Marcos Ramírez García
Expediente 176/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 176/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Marcos Ramírez García
Actuaciones
- Principal
"...CAUSA ESTADO Y SE ORDENA ARCHIVO DEFINITIVO..."
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LA FRACCION I, INCISO B, DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA EN VIA DE NOTIFICACION PERSONAL AL QUEJOSO MARCOS RAMIREZ GARCIA, EL SIGUIENTE: Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Recepción demanda: Se tiene por recibido el escrito signado por Marcos Ramírez García, a través del cual promueve juicio de amparo por propio derecho contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. Formación y registro de expediente: En consecuencia, se ordena formar expediente, anotar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 176/2021 y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento: Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la procedencia o improcedencia de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, en la inteligencia de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de modo tal que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible que se forme una convicción diversa, con independencia de los elementos que de manera eventual pudieran allegar las partes. Ilustra sobre el particular, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En la especie se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos (.)" La mencionada causa de improcedencia, es la comúnmente denominada litispendencia, la cual, entraña un fenómeno procesal que se traduce en la simultánea tramitación de dos o más juicios en los cuales los elementos especiales de las acciones respectivas, sean los mismos. Trasladado lo anterior al amparo, la disposición legal transcrita contempla una hipótesis de litispendencia entre dos o más juicios de amparo, con vista a la identidad en cuanto al quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado. Se trata, pues, de expedientes iguales. Dicha causa de improcedencia, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. La finalidad de esta causa, es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico. Así, de lo anterior, se colige que el juicio de derechos fundamentales resulta improcedente siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que el acto que se reclame sea materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o en única instancia o en revisión; y, c) Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Los extremos anteriores, como se verá a continuación, se surten en el caso. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de la Materia, se obtiene que el peticionario de amparo tilda de inconstitucional, lo siguiente: "4.- ACTO RECLAMADO.- la omisión por parte de la autoridad de fijar fecha para la audiencia 873 en contravención a lo dispuesto en los artículo 873 el cual prevé que "El pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictara acuerdo, en el que se señala día y hora para la celebración de la audiencia, de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya escrito el escrito de demanda." Y, señala como autoridad responsable a la siguiente: "3.- AUTORIDAD RESPONSABLE: LA H. JUNTA LOCAL DEL CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, con domicilio en COMONFORT Y RÍO SONORA, EDIFICIO SONORA PLANTA BAJA EDIFICIO HERMOISLLO, DE ESTA CIUDAD Hermosillo, Sonora." "ANTECEDENTES 1.- En el año del 2013, presente demanda en contra de la tercera perjudicada reclamado varias prestaciones. 2.- Seguido que fue el procedimiento se señaló fecha para la audiencia 873 para el día 20 de MAYO DEL 2013 en dicha fecha no se volvió a fijar nuevamente es por lo que acudo ante USTED SU SEÑORA pidiendo que requiera a la responsable para que la fija violando con ello el precepto 873 el cual prevé que "El pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contada a partir del momento en que se reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en que señala día y hora para la celebración de la audiencia, de conciliación, demanda y excepciones,.... que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes el en que se haya recibido el escrito de demanda.. " En el mismo acuerdo se ordenará se notifique personalmente a las partes con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda, y ordenado se notifique a las partes con apercibimiento al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo y por pedido el derecho de ofrecer pruebas, si no ocurre a la audiencia, y violo por consecuencia los artículos 14,16 y 17 de nuestra Carta Magna conculcando con ello dichas garantías contenidas en tales preceptos constitucionales y por lo tanto se me deberá conceder el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL., para que el efecto de que la autoridad señalada como responsable fije fecha para dicha audiencia". (Énfasis añadido). Ahora, el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, se actualizará esta causa cuando se dicte sentencia en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las determinaciones controvertidas. En este sentido, para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos ante él tramitados, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia XXII J/12, visible en la página 295 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1997, Tomo V, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Asimismo, de conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, el cual establece que los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Así, al tener a la vista el juicio de amparo 842/2016, del índice estadístico de este órgano jurisdiccional, formado con motivo de la demanda promovida por el quejoso Marcos Ramírez García, se advierte que en dicho juicio reclamó lo siguiente: "4.- ACTO RECLAMADO.