Marcos Pereda Garcia
Expediente 2603/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2603/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/01/2023
Partes del expediente
- Marcos Pereda Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta que la parte quejosa no interpuesto recurso de queja dentro del término legal en contra de la resolución dictada el catorce de diciembre de dos mil veintidós,, mediante la cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental ni conservable. Se ordena imprimir e incorporar al expediente físico, la presente determinación. Luego, atento a lo dispuesto en el numeral 18 del acuerdo en cita, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger las documentales que exhibió, apercibida que de no hacerlo en el aludido término, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte QUEJOSA NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del auto dictado el 03/enero/2023; se le notifica por medio de la presente lista dicho auto, en el que se resolvió lo siguiente: Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta que la parte quejosa no interpuesto recurso de queja dentro del término legal en contra de la resolución dictada el catorce de diciembre de dos mil veintidós,, mediante la cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental ni conservable. Se ordena imprimir e incorporar al expediente físico, la presente determinación. Luego, atento a lo dispuesto en el numeral 18 del acuerdo en cita, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger las documentales que exhibió, apercibida que de no hacerlo en el aludido término, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.
- Principal
Visto lo de cuenta y como está ordenado en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 125 y 128, fracción I, y última parte de dicho numeral, ambos de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1836/2021, promovido por LA PARTE QUEJOSA por su propio derecho, contra actos de autoridades. Con fundamento en la fracción III del artículo 138 y 140 de la Ley de Amparo, PÍDASE vía interconexión o correo electrónico oficial, cuya recepción se deberá certificar, y agregar a los autos, A LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES SU INFORME PREVIO, el cual deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, remitiéndole al efecto copia de la demanda de constitucional. Se le apercibe de las consecuencias que implica su falta, tal como lo disponen los artículos 142 y 260 de la Ley de Amparo. En relación a lo anterior, se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe previo. Asimismo, al momento de rendir su informe antes mencionado, y por esa vía, en caso de remitir documentales vía digital, bajo protesta de decir verdad, manifieste que los documentos digitalizados son copia íntegra e inalterada de los documentos impresos, tal como lo dispone el artículo 3, fracción VI, del citado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les informa a las autoridades responsables que sólo se les notificará por oficio, los proveídos y resoluciones de mayor trascendencia, eso en términos de la jurisprudencia de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". En términos de lo dispuesto por la fracción II del referido artículo 138 de la Ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Máxime si se toma en consideración, que el señalamiento de la anterior fecha obedeció a la facultad a cargo del Actuario Judicial adscrito de practicar la citada diligencia dentro de los tres días hábiles posteriores a la orden respectiva; ello, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo. En atención a la certificación de cuenta, en el particular se emite la orden de compulsa y certificación correspondiente; toda vez que la parte quejosa adjuntó documentos anexos y las copias relativas a fin de emitir la orden respectiva. Luego, de un análisis integral de la demanda de garantías con fundamento en las jurisprudencias 2a./J. 55/98, P./J. 40/2000 y 2a./J. 183/2005 sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registros 195745, 192097 y 176329, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS", "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA", Previo a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, es menester determinar los actos reclamados cuya suspensión solicita. Así, del escrito de demanda de amparo y del auto de esta misma fecha dictado en el juicio principal, se advierte que la parte apertura del incidente se formó con motivo del acto que la parte quejosa medularmente hace consistir en: La suspensión y/o cancelación del pago de mi pensión de cesantía que se me otorgó desde el 26 de septiembre del 2019. En tanto que se solicitó la medida cautelar para efecto de que: "reanude el pago de la pensión de cesantía y no suspenda la atención médica y suministro el medicamentos y sobre todo no se me niegue la futura atención". Consecuentemente, se analizará la procedencia de la suspensión provisional respecto de las consecuencias de los actos reclamados. Es aplicable la jurisprudencia con registro 182529, de título: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS". En esa tesitura, tomando en consideración que las consecuencias de lo reprochado constituyen actos a realizar en el futuro, y por ende, susceptibles de paralizarse, es procedente analizar si se reúnen las exigencias previstas por el artículo 107 Constitucional, fracción X, a saber: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social". Conforme al precepto legal transcrito, los actos reclamados en los juicios de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la Ley de Amparo, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la apariencia del buen derecho y el interés social. Por otra parte, los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, imponen como exigencias para el otorgamiento de la medida cautelar: a) Que lo solicite el agraviado; b) Que se realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Cuando se aduzca tener un interés legítimo, la parte quejosa deberá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y demostrar el interés social que justifique su otorgamiento; y, d) En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. Atendiendo a las razones expuestas, y por ser necesario para conservar la materia del juicio, SE CONCEDE a la parte quejosa la suspensión provisional para el efecto de que la autoridad responsable, otorgue a la parte quejosa los servicios de salud necesarios, así como el suministro de medicamentos y estudios médicos, que resulten necesarios para procurar su completo bienestar de una manera integral; así mismo reanude los pagos de pensión por cesantía en edad avanzada, conforme a su propia resolución de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Lo anterior por encontrarse reunidos los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo; esto es, la solicito la parte quejosa, quien acredita indiciariamente su interés suspensional al precisar que es beneficiario de la pensión de cesantía como a la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Ello, en razón de que así lo manifiesta, bajo protesta de conducirse con verdad; además que, con su concesión no se contravienen disposiciones de orden público ni se afecta el interés social, por los motivos expuestos con anterioridad, y en caso de consumarse, los daños serían de difícil reparación para quien lo solicita. Es aplicable la jurisprudencia con número de registro 