Marcos Ortíz Márquez

Expediente 452/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
452/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Marcos Ortíz Márquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Juicio de Amparo Directo

    PRIMERO. ESTE TRIBUNAL COLEGIADO CARECE DE COMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA, CONTRA EL AUTO DE VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE EN EL ESTADO DE HIDALGO; POR CONDUCTO DEL ÓRGANO AUXILIADO, CON TESTIMONIO DE LA PRESENTE SENTENCIA, REMÍTASE COPIA CERTIFICADA DE LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS AL JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE HIDALGO, EN TURNO, A FIN DE QUE SE AVOQUE AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. SEGUNDO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

  2. Juicio de Amparo Directo

    AGRÉGUESE A SUS AUTOS PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA LA COPIA DEL OFICIO SIGNADO POR EL SECRETARIO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON SEDE EN XALAPA, VERACRUZ, CON ANEXO; TÉNGASELE REMITIENDO EL EXPEDIENTE DE ORIGEN. POR OTRA PARTE, DEVUÉLVASE EL PRESENTE EXPEDIENTE Y SU ANEXO A LA PONENCIA DONDE SE ENCONTRABA, PARA QUE PROCEDA A REALIZAR EL TESTIMONIO CORRESPONDIENTE E INTEGRE LA EJECUTORIA AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO.

