar, tolerar. Se considera también al sufrimiento, como la apreciación subjetiva de las situaciones de dolor físico, psíquico o moral. De modo que, la existencia de las múltiples lesiones que presentó el cuerpo de la occisa, es signo de daño, de dolor, esto es, de que la víctima sufrió o padeció a consecuencia de esas lesiones, sufrimiento que pudo ser mínimo o considerable, se desconoce, dado que el sufrimiento es muy variable, incluso ante las mismas circunstancias objetivas, pues depende del carácter, temple y convicciones de la persona, pero finalmente se trata de un sufrimiento. Aunado a ello, la forma en que acontecieron los hechos, también indica que esas lesiones fueron producidas para generarle sufrimiento pues a través de las mismas, el sujeto activo demostró condiciones o patrones culturales con tendencia a prácticas misóginas o de una ideología de desprecio y discriminación contra la mujer que culmina en un crimen por odio, que es lo que sanciona el delito de feminicidio. Lo anterior, atendiendo a los diversos instrumentos nacionales e internacionales que contemplaron la responsabilidad de legislar para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, de tal manera que surgió el delito en específico que nos ocupa, en un reconocimiento de los derechos humanos, hacia la mujer, ligado a su condición de género y a una misión especial para garantizar el efectivo cumplimiento y respeto de sus derechos, así como el impartir justicia con perspectiva de género y proscribir la discriminación de la mujer en todas las esferas de la vida. [.] Bajo esa óptica, tenemos que las lesiones apreciadas en la víctima y que ésta perdió la vida derivado de asfixia por estrangulación; evidencia el desprecio y abuso de poder del sujeto activo hacia ella, dada la violencia física que sufrió no solamente por las escoriaciones y fracturas, sino por el estrangulamiento que representa un acto violento, dado que la estrangulación generó asfixia en la víctima, esto es, falta de oxígeno, lo que sin duda obstruye la respiración hace que el sufrimiento sea lento y doloroso. De ahí que el proceder del acusado, transgredió los bienes jurídicos tutelados por la norma, en el caso, la dignidad de la mujer, la no discriminación y el mayor bien jurídico a tutelar, la vida. Pues la expresión más cruda y trágica de la violencia de género, es la que deriva en la muerte de mujeres como consecuencia de agresiones mortales que provienen de las personas a las que ellas quieren, aprecian y confían, como en el caso, dado que el inculpado fue pareja sentimental de la víctima. De modo que, la occisa confió en el inculpado para que se la llevara del bar; luego, si tuvo relaciones sexuales con el sujeto activo previamente a su muerte, como el propio inculpado lo indico en su declaración ya valorada por el a quo como indicio, es porque existía intimidad entre ellos; y ello también denota tanto confianza hacia el inculpado, como sufrimiento sentimental en la víctima, pues después de que el sujeto activo tuvo relaciones con ella, le produjo la muerte; esa confianza de parte de la víctima al inculpado, también se advierte del hecho de que el inculpado le decía 'que la quería tanto', - refiriéndose a Josefina-, y 'en dos ocasiones la llevó a dos sesiones de alcohólicos anónimos', como consta en la declaración del inculpado. Luego, aprovechándose de tal situación de confianza, así como de que la víctima se encontraba en estado de ebriedad, el sujeto activo demostró en ella el desprecio que siempre había reflejado con el maltrato que le profirió cuando eran pareja, pues la forma en que produjo la muerte refleja una visión, una convicción, una creencia de que las mujeres son personas de menor valor, desiguales, objetos que se usan y se desechan, que pueden ser castigadas con infinita crueldad. De modo que, la ejecución del homicidio contiene elementos discriminatorios u odio por la condición de la víctima, lo que denota sufrimiento en ella, pues además de que le causó las lesiones que por sí mismas son dolorosas, la forma de muerte (estrangulamiento), refleja el padecimiento en la víctima, y su actuar anterior de maltrato, irradia que su actuar hacia la víctima siempre fue para causarle sufrimiento, mismo que perduró hasta el momento de ejecutar el ilícito. En ese sentido, asiste razón al juzgador al considerar que a través del reconocimiento médico exterior y necropsia de ley, se advierte la actualización de la fracción II, pues a través de dicho dictamen se apreciaron, las referidas lesiones y por el contexto en que vivió la occisa su relación con el sujeto activo, denota que éste, a través de tales lesiones, descargó en ellas odio, mismo que siempre había expresado a través del maltrato, esto