Marcos Pereira Miranda
Expediente 921/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 921/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/10/2023
Partes del expediente
- Marcos Pereira Miranda
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, a trece de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el plazo para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia dictada en autos, en la cual se sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. En el entendido que únicamente se tomó en consideración el plazo de la parte quejosa por ser la única legitimada para recurrir la sentencia, pues de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las resoluciones que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, por lo que sólo están legitimadas a recurrir las determinaciones que les son adversas, lo que en la especie no aconteció ya que en este asunto se determinó sobreseer en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Décimo Circuito, visible en la página 2464, libro 34, tomo IV, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a septiembre de 2016, de rubro y texto siguientes: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita." Se ordena el archivo. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales., publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Cuaderno principal. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con resolución que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: I. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del citado acuerdo, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de anexos. Finalmente, en el supuesto de que durante la sustanciación del juicio de amparo en que se actúa se hubieran formados tomo(s) de prueba(s) por separado -anexo(s)-; mediante oficio devuélvanse los mismos a la autoridad que los remitió.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Marcos Pereira Miranda por los motivos y fundamentos expuestos en el tercer considerando de la presente resolución. SEGUNDO. En cumplimiento a lo establecido en el cuarto considerativo de esta sentencia, captúrese la presente resolución en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como recabar la constancia correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a diez de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a este expediente, el oficio de cuenta que en vía de informe en relación con la suspensión de plano decretada a favor del quejoso remite la autoridad señaladas como responsable; por tanto, se les tiene por cumplido el requerimiento de siete de agosto de dos mil veintitrés, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. De conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse a la autoridad señalando como delegados a las personas que menciona y como domicilio para recibir notificaciones el que indica.
- Principal
En siete de agosto de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con el escrito de demanda presentado por Marcos Pereira Miranda, registrado con el número de correspondencia 11877. Conste.Tijuana, Baja California, a siete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo, promovida por Marcos Pereira Miranda, por derecho propio; contra actos de la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración; en consecuencia, con fundamento en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 33, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdos Generales 3/2013 y 38/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se admite la demanda de amparo en los términos presentados, fórmese el expediente y anótese el ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 921/2023-VII. Suspensión de Plano. En ese orden de ideas, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en: cualquier acto que tenga por objeto que se nos prive de la libertad personal fuera de procedimiento y/u orden de deportación, se decreta la suspensión de plano o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se describen en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que traigan como consecuencia la afectación a su integridad personal, y las consecuencias derivadas de ellos que resulten en su perjuicio, por encontrarse prohibidos en términos de los preceptos legales que al efecto han quedado invocados. Con fundamento en los artículos 126 y 160 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio y de plano se decreta para el efecto que el quejoso no sea deportado o extraditado, quedando a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo referente a su libertad personal. Presta apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, tomo XXVI, diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Por tanto, se requiere a la autoridad para que en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, informe sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada; en la inteligencia de que el desacato a lo ordenado con antelación equivale a la comisión de un delito, atento a lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. En el entendido que la presente medida únicamente surtirá sus efectos de no haberse ejecutado los actos reclamados; asimismo, la presente determinación no tendrá por efecto paralizar o suspender el procedimiento administrativo o migratorio que al efecto se instruya al agraviado. Se autoriza a la autoridad responsable para que rinda su informe mediante correo electrónico institucional a la dirección oficial, 12jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; asimismo, se le requiere, para que al momento de rendir el informe dando cumplimiento a la suspensión de plano, informe la fecha en que recibió el oficio correspondiente al presente proveído; de igual forma, se sirva proporcionar un correo electrónico a fin de realizarle las subsecuentes notificaciones por esa vía, para privilegiar el uso de los medios electrónicos durante la contingencia sanitaria decretada en el país, sin perjuicio de que lo realicen mediante oficio que se envíe a este juzgado. Por tanto, se faculta a cualquiera de los Actuarios de este Juzgado Federal para que de inmediato notifique personalmente al quejoso el presente proveído y mediante oficio a la autoridad responsable, se cerciore del cumplimiento inmediato a la suspensión de plano, levante el acta correspondiente y de cuenta de lo acontecido en la diligencia que se le encomienda, con la misma prontitud. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del once de septiembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. Se hace del conocimiento a las partes que la audiencia constitucional se celebrará con o sin la concurrencia de las partes acorde a lo establecido en el artículo 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Informe justificado. Pídase a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, y deberá manifestar categóricamente si son o no ciertos los actos reclamados; asimismo, conforme al artículo 117, de la Ley de Amparo, deberán exponer las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; hágasele saber que el informe deberá estar agregado a los autos ocho días anteriores a la celebración de la audiencia constitucional. Apercibida que, de no cumplir, o de rendir el informe fuera del plazo señalado, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cien, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Se autoriza a la autoridad responsable para que rinda su informe mediante correo electrónico institucional a la dirección oficial, 12jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; asimismo, se le requiere, para que al momento de rendir el informe justificado, informen la fecha en que recibieron