Marcos Noé Aguilar Vázquez

Expediente 830/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
830/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
04/11/2021

Partes del expediente

  • Marcos Noé Aguilar Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Asimismo, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible, en términos del artículo 21, inciso a). Por tanto, se comunica a las partes que de conformidad con los artículos indicados en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo, el presente expediente será destruido, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Además, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Finalmente, se ordena devolver a la Jueza de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, las copias certificadas de carpeta de ejecución penal 53/2019 de su índice, que anexó como complemento a su informe justificado, sin que sea necesario que acuse recibo.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual la Jueza de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, remite copia certificada de la constancia de notificación al quejoso ****, mediante la cual hace del conocimiento de éste, el comunicado del Director Técnico Legal de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, en el que informa la imposibilidad que tiene a fin de trasladarlo al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenancingo, Estado de México. Ahora, atendiendo a lo manifestado por la autoridad responsable, así como al anexo que remite, este juzgador considera que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ..." De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa por tanto, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos u omisiones de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, página 81, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis 103, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Noviembre 1997, Novena época, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Este Juzgador estima lo anterior, pues de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso ****, reclamó la omisión por parte de las autoridades responsables, en dar contestación a su solicitud de traslado voluntario, peticionado ante el Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México. Ahora bien, de la copia certificada anexada al oficio de cuenta, remitida por el Juzgado de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones de servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones, se aprecia que los efectos de dicho acto reclamado cesaron en virtud a que se dio contestación a la solicitud de traslado voluntario, peticionado ante el Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, en el sentido de que no es factible en virtud de que el Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenancingo, en esta entidad, informó que no es posible contar con anuencia de cupo, así como tampoco cuenta con infraestructura necesaria para contener a personas privadas de la libertad que cuenten con el perfil criminológico del sentenciado, aquí quejoso, lo cual se le notificó como se advierte de las constancias enviadas con el oficio de cuenta. De tal manera, procede sobreseer en este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 356, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que las cosas no cambiarán aun cuando se determinara en sentencia. Es de citarse, en lo conducente, la tesis 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, en atención a la determinación anterior, comuníquese a las partes que la audiencia constitucional prevista para las catorce horas del día de la fecha, se deja sin efectos.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual el Secretario General, en ausencia y suplencia del Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito en Almoloya de Juárez, Estado de México, rinde informe justificado. Atento a lo anterior, con su contenido dese vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta (con anexos), a través del cual José Arturo Belmonte Cruz, Defensor Público adscrito al Área de Amparos y Fianzas de Interés Social, del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, acepta y protesta el cargo conferido para que represente los intereses del quejoso ******, para lo cual, anexa en copia digitalizada su cedula profesional; asimismo, señala domicilio, número telefónico, correos electrónicos y solicita acceso al expediente electrónico. En ese sentido, se tiene por aceptado y protestado el cargo de asesor jurídico del quejoso al profesionista promovente. Por otra parte, se tiene como domicilio para recibir notificaciones, los correos electrónicos aportados y como medio de contacto los números telefónicos que indica, en razón de salvaguardar la salud e integridad del personal adscrito a este Juzgado Federal o personas a notificar por la contingencia derivada por el Virus Covid-19, en el entendido de que una vez que se levante el estado de emergencia se reanudarán las notificaciones por los medios tradicionales que contempla la Ley de Amparo. Luego, toda vez que proporciona el usuario "jarturo", y de la certificación de cuenta se evidencia que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se encontró registro de dicho usuario; conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico que deriva de este asunto. Respecto a la solicitud de que se le notifique personalmente al quejoso; estese a lo ordenado en proveído tres de septiembre actual, mediante el cual se le tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar de su reclusión.

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