- la omisión por parte de la autoridad de fijar fecha para la audiencia 873 en contravención a lo dispuesto en los artículo 873 el cual prevé que "El pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictara acuerdo, en el que se señala día y hora para la celebración de la audiencia, de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya escrito el escrito de demanda." Además, señaló como autoridad responsable la siguiente: "3.- LA AUTORIDAD RESPONSABLE: LA H. JUNTA LOCAL DEL CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, con domicilio en COMONFORT Y AV. CULTURA, EDIFICIO SONORA PLANTA BAJA, de esta Ciudad de Hermosillo, Sonora. "ANTECEDENTES 1.- En fecha dos 2 de noviembre del año 2011 presente demanda en contra de promotora inmobiliaria Santa Cecilia S.A. de CV reclamando varias prestaciones. 2.- seguido que fue el procedimiento se señaló fecha para la audiencia 873 el día 20 DE MAYO DEL 2013, en dicha fecha, la autoridad responsable omitió llevar a cabo la audiencia 873 en virtud de que no se encontró el expediente físicamente, por lo que la responsable no señaló fecha para la continuación de la audiencia 873, lo cual contraviene la disposición del artículo 873 el cual prevé que "El pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contados a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señala día y hora para la celebración de la audiencia, de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a alguien que haya recibido el escrito de demanda..." y violó por consecuencia los artículos uno 14,16 y 17 de nuestra Carta Magna conculcando con ello dichas garantías contenidas en tales preceptos constitucionales, y por lo tanto se me deberá conceder el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, para el efecto de que la autoridad señalada como responsable dicte resolución definitiva dentro del presente expediente. (Énfasis añadido) De igual forma, del referido expediente (842/2016) se advierte que dicha demanda de amparo se presentó el trece de julio de dos mil dieciséis y que en seis de septiembre del mismo año, se dictó resolución constitucional en la cual se sobreseyó en el juicio al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI toda vez que la Junta responsable señaló las diez horas del siete de septiembre de dos mil dieciséis, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, en ambos juicios existe identidad en cuanto al quejoso, acto reclamado y autoridades responsables, como se observa a continuación: Quejoso: Marcos Ramírez García. Actos reclamados: Omisión de señalar fecha para el desahogo de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral 5182/2011, -desde el veinte de mayo de dos mil trece-. Autoridad responsable: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora. En tales condiciones, si este juicio de amparo se promovió por el mismo quejoso, contra el mismo acto reclamado (omisión de señalar para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, -desde el diez de mayo de dos mil trece-) y propia autoridad responsable, es inconcuso que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, relativa a que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Es aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, Octava Época, visible en la página 260 del Tomo XV, Enero de 1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Igualmente, sirve de apoyo la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 817 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ÉSTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto". Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada en la presente determinación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Marcos Ramírez García, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción X, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados: Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito que se atiende ubicado en Chihuahua, número 13, entre Juárez y Abasolo, colonia Centro, en esta ciudad. Ahora, toda vez que el juicio de donde emana el acto reclamado es de naturaleza laboral, y que la parte quejosa no resulta ser la parte patronal, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados en los más amplios términos a Ricardo Hernández López y Ramón Rafael Espinoza Félix. Apercibimiento de autoridades inexistentes: Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si el actuario judicial adscrito a este juzgado manifiesta su imposibilidad de notificar a algunas de las autoridades responsables debido a su inexistencia, o bien, que alguna de las diversas autoridades informa que no existe otra de las autoridades, sin mayor trámite se les tendrá como inexistentes, suspendiendo toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable hasta antes de la audiencia constitucional, tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y, al principio de celeridad procesal. Se exhorta a transitar a juicio en línea: Ahora, con fundamento en los artículos 22 y 28 del citado Acuerdo General 21/2020 , dado que el presente juicio fue promovido de manera física, se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se les invita a que, de estimarlo pertinente, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Del mismo modo, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que realice las notificaciones ordenadas, conforme al capítulo IV de la Ley de Amparo, así como del numeral 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Habilitación de días y horas: De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios de la adscripción para que practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y que tengan carácter de personal, aún en días y horas inhábiles. Transparencia: En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de éstos. Digitalización del expediente: En cumplimiento artículo 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, de forma tal que el expediente físico y el electrónico deberán contener las mismas constancias y documentos, guardando idéntico orden cronológico.
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