el oficio correspondiente al presente proveído; de igual forma, se sirva proporcionar un correo electrónico a fin de realizarle las subsecuentes notificaciones por esa vía, para privilegiar el uso de los medios electrónicos durante la contingencia sanitaria decretada en el país, sin perjuicio de que lo realicen mediante oficio que se envíe a este juzgado, en el entendido de que no será necesario el envío por ambos medios. Obligatoriedad de recibir los oficios. Por otra parte, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se les hace del conocimiento que, en el presente juicio, únicamente le serán notificada por medio de oficio en la residencia oficial, las determinaciones que por la importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deba ser personales y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dicha autoridad o por los delegados o autorizados. Asimismo, se les informa que conforme lo dispone el artículo 28, fracción I, de la Ley de la Materia, están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, en materia de amparo, ya sea en las oficinas, en el domicilio o en el lugar en que se encuentren. La notificación surtirá todos los efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en la oficina; y si se negare a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga, el actuario deberá hacer constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia, y, en el caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64, 238 y 251, de la Ley de Amparo, se apercibe a las partes, que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen, se les impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (UMA 96.22), multiplicada por treinta, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Tercero interesado. Sin que haya lugar a designar tercero interesado en el presente juicio de amparo, en virtud de que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo. Agente del Ministerio Público de la Federación. Dése la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 5, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. De igual forma, se tiene como autorizado de su parte en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo a Alejandro Guzmán Muro, dado que tiene inscrita la cédula profesional en el registro correspondiente que lo acredita como licenciado en derecho; asimismo, se tiene únicamente para oír y recibir notificaciones a David González Solís. De igual forma; y como lo solicita, de conformidad con los artículos 55, 57, 62 y 63, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a la parte quejosa el acceso al presente asunto, en la modalidad de expediente electrónico, en el entendido de que queda obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III, del artículo 31 de la Ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envío que haga este órgano jurisdiccional; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrá por hecha la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la última parte de la fracción II, del artículo 30 ya citado. Por tanto, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "ALEJANDRO.GUZMAN.MURO", únicamente por el juicio de amparo en que se actúa. Ahora bien, no pasa desapercibido para este Juzgador el domicilio procesal para oír y recibir notificaciones, que indica la parte quejosa, en el capítulo respectivo del escrito que se trata; sin embargo, con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, así como en lo dispuesto en los párrafos que anteceden, el presente asunto se llevara en la modalidad de "juicio en línea". Días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los fedatarios de la adscripción, estén en posibilidad de notificar las actuaciones dictadas en este juicio, que por su carácter lo requieran, lo anterior, con fundamento en el último párrafo del artículo 21, de la Ley de la materia; habilitación que se justifica en atención a la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, especialmente en el área de actuaría, en donde se genera un gran número de actuaciones que por su naturaleza deben practicarse fuera de las instalaciones de este Juzgado Federal, e incluso fuera de la ciudad en donde se encuentra el mismo; con el fin de privilegiar una impartición de justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 82/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, diciembre de 2019, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTUACIONES JUDICIALES. EL JUZGADOR DEBE SEÑALAR EXPRESAMENTE Y NO EN FORMA IMPLÍCITA O TÁCITA LOS MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA CAUSA URGENTE PARA HABILITAR DÍAS Y HORAS INHÁBILES, ASÍ COMO LAS DILIGENCIAS QUE DEBERÁN REALIZARSE (ARTÍCULOS 64 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 1065 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)." Solicitud de copias. Por otra parte, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase copia certificada de este proveído. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 y 36 el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, dígasele a la parte quejosa que la expedición de la copia certificada que solicita, le será expedida de manera digital a la dirección de correo electrónico que en su efecto proporcione. Exhortación a las partes para continuar el trámite mediante juicio en línea. Con fundamento en el último párrafo del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; se exhorta a las partes para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación mediante el esquema de "juicio en línea". En ese sentido, a efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica su actuación mediante "juicio en línea", se deja a su disposición el manual actualizado, mismo que está disponible en la siguiente liga: Tutoriales PSL PJF | Consejo de la Judicatura Federal (cjf.gob.mx). Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Asimismo; se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. De igual forma, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Transparencia y digitalización. Al tomar en consideración que en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, comuníquese a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, y a la publicación de sus datos personales, por tal motivo, requiérase a las partes para que en el acto de la notificación de este auto o hasta antes de que se dicte sentencia en el presente juicio, manifiesten expresamente su conformidad con que sus datos personales sean publicados o si se oponen a ello, en el entendido que de no hacer manifestación alguna se entenderá que están conformes con dicha publicación y se procederá a hacer pública la sentencia sin esos datos. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110 fracciones V, X y XI, 113, 117, 118, y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancia respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse. Así también, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Este proveído se firma de manera electrónica por el suscrito juzgador y el Secretario que da fe, al tener el mismo valor de la firma autógrafa y se instruye al personal correspondiente para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los expedientes físicos, en términos de los artículos 3, fracciones I, V y VII, 22, 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Alfonso Javier Flores Padilla, Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por el Secretario Francisco Javier Picazo Ángel, quien autoriza y certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo, y el proveído mismo, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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