para continuar generándole sufrimiento hasta el último momento de su vida. Ahora, aun ante lo fundado de su agravio en lo que concierne a la falta de motivación de esta fracción, el mismo deviene inoperante, porque derivado del análisis que asumió esta Sala, se concluye que si se actualizó el sufrimiento, de la víctima atendiendo a las razones expuestas; lo que impide cambiar el sentido de la determinación pese a lo fundado de su agravio. Por ende, contrario a lo que afirma el apelante en sus agravios, si se acreditó de manera clara y concisa las circunstancias que acreditaron las razones de género, pues contrario a lo que afirma el recurrente, si existen indicios que lo sustentan, mismas que fueron descritas por el a quo, y referidas por esta instancia en párrafos precedentes, pues atendiendo a las razones dadas, si se actualizó la incomunicación y privación. Por tales consideraciones, es concluyente que Josefina Martínez Santos, del sexo femenino, fue privada de la vida a las cuatro horas del quince de enero de dos mil dieciséis, en Santiago Tenango, Etla, Oaxaca, cuya causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento; asimismo, asiste razón al a quo al indicar, que esa privación de la vida fue por razón de género, dado que, a la víctima le infligieron escoriaciones y fractura de un incisivo superior de lado izquierdo que le generaron sufrimiento, aunado a que existen antecedentes o indicios anteriores de amenazas, acoso o maltrato del sujeto activo contra de la víctima; y ésta, fue incomunicada o privada de su libertad. Esa conducta encuadra en el delito de feminicidio previsto por el ·artículo 411, del Código Penal del Estado en vigor en la época de los hechos, que establece que comete tal ilícito quien: " [ ... ] prive de la vida a una mujer por razones de género." Y porque, existieron razones de género atendiendo a que se actualizaron las hipótesis que prevén las fracciones II, III y VI, del citado artículo, que disponen: "[...] II.- A la víctima se le hayan infligido heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, mutilaciones con implicaciones sexuales o que le genere sufrimiento. III.- Existan antecedentes o indicios anteriores de amenazas, acoso o maltrato del sujeto activo en contra de la víctima; [...] VI.- La víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad, y [...]" En el entendido, que si bien, el a quo hizo referencia en una parte se contempla en el artículo 411 del Código Penal vigente en el Estado y en otra parte al artículo 411, del Código Penal del Estado, ello no significa que se basara en el código actualmente en vigor al momento de dictar el auto de formal prisión (que data del 2018), como dice el apelante; pues de la trascripción del precepto aplicable que realiza el juzgador, se advierte que correctamente, la conducta, la encuadró en el Código Penal del Estado vigente en la época de los hechos (2016) y no en el que se encuentra en vigor, pese a que así hizo referencia al enunciar el ordenamiento legal, pues el contenido del artículo invocado por el a quo, coincide con el trascrito en párrafos precedentes por esta Sala y que corresponde al código vigente en la época de los hechos (que data de 2016). En cambio, el texto actual o vigente como refirió el a quo, contempla adiciones en las fracciones invocadas por el juzgador, que datan del año 2018, pues actualmente dicen: II.-A la víctima se le hayan infligido heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras o mutilaciones o signos de asfixia, previos o posteriores a la privación de la vida; III.- Existan datos, información que refiera algún tipo de violencia, en cualquier ámbito previo a la comisión del delito o amenazas, acoso y maltrato del sujeto activo en contra de la víctima, aun cuando no haya denuncia, querella o cualquier otro tipo de registro; [...] IV.- El cuerpo, cadáver o restos de la víctima hayan sido enterrados, ocultados, incinerados o sometidos a cualquier sustancia que lo desintegre; [...]." De modo que, solamente se actualiza un error de descripción por parte del a quo al invocar erróneamente la expresión 'en vigor', pero ello no implica vulneración a los artículos 16 y 19, como aduce el apelante, pues el error de descripción no implicó la aplicación de una norma incorrecta que trasgrede los derechos del inculpado, pues se reitera que el a quo, si se basó en la legislación aplicable, que es la que se encontraba vigente en la época de los hechos¡ de modo que, resulta infundado el agravio del apelante en este aspecto, relativo a que el juez se basó en el código en vigor y no en el que se encontraba vigente en la época de los hechos. Entonces, por la misma razón, el juez no tenía por qué exponer las razones o circunstancias