Marcos Osorio Hernandez
Expediente 1009/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 43 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1009/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 43
- Última actuación
- 07/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Marcos Osorio Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 43.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil veintitrés. ...Vista la segunda certificación de cuenta, se advierte que no obra constancia de notificación al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional Oriente del Estado de Morelos, tercero interesado, respecto del auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual el apoderado de la parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos; en atención a lo anterior, y en obvio de dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 28, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena expedir el oficio correspondiente en el cual el contenido del proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, será inserto al oficio que le sea girado con motivo de este acuerdo, así como el traslado de agravios correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Carlos Roberto Sáenz Ramos, quien autoriza y da fe.
- Principal
En términos el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se notifica vía electrónica a la parte quejosa y por medio de lista que se fija en los estrados, con apoyo en el diverso numeral 29 de la Ley de la Materia, se notifica a la parte tercero interesada, el acuerdo dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. ...Agréguese a los autos el oficio firmado por ****************, en su carácter de autorizado en términos del artículo 12 de la ley de Amparo, del quejoso **************, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 82, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación; distribúyanse entre las partes las copias del escrito de cuenta. En consecuencia, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto con las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del presente auto, glósense al expediente principal y, sin mayor proveído, remítase al Tribunal Colegiado que corresponda, el escrito original, así como una copia más del mismo, destinado al agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano jurisdiccional, para la substanciación y resolución del citado medio de impugnación; en el entendido que, en su oportunidad, el presente expediente se habilitará para su consulta electrónica. Ahora, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el mismo, por ello, resulta innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, pues se cuenta con el cuaderno principal en el que se actúa. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Se instruye al actuario judicial que corresponda, para que al momento de notificar a las partes y correr traslado con el escrito de agravios, haga constar su entrega, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Juicio de amparo: 1009/2021********************Quejoso: ********************y/o ************************************************************Jueza: Nadyelly López Guevara********************Secretaria: Erika de la Cruz Uribe****************************************S E N T E N C I A********************Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1009/2021. ********************R E S U L T A N D O********************1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido el día siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, ********************y/o ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra [1] ********************-en sustitución de ********************-, [2] Bertha Vergara Álvarez y [3] Adolfo González López, todos Jueces de Primera Instancia de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, así como del [4] Encargado de Despacho de la Dirección de Aprehensiones de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Morelos, [5] Director Operativo de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, [6] Encargado de Despacho de la Dirección Regional Metropolitana de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Morelos y [7] Encargado de Despacho de la Dirección Regional Oriente de la Agencia de Investigación Criminal, con residencia en Cuautla Morelos -todos en su denominación correcta-, por los actos reclamados siguientes:********************EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO:********************"IV.- ACTO QUE DE CADA UNA DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES SE RECLAMAN:********************A).- Reclamo de las autoridades señaladas como ordenadoras lo siguiente:********************1. La orden de búsqueda, aprehensión y detención dictada en mi contra por un supuesto delito que no he cometido, esto con todas y cada una de sus consecuencias legales, jurídicas y materiales que pudiese tener.********************b) Reclamo a las autoridades señaladas como ejecutoras, el cumplimiento que por su conducto se pretende dar al mandamiento de la ordenadora, de la orden de busca (sic), aprehensión y detención dictada en mi perjuicio, esto con todas y cada una de sus consecuencias legales, jurídicas y materiales."********************EN EL ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO:********************"IV.ACTOS RECLAMADOS.********************De la autoridad señalada como responsable ordenadora se reclama la orden de aprehensión dictada en mi contra, ésta por ser ilegal, carente de fundamentación y motivación y sus vicios formales para su emisión.********************De las autoridades señaladas como ejecutoras reclamo el cumplimiento que pretendan dar al cumplimiento de la orden emitida por la autoridad ordenadora.********************De la Jueza PATRICIA SOLEDAD AGUIRRE GALVÁN, reclamo la determinación de fecha 27 de noviembre de 2019 en la que se resuelve "que no obstante en tiempo y forma se presentó un escrito para diferimiento de audiencia, la Juez resolvió, que al advertir que la defensa desconocía las técnicas de litigación oral, por tanto, en términos del artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se separó del cargo y se ordena girar oficio de estilo correspondiente a la coordinadora de la defensoría pública del estado".********************Asimismo se reclama el acto que ordena la Licenciada PATRICIA SOLEDAD AGUIRRE GALVÁN, AUTORIDAD RESPONSABLE, con fecha 11 de diciembre de 2019, la licenciada PATRICIA SOLEDAD AGUIRRE GALVÁN, AUTORIDAD RESPONSABLE (sic) determinó que en virtud de que la audiencia no fue posible llevarse a cabo y ante la incomparecencia de las partes se señaló audiencia intermedia para fecha 8 de enero del año 2020 a las 11 horas para audiencia intermedia (sic), ORDENA QUE SE INSISTE QUE LA NOTIFICACIÓN DEL IMPUTADO SEA A TRAVÉS DEL NOTIFICADOR ADSCRITO AL JUZGADO VÍA WHATSAPP, DEBIENDO AGREGAR CAPTURA DE PANTALLA DE LA MISMA.********************Lo anterior en virtud de que vulnera el derecho del quejoso a la libre elección de defensa ya que la determinación es carente de legalidad, fundamentación y motivación. Y debida notificación como lo establece el numeral 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales."********************2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Federal.********************3. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno (fojas 5 a 9 del amparo indirecto), este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente; y fijó día y hora para la audiencia constitucional.********************En proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 154 y 155 del amparo indirecto), este juzgado requirió al Juez responsable encargado del trámite de la causa penal de origen para que informara el nombre y domicilio de los terceros interesados, a efecto de emplazarlos al juicio de amparo; información que fue proporcionada mediante oficio recibido el diecinueve de noviembre siguiente (foja 188 del amparo indirecto), por lo que mediante autos de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno y uno de marzo de dos mil veintidós (fojas 191 a 193 y 262 a 264 del amparo indirecto), se ordenó emplazar con tal carácter a ********************-ofendida- y a Antonio González Sosa, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional Oriente del Estado de Morelos, encargado de la carpeta de investigación CT/UEHT/1788/2019, así como a O.F.B. -víctima-, quienes fueron emplazados al juicio de amparo, la primera de las mencionadas el diecisiete de enero de dos mil veintidós -quien formuló alegatos-, el agente del ministerio público el siete de marzo siguiente y el último de los mencionados (previa investigación de su domicilio ordenada ante diversas dependencias estatales y privadas), el veintisiete de octubre de dos mil veintidós (fojas 259, 260, 279, 281 a 283, 535 y 536 del amparo indirecto).