Marcos Pérez Martínez
Expediente 843/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 843/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/12/2020
Partes del expediente
- Marcos Pérez Martínez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal. . . se declara que HA CAUSADO ESTADO. . . se ordena el archivo...
- Principal
Atento a la certificación... se hace del conocimiento que el Juez Agustín Gaspar Buenrostro Massieu fue designado como titular de este Juzgado de Distrito a partir del dieciséis de marzo de dos mil veinte... Agréguese a los autos el escrito signado por *** única accionista de la moral *** se le tiene designado como nuevo domicilio procesal para oír y recibir notificaciones... se le autoriza la consulta electrónica del presente expediente.
- Principal
Vista la cuenta secretarial que antecede, como está ordenado en auto de esta fecha, dictado en el expediente principal del juicio de amparo 474/2020-IV, promovido por Juan Rivera Ruiz, por propio derecho, contra actos del Juez Cívico del Municipio de Corregidora, Querétaro, y otras autoridades, tramítese en incidente la suspensión de los actos reclamados y, al efecto, con dos copias de la demanda de amparo fórmese expediente por duplicado. SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR SU INTERÉS JURÍDICO. El promovente del amparo, al solicitar la suspensión provisional del acto reclamado, está obligado a demostrar aun en forma presuntiva su interés jurídico, cuando dada la naturaleza del acto en contra de la cual se pide, no pueda desprenderse del texto de la propia demanda tal presunción y así dejar satisfechos todos los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de amparo, por lo que no es el caso, de que a pesar de la falta de prueba, que demuestre siquiera en forma presuntiva el interés jurídico, debe concederse la suspensión provisional y dejar al quejoso expedito su derecho para que lo demuestre hasta la audiencia incidental, donde debe resolverse sobre la procedencia de la definitiva, pues esto solamente podría darse, cuando se hubiere concedido la provisional y dentro del trámite del incidente, se impugnará el derecho del peticionario de garantías, alegando que no tiene interés jurídico para pedir la medida cautelar. En tal virtud, con fundamento en el artículo 128 de la ley de la materia, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA, toda vez que el peticionario no acreditó de manera indiciaria el interés suspensional que dice tener respecto del inmueble ubicado en Avenida Reforma, El Pueblito, Villa Corregidora, Querétaro. Lo anterior, pues para acreditar dicho interés se requiere la existencia de un principio de prueba del que se desprenda el interés puro y simple, el cual de manera presuntiva faculta a la parte quejosa para solicitar la suspensión del acto reclamado; y que, en unión de la satisfacción de los requisitos previstos por el precepto 128 de la Ley Amparo, constituye la única exigencia para la concesión de dicha medida cautelar, lo que no ocurre en la especie, ya que no acompañó ningún elemento de convicción que demuestre que es titular del derecho que aduce, respecto del cual se están llevando actos de molestia por parte de las autoridades señaladas como responsables, ello aunque sea de manera presuntiva para los efectos del presente incidente de suspensión. Situación que se traduce en no satisfacer los requisitos que para la concesión de la suspensión prevé el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, requisitos de los cuales destaca, por su importancia, el referente a que la suspensión debe ser solicitada por la parte agraviada, entendiéndose por tal, el titular del derecho objetivo que se aduce afectado con el acto de autoridad. Ello, en virtud de que este órgano jurisdiccional no tiene la certeza de que el peticionario de amparo resulte o pueda resultar verdaderamente agraviado, con motivo del acto que pretende suspender, pues si bien se debe partir del supuesto de que tal acto reclamado es cierto de acuerdo a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad narra el promovente, en el sentido de que es el posesionario del bien inmueble que defiende, en acatamiento a lo establecido en el artículo 128, fracción I, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se debe verificar si , para efectos de la suspensión , demuestra que los actos le agravian , sin que pueda pensarse que con las simples manifestaciones que formula en su demanda de amparo bajo protesta de decir verdad se haya satisfecho dicho requisito, porque ello no le eximía de la obligación de acompañar al cuaderno incidental, algún elemento de convicción que en forma indiciaria acreditara su aserto de tener el derecho que aduce. Al caso se invoca la jurisprudencia III. 2o. A. J/6, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible a página 46 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 52 (abril de 1992), que establece: SUSPENSIÓN. PROTESTA DE DECIR VERDAD, VALOR Y EFECTO EN EL INCIDENTE DE. El que la parte quejosa en la demanda de amparo haya indicado, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que le consten, no significa que por ello sea procedente la medida suspensional que solicita, pues el hecho de que haya manifestado tal circunstancia, no le eximía de la obligación de acompañar al cuaderno incidental, algún elemento de convicción que en forma indiciaria robusteciera su aserto. Ello es así, porque las declaraciones que realizó el quejoso en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad, únicamente tiene como efecto dar cumplimiento a uno de los requisitos formales que toda demanda de amparo indirecto debe contener, conforme lo dispone el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, más desde luego ello no implica la veracidad de lo afirmado, lo cual debe ser demostrado indiciariamente en el cuaderno incidental; por tanto la mencionada protesta, es insuficiente para acreditar presuntivamente el interés jurídico de el quejoso. Recapitulando los razonamientos expuestos, es incuestionable que para obtener la medida cautelar solicitada sólo es menester que la parte quejosa acredite, aun de modo presuntivo, el interés que le asiste en lograr tal suspensión, esto es, el derecho que se verá afectado por el acto reclamado a las autoridades responsables correspondientes, ya que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el citado artículo 128 previene que uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión, es el que lo solicite el quejoso y, naturalmente, sólo puede serlo quien tiene interés suspensional, pensar lo contrario, nos conduciría al absurdo de que cualquiera, incluso aquél que no tuviera interés, pudiera obtener el beneficio de la suspensión. Al tenor de lo expuesto, si este juzgador advierte que Juan Rivera Ruiz no allegó al presente incidente de suspensión elementos de convicción suficientes que permitieran establecer que el acto reclamado pudiera afectarle en el derecho que aduce como suyo, resulta inconcuso que lo procedente es NEGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA. Sin que pase inadvertido que señale que en el predio cuyos derechos defiende también desarrolla su actividad comercial, pues, en todo caso, tampoco es viable conceder la suspensión en tanto que, al tratarse de una actividad reglamentada, la sociedad y el estado están plenamente interesados en que cuenten con la autorización o permiso vigente expedido por la autoridad competente y, como se dijo, no exhibió documento alguno para considerar, aunque sea indiciariamente, que cuenta con interés suspensional. AUDIENCIA INCIDENTAL Por otra parte, se señalan las DOCE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia incidental.
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