que tuvo en cuenta para estimar que el grado probable o de participación o intervención del agente activo, debía ubicarse conforme a la ley en 'vigor', como dice el apelante, dado que el grado probable o de participación o intervención del agente activo no lo ubicó acorde a la ley en vigor, como dice el apelante, lo hizo conforme a la ley vigente en la época de los hechos. Por ende, si se actualiza el feminicidio y no el homicidio calificado como refiere el recurrente en sus agravios, pues el homicidio solamente requiere privar de la vida a otro, en términos del artículo 285 del Código Penal vigente en el Estado, a diferencia del feminicidio, que exige además que quien sea privada de la vida sea una mujer y que esto sea por razón de género, lo que en efecto se actualiza atendiendo a las razones dadas, por lo que, contrario a lo que afirma el apelante, no se actualizan las hipótesis de los artículos 291, 300 y 301, del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, relativas al homicidio, por lo que resulta infundado su agravio que al respecto formula. De modo que, el juez tampoco tenía que hacer referencia al porqué no eran aplicables los diversos artículos relativos al homicidio calificado, como dice el apelante, pues basta que se ocupara del estudio del delito de feminicidio, que es el correspondiente a la consignación, por lo que resulta infundado su agravio en torno a esta cuestión; pues si bien, podría en su caso, realizar una reclasificación Luego, la conducta se torna típica dado que se satisfacen los componentes del delito en los términos apuntados, acorde a lo previsto por el numeral 14 segundo párrafo, del código penal del estado en vigor en la época de los hechos, interpretado a contrario sensu. II. Estudio sobre la probable responsabilidad penal. Asiste razón al juzgador cuando establece que el inculpado es probablemente responsable del delito motivo del auto de formal prisión, porque de las constancias se advierte que fue Marcos Román Camarillo quien sacó a la víctima del Jmmys Bar y se la llevó a su domicilio ubicado en cerrada de Mixcoatl número cuatrocientos diez, lote dos, colonia Netzahualcóyotl en la agencia municipal de San ·Martín Mexicapan, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y a quien el sujeto activo la tuvo incomunicada y privada de su libertad, le causó lesiones, para posteriormente estrangularla provocándole a la pasivo la obstrucción del paso de oxígeno a los pulmones y derivado de esto, con el mismo argumento, sustenta el a quo, que el grado de intervención del sujeto activo fue en calidad de autor. Sin embargo, asiste razón al apelante, al afirmar en sus agravios, que el a quo, vulneró los principios de legalidad, seguridad jurídica, consignados en los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues refiere que el a quo enfatizó cuáles eran los medios probatorios con los que tuvo por demostrado el requisito de fondo, pero omitió pronunciarse acerca de las razones, causas o circunstancias que tuvo en cuenta para acreditar el grado de intervención que se le atribuyó al encausado. De ahí que, se puntualiza que el grado de intervención consiste en determinar si el sujeto activo interviene en el ilícito como autor, coautor o partícipe en términos del artículo 11 del Código Penal del Estado, sin embargo, se advierte que a lo que se refiere al apelante es a la probable participación esto se considera así por esta instancia, porque a partir de ahí se establece el grado de participación, aunado a que se advierte que el juez de control omitió expresar los razonamientos para sustentar lo que atañe a la probable participación del inculpado, dado que se limitó a trascribir las pruebas sin exponer las circunstancias propias que le permitieron concluir que el inculpado es probable responsable del delito de feminicidio. Por ende, como el juez omitió motivar al respecto, esta Sala procede al estudio correspondiente. Al respecto, conviene señalar que, en algunas ocasiones, condiciones de desventaja y vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas por el maltrato a que son sometidas en muchas ocasiones, por sus parejas sentimentales, cuyo feminicidio se ejecuta en condiciones de secrecía, regularmente impiden contar con pruebas directas de cómo ocurrieron los hechos. Empero, en este asunto, pese a que no hubo testigo que presenciara el momento mismo en que fue agredida y privada de la vida la occisa, existieron elementos de convicción aptos, idóneos y suficientes para arribar a esa probable responsabilidad, en términos del artículo 354, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca. Ahora, a partir de los hechos base o hasta el momento probados y a los que ya se hizo referencia en el análisis