********************Por otra parte, mediante escrito recibido el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, el defensor particular del quejoso, amplió la demanda de amparo, por las autoridades responsables y actos reclamados señalados y transcritos en el resultando 1 de la presente sentencia (fojas 158 a 171 del amparo indirecto); en consecuencia, por auto de cinco de octubre siguiente (fojas 172 a 174 del amparo indirecto), este juzgado tuvo por ampliada la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe justificado a quienes ordenó hacer de su conocimiento el día y hora fijado para la celebración de la audiencia constitucional.********************Asimismo, en auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 191 a193 del amparo indirecto), este juzgado hizo saber a las partes que, mediante oficio SEADS/1072/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del mismo año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Nadyelly López Guevara, designándola como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, referente a los impedimentos para conocer de los asuntos que se tramitan ante este juzgado; y, en el diverso proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 221 y 222 del amparo indirecto), se tuvieron por formulados los alegatos de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional.********************Finalmente, el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en los términos asentados en el acta que antecede (fojas 543 y 544 del amparo indirecto).********************C O N S I D E R A N D O********************Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los actos reclamados son de naturaleza penal y tienen ejecución material en la circunscripción de este Juzgado Federal que ejerce jurisdicción en amparo en todas las materias.********************Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio, consisten en:********************Autoridades responsables********************Actos reclamados****************************************[1] ********************-en sustitución de ********************-, [2] Bertha Vergara Álvarez y [3] Adolfo González López, todos Jueces de Primera Instancia de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuautla.********************a) La orden de búsqueda, detención y aprehensión, dictada en contra del quejoso, en la causa penal JCC/257/2019, actualmente a cargo de J. Jesús Valencia Valencia, Juez de Primera Instancia de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuautla.****************************************[1] ********************-en sustitución de ********************-, Juez de Primera Instancia de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuautla.********************b) El acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, por virtud del cual se separó del cargo al defensor particular del quejoso y se ordenó girar oficio a la Coordinadora de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, a efecto de que designara defensor público que asistiera al imputado -aquí quejoso-****************************************[4] Encargado de Despacho de la Dirección de Aprehensiones de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Morelos;********************[5] Director Operativo de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos;********************[6] Encargado de Despacho de la Dirección Regional Metropolitana de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Morelos; y ********************[7] Encargado de Despacho de la Dirección Regional Oriente de la Agencia de Investigación Criminal, con residencia en Cuautla Morelos.********************c) La ejecución de la orden de búsqueda, detención y aprehensión, dictada en contra del quejoso.****************************************Con la precisión de que no se inadvierte que en la ampliación de la demanda también se señaló como acto reclamado el acuerdo de once de diciembre de dos mil diecinueve, en el cual el Juez responsable del trámite de la causa penal insistió en que la notificación del imputado se realizara por conducto del notificador adscrito al juzgado, vía whasApp, debiendo agregar captura de pantalla de tal notificación; sin embargo, dicha inconformidad constituye un vicio intrínseco que el quejoso le atribuye a la orden de aprehensión reclamada, toda vez que de la integridad de la demanda de amparo se advierte que el reclamo del quejoso radica en que no fue notificado personalmente de la citación a la audiencia intermedia, razón por la cual se le declaró sustraído de la acción de la justicia y a solicitud del ministerio público se emitió la orden de aprehensión reclamada, lo cual, en todo caso, constituyen conceptos de violación que se hacen valer en contra de dicha orden de aprehensión; de ahí que se tengan como actos reclamados, los que han quedado precisados en el recuadro que antecede.********************lll. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables [1] ********************-en sustitución de ********************-, [2] Bertha Vergara Álvarez y [3] Adolfo González López, todos Jueces de Primera Instancia de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, así como al [4] Encargado de Despacho de la Dirección de Aprehensiones de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Morelos, [5] Director Operativo de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, [6] Encargado de Despacho de la Dirección Regional Metropolitana de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Morelos y [7] Encargado de Despacho de la Dirección Regional Oriente de la Agencia de Investigación Criminal, con residencia en Cuautla Morelos, consistentes en la orden de búsqueda y detención, así como su ejecución, emitida en contra del quejoso.********************Así como tampoco son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables [2] Bertha Vergara Álvarez y [3] Adolfo González López, ambos Jueces de Primera Instancia de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, así como al [5] Director Operativo de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, [6] Encargado de Despacho de la Dirección Regional Metropolitana de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Morelos y [7] Encargado de Despacho de la Dirección Regional Oriente de la Agencia de Investigación Criminal, con residencia en Cuautla Morelos, consistentes en la emisión de la orden de aprehensión y su ejecución en contra del quejoso.********************Negativa que se advierte del informe justificado rendido por tales autoridades responsables y en ese sentido el quejoso no desvirtuó dicha negativa, pues lo informado goza de presunción de veracidad, por lo que es al quejoso a quien corresponde la carga de probar lo contrario.********************Lo cual tampoco quedó desvirtuado en los autos del juicio de amparo, toda vez que las constancias que fueron remitidas, consistentes en copias certificadas de la causa penal JCC/257/2019, se advierte que únicamente se acredita el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión emitida en contra del quejoso y su ejecución, así como el diverso acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, por cuanto a las autoridades responsables que se precisarán en el siguiente capítulo.********************En consecuencia, ya que las autoridades responsables precisadas negaron los actos reclamados mencionados, sin que el quejoso desvirtuara dicha negativa y de las constancias que obran en autos no se advierte su existencia, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto de dichos actos.