394484, que es del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO". Dicha medida cautelar se otorga con la finalidad de mantener viva y preservar la materia del juicio, evitando que los actos reclamados sean ejecutados de forma irreparable, asegurando la situación jurídica de que se trata, protegiendo así los intereses del impetrante de amparo, en tanto se dicta la suspensión definitiva de los actos reclamados, evitando que se decrete el sobreseimiento en el juicio principal y previniendo daños y perjuicios de imposible reparación que pudieran irrogársele con la ejecución de los actos que por esta vía se reclaman. Tiene aplicación la jurisprudencia con número de registro 212751, de título: "SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA"; así mismo, es aplicable la tesis con número de registro 198600, que dice: "SUSPENSIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONDENA EN MATERIA LABORAL, CUANDO ES COMBATIDA EN AMPARO INDIRECTO". Aunado, a que con su concesión no se constituye como derecho en favor de la parte quejosa, el recibir los servicios médicos a cargo de las autoridades responsables, pues es precisamente el fondo del amparo dilucidar los términos en que la parte quejosa tuviere derecho a gozar de la prestación de servicio médico, Es aplicable a lo anterior el criterio de rubro y texto: "SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA. CUANDO EN EL JUICIO EN QUE SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 123, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y SU APLICACIÓN, EN QUE SE APOYÓ LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE NEGÓ UNA PENSIÓN DE INVALIDEZ, EL QUEJOSO SOLICITA LA SUSPENSIÓN PARA QUE NO SE LE PRIVE DEL ACCESO A AQUÉLLOS, EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE CONDICIONAR SU EFECTIVIDAD A QUE SE ACREDITE EL DERECHO A RECIBIR DICHA ATENCIÓN. Si en el juicio de amparo se reclama la inconstitucionalidad del artículo 123, fracción III, de la Ley del Seguro Social y su aplicación, el cual establece que no tiene derecho a disfrutar de pensión de invalidez el asegurado que padezca un estado de invalidez anterior a su afiliación al régimen obligatorio, precepto en que se apoyó la resolución por la que se negó tal beneficio, y el quejoso solicita la suspensión del acto reclamado para que no se le prive del acceso a los servicios médicos en caso de una emergencia, el Juez de Distrito no debe condicionar la efectividad de la medida a que se acredite el derecho a recibir dicha atención, si precisamente el fondo del asunto consiste en dilucidar si el particular tiene derecho a que se le conceda la pensión y, por ende, a seguir gozando de diversas prestaciones entre las que se encuentra el servicio médico. Lo anterior es así, porque si el objeto primordial de esa providencia cautelar es mantener viva la materia del amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudieran ocasionarle, en caso de negarse la prestación médica se le causaría un daño irreparable, además de que el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio, incluso, de los demás derechos humanos". (Época: Décima Época, Registro: 2000282, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Materia(s): Común, Tesis: VIII.2o.P.A.2 A (10a.), Página: 2410). Retomando todo lo expuestos con antelación, es procedente la suspensión porque así se garantiza plenamente la subsistencia del quejoso impidiendo que el juicio quede sin materia. De modo tal, que se reitera, con el otorgamiento de la medida cautelar en los términos indicados se protege y garantiza la atención médica integral, así como subsistencia del quejoso. Sin que la concesión otorgada en líneas que anteceden contravenga lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, dado que el Juez de amparo al resolver sobre la suspensión, además de decretar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, puede ordenar que se restablezca de forma provisional al gobernado en el goce del derecho violado, en tanto se dicte la resolución que decida lo relativo a la suspensión definitiva. Por tanto, no puede afirmarse que en ningún caso procede conceder la suspensión provisional contra medidas cautelares, sobre la base de que ello tendría efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo, pues corresponderá al juzgador analizar las particularidades del caso concreto. Máxime atendiendo a las manifestaciones del quejoso relativas a que su pensión por cesantía constituye el único medio para su subsistencia, aunado a que conforme a la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, la misma ya le había sido otorgada desde la fecha en cita por lo que no se le constituye un derecho sino que se trata de la tutela de un derecho preconstituido. Asimismo, notifíquese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, en términos de los artículos 5, fracción IV, y 26, fracción III, de la Ley de Amparo, por lista; a quien se le hace saber que queda a su disposición una copia de traslado de la demanda de amparo en este órgano jurisdiccional. En atención a la certificación de cuenta, relativo a la consulta del expediente electrónico del presente asunto, se comisiona a la o el Secretario del Juzgado habilite la vía electrónica de acuerdo con las condiciones que la misma requiera, con fundamento en el artículo 3 de la ley de la materia. Se tiene como autorizados de la parte quejosa en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a toda vez, que sí cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se tienen como sus autorizados en los términos restringidos de los artículos 12, segunda parte, y 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a la totalidad de personas restantes, al no justificar el anterior registro. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Con relación a la autorización para la consulta del expediente electrónico relativo al presente asunto y la práctica de sus notificaciones por dicha vía; se acuerda favorable su solicitud, y se comisiona al Secretario del Juzgado habilite la vía electrónica de acuerdo con las condiciones que la misma requiera, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de la materia y al Actuario adscrito para que practique las notificaciones, incluso las de carácter personal, en la citada vía, dado que la parte quejosa lo solicitó expresamente. Se exhorta al resto de las partes, para que si les es posible, actúen de manera electrónica, desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.Finalmente dígasele a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículo 1, 3, fracciones IX, X, y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV, y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se emitan en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se emitan se publicarán sin supresión de datos.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se haya presentado promoción encaminada a impugnar el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, 14 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el presente juicio es susceptible de depuración, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, dentro de los siguientes noventa días, se verificará la depuración del presente expediente; y terminado ese proceso, deberá realizarse una transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental ni susceptible de conservación. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.
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