del cuerpo del delito, se pueden extraer inferencias, misma que deben estar sujetar a un estudio de razonabilidad, esto es, deben existir inferencias lógicas se encuentra determinado por el principio eje normalidad, y acorde a su contenido en un caso concreto, se admite como verdadero aquello que lo es en la mayoría de los casos, siempre que las razones especiales del asunto no se opongan a ello, porque son aplicables los principios de causalidad (acreditada una causa/normalmente debe producirse un efecto determinado y, a la inversa, acreditado un efecto, debe estimarse acreditada la causa) y de oportunidad (fundamento para elegir una causa concreta generadora de un efecto, en el caso de que existan varias posibles causas). Por lo anterior, la inferencia debe surgir de forma natural e inmediata de los indicios que constituyen los hechos base como acontece en el caso, pues la inferencia lógica debe sustentarse en las máximas de la experiencia, esto es, en una clara idea de razonabilidad, de forma tal que el vínculo entre hechos base y hechos consecuencia debe construirse de modo coherente, a partir de una comprensión razonable de la realidad y del asunto concreto, lo que se actualiza atendiendo a lo siguiente. El doce de enero de dos mil dieciséis, ingresó la víctima al domicilio del inculpado, y como salió de ese domicilio aproximadamente a las cero horas del quince de enero de dos mil dieciséis, con la misma ropa que utilizó ese día doce de enero; se infiere de manera razonada, que la víctima probablemente permaneció en ese mismo lugar desde el doce al quince de enero de dos mil dieciséis; pues resulta congruente que si ingresa a un domicilio, deja de tener contacto con sus familiares, y sale de ahí dos días después, con la misma ropa que ingresó y con la misma persona, es razonalmente probable que permaneció en ese mismo lugar y con la misma persona (inculpado), luego, si en ese lugar estuvo incomunicada y privada de la libertad, es porque la persona con la que estuvo la mantuvo en esas condiciones (inculpado). Enseguida, si de ese lugar fue sacada la víctima en los brazos del inculpado, para llevársela en una camioneta conjuntamente con una toalla blanca, horas antes de su fallecimiento, y en el lugar de los hechos apareció la huella de un neumático, así como la toalla blanca, es razonalmente probable que el inculpado trasladara a la víctima en su camioneta, de ese lugar donde la tuvo privada de la libertad e incomunicada, hasta donde fue encontrado el cadáver y ahí la estrangulara, pues dejó vestigios en el lugar de los hechos, como la huella del neumático que coincide con el hecho de que el inculpado salió a bordo de una camioneta y una toalla que coincide con la que tenía en su poder el inculpado, demostrando así, su odio hacia la víctima, no solamente por la forma de la muerte (estrangulamiento), sino por las lesiones proferidas, las que también se infiere fueron causadas por el inculpado, pues si la víctima estuvo con el inculpado desde el doce de enero de dos mil dieciséis, hasta el momento de su fallecimiento, razonalmente es probable que las lesiones fueran causadas por el inculpado, dado que tuvo a su alcance los medios propicios para hacerlo, esto, si atendemos a que ya tenía a la víctima incomunicada y privada de la libertad, lo que le facilitó lesionarla, trasladarla y producirle la muerte, esto derivado de todos los indicios referidos al analizar el cuerpo del delito. Lo anterior continúa siendo congruente si partimos de la hora en que acontecieron los hechos, pues el inculpado fue visto llevando a la víctima las cero horas aproximadamente del quince de enero de dos mil dieciséis, y el cuerpo de la occisa apareció en Santiago Tenango, Etla Oaxaca, víctima que falleció a las cuatro horas de ese día, por lo que es racional que el inculpado la trasladara a ese lugar, dado que es un hecho conocido si consultamos la página electrónica que describe la localización geográfica, que el lugar donde fue encontrada la víctima, se encuentra a una de distancia aproximada de cincuenta y cuatro minutos, aproximadamente, del domicilio del inculpado En consecuencia, existen indicios objetivos, de cuyo natural enlace racionalmente se obtiene una cadena incriminatoria en contra del inculpado, conformando prueba indiciaria de cargo suficiente y eficiente para acreditar en grado de probabilidad los hechos en que fuera la víctima privada de la vida por el aquí inculpado, pues está probado en grado de probabilidad que: el inculpado mantuvo incomunicada y privada de la libertad a la víctima, para posteriormente proferirle y privarla de la vida. Por ende, contario a lo que afirma la apelante en sus agravios, sí existen circunstancias constitutivas reveladoras