********************IV. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a [1] ********************-en sustitución de ********************-, Juez de Primera Instancia de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, consistente en la orden de aprehensión emitida en contra del quejoso, así como el acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, pues la emisión de la orden de aprehensión reclamada la aceptó al momento de rendir su informe justificado (foja 29 del amparo indirecto) y si bien fue omiso en rendir informe por cuanto a la ampliación de la demanda, respecto del acuerdo reclamado, por lo que se presume cierto el acto términos de lo previsto por el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, la existencia de dichos actos se advierte de las constancias que en copia certificada remitió dicha autoridad respecto de la causa penal JCC/257/2019, en la cual, entre otras, obra la orden de aprehensión y el acuerdo reclamado, a las que se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, aseveraciones y documentales que se estiman suficientes para acreditar la existencia de los actos reclamados precisados.********************Asimismo, es cierta la ejecución de la orden de aprehensión reclamada al [4] Encargado de Despacho de la Dirección de Aprehensiones de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Morelos, ya que al rendir su informe justificado aceptó su existencia, pues manifestó que recibió resolución de trece de octubre de dos mil veinte, a través de la cual ********************, entonces Jueza de Primera Instancia de Control, Tribunal de Enjuiciamiento y Ejecución de Sanciones del Estado, con sede en Cuautla, Morelos, remitió para su cumplimiento orden de aprehensión dictada en contra del quejoso dentro de la causa penal JCC/257/2019, por los delitos de homicidio y lesiones culposos, ilícitos previstos y sancionados por los artículos 106, 121, fracción II, 15 y 62 del Código Penal para el Estado de Morelos, cometido el primero de los ilícitos en agravio de la persona que en vida llevara el nombre de ********************y el segundo en agravio de********************mandamiento que si bien la autoridad responsable ejecutora precisó que aún no se había ejecutado, se tiene que es un acto de inminente ejecución; de ahí que se tengan por ciertos dichos actos reclamados.********************V. Procedencia del juicio de amparo. ********************Las causas de improcedencia del juicio de amparo son una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes; en el caso, éstas no hicieron valer alguna de ellas y no se advierte de oficio su actualización, por tanto, se procede al estudio del fondo del asunto.********************VI. Estudio de los conceptos de violación. ********************En los conceptos de violación, en esencia el quejoso refiere se vulneran sus derechos de legalidad, seguridad jurídica, así como las formalidades esenciales del procedimiento, contenidos en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Federal, pues las autoridades responsables pretenden privarlo de su libertad personal, sin que exista orden fundada y motivada en su contra, emitida por autoridad competente y sin que se haya seguido un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, pues la orden de aprehensión reclamada trastoca el debido proceso establecido para las notificaciones y regulado en la codificación de la materia.********************Lo anterior, aduce el quejoso, porque en la materia penal donde está en pugna el derecho humano a la libertad, la notificación es una acción relevante, pues es la forma en que se comunica de manera formal a su destinatario sometido a un procedimiento jurisdiccional una resolución judicial o una determinación particular; y, en el caso, el quejoso no fue notificado personalmente de las citaciones para la audiencia intermedia y tampoco autorizó expresamente que las notificaciones en la causa penal de origen se le hicieran vía ********************, por lo que la orden de aprehensión dictada en su contra es contraria a derecho.********************Por otra parte, señala el quejoso que el acuerdo emitido por el Juez responsable el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, vulnera su derecho de defensa así como diversos tratados internacionales, toda vez que se ordena relevar a su defensor particular del cargo, por supuestamente desconocer las técnicas de litigación; sin embargo, se incumple con el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que conforme a dicho precepto legal, es necesario que el juzgador advierta por parte de la defensa una manifiesta y sistemática incapacidad técnica; en cuyo caso, deberá prevenir al imputado para designar a un nuevo defensor, contando con tres días para realizar tal designación, prevenido el imputado que de no hacerlo el juez nombrará a la defensa pública, lo cual no se hizo y lo deja en un estado de indefensión, además vulnera sus derechos fundamentales.********************Son en parte infundados y por otra parte fundados los conceptos de violación, en suplencia de la queja en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. ********************Lo anterior, porque el artículo 14 Constitucional, en lo que interesa, señala que ninguna persona puede ser privada, entre otros aspectos, de su libertad personal, si no es mediante el seguimiento de juicio ante los órganos jurisdiccionales preexistentes, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y acorde a leyes expedidas con anterioridad al hecho; asimismo, que en los juicios de orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.********************Por su parte, el artículo 16 de la Carta Magna establece que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiendo por fundamentación la cita del o los preceptos aplicables al caso concreto y por motivación, la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en forma pormenorizada, que se hayan tomado en consideración para su dictado; además, debe existir una debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas jurídicas aplicables, esto es, que las razones particulares que se expresen, concuerden con la descripción legal.******************** Asimismo, de conformidad con el artículo 20, apartado B, fracciones VI y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona imputada de un hecho que la ley señale como delito, tiene derecho, entre otras cuestiones, a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, tanto el imputado como su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación; asimismo, el imputado tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado (sic), el cual elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención, si no quiere o no puede nombrar abogado, después de haber sido requerido para ello, el juez le designará un defensor público.******************** En congruencia con lo previsto en nuestra carta magna, el artículo 115 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el defensor podrá ser designado por el imputado desde el momento de su detención, mismo que deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado con cédula profesional, a falta de éste o ante la omisión de su designación, será nombrado el defensor público que corresponda; asimismo, los artículos 120 y 121 del citado ordenamiento legal, prevén que cuando el defensor renuncie o abandone la defensa, el órgano jurisdiccional le hará saber al imputado que tiene derecho a designar otro defensor; en tanto no designe o no quiera o no pueda nombrarlo, se le designará un defensor público.******************** Asimismo, en el precepto legal citado en último término establece el derecho de defensa técnica, pues prevé que cuando el órgano jurisdiccional advierta que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica prevendrá al imputado para que designe otro, el cual si se trata de defensor privado, el imputado contará con tres días para designar uno nuevo, si no lo designare se le asignará uno de oficio para colaborar con su defensa, si fuere defensor público, con independencia de la responsabilidad en que incurre, se dará vista al superior jerárquico para los efectos de sustitución; en ambos casos, se otorgará un término que no excederá de diez días para que se desarrolle una defensa adecuada a partir de que se suscitó el cambio.