Marcos Raymundo Zamora Jaime

Expediente 1118/2014 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1118/2014
Año
2014
Actuaciones
12
Última actuación
22/04/2015

Partes del expediente

  • Marcos Raymundo Zamora Jaime

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    México, Distrito Federal, a veintidós de abril de dos mil quince. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, se establece que el original de este incidente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otro lado, respecto del duplicado del incidente de suspensión con fundamento en el artículo vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez transcurridos seis meses a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, procédase a su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    México, Distrito Federal, a veintidós de abril de dos mil quince. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que el término para que la parte quejosa impugnara el acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil quince, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, ha transcurrido; en consecuencia, SE DECLARA CONSENTIDO; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por ello, dese el aviso correspondiente a las autoridades responsables. En otro orden de ideas, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, toda vez que el mismo se ubica en el supuesto que alude el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del indicado acuerdo, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. En consecuencia, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental. Por otra parte, ya que del estado de autos, se advierte que tanto la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal como el Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Federal remitieron copia certificada de diversas constancias, por lo que fueron aperturados los anexos I y II; y, ya que en esta fecha se ordenó el archivo del presente juicio de amparo, es innecesario que dichas documentales continúen a disposición de éste juzgado federal; por tanto, devuélvanse los referidos anexos a dichas autoridades, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    (Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de veinticinco de marzo del dos mil quince, a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" México, Distrito Federal, veinticinco de febrero de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a MARCOS RAYMUNDO ZAMORA JAIME en el goce de sus derechos violados en términos de lo establecido en la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; lo anterior, en atención a que el cumplimiento de la sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por la autoridad responsable SEGUNDA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, se cumple con la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, resulta necesario precisar que el acto reclamado por el que se otorgó la protección constitucional se hizo consistir en la resolución de 24 de octubre de 2014, dictada en el toca penal 1220/2014, a través de la cual se modificó parcialmente la determinación de 15 de agosto de 2014, pronunciada por el Juez Segundo de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Federal, dentro del expediente 241/2014, y se declaró improcedente la remisión parcial de la pena de prisión impuesta al quejoso, en la causa penal 242/2008 del índice del Juzgado Décimo Cuarto Penal del Distrito Federal. Ahora bien, mediante sentencia de amparo de 8 de enero de 2015, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente el acto reclamado. Con plenitud de jurisdicción, dictara otro, tomando en consideración: b.1) Que la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, es la más benéfica. b.2) Resolviera lo relativo al beneficio de remisión parcial de la pena, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en dicha normatividad, prescindiendo de reiterar las consideraciones resaltadas en la resolución en comento. Por tanto, mediante oficio registrado con el número 1130, la SEGUNDA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. A fin de demostrar dicha circunstancia, remitió copia certificada de la resolución de 10 de febrero de 2015, de la que se advierte que: Dejó insubsistente el acto reclamado. Dictó otro, en el cual con libertad de jurisdicción resolvió con apego a los requisitos establecidos en el artículo 39 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, por ser más favorables para el quejoso, que los contemplados en el artículo 50 de la ley abrogada, lo siguiente: Refirió que cumplió el requisito de buena conducta, aunque haya sido sancionado por insultar a un diverso reo, lo anterior, porque dicha infracción no resultó grave, ni trascendental, ni puso en riesgo el orden dentro del centro penitenciario, además de que el quejoso mostró su deseo de comportarse con apego a los lineamientos institucionales al asistir a los cursos "intrega", así como el diverso de "control y manejo de estrés". Respecto de la fracción segunda del artículo 39, adujó que la parte quejosa: Sí mostró disposición para trabajar, lo que se demostró con el informe rendido por el Jefe de la Oficina de Organización del Trabajo del Reclusorio donde se encuentra interno, quién hizo saber que el quejoso laboró como artesano. Manifestó que la actividad educativa, también quedaba demostrada con el informe rendido por el titular del centro de enseñanza, que refería la asistencia del quejoso a seis cursos, sin que le hecho de que no se hubiera inscrito a la Universidad desacreditara tal requisito, pues ya contaba con un carrera técnica. Sin embargo, de las actividades deportivas y de otra índole (cultura y recreación), no las tuvo por satisfechas, pues manifestó que el quejoso no intervino con regularidad en éstas. Manifestó que en relación al último requisito referente a la viabilidad de su reinserción social, no se actualizaba, toda vez que el impetrante de amparo había carecido de regularidad en el ámbito deportivo, cultural y recreativo; lo anterior, al considerar al deporte como el medio para lograr la reinserción social y el medio para procurar que no vuelva a delinquir. Respecto del estudio en trabajo social y criminológico, así como el dictamen en psicología, consideró que no eran suficientes para desvirtuar la inconsistencia del quejoso en el deporte, por lo que resolvió con plenitud de jurisdicción que éste no era apto para obtener su libertad anticipada. Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en términos del artículo 196 de la ley de la materia, ya que como se advierte de párrafos precedentes la responsable se ajustó a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, pues estudió si en el caso se cumplían los requisitos del artículo 39 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, por ser más benéfica para la parte quejosa y resolvió con libertad de jurisdicción lo que estimó conducente atendiendo al principio de reinserción social y prescindió de los argumentos encaminados hacia la personalidad del quejoso y su difícil readaptación a la sociedad. Conviene precisar que la legalidad de la sentencia por la que se dio cumplimiento al fallo protector, no es materia de la presente resolución, sino que puede ser objeto de un diverso medio de inconformidad que en su caso se intente, y sea procedente. Finalmente, atento a lo expuesto en párrafos precedentes y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos del numeral 201 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    México, Distrito Federal, veinticinco de febrero de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a MARCOS RAYMUNDO ZAMORA JAIME en el goce de sus derechos violados en términos de lo establecido en la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; lo anterior, en atención a que el cumplimiento de la sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por la autoridad responsable SEGUNDA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, se cumple con la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, resulta necesario precisar que el acto reclamado por el que se otorgó la protección constitucional se hizo consistir en la resolución de 24 de octubre de 2014, dictada en el toca penal 1220/2014, a través de la cual se modificó parcialmente la determinación de 15 de agosto de 2014, pronunciada por el Juez Segundo de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Federal, dentro del expediente 241/2014, y se declaró improcedente la remisión parcial de la pena de prisión impuesta al quejoso, en la causa penal 242/2008 del índice del Juzgado Décimo Cuarto Penal del Distrito Federal. Ahora bien, mediante sentencia de amparo de 8 de enero de 2015, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente el acto reclamado. Con plenitud de jurisdicción, dictara otro, tomando en consideración: b.1) Que la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, es la más benéfica. b.2) Resolviera lo relativo al beneficio de remisión parcial de la pena, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en dicha normatividad, prescindiendo de reiterar las consideraciones resaltadas en la resolución en comento. Por tanto, mediante oficio registrado con el número 1130, la SEGUNDA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. A fin de demostrar dicha circunstancia, remitió copia certificada de la resolución de 10 de febrero de 2015, de la que se advierte que: Dejó insubsistente el acto reclamado. Dictó otro, en el cual con libertad de jurisdicción resolvió con apego a los requisitos establecidos en el artículo 39 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, por ser más favorables para el quejoso, que los contemplados en el artículo 50 de la ley abrogada, lo siguiente: Refirió que cumplió el requisito de buena conducta, aunque haya sido sancionado por insultar a un diverso reo, lo anterior, porque dicha infracción no resultó grave, ni trascendental, ni puso en riesgo el orden dentro del centro penitenciario, además de que el quejoso mostró su deseo de comportarse con apego a los lineamientos institucionales al asistir a los cursos "intrega", así como el diverso de "control y manejo de estrés". Respecto de la fracción segunda del artículo 39, adujó que la parte quejosa: Sí mostró disposición para trabajar, lo que se demostró con el informe rendido por el Jefe de la Oficina de Organización del Trabajo del Reclusorio donde se encuentra interno, quién hizo saber que el quejoso laboró como artesano. Manifestó que la actividad educativa, también quedaba demostrada con el informe rendido por el titular del centro de enseñanza, que refería la asistencia del quejoso a seis cursos, sin que le hecho de que no se hubiera inscrito a la Universidad desacreditara tal requisito, pues ya contaba con un carrera técnica. Sin embargo, de las actividades deportivas y de otra índole (cultura y recreación), no las tuvo por satisfechas, pues manifestó que el quejoso no intervino con regularidad en éstas. Manifestó que en relación al último requisito referente a la viabilidad de su reinserción social, no se actualizaba, toda vez que el impetrante de amparo había carecido de regularidad en el ámbito deportivo, cultural y recreativo; lo anterior, al considerar al deporte como el medio para lograr la reinserción social y el medio para procurar que no vuelva a delinquir. Respecto del estudio en trabajo social y criminológico, así como el dictamen en psicología, consideró que no eran suficientes para desvirtuar la inconsistencia del quejoso en el deporte, por lo que resolvió con plenitud de jurisdicción que éste no era apto para obtener su libertad anticipada. Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en términos del artículo 196 de la ley de la materia, ya que como se advierte de párrafos precedentes la responsable se ajustó a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, pues estudió si en el caso se cumplían los requisitos del artículo 39 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, por ser más benéfica para la parte quejosa y resolvió con libertad de jurisdicción lo que estimó conducente atendiendo al principio de reinserción social y prescindió de los argumentos encaminados hacia la personalidad del quejoso y su difícil readaptación a la sociedad. Conviene precisar que la legalidad de la sentencia por la que se dio cumplimiento al fallo protector, no es materia de la presente resolución, sino que puede ser objeto de un diverso medio de inconformidad que en su caso se intente, y sea procedente. Finalmente, atento a lo expuesto en párrafos precedentes y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos del numeral 201 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Notifíquese y personalmente.

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