de la actualización del ilícito de feminicidio, sin que tales circunstancias deban ser en grado de certeza, dado que nos encontramos ante un auto de formal prisión donde no se requiere justificación plena, sino probable, es aplicable al caso, la jurisprudencia (.) Enseguida, ante la actualización de la probable participación del inculpado, es correcto considerarlo como dijo el a quo, autor material del hecho, al haber realizado muy probablemente, por sí el hecho reprochable, lo que actualiza la hipótesis prevista en la fracción 11 del artículo 11 del código penal del estado en vigor en la época de los hechos. Se trata además de una conducta dolosa como lo hizo notar el a quo, porque la responsable sabía que esa conducta es ilícita y aun así quiso realizarla; por ello se actualiza la hipótesis prevista por la fracción I del artículo 8 del código sustantivo de la materia, porque el activo del delito actuó con conocimiento de los elementos objetivos del hecho típico y quiso su realización, evidentemente con la intención de causarle la muerte al ocasionarle lesiones en él y asfixiarla por estrangulamiento. Y no existe causa de justificación del delito porque la activo no obtuvo el consentimiento de la titular del bien jurídico, que es la víctima, ni actuó en legítima defensa, en el ejercicio de un derecho o en el cumplimiento de un deber, al amparo de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 14 de la ley sustantiva de la materia. Agravante. Por otra parte, en cuanto a la agravante que contempla el artículo 412, del Código Penal vigente en la época de los hechos, correctamente indicó el juez que se actualiza la misma, dado que entre el sujeto activo y la víctima existió una relación sentimental como dijo el Juez, atendiendo a las razones que puntualizó, lo que denota que existió una relación de confianza entre la víctima y sujeto activo, como también lo puntualizó esta Sala; por lo que se actualiza el supuesto previsto en el artículo citado, atinente a cualquier relación que implique confianza. Por tales consideraciones, se puntualiza en cuanto al lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, que el inculpado es probable responsable en su calidad de autor material, del delito de feminicidio, acontecido a las cuatro horas del quince de enero de dos mil dieciséis, en Santiago Tenango, Etla, Oaxaca, y cometido en agravio de Josefina Martínez Santos, cuya privación de la vida fue a causa de la asfixia por estrangulamiento, provocado a la víctima, con la agravante que contempla el artículo 412, del referido código penal, originada por la relación de confianza entre la víctima y el inculpado. Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE. Primero. Se surte la competencia de esta Sala Penal para conocer del recurso de apelación de que se trata. Segundo. Se confirma el auto de formal prisión de trece de agosto de dos mil veintidós, dictado por el Juez Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por haberse acreditado la existencia del delito de feminicidio cometido en agravio de Josefina Martínez Santos, así como la probable responsabilidad penal del inculpado Marcos Román Camarillo, dentro de la causa penal 09/2020 del índice del juzgado referido. [.]". Ahora, como se adelantó, los conceptos del violación del quejoso son infundados. Ello es así, pues en primer término, de la lectura del concepto de violación expresado por la parte quejosa, se advierte que la falta de congruencia que aduce, respecto de la sentencia emitida por la Sala Unitaria responsable, fue con base en el argumento de que a pesar de haber declarado fundados los agravios que emitió en su escrito de recurso de revisión, en contra del auto de formal prisión, ese aspecto considerativo, no se reflejó en los resolutivos de la sentencia, porque de manera incongruente determinó confirmar el auto de formal prisión, en lugar de revocarlo. Argumento que es inexacto, porque la autoridad responsable en esencia precisó que eran fundados los aspectos concretos que el recurrente señaló en sus agravios relativos a la falta de motivación del auto de formal prisión, debido a que el juez de la causa omitió señalar el supuesto normativo respectivo; por lo cual, la Sala Unitaria acertadamente, determinó no era suficiente la transcripción de las declaraciones de los atestes para una adecuada motivación del auto de formal prisión, porque el juez de la causa debió exponer los argumentos de porqué se actualizaban los elementos normativos del feminicidio; y, la conducta que realizó el sujeto activo previo a la consumación del hecho delictivo. Así, en virtud de lo anterior, correctamente asumió jurisdicción y realizó el análisis respectivo, a efecto de verificar si se actualizan