******************** Así, como se dijo, es fundado el concepto de violación expuesto por el quejoso en contra del acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 116 y 117 del amparo indirecto), en el cual señala que se vulnera su derecho de defensa, pues se ordena relevar a su defensor particular del cargo por supuestamente desconocer las técnicas de litigación; lo anterior es así, toda vez que se advierte que dicha determinación carece de la debida motivación en vulneración a lo previsto en los preceptos legales antes invocados, así como los artículos 16 y 20 constitucionales.******************** En el caso se tiene que el imputado -aquí quejoso-, a través del escrito presentado en la causa penal de origen el doce de abril de dos mil diecinueve (foja 40 del amparo indirecto), entre otras cuestiones, designó como sus defensores particulares a los profesionistas ********************y Pedro Isaías Morales Herrera, con cédulas profesionales 6229944 y 10708283, respectivamente. ******************** No obstante, en el acuerdo reclamado de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 116 y 117 del amparo indirecto), emitido por la entonces Jueza ********************, sustituida por J. Jesús Valencia Valencia, Juez de Primera Instancia de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, precisó que se dio cuenta con el escrito presentado en la oficialía de partes del tribunal, el veintiséis de noviembre del año citado, suscrito y firmado por el defensor particular ********************y el asesor jurídico particular ********************por medio del cual solicitaron se difiriera la audiencia señalada para esa data (veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve), por existir la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio, petición que la entonces juzgadora determinó que no había lugar a atender, en razón de que precisamente ya estaba señalada la audiencia de mérito y en la misma pudieron haber hecho tales manifestaciones; en consecuencia, señaló nueva fecha para que se desahogara la audiencia intermedia.******************** Asimismo, indicó en el citado acuerdo que, por otro lado, y al advertir que el defensor particular Fredy Odilón Rivera de los Santos, desconocía las técnicas de litigación oral, en términos del artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo separaba del cargo y ordenó girar oficio a la Coordinadora de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, para que designara defensor público que asistiera al imputado, el cual debía imponerse de la causa penal, así como de la carpeta de investigación de la cual derivó ésta y presentarse a la audiencia intermedia programada, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondría una multa.******************** Determinación que como se dijo, carece de la debida fundamentación y motivación, pues si bien la entonces jueza de origen, separó del cargo al defensor particular designado por el imputado -aquí quejoso-, no señaló los motivos y razones que la llevaron a afirmar que dicho profesionista desconocía de las técnicas de litigación, pues nada dijo al respecto; y, si bien se advierte que en dicho acuerdo, en un párrafo previo a señalar nueva fecha para la continuación de la audiencia intermedia en la causa penal de origen, precisó que tanto el defensor como el asesor jurídico particulares debieron presentarse a la audiencia y en ésta hacer valer las manifestaciones relativas al diferimiento solicitado por escrito a efecto de llegar a un arreglo reparatorio, en la determinación de separar del cargo a la defensa particular no expuso los motivos por los cuales consideró que tal defensa desconocía las técnicas de litigación, ni en su caso, si ese desconocimiento se debía a su incomparecencia a la audiencia en la cual precisó se podían hacer valer las manifestaciones que vertieron por escrito.******************** Es decir, del acuerdo reclamado no se advierten los motivos, circunstancias y razones por las cuales la entonces juzgadora de origen concluyó que la defensa del inculpado desconocía las técnicas de litigación ni en qué forma se actualizaba el supuesto de que tal incapacidad técnica se considerara manifiesta y sistemática como lo señala el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como tampoco, en su caso, justificó la imposibilidad de prevenir al inculpado para que en el plazo de tres días designara a un nuevo defensor, no obstante la previsión normativa en ese sentido.******************** Con lo cual, como lo expresó el quejoso la entonces juzgadora responsable, incumplió con el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que le sirvió de sustento en el acuerdo reclamado, lo que conllevó a que vulnerara en perjuicio del quejoso su derecho fundamental a designar libremente a su defensa, además de que se omitió analizar el caso concreto, a efecto de determinar los errores cometidos por el defensor particular, así como si el número y trascendencia de éstos, resultaban de tal magnitud para que colocaran al imputado en riesgo de que se le privara de su derecho fundamental de defensa adecuada.******************** Lo anterior, porque si bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, corresponde al órgano jurisdiccional velar sin preferencias ni desigualdades por la defensa adecuada y técnica del imputado, la determinación de separar del cargo a la defensa particular designada libremente por el inculpado, no debe constituir un acto arbitrario del Juzgador responsable, pues en cumplimiento al principio de fundamentación y motivación establecido en el artículo 16 constitucional, resulta indispensable que dicho acto, se encuentre debidamente fundado y suficientemente motivado; y, en el caso, como se dijo, la entonces juzgadora responsable omitió establecer los motivos, razones y circunstancias por las cuales consideraba que la defensa brindada al inculpado no resultaba adecuada y vulneraba tal derecho, así como en su caso, el por qué no otorgaba al inculpado el término de tres días para que realizara la designación que considerara pertinente, con independencia de que en su caso, ordenara girar oficio inmediato a la Coordinadora de la Defensoría Pública del Estado de Morelos a efecto de que el imputado no se quedara en ningún momento sin defensa adecuada.******************** No obstante, se insiste, el acuerdo reclamado vulnera el derecho del aquí quejoso a designar libremente al defensor de su elección previsto en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, constitucional, sin que además, se justificara motivadamente la razón por la cual se separó del cargo al defensor particular designado Fredy Odilón Rivera de los Santos, ni se explicaran las conductas sistemáticas y reiteradas que en el caso concreto se actualizaban para que se considerara un desconocimiento por parte de éste de las técnicas de litigación oral.