Marcos Octavio Rodríguez Mazoco
Expediente 222/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 222/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Marcos Octavio Rodríguez Mazoco
Actuaciones
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Vista; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja, contra el auto dictado el cinco de abril del dos mil veintiuno, en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, cinco de abril de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Marcos Octavio Rodríguez Mazoco, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Jueza acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 222/2021-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La resolución de tres de marzo de dos mil veintiuno, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de dieciséis de febrero del presente año, que negó acordar de conformidad la apertura del período probatorio dentro del incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas, tramitado en el expediente de origen 81/2017. DESECHAMIENTO. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En relación con ello, debe establecerse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de las constancias relativas al acto reclamado; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es decir, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de la juzgadora y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso, la parte quejosa, quien es parte en el procedimiento de origen, hace consistir el acto reclamado en la resolución dictada el tres de marzo de dos mil veintiuno, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de dieciséis de febrero del presente año, que negó acordar de conformidad la apertura del período probatorio dentro del incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas, tramitado en el expediente de origen 81/2017, del índice estadístico del Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de esta ciudad. Expuesto lo anterior, cabe mencionar que, en el caso a estudio, esta juzgadora de control constitucional advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V (este último interpretado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo. Como precisión respecto al tópico de actos de imposible reparación, conviene destacar que, a raíz de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó la interpretación de la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro del juicio, con base en su artículo 107, fracción V. Dicho órgano supremo de justicia, destacó que la porción normativa en cita ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Con esa premisa, el más Alto Tribunal consideró que esa aclaración del legislador secundario proporciona mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En el caso, como ya se apuntó, la parte quejosa reclama la resolución de tres de marzo de dos mil veintiuno, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de dieciséis de febrero del presente año, que negó acordar de conformidad la apertura del período probatorio dentro del incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas, tramitado en el expediente de origen 81/2017, del índice de la responsable, no constituye la resolución que pone fin al incidente del cual deriva dicha determinación; aunado a ello, en la especie se tiene que dicho acto reclamado ni afecta materialmente los derechos sustantivos del peticionario del amparo. La actuación controvertida, además de no resolver en definitiva la incidencia de la cual deriva, esto es el incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas, interpuesto en el expediente 81/2017, del índice de la autoridad responsable por la tercera interesada, tampoco lesiona de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado tutelados en la Constitución General o en los tratados internacionales, a través de los derechos subjetivos públicos que en ésta se contemplan como son la libertad, la propiedad o la posesión, sino que únicamente tiene efectos de carácter intraprocesal o formal, que pueden subsanarse por el hecho de obtener resolución favorable al resolverse la citada incidencia. En esa tesitura, de tratarse de una violación procesal deberá invocarse en la demanda de protección de derechos fundamentales que se promueva en contra de la resolución interlocutoria que decida el incidente de liquidación de pensión vencidas y no pagadas. Atento a tales razonamientos, debe concluirse que resulta improcedente el presente juicio de amparo promovido; lo anterior, dado que el acto que se reclama los efectos no son de imposible reparación, en tanto que no afecta materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, dado que únicamente se trata de una posible violación procesal derivada del trámite incidental promovido en el procedimiento de origen. Circunstancia que, en su caso, podría ser reparada ante el evento que el Juez Tercero de lo Familiar de esta ciudad de Zacatecas, al dirimir la incidencia de que se trata, resuelva de manera favorable al ahora quejoso. De ahí que el accionante del amparo deberá esperar hasta que se dicte la interlocutoria que dirima esa incidencia, cuando sea impugnable en amparo indirecto, y de estimar que la misma resulta contraria a sus intereses, podrá controvertir también todas las violaciones al procedimiento incidental que estime hayan acontecido, entre ellos el auto que no autorizó la apertura del período probatorio, una vez agotado el principio de definitividad, que en su caso proceda contra la interlocutoria que resuelva la citada incidencia. En las relatadas condiciones, como el acto reclamado en esta vía constitucional, no infringe de manera directa los derechos sustantivos de la parte promovente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento en cita, procede desechar de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la demanda de amparo que se analiza. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a al licenciado Salvador Alba Cardona. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida México, número dos - D (2-D), Segundo piso, Fraccionamiento Lomas de Bernárdez, en Guadalupe, Zacatecas. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas.
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