o no los supuestos normativos. Hecho lo cual, una vez que analizó los elementos normativos contenidos en las fracciones II, III y VI del artículo 411, del Código Penal del Estado de Oaxaca, vigente al momento de los hechos, correspondientes al delito de feminicidio, determinó que Josefina Martínez Santos, del sexo femenino, fue privada de la vida a las cuatro horas del quince de enero de dos mil dieciséis en Santiago Tenango, Etla, Oaxaca, que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento; asimismo señaló le asistía razón al a quo al indicar, que esa privación de la vida fue por razón de género, dado que a la víctima le infligieron escoriaciones y fractura de un incisivo superior de lado izquierdo que le generó sufrimiento, aunado a que existían antecedentes o indicios anteriores de amenazas, acoso o maltrato del sujeto activo, en contra de la víctima; y ésta fue incomunicada o privada de su libertad, por lo cual encuadraba en el delito de feminicidio en el numeral citado; motivo por el cual determinó que los agravios eran fundados pero inoperantes. Inclusive, no pasa desapercibido para este juzgador que también analizó que la referencia que realizó el a quo en el auto de formal prisión relativa a que el artículo 411 correspondía al Código Penal Vigente en el Estado, y en otra simplemente estableció que se trataba del Código Penal en el Estado, era un error en la invocación de la expresión "en vigor", porque en al trascripción del precepto aplicable, la realizó correctamente, y el encuadramiento de la conducta fue en la descrita en el Código Penal del Estado vigente en la época de los hechos (2016), y no en el que se encuentra vigente, lo cual afirmó no vulneraba la fundamentación de su resolución, porque ello no implicaba la aplicación de una norma incorrecta. Que también reasumió el estudio del grado de intervención del sujeto pasivo, a efecto de determinar la probable responsabilidad penal del procesado, y concluyó que existían indicios objetivos de cuyo enlace racional se obtenía una cadena incriminatoria en contra del inculpado, derivada de las pruebas indiciarias de cargo suficiente para acreditar en grado de probabilidad los hechos en que la víctima fue privada de la vida por el inculpado, ya que, en grado de probabilidad se advierte que el inculpado la mantuvo incomunicada y privada de la libertad para posteriormente proferirle lesiones y privarla de la vida, por lo que, lo consideró autor material del hecho, con fundamento en la fracción II del artículo 11 del Código Penal del Estado, y consideró que se establecía una conducta dolosa como lo había hecho notar el a quo, porque sabía que era ilícita, y no existía justificación del delito. Y determinó que fue correcto que el A quo estableciera la agravante a que se refiere el artículo 412 del Código Penal vigente en la época de los hechos, porque entre el sujeto activo y la víctima existió una relación sentimental, lo que denotaba que existía confianza entre ellos. De ahí, que sea infundado lo alegado por el quejoso en el sentido de que al haber declarado fundados sus agravios la autoridad responsable debió revocar el auto de formal prisión, y no confirmar la resolución apelada, ya que, como se advierte de su transcripción si bien algunos de sus agravios se declararon fundados, después de que la Sala Unitaria realizara el estudio concerniente a la falta de motivación, determinó eran inoperantes, y otros infundados. En ese tenor, es que se considera que la autoridad responsable cumplió con los requisitos de debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, porque los razonamientos que esgrimió la autoridad responsable para confirmar el auto de formal prisión, fueron correctos, y, de su contenido no se advierte la aplicación de la ley en forma retroactiva en perjuicio del solicitante de garantías, puesto que la legislación sustantiva -Código Penal del Estado de Oaxaca -, así como adjetiva -Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca-, consideradas para el dictado de la determinación reclamada es la vigente al momento de los hechos que se le imputan como probable responsable. Por otra parte, también es infundado el concepto de violación en el cual aduce que al haber dotado de fundamentación al auto de formal prisión en la resolución reclamada, es violatorio de su derecho de debida defensa, porque no puede combatir las consideraciones novedosas plasmadas por la alzada. En el sistema procedimental penal tradicional la autoridad judicial al dictar el auto de formal prisión, tan sólo se encarga de revisar si la actuación del ministerio público cumple o no con los estándares legales a efecto de tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad motivo de la consignación. Así, su labor se ciñe a fijar la materia del proceso con base, única y exclusivamente, en la imputación hecha por el ministerio público. Con ello, el juez depura la acusación, lo que bajo ninguna circunstancia puede significar que ante la deficiencia de la misma, aquél deba suplir ya sea la argumentación y, en especial, la fijación de los hechos con base en las probanzas que obren en la averiguación previa, pues, esa es labor exclusiva del órgano acusador; así, el juzgador no debe asumir el carácter de órgano acusador, tener un interés coadyuvante en la persecución del delito, ni debe convertirse en asesor del ministerio público, pues su función es la de aplicar la ley penal en un marco de respeto al principio de contradicción al que tienen derecho las partes involucradas. Es ilustrativa, en lo conducente por las razones jurídicas que contiene, la jurisprudencia 1a./J. 64/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, página 212, de contenido siguiente "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EL JUZGADOR DEBE LIMITARSE A LOS HECHOS MATERIA DE LA CONSIGNACIÓN, SIN QUE PUEDA TOMAR EN CUENTA AQUELLOS QUE DERIVEN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE SEAN DISTINTOS A LOS SEÑALADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO. El artículo 163 del Código Federal de Procedimientos Penales, faculta a la autoridad judicial a dictar el auto de formal prisión por el delito que realmente aparezca comprobado, siempre que tome en cuenta sólo los hechos materia de la consignación. La interpretación literal y genético-teleológica de esta norma permite afirmar que el juzgador no puede variar los hechos materia de la consignación y considerar las actuaciones de la averiguación previa y los hechos que de ellas se deriven, cuando no los hubiera señalado el Ministerio Público en el pliego de consignación, a fin de determinar la situación jurídica del inculpado. Esta afirmación encuentra su justificación en las funciones que desempeñan el Ministerio Público, como órgano acusador, y el juez, como rector del proceso, las cuales no pueden concurrir. La función del juez es determinar si la actuación del Ministerio Público cumple o no con los estándares legales a efecto de tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad motivo de la consignación, fijando la materia del proceso con base, única y exclusivamente, en la imputación realizada por el Ministerio Público, sin que pueda asumir el papel de acusador, coadyuvante o asesor del Ministerio Público, pues ello tornaría al proceso penal en un proceso inquisitivo. Toda decisión jurisdiccional tiene como base los principios de equidad procesal e imparcialidad, los que exigen que el juez sea ajeno a cualquiera de los intereses de las partes, en términos del artículo 17 constitucional, y si bien es cierto que el juez tiene la facultad de reclasificar los delitos, dicha rectificación sólo se realiza a nivel de tipicidad, por lo que debe distinguirse de aquella actuación que modifica o agrega elementos fácticos diversos a los señalados por la única autoridad competente para ejercitar la acción penal, en términos del artículo 21 constitucional. Si se autoriza que el juez incluya nuevos hechos en la acusación y que con base en ellos dicte un auto de formal prisión, entonces no se emitirá una actuación justa para el indiciado, porque lo dejará en estado de indefensión al negarle la posibilidad efectiva y equitativa de hacer valer sus puntos de vista y ofrecer pruebas, ya que los hechos por los que finalmente se dicta el auto, escapan de la materia de la acusación". Así, la autoridad judicial se encuentra constitucionalmente facultada para realizar la clasificación legal de los hechos consignados por el ente ministerial, siempre y cuando no se exceda de dicha función, para lo cual debe tomar en cuenta los hechos materia de la consignación, considerando la descripción típica legal y la presunta responsabilidad correspondientes. En ese tenor, se considera que la responsable como acertadamente lo señaló en la resolución reclamada, ante el insuficiente razonamiento por parte del juzgador de primer grado, debió imponerse del contenido del ejercicio de la acción penal y verificar, si resultaban procedente presuncionalmente la calificación del delito por el que se consignó al quejoso, o la probable responsabilidad del imputado, ello, sin modificar los hechos consignados, a fin de "enriquecerlos" con las constancias derivadas de la averiguación previa e incorporar aquéllos que el órgano acusador no estimó delictivos. Aspectos que no se advierte hubiera realizado la autoridad responsable, por tanto, válidamente se puede establecer que, en el recurso de apelación que se interpone contra el