******************** Sirven de apoyo a lo anterior las tesis XV.3o.14 P (10a.) y XXIV.1o.10 P (11a.), con registros digitales 2017222 y 2025962, emitidas por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, respectivamente, de rubro y texto siguientes:********************"DEFENSOR DEL IMPUTADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. PARA SU REMOCIÓN DEL CARGO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR INCAPACIDAD TÉCNICA MANIFIESTA Y SISTEMÁTICA, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE ANALIZAR CUIDADOSAMENTE CADA CASO CONCRETO, A FIN DE DETERMINAR SI EL NÚMERO Y TRASCENDENCIA DE LOS ERRORES COMETIDOS SON DE TAL MAGNITUD, QUE COLOQUEN AL ACUSADO EN RIESGO DE QUE SE PRIVE DE CONTENIDO MATERIAL SU DERECHO FUNDAMENTAL DE DEFENSA ADECUADA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XII/2014 (10a.), de título y subtítulo: "DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS.", estableció que en el derecho de defensa adecuada se identifica un elemento formal, consistente en que el nombramiento de defensor recaiga en un profesional en derecho, y uno material, que implica que el defensor actúe diligentemente con el fin de proteger los intereses de su defendido y evitar que sus derechos se vean lesionados. Ahora bien, frente al derecho fundamental referido, el Estado tiene una obligación de carácter negativo, de no obstruir e impedir su materialización, y otra de tipo positivo, de asegurar por los medios legales a su alcance, que se cumplan las condiciones que posibiliten su ejercicio. Dentro de esta última, en relación con el elemento material mencionado, se encuentra la facultad del órgano jurisdiccional prevista en el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de remover al defensor cuando exista una manifiesta y sistemática incapacidad técnica, que a su vez responde a la obligación de velar por la defensa adecuada y técnica del imputado, establecida en el numeral 17 del propio ordenamiento a cargo del juzgador; por tanto, éste podrá ejercer la facultad de remoción indicada, cuando el defensor incurra en errores técnicos en forma patente y clara, mediante una serie de conductas reiteradas en el mismo o similar sentido. De ahí que uno o más errores aislados no configuren la causa de remoción citada, aun cuando revelen cierto grado de desconocimiento del sistema penal acusatorio, porque la gravedad de la medida amerita un análisis cuidadoso en cada caso, a efecto de que el órgano jurisdiccional determine si el número y trascendencia de los errores cometidos son de tal magnitud, que coloquen al imputado en riesgo de que se prive de contenido material su derecho fundamental de defensa adecuada, privándolo de la posibilidad de hacer frente a la imputación formulada en su contra, y si pudieran trascender al sentido de la determinación que vaya a adoptarse en la etapa procesal correspondiente. De no obrar en esos términos, el juzgador podría vulnerar el derecho fundamental del imputado a designar libremente al defensor de su elección, previsto en los artículos 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 2, inciso d), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14, numeral 3, inciso d), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ante la posibilidad fáctica de que aquél ya no pueda nombrar a un segundo o ulterior defensor particular, o ante el riesgo de que el nuevo que designe no cuente con los medios y tiempo necesarios para conocer las constancias atinentes, a fin de determinar la estrategia a seguir, que permita el ejercicio de una adecuada defensa."********************"JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA REMOCIÓN DEL DEFENSOR PARTICULAR DECRETADA POR EL JUEZ DE CONTROL EN CUALQUIERA DE LAS ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL, AL AFECTAR LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL IMPUTADO.********************Hechos: En un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la remoción del defensor particular del imputado, ordenada por el Juez de Control en la audiencia intermedia del proceso penal acusatorio, se desechó de plano la demanda, pues el Juez de Distrito consideró que no se trataba de un acto de imposible reparación, porque el derecho vulnerado no era sustantivo, sino adjetivo, que únicamente tenía efectos intraprocesales susceptibles de repararse al momento de dictarse la sentencia definitiva.********************Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el juicio de amparo indirecto procede contra la remoción del defensor particular del imputado ordenada por el Juez de Control, cuando ocurre antes de la etapa de juicio oral, porque no obstante que el artículo 173, apartado B, fracción XIII, de la Ley de Amparo prevé como una violación procesal que no se respete al imputado el derecho de contar con una defensa adecuada por abogado que elija libremente desde el momento de su detención, dicha violación afecta de forma actual los derechos sustantivos del quejoso y no se puede esperar a verificar si trasciende o no al resultado del fallo, por lo que su legalidad debe revisarse en el juicio de amparo indirecto y no con posterioridad a que se constate si repercute o no en el sentido de la resolución que llegue a dictarse en el proceso penal.********************Justificación: Del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo y de la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo interpreta, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, y que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascienda al resultado del fallo. Por su parte, los artículos 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 2, inciso d), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disponen que constituye un derecho humano o fundamental de las personas imputadas la potestad de designar libremente al abogado que quieran que las defienda en una causa penal, desde el momento de su detención y hasta la conclusión del juicio, convirtiéndose en un derecho de naturaleza sustantiva, porque puede darse el caso que la violación respectiva no pueda repararse en amparo directo; y si bien el artículo 173, apartado B, fracción XIII, de la Ley de Amparo, cataloga dicha remoción como una violación procesal, debe considerarse que ésta tiene lugar a partir de la detención del imputado y cuando sucede en cualquiera de las etapas previas al juicio oral, como en la intermedia, no puede constituir una violación procesal y de carácter adjetivo que en su oportunidad pueda analizarse en el amparo directo, sino que el cambio o remoción del defensor designado por la persona imputada, que ocurre en esta fase del proceso penal acusatorio, no es reversible por el Juez en la etapa subsecuente, ni aun en esta última, de acuerdo con la naturaleza de dicho juicio, por lo que se considera que ese acto es de imposible reparación, ya que de consumarse causaría perjuicios de inmediato, al no ser subsanable en una etapa posterior y, por ende, es impugnable a través del juicio de amparo indirecto."******************** Por otro lado, es en parte infundado y por otra parte fundado en suplencia de la queja a favor del quejoso, el concepto de violación relativo a la orden de aprehensión emitida en su contra, pues esencialmente señala que no fue notificado personalmente de las citaciones para la audiencia intermedia, además de que en ningún momento autorizó expresamente que las notificaciones se le hicieran vía ********************.********************Lo anterior, porque el tercer párrafo del artículo 16 constitucional enumera cuáles son los presupuestos necesarios para que una autoridad judicial libre una orden de aprehensión, por lo que se establece:********************"No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión."********************Luego, el Código Nacional del Procedimientos Penales establece, de manera específica, los requisitos para el dictado de una orden de captura en los artículos 141, párrafo cuarto, 142 y 143, los cuales de una interpretación sistemática se obtiene que el legislador estableció como formas de conducción del imputado al proceso, el citatorio, la orden de comparecencia a través de la fuerza pública y la orden de aprehensión.********************En ese sentido, dichas formas de conducción no deben aplicarse preferentemente en ese orden, sino que para ello es necesario que se actualicen los supuestos que se invocan en el precepto que los rige, es decir, tratándose de la audiencia inicial se debe citar al imputado; en caso de que no asista sin justificación, se ordenará su comparecencia a través de la fuerza pública; y, si el Ministerio Público advierte la necesidad de cautela, el juez de control podrá ordenar que se libre orden de aprehensión en su contra.********************Por otro lado, la orden de aprehensión, por lo general, es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del ministerio público y una vez satisfechos los requisitos de los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respectivamente, se ordena capturar a una persona para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de continuar el proceso penal o para que conozca la conducta ilícita que se le atribuye.