Marcos Morales López y Otros.
Expediente 1094/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 30 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1094/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 28/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Marcos Morales López y Otros.
- Isaias Gonzalez Morales y Otros.
- Marcos Morales López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
MESA 2-A.- Vista, la ratificación de firma que antecede, mediante la cual da cumplimiento a la prevención realizada en auto veintidós de agosto del presente año (foja 357 y 358), en el que se le requirió a efecto de ratificar el escrito de veintidós de agosto del año en curso (fojas 356); al respecto se provee: Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el ocurso de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de la materia. Como lo solicita el promovente, expídase la copia a que hace referencia, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos, haciendo de su conocimiento que para tal efecto deberá acudir a este Juzgado preferentemente dentro del horario de diez a trece horas, en día hábil.
- Principal
MESA 2-A.- Agréguese a los autos el escrito de quien se ostenta como el quejoso Jaime Morales Pérez; de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Ahora, por firma autógrafa, se entiende según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: "Nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él dice". El vocablo "firma" proviene del latín firmare, cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra "firma", se define como "Afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa" (diccionario citado). En este orden de ideas y trasladando los mencionados conceptos al campo del derecho constitucional, debe decirse que la firma consiste en asentar al pie del escrito el nombre y apellido de la persona que lo emite, en la forma en que acostumbra hacerlo, con el propósito de expresar la voluntad de las partes de ejercer un derecho. En el caso en concreto, la firma plasmada en el escrito de cuenta, es notoriamente distinta a la estampada en la demanda de amparo (fojas 6-19), como se advierte del siguiente cuadro comparativo:..Por lo anterior, no se tiene la certeza de que se trate de la misma persona, por lo que no hay forma de saber si es voluntad del promovente lo que solicita mediante escrito de veintidós de agosto de dos mil diecinueve; pues la firma que contiene el ocurso de cuenta es notoriamente distinta a la que aparece al calce de la demanda de amparo (fojas 6-19). A efecto de estar en posibilidades de proveer lo procedente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional, ubicado en Predio Rústico denominado Huerto Santa Isabel, carretera Cantón Murillo Km. 0+450, Tapachula, Chiapas, con identificación oficial vigente y manifieste si ratifica o no la firma que calza el escrito que se atiende e indique si la reconoce como suya, apercibido que de no comparecer, se tendrá por no presentado...Comparecencia, que deberá realizarse dentro de los días y horas hábiles que tiene este juzgado federal para realizar actuaciones, esto es, de lunes a viernes de las nueve a las quince horas; lo anterior, es así ya que de llevar a cabo actuaciones fuera de dicho horario las mismas se tornarían nulas y para realizar diligencias fuera del mismo tendría que ser con motivo de actos que ameriten un trato urgente o fuerzas de causa mayor que justifiquen su actuar. No obste lo anterior, a fin de hacer accesible la impartición de justicia tal y como lo demanda el artículo 17 Constitucional, en caso de que el promovente se encuentre imposibilitada para comparecer dentro del horario que tiene habilitado este juzgado para llevar a cabo actuaciones, deberá hacerlo del conocimiento dentro de los tres días otorgados en el párrