Marcos Rivera Mendoza
Expediente 761/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 761/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Marcos Rivera Mendoza
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de la SECRETARIA DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, por el cual informa a este órgano que se acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente asunto. Dado lo anterior, archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuesto II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas del expediente de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Así mismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. Finalmente, notifíquese personalmente el presente acuerdo a la parte quejosa en el lugar de su reclusión.
- Principal
Vista la razón actuarial que antecede, de la que se advierte que el quejoso ***, reconoció como suya la firma que calza el escrito recibido en este órgano jurisdiccional el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, registrado con el número de promoción 15037, por medio del cual desahoga la prevención de ocho de agosto de dos mil diecinueve. En tales condiciones, se le tiene manifestando que comparece ante esta instancia constitucional a reclamar el "ilegal nombramiento, ratificación, recepción de protesta de cargo y omisión en la remoción del Juez José Refugio Alejandro León Flores, Titular del Juzgado Penal de Cholula, Puebla, así como la Facultad Conferida para fungir con tal carácter, sin que cumpliera los requisitos de ley para tal efecto y como consecuencia del nombramiento al citado Juez la emisión de la sentencia condenatoria dictada en mi contra en el proceso penal radicado en el índice del Juzgado Penal de Cholula, Puebla bajo el expediente 194/2014". De lo anterior, el suscrito considera que este órgano jurisdiccional carece de competencia por razón de la materia para conocer del juicio de amparo, en virtud de que el acto que se reclama no es de materia penal. En efecto, en términos de los artículos 10 y 12 del acuerdo general 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se determina que este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla conocerá de los asuntos a que se refiere el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del numeral transcrito se puede observar que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal conocerán de los asuntos siguientes: a) Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el caso debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. b) Contra actos que afecten la libertad personal, con independencia de la naturaleza de la autoridad que emita el acto reclamado si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal de la parte quejosa, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. c) Contra actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. d) Contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. e) Contra leyes o incumplimiento de declaratorias de inconstitucional emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionadas con normas generales en materia penal. En el caso, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado se advierte que el mismo no se ajusta a alguno de los supuestos establecidos en el numeral antes citado, ya que el acto reclamado no lo constituye una resolución judicial del orden penal, no atenta contra la libertad personal con motivo de una corrección disciplinaria o medida de apremio dentro de un procedimiento penal, no se vincula con la reparación del daño, ni se reclama una ley o incumplimiento de declaratorias de inconstitucional emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionadas con normas generales en materia penal. Pues como se dijo, el promovente de amparo comparece ante esta instancia constitucional a reclamar toralmente el nombramiento, ratificación, recepción de protesta de cargo y omisión en la remoción del Juez José Refugio Alejandro León Flores, titular del Juzgado Penal de Cholula, Puebla, así como la facultad conferida para fungir con tal carácter, sin que cumpliera los requisitos de ley para tal efecto; y si bien, reclama en vía de consecuencia la sentencia condenatoria dictada por el citado juez en el proceso penal 194/2014; este último, lo hace depender de la ilegalidad en el nombramiento otorgado al Juez José Refugio Alejandro León Flores, titular del Juzgado Penal de Cholula, Puebla, de ahí que en el caso el acto que en esencia reclama Marcos Rivera Mendoza, no pueda ser considerado de naturaleza penal conforme lo previsto en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pues en el caso, la designación y ratificación que tilda de inconstitucional, deriva de un procedimiento administrativo, que conforme a los lineamientos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, corresponde vigilar al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, por consiguiente, se insiste, tal circunstancia no puede considerase de orden penal. Por tanto, el suscrito estima que se reclama un acto que no es competencia de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, si no que corresponde el conocimiento a un Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, razón por la cual este juzgado declara carecer de competencia para conocer de la presente demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el original del juicio de amparo formado con la demanda de amparo al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en Turno en el Estado de Puebla, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común correspondiente, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes manifieste si acepta o no la competencia en términos del numeral en cita. Así mismo, solicítese se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Fórmese, con las constancias necesarias, el expedientillo de amparo respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta que al parecer suscribe el quejoso ***, y toda vez que a simple vista es posible darse cuenta que las firmas que calzan tanto en su demanda de garantías, así como en su escrito de cuenta son notoriamente distintas; en esas condiciones, tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Puebla, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en el Centro de Reinserción Social de Puebla, notifique personalmente el presente acuerdo y requiera en ese acto a ***, para que manifieste si reconoce como puesta de su puño y letra la firma que calza el escrito de cuenta; apercibido que de no realizar manifestación alguna, se tendrá por no presentada la citada promoción. Apoya a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por la Jurisprudencia 258, visible en la página 174, del tomo VI del último Apéndice de Jurisprudencia, que a la letra dice:
- Principal
Puebla, Puebla, ocho de agosto de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por MARCOS RIVERA MENDOZA, contra los actos del PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 761/2019. PREVENCIÓN DE DEMANDA Ahora bien, del análisis integral del libelo de amparo, se advierte que el quejoso MARCOS RIVERA MENDOZA, es ambiguo al precisar los actos reclamados en esta vía. Por tanto, a fin de acordar lo procedente sobre la demanda que se provee, con fundamento en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se previene al citado quejoso para que en el término de cinco días, siguientes a aquél en que le surta efectos la notificación correspondiente, mediante escrito aclaratorio y con copias suficientes del mismo, cumpla con lo que dispone el artículo 108, fracción III de la ley de la materia, esto es: Manifieste, si lo que reclama es la sentencia condenatoria dictada en su contra en el proceso penal 194/2014, del índice del Juzgado Penal de Cholula, Puebla; o bien, El ilegal nombramiento, ratificación, recepción de protesta de cargo y omisión en la remoción del Juez José Refugio Alejandro León Flores, titular del Juzgado Penal de Cholula, Puebla, así como la facultad conferida para fungir con tal carácter, sin que cumpliera los requisitos de ley para tal efecto y, como consecuencia del nombramiento otorgado al citado Juez, la emisión de la sentencia condenatoria dictada en su contra en el proceso penal aludido. Lo anterior, con la finalidad de que este Juzgado Federal se encuentre en aptitud de proveer lo conducente en relación a su demanda de amparo, bajo apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado en el tiempo fijado para ello, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro de Reinserción Social de Puebla, y como autorizados, en los términos que refiere, a los profesionistas que indica, esto, por así haberlo solicitado expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional, para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información, elaborará la versión pública protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, ante EMILY GUADALUPE PATRÓN BECERRA, Secretaria que autoriza y da fe.
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