********************Así, se pueden emitir órdenes de aprehensión por diversos supuestos entre los que se encuentran las que se dictan por contumacia, por sustracción de la acción de la justicia, por culminar un procedimiento de extradición o por incumplimiento de una medida cautelar; es innegable que se trata de órdenes de naturaleza procesal que tienen como sustento fundamental el artículo 21 de la Carta Magna, es decir, son de los actos que se emiten para llevar a cabo una correcta administración de justicia y su objetivo primordial es alentar la continuidad del proceso penal.********************Así, conforme a lo previsto en el artículo 141, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece la orden de aprehensión como una forma de garantizar la continuación del proceso, sólo le son exigibles los requisitos de fundamentación y motivación del artículo 16 constitucional; es decir, si la orden de aprehensión es por desacato a una orden de comparecencia, es dable analizar si la notificación de ésta cumplió con los requisitos de los artículos 82, fracción I, inciso d), 84, 85, 91 y 92, primer párrafo, del Código Nacional del Procedimientos Penales.********************Sirve de aplicación, la tesis I.9o.P.19 P (11a.), con registro digital 2023925, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes:********************"ORDEN DE APREHENSIÓN POR DESACATO DEL IMPUTADO A UNA ORDEN DE COMPARECENCIA. PREVIAMENTE A SU LIBRAMIENTO, COMO FORMA DE CONDUCIRLO A PROCESO, DEBE CONSTATARSE LA DEBIDA NOTIFICACIÓN DE ÉSTA, AL SER UNA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO.********************Hechos: En un proceso penal, el Juez de Control, a petición del Ministerio Público giró citatorio al imputado para la audiencia inicial; sin embargo, éste no acudió, motivo por el cual aquél solicitó al Juez una orden de comparecencia en su contra, misma que fue concedida; empero, tampoco asistió. Ante dicha situación, la representación social solicitó una orden de aprehensión, en atención a que el imputado incumplió las dos citadas órdenes judiciales, a lo cual accedió el juzgador.********************Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que previamente al libramiento de una orden de aprehensión por desacato del imputado a una orden de comparecencia, como forma de conducirlo a proceso, debe constatarse la debida notificación de ésta, al ser una formalidad esencial del procedimiento.********************Justificación: El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé distintos supuestos para librar una orden de aprehensión; uno de ellos es el contenido en su fracción III y otro el de su párrafo cuarto. El primero debe entenderse como una forma de conducción del imputado a la audiencia inicial en la que el Ministerio Público obligatoriamente debe acreditar la necesidad de cautela, y conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mientras que al segundo como una forma de garantizar la continuación del proceso, sólo le son exigibles los requisitos de fundamentación y motivación del artículo 16 constitucional. Del análisis anterior se concluye que la orden de aprehensión (como forma de conducción del imputado a proceso) tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza por desacato del imputado a una orden de comparecencia, o bien, porque el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela. Motivo por el cual, si el acto reclamado es una orden de aprehensión por desacato a una orden de comparecencia, es dable analizar si la notificación de ésta cumplió con los requisitos de los artículos 82, fracción I, inciso d), último párrafo; 84, 85, 91 y 92, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales."********************En el caso, de la causa penal ********************del índice del Juez responsable, se tiene que en audiencia inicial de doce de abril de dos mil diecinueve (foja 39 del amparo indirecto), se formuló imputación en contra de ********************(sic), por los delitos de homicidio, lesiones y daños culposos, ilícitos previstos y sancionados por los artículos 121, fracción II, 106 y 128, segundo párrafo y 62 del Código Penal para el Estado de Morelos, cometido el primero de los ilícitos en agravio de la persona que en vida llevara el nombre de ********************y el segundo en agravio de********************audiencia en la que el imputado -aquí quejoso-, solicitó la ampliación del plazo constitucional a efecto de que se resolviera su situación jurídica (ciento cuarenta y cuatro horas), por lo que se fijó fecha para la continuación de la audiencia en su fase de vinculación a proceso, para el diecisiete de abril de dos mil diecinueve; en consecuencia, se decretaron como medidas cautelares diversas a la prisión preventiva, las consistentes en las fracciones I, II, V y VIII del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en: I. Presentación periódica ante el Juez o autoridad distinta que él designe, debiendo presentarse a la Unidad de Medidas Cautelares para Adultos (UMECA), esto es, debía firmar de manera mensual a partir del quince del mes y año citados, II. Debía presentar una garantía económica por la cantidad de $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), garantía que debía depositar el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, V. La prohibición de salir del país y, VIII. La prohibición de acercarse a la víctima y a sus familiares, ordenando dejar en inmediata libertad al imputado.********************Para dar cumplimiento a tales medidas se ordenó girar oficio al Director del módulo de Justicia con residencia en Cuautla, Morelos, así como a la Directora de la Unidad de Medidas Cautelares y Salidas Alternas para Adultos, con residencia en esa misma ciudad, a fin de dar seguimiento a lo ordenado en líneas que anteceden.********************Mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil diecinueve ante el juzgado de origen (foja 40 del amparo indirecto), ********************-aquí quejoso-, nombró como defensores particulares a los licenciados ********************y Pedro Isaías Morales Herrera, con cédulas profesionales números 6229944 y 10708283, respectivamente, y como medio para notificación el correo electrónico despacho.rivera@outlook.es y los teléfonos 2381366030 y 5541930308.********************El diecisiete de abril de dos mil diecinueve (foja 19 del amparo indirecto), se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso, en la causa penal de origen, en la cual se decretó auto de no vinculación a proceso del imputado, aquí quejoso, por cuanto al delito de lesiones culposas agravadas, cometidas en contra de la víctima********************y auto de vinculación a proceso en contra del impetrante de amparo como probable responsable del delito de homicidio culposo agravado, establecido en el artículo 106, en relación con los diversos 128, 62 y 15, párrafo III, del Código Penal en vigor cometido en agravio de la persona que en vida respondiera al nombre de L.C.R., para lo cual se ordenó girar oficios al Director de la Cárcel Distrital de la ciudad de Cuautla, Morelos, así como al Titular de la Unidad de seguimiento de Medidas Cautelares, para su conocimiento y que continuaran vigilando el cumplimiento de éstas, estableciendo un plazo de cierre de investigación de tres meses.********************Mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (fojas 79 a 86 del amparo indirecto), el Fiscal Regional Oriente, presentó ante la entonces Jueza de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, escrito de acusación en contra de ********************(sic) -aquí quejoso-, por la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposos, previstos y sancionados en los artículos 106, 121, fracción II, relacionado con el 128, párrafo II, concatenado con el numeral 15, párrafo tercero y 62 del Código Penal para el Estado de Morelos, en agravio de la persona que en vida respondiera al nombre de ********************(occiso) y********************el cual previo a subsanar la prevención formulada se tuvo por formulada dicha acusación y se señaló para la celebración de la audiencia intermedia el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, lo cual se ordenó notificar personalmente a las partes; notificación que se realizó al defensor particular del inculpado mediante el correo electrónico proporcionado para tal efecto y a ********************, en su domicilio particular mediante exhorto judicial 002/0222/2019-EX, diligenciado por el notificador adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número Dos del Sistema penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (fojas 102 a 104 y 110 a 114 del amparo indirecto).********************A la audiencia intermedia programada para el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 116 y 117 del amparo indirecto), no compareció el defensor particular ni el imputado; y, en ésta se dio cuenta por la entonces juzgadora con el escrito presentado en la oficialía de partes del tribunal en ese mismo día, suscrito y firmado por el defensor particular ********************y el asesor jurídico particular ********************a través del cual solicitaron se difiriera la audiencia por existir la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio, determinando la juzgadora que no había lugar a atender la petición toda vez que precisamente ya estaba señalada la audiencia, en la cual pudieron haber hecho tales manifestaciones y difirió la misma para el once de diciembre de dos mil diecinueve; asimismo, se separó del cargo tanto al defensor como al asesor particular, por desconocer las técnicas de litigación oral y se ordenó, respecto al imputado, girar oficio a la Coordinadora de la Defensoría Pública del Estado, para que designara defensor público al imputado y, se autorizó al notificador adscrito al tribunal, notificara al imputado ********************(sic), en el medio especial de notificación ********************, para efecto de hacerle del conocimiento que debía presentarse el día y hora de la audiencia señalada, con apercibimiento que en caso de no comparecer sin justa causa se declararía sustraído de la acción de la justicia y el agente del ministerio público podría solicitar orden de aprehensión en su contra, en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales.********************El veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve (foja 120 del amparo indirecto), se hizo constar la falta de notificación vía telefónica del imputado, pues se estableció por el Notificador adscrito al Tribunal que al marcar el número correctamente, sin dar oportunidad de escuchar el timbre de enlace de la llamada, inmediatamente se reproduce una grabación automatizada que decía: "buzón de voz, la llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes", desviando inmediatamente la llamada al buzón, lo cual realizó el notificador en repetidas ocasiones y en diferentes horarios, con el mismo resultado.********************La audiencia de once de diciembre de dos mil diecinueve (foja 126 del amparo indirecto), se difirió para el ocho de enero de dos mil veinte, insistiendo en la notificación del imputado por conducto del notificador adscrito, vía ********************, debiendo agregar captura de pantalla de ésta; en cumplimiento a dicha determinación la Notificadora de Sala adscrita al entonces Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado, hizo constar que procedió a notificar mediante la aplicación ******************** al imputado ********************(sic), por lo que enviaba impresión del proveído de once de diciembre de dos mil diecinueve y hacía constar que no obstante que no aparece visiblemente que el receptor viera o recibiera la información o el mensaje, al solicitar información se observaba que era "INFORMACIÓN VISTO"; por lo que tuvo por legalmente notificado al imputado.********************En consecuencia, el ocho de enero de dos mil veinte (foja 135 del amparo indirecto), ante la incomparecencia del imputado, el ministerio público solicitó la sustracción de la justicia de éste, por no haber comparecido a la audiencia, no obstante de encontrarse debidamente notificado, tal como se advertía de la constancia de notificación correspondiente, por lo que en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la juzgadora de origen decretó sustraído de la acción de la justicia a ********************(sic) y, el trece de octubre de dos mil veinte (fojas 141 y 142 del amparo indirecto), se emitió orden de aprehensión en su contra a solicitud del agente del ministerio público.********************Orden de aprehensión que constituye el acto reclamado en este juicio y que se advierte se solicitó por el agente del ministerio público en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que el imputado -aquí quejoso-, no compareció a la audiencia intermedia de ocho de enero de dos mil veinte, no obstante de encontrarse debidamente notificado; asimismo, se analizaron los requisitos para emitir orden de aprehensión, consistentes en: a) la existencia de la denuncia o querella y b) que obren datos de que se cometió el hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.******************** En cuanto a esos requisitos, la juzgadora de origen determinó que el diecisiete de abril de dos mil diecinueve se vinculó a proceso al imputado, lo que implicó que se tuvo por demostrado el hecho que la ley señala como delitos de homicidio y lesiones culposas, previstos y sancionados en los artículos 106, 121, fracción II, 15 y 62 del Código Penal para el Estado de Morelos, cometidos el primero de ellos en agravio de la persona que en vida respondiera al nombre de ********************y el segundo en agravio de********************además de que no se encuentra demostrado más allá de toda duda razonable, una causa excluyente de incriminación del delito o extinción de la pretensión punitiva conforme al Código Penal, aunado a que se tuvo por colmado el requisito de la denuncia correspondiente; además se consideró que se trataba de delitos que ameritan pena privativa de libertad, por lo que ese requisito también se colmaba.******************** Asimismo, se determinó que cuando una persona ha sido citada a una audiencia en la que se requiere su comparecencia, y no comparece sin justa causa o acredita grave impedimento, como sucedió en el asunto, en el que el imputado no compareció a la celebración de la audiencia de imputación, no obstante de encontrarse debidamente notificado, se tenía indicios para considerar que su intención era sustraerse de la acción de la justicia, lo que dio lugar a la suspensión del procedimiento que se le instruye; por lo que al colmarse los requisitos del artículo 141 del Código Nacional del Procedimientos Penales, se ordenó la aprehensión de ********************(sic), en el entendido de que una vez que tal mandamiento de captura se realizara, debería ponerse a disposición inmediatamente de ese tribunal para llevar a cabo la correspondiente revisión de medidas cautelares y continuar con el proceso penal.******************** No obstante, es infundada parte del concepto de violación en el que el quejoso indica que no autorizó expresamente que las notificaciones en la causa de origen se le hicieran vía ********************, y que éstas no se le realizaron a través de los medios que tenía autorizados.******************** Sin embargo, de las constancias de la causa penal de origen remitidas por el Juez responsable si bien se advierte que mediante escrito presentado el doce de febrero de dos mil diecinueve (foja 40 del amparo indirecto), el quejoso autorizó defensores particulares y medios de contacto, consistentes en un correo electrónico y dos teléfonos diversos al número en el cual se ordenó su notificación vía ********************, que en términos del artículo 85 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fue la forma más conveniente para el imputado y que expresamente señaló, también es cierto que en auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, con independencia de su legalidad o no (lo cual fue analizado en párrafos que anteceden), se separó del cargo a su defensor particular, por lo cual se ordenó notificar a dicho imputado mediante medio especial de notificación, a través del teléfono ********************, lo cual es congruente con lo señalado en el artículo 87 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no obstante que precisamente se prevé en dicha legislación distintas formas de hacer comparecer al imputado al proceso penal, incluso entre ellas la propia orden de aprehensión, es decir, el juzgador debe agotar los medios a su alcance para la localización del imputado y evitar que por virtud de su incomparecencia o falta de localización se paralice el procedimiento. ********************Sin embargo, como lo señaló el quejoso en sus conceptos de violación, es fundado suplido en su deficiencia, lo relativo a la notificación de la citación a la audiencia intermedia, porque conforme al marco normativo previamente explicado, y de las constancias de la causa penal de origen, se advierte que se decretó al imputado -aquí quejoso-, sustraído de la acción de la justicia por no haber comparecido a la audiencia intermedia de ocho de enero de dos mil veinte, no obstante de considerar que se encontraba debidamente notificado, circunstancia que no se comprobó fehacientemente por la juzgadora que emitió dicha orden.