auto de formal prisión, el órgano de segunda instancia puede legalmente reasumir jurisdicción y corregir la motivación sobre la apreciación de las pruebas, sin alterar los hechos, como se advierte del contenido del artículo 518 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca. Además se debe destacar que en esta etapa procesal, la obligación constitucional de las autoridades judiciales consiste en fijar clara y precisamente el delito o delitos por los cuales se debe seguir el proceso, con base en los hechos específicos sobre los cuales se realizó la consignación y que fueron suficientemente demostrados para establecer los elementos del cuerpo del delito y, en su caso, la presunta responsabilidad del procesado. Por tanto, el que la autoridad responsable, en su calidad de tribunal de alzada analice lo resuelto por el juez penal, tiene por finalidad el establecer un principio de seguridad y certidumbre jurídica, para que el proceso se siga por el delito que quede señalado en la sentencia de apelación, que busca la concordancia entre los hechos materia de la consignación y la prueba de su existencia, con la clasificación que corresponda respecto del tipo penal que procede. De ahí lo infundado de los conceptos de violación en los que señala que con la emisión del acto reclamado la capacidad de defensa del inculpado y sus derechos relativos, se reducen o son violentados, porque como se explicó, el análisis que realiza la alzada en ejercicio de la facultad legal que tiene, y la emisión de la resolución correlativa, respeta el principio de seguridad y de certidumbre jurídica, a fin de lograr la concordancia precisa entre hechos probados y el tipo penal al que se adecuen; lo cual es acorde con el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, básicamente a efecto de que el proceso se siga por los delitos que tipifican los hechos denunciados, no por otros, y en consecuencia, el procesado, tenga oportunidad en todas y cada una de las etapas procesales, a partir del inicio de la instrucción que se genera en el momento en que queda definida la formal prisión para su ejercicio de ejercer su adecuada defensa. Así, el que la autoridad responsable hubiera reasumido jurisdicción, no significa que al inculpado se le deje en estado de indefensión, porque en esta etapa procesal, tiene a su alcance toda la secuela del juicio, a partir de la instrucción, en la que podrá expresar argumentos y aportar pruebas que tengan como finalidad demostrar su inocencia o bien, que el tipo penal adecuado a los hechos acreditados por su defensa, corresponden a otro de menor gravedad. Inclusive de conformidad con lo dispuesto en el artículo 540 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, la Sala de apelación se encuentra facultada para reclasificar el delito por el que el juez a quo decidió pronunciar el auto de formal prisión, cuando sea el inculpado o su defensor quienes interpongan el recurso de apelación -como en el caso acontece- con la única limitación para el tribunal de alzada que la reclasificación deba hacerse en forma tal que corresponda a los hechos que motivaron la consignación, sin incurrir en alguna variante de los mismos. En consecuencia, al ser infundados los conceptos de violación propuestos por el quejoso, se niega el amparo y la protección de la Justicia Federal a Marcos Román Camarillo. SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con los artículos 6, párrafo segundo, apartado A, fracción II y, 16, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los diversos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil diecisiete, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sustenta a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 77, y 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ****; en los términos precisados en este fallo, en términos del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento a los considerandos cuarto y quinto de esta resolución. Notifíquese por personalmente y por oficio a la autoridad responsable
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público, adscrita al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; visto su contenido y como lo solicita, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se le tiene apersonándose a este juicio de amparo, en su carácter de tercera interesada. Se le tiene señalando domicilio para recibir notificaciones, asimismo en términos del numeral 24 de la Ley de Amparo, téngase como autorizados para tales efectos a las persona que menciona. Se toma nota del correo electrónico que obra al calce del oficio de referencia, para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista electrónica.
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