  3. Juicio de Amparo Directo

    VISTOS, EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, SE DESPRENDE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE TRES DÍAS CONCEDIDO A LA PARTE QUEJOSA, EN PROVEÍDO DE UNO DE SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO, A EFECTO DE QUE MANIFESTARA LO QUE EN SU DERECHO CONVINIERA RESPECTO DE LA VISTA QUE LE FUE DADA, SIN QUE HAYA REALIZADO EXPRESIÓN ALGUNA; EN CONSECUENCIA, INFÓRMESE LO ANTERIOR VÍA INTERCONEXIÓN AL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON SEDE EN XALAPA DE ENRÍQUE, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Agréguese para que obre como corresponda el oficio 462/2023, firmado electrónicamente por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, con evidencia criptográfica, del cual se advierte que el pleno de dicho tribunal, considera que en el presente asunto podría actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; esto, ya que al efecto se estableció en dicho dictamen lo siguiente: "V I S T O: para resolver los autos del juicio de amparo directo laboral 452/2022 del índice Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo. QUINTO. Causa de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, antes de estudiar el fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que el tribunal competente las advierta de oficio. En ese sentido, se estima innecesario analizar el auto de ocho de julio de dos mil veintiuno combatido, así como los conceptos de violación expresados, al considerar probable la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". Del precepto legal transcrito, se advierte que no es procedente el juicio de amparo que se promueva en contra de actos o normas generales que se consientan de manera tácita; para lo cual, el propio arábigo explica que dicha expresión deberá entenderse, en el sentido de que la norma o conducta no se combata dentro de los plazos previstos por la propia Ley de Amparo. En ese contexto, el capítulo III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, regula lo concerniente a los plazos que deben tomarse en cuenta para la tramitación del juicio de amparo; y específicamente, en sus artículos 17 y 18, prevé el periodo para promover el juicio constitucional; los cuales, respectivamente, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Del análisis del arábigo 17 transcrito, se advierte que, por regla general, el plazo para promover el juicio de amparo es de quince días hábiles. Excepción hecha, cuando se combata una norma general autoaplicativa o procedimientos de extradición; una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión; cuando se reclamen actos que pudieran afectar a núcleos de población o comunidades; o cuando el acto reclamado implique alguna de las conductas prohibidas por el artículo 22 constitucional; en cuyos casos, los plazos para promover el amparo serán correspondientemente, de treinta días, ocho años, siete años; y en el último caso, en cualquier tiempo. Por su parte, el diverso artículo 18, anteriormente citado, establece las reglas a seguir a efecto de computar los plazos señalados en el arábigo que le precede, las cuales, son a partir: a) Del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Del día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución; o, c) En caso de normas generales autoaplicativas, a partir del día de su entrada en vigor. En efecto, de las constancias de autos se obtiene que el acto reclamado, auto de ocho de julio de dos mil veintiuno, le fue notificado al quejoso, por medio de cédula, el dos de agosto del mismo año, tal como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja cincuenta y cinco del juicio laboral de origen, de la certificación que obra al final de la demanda de amparo, y lo dicho por el propio quejoso en la demanda de cuenta a foja cinco, en el punto ocho del capítulo de antecedentes, tal como se advierte a continuación: "En lo que respecta a dicho acuerdo, se advierte que de forma ilegal fue notificado por la responsable a las 14:04 horas del día 02 de agosto del año 2021, FIJADO EN LOS TABLEROS NOTIFICADORES DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE, Es decir no fue (sic), no ha sido notificado al suscrito de forma personal, a pesar de encontrarse obligada la responsable a realizarlo" Notificación que no consta haya sido impugnada ante la autoridad responsable, y que por consiguiente, surtió efectos legales el mismo día, en concordancia con el artículo 133 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo1. Consecuentemente, el plazo de quince días hábiles a que alude el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, transcurrió del tres al veintitrés de agosto, ambos de dos mil veintiuno. Cómputo al que se descuentan el siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de agosto de dos mil veintiuno, por ser sábados y domingos, respectivamente, e inhábiles en términos de lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora, el escrito de demanda se presentó el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, según se advierte del sello plasmado por la autoridad responsable y la certificación que obra a final de la demanda de amparo. Por tanto, si el término para inconformarse con el auto de ocho de julio de dos mil veintiuno dictado en el juicio natural culminó el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno; y la demanda se presentó hasta el dieciocho de octubre del mismo año, se concluye que ésta es extemporánea. No es óbice para lo anterior el hecho de que el quejoso haga manifestaciones respecto a que la notificación del auto reclamado es ilegal y que se le debió realizar de manera personal; sin embargo, se destaca que en esta sede de control constitucional no es viable, al estudiar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo, analizar la legalidad de la notificación del acto reclamado; la cual, al no constar haya sido impugnada, permanece incólume como punto de partida para llevar a cabo el cómputo correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 125/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2013077, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DELA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. La notificación es un acto procesal a cargo del órgano jurisdiccional ordinario que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que tiene una presunción de validez, al ejecutarlo un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, una vez realizado, genera los efectos y consecuencias jurídicas que implica, por lo menos hasta que se demuestre la falta de cumplimiento de esas formalidades en su diligenciación y, en ese sentido, su ineficacia para demostrar la comunicación de un acto o resolución, desde luego, a través del medio de impugnación que permita analizar ese tipo de vicios. Así, la parte que no esté conforme con la notificación efectuada por el órgano jurisdiccional respecto del laudo que pretende combatir, tiene la carga procesal de impugnar dicho acto a través del incidente de nulidad de notificaciones (regulado por la legislación laboral), pues de lo contrario, esa actuación debe entenderse consentida, además de subsistente y con plenos efectos legales. Luego, el juicio de amparo directo no es el medio pertinente para determinar la legalidad o ilegalidad de la notificación practicada por el órgano jurisdiccional emisor del laudo reclamado, ni siquiera al realizar el estudio de la oportunidad de la presentación de la demanda, por lo que cuando exista constancia de que se efectuó la notificación respectiva a determinada parte en el juicio laboral, los Tribunales Colegiados de Circuito deben atender a ella y a la fecha de su diligenciación para analizar la procedencia del juicio de amparo directo, específicamente para realizar el cómputo a efecto de determinar si se promovió oportunamente, sin que puedan hacer un análisis de las formalidades que en la práctica de dicha notificación se siguieron ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra litis que, como se ha apuntado, se ciñe al análisis del laudo dictado en el juicio laboral y, en su caso, de las violaciones en el procedimiento que le dieron origen". En ese sentido, resulta probable la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la ley de la materia. Atento a lo anterior, al actualizarse probablemente la hipótesis de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; lo que procedería en términos del artículo 63, fracción V, de ese mismo cuerpo normativo, sería sobreseer en este juicio. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, es obligación dar vista a la quejosa por el plazo de tres días cuando, de oficio, se advierta la actualización de alguna de las causas de improcedencia previstas por el artículo 61 del ordenamiento antes citado, para que manifieste lo que a su derecho convenga, supuesto que se actualiza en el caso. Sin embargo, dicha obligación surge una vez que sea discutido en sesión y el Pleno de este órgano jurisdiccional auxiliar decida si se actualiza la causa de inejercitabilidad de la acción de amparo. Por tanto, por conducto del Tribunal Colegiado Auxiliado dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga al respecto. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 5/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 8. Materia Común. Décima Época, con registro digital 2008790, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN." Con base en tales consideraciones y ante la probable actualización de la hipótesis de improcedencia aludida, dese vista a la quejosa conforme a lo previsto por el artículo 64 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, se resuelve: PRIMERO. Déjese en lista este asunto y dese vista con la causa de improcedencia advertida de oficio al quejoso, para que manifieste lo que a su derecho convenga. SEGUNDO. Desahogada la vista o transcurrido el plazo correspondiente para ello, sométase a la consideración del pleno el presente asunto." Por tal razón, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dése vista de manera electrónica con el dictamen de cuenta al aquí quejoso, para que en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en el presente asunto. Una vez hecho lo anterior y transcurrido el término de tres días mencionado, se informará de las manifestaciones expresadas cuando así haya sucedido, o en su caso, que el quejoso no formuló manifestación alguna, para que el órgano auxiliador esté en posibilidad de proceder como en derecho corresponda. En otro contexto, mediante oficio que al efecto se gire vía interconexión al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, hágasele del conocimiento el contenido de este proveído, para los efectos legales a que haya lugar. POR ESTA VÍA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA.

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