******************** Lo anterior, toda vez que para que se considere que el impetrante de amparo incumplió con su obligación en el proceso de comparecer a la audiencia intermedia previamente señalada, resulta indispensable la comprobación de que tuvo conocimiento pleno del día y hora fijados para dicha audiencia, lo cual se logra a través de la notificación personal ordenada en autos en el domicilio o medios de contacto señalados para tal efecto.******************** Así, como se dijo, es fundado el concepto de violación relativo a que la orden de aprehensión reclamada trastoca el debido proceso establecido para las notificaciones regulado en la codificación de la materia y, en el caso, el imputado -aquí quejoso-, no fue notificado personalmente de la citación para la audiencia intermedia de ocho de enero de dos mil veinte.******************** Es así, porque del acta de notificación personal vía telefónica levantada por la entonces Notificadora de Sala adscrita al Juzgado de Primera Instancia de Control de Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve (foja 132 del amparo indirecto), se advierte que hizo constar que procedió a notificar al imputado mediante aplicación de ********************, la fecha y hora fijadas para la audiencia intermedia antes precisada, cuyas capturas de pantalla adjuntó a dicha acta de notificación; asimismo, hizo constar que no obstante de que no aparecía visiblemente que el receptor viera o recibiera la información o el mensaje, al solicitar información se observa que es INFORMACIÓN VISTO, por lo que tuvo por legalmente hecha la notificación.********************Sin embargo, de las capturas de pantalla de la aplicación de ******************** que agregó al acta de notificación personal vía telefónica (fojas 128 a 131 del amparo indirecto), se advierte que contrario a lo señalado por la notificadora, el mensaje se envió al imputado mediante mensajería de ********************, el cual únicamente aparece una palomita, lo cual es un hecho conocido que corresponde al envío del mensaje, y al solicitar información respecto de éste dicha aplicación indica que doble palomita significa entregado y doble palomita en color azul significa visto; y, de las capturas de pantalla se advierte que el mensaje únicamente fue enviado (solamente aparece una palomita), sin que se acreditara que hubiese sido recibido y visto por el imputado -aquí quejoso-, pues no aparece doble palomita ni mucho menos éste acusó de recibo de la información recibida, situación que no se constató por la entonces Jueza de origen la dictar la orden de aprehensión reclamada; de ahí lo fundado del concepto de violación en estudio, toda vez que si no se acreditó que el quejoso fue debidamente notificado de la fecha y hora de celebración de la audiencia intermedia, es que no se constató que hubiese tenido conocimiento de ésta y que por ello incumplió con acudir a tal audiencia, por lo que no se cumple con los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 constitucional.********************Por otro lado, respecto a las manifestaciones realizadas por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y la tercera interesada ********************-ofendida- en vía de alegatos; tales planteamientos no forman parte de la litis, por lo que es innecesario su análisis.********************En consecuencia, al resultar en una parte infundados y por otra parte fundados los conceptos de violación suplidos en su deficiencia, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado, para los efectos señalados en el considerando siguiente.********************Concesión que se hace extensiva respecto a los actos de ejecución atribuidos al [4] Encargado de Despacho de la Dirección de Aprehensiones de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Morelos, al no reclamarse por vicios propios.********************VII. Efectos de la concesión de amparo. Se concede el amparo para el efecto de que la autoridad responsable [1] ********************-en sustitución de ********************-, Juez de Primera Instancia de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, realice lo siguiente:********************Deje insubsistente el acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido en la causa penal ********************de su índice, en el que separó del cargo a la defensa particular del imputado -aquí quejoso- y, emita otro de manera fundada y motivada, en el que resuelva lo que corresponda con relación a dicha separación del cargo, en el entendido que en caso de insistir en que procede la remoción del cargo de dicho defensor particular, por incapacidad técnica manifiesta y sistemática, exponga los motivos de tal consideración, así como también, analice el caso concreto y determine el número y trascendencia de los errores cometidos y la magnitud de éstos, que coloquen al imputado en riesgo de que se le prive de su derecho fundamental de defensa adecuada; caso en el cual, además deberá conceder al imputado el término de tres días para que de manera libre señale defensor de su elección, con independencia de las medidas que adopte para que en ningún momento se quede sin tal defensa.********************Deje insubsistente la orden de aprehensión emitida el trece de octubre de dos mil veinte y, en su lugar emita otra en la que de manera fundada y motivada determine lo que en derecho corresponda, en el entendido que para ello, deberá analizar la notificación realizada al imputado -aquí quejoso- el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve y los efectos legales de ésta, misma que obra en el acta de notificación personal vía , así como las impresiones de pantalla de la aplicación de ********************, correspondientes a dicha notificación.********************Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se********************R E S U E L V E:********************Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************y/o ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas, por las razones precisadas en el considerando III de esta sentencia.********************Segundo. Se CONCEDE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a ********************y/o ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas, por las razones analizadas en el penúltimo considerando y para los efectos precisados en la última parte de esta sentencia.********************Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).********************Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Erika de la Cruz Uribe, quien autoriza y da fe, el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.********************
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, a través del cual devuelve DEBIDAMENTE DILIGENCIADO el exhorto 188/2022, orden 335/2022, del índice de este Juzgado Federal, mismo que fue enviado para emplazar al tercero interesado Osvaldo Franco Bustamante. Sin que sea necesario acusar de recibido por así haberlo solicitado la autoridad oficiante. En mérito de lo anterior, se tiene por debidamente emplazado a dicho tercero interesado; realícense las anotaciones en el Libro de Gobierno que corresponda y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la publicación de los edictos ordenado en auto de dos de septiembre del año en curso, toda vez que dicha publicación era con el fin de emplazar a juicio al referido tercero interesado, situación que acontece en estos momentos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.
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