Marcos Palacios Godinez

Expediente 1/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
23/01/2023

Partes del expediente

  • Marcos Palacios Godinez

Actuaciones

  1. Principal

    --- JUICIO DE AMPARO 1/2023-IX.. Puebla, Puebla, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de tres de enero de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1/2023-I.. Puebla, Puebla, tres de enero de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por ++++++++++++++++++, por propio derecho, contra actos de ".+++++++++++++++++++, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla." (sic). En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que, el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales1 , se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar en su integridad la demanda de tutela constitucional, porque de encontrarse un motivo indudable y manifiesto de improcedencia, deberá desecharse de plano. Lo anterior se relaciona con el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la constitución federal, porque este permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes. Sobre todo porque debe evitarse la creación de falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento Por motivo manifiesto, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, en particular que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. De tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos aportados por las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" . Bajo ese contexto, se examinó en su integridad la demanda de amparo y se encontró que el acto que les causa agravio y del que se duele el quejoso, es el siguiente: ?El acuerdo de seis de diciembre de diciembre de dos mil veintidós, emitido en la causa penal 946/2022, en el cual se señalaron las diez horas con quince minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia de competencia y convalidación de actuaciones. Dicho acto permite visualizar desde este momento, una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que el quejoso en su demanda, se duele de la fecha señalada en dicho proveído para la audiencia en mención, pues aduce le causa agravio; pese a lo anterior, no observó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Para analizar la actualización de dicha causa, es conveniente citar el contenido textual de dicho dispositivo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." La fracción XVIII del mencionado artículo contiene la causa de improcedencia que descansa ante la falta del quejoso de agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual consiste en que previo a la promoción de amparo, es necesario agotar el recurso o medio de defensa ordinario que por el cual el acto combatido de origen, pueda ser modificado, revocado o nulificado. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 1100, Tomo VII, Octubre de 1998, Novena Época, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL" En ese tenor, de los antecedentes expuestos por el quejoso en la demanda -bajo protesta de decir verdad- se advierte que no combatió el acto reclamado a través del medio ordinario de defensa previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." Ese recurso fue dispuesto por el legislador, contra las resoluciones de mero trámite que emita la autoridad judicial, en cualquiera de las etapas del procedimiento penal, con el propósito de que el propio juzgador analice de nueva cuenta su determinación y con base en ello, resuelva confirmarla, modificarla o revocarla. La única salvedad que se introdujo para la procedencia de ese recurso, quedó circunscrita a las resoluciones emitidas sin sustanciación, esto es, que hubieran sido pronunciadas por la autoridad judicial durante una audiencia o en un proveído escrito, sin haber seguido un procedimiento específico en el cual se hubiera emplazado a las partes para debatir y otorgado plazos. Así lo interpretó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 331/2019, que generó la tesis jurisprudencial 35/2020 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, página 2760, con el texto siguiente: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico.". Esa interpretación orienta a subsumir la determinación reclamada en la hipótesis de "resoluciones de mero trámite", pues la autoridad señalada como responsable consideró, señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de competencia y convalidación de actuaciones y, sin haber seguido un procedimiento específico en el cual hubiera emplazado a las partes y otorgado plazos para alegar u ofrecer pruebas, pues sólo decidió fijar fecha para la referida audiencia. Sin embargo, el quejoso omitió interponer la revocación contra la determinación emitida. En efecto, decidió promover el juicio de amparo indirecto aun cuando tuvo la posibilidad de que la autoridad responsable efectuara un nuevo análisis de su decisión. Dicho de otro modo, promovió este juicio de amparo indirecto sin agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a pesar de que tuvo a su alcance ese medio ordinario de impugnación. Por consiguiente, debe operar la improcedencia en este juicio por la desatención al principio de definitividad, consagrado en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable en lo conducente y por las razones que la integran, el criterio emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contenido en la jurisprudencia I.6o.C. J/37 de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Además, la omisión de impugnar ese proveído no encuentra alguna circunstancia extraordinaria para justificarla y conducir a la procedencia del sumario constitucional. Todo lo cual robustece la aplicación de la causa de improcedencia relativa al principio de definitividad, respecto del acto reclamado, pues el quejoso debió agotar el recurso ordinario antes de acudir a este juicio constitucional, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde intervengan como partes. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, titulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XVIII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentaron Marcos Palacios Godínez, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Anotaciones Internas. Se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados. El quejoso, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, así como las notificaciones electrónicas a través del usuario "+++++++++++++++++++". Ahora, se deja establecido que no es procedente tener dos vías como medios de notificación, toda vez que se debe dotar de seguridad jurídica a las partes en sus notificaciones. En consecuencia, fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se tiene como vía para recibir notificaciones el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "+++++++++++++++++" (a fin de dar seguridad jurídica al quejoso). Asimismo, no pasa por alto que el quejoso señala un correo electrónico para recibir notificaciones, sin embargo, no es procedente su petición ya que dicho medio no lo contempla la Ley de Amparo. Por otra parte, Andrés López Castañeda y Emmanuelle Zepeda Berra quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque el quejoso les otorgó esas facultades y se encontraron registros de sus cédulas profesionales en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. En cambio, +++++++++++++++++++++++ quedan autorizados sólo para oír y recibir notificaciones, dado que el primero no cuenta con dicho registro y los dos restantes así lo señalo de forma expresa el quejoso. Consulta del expediente electrónico El quejoso solicitó se le permita la consulta del expediente electrónico y para tal efecto proporcionó el nombre de usuario "+++++++++++++++++++". Por tanto, con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 35 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal4 , se autoriza la consulta del expediente electrónico al referido usuario Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del trámite del presente asunto, a fin de que habilite en dicho sistema la consulta electrónica del presente expediente. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de forma personal a la parte quejosa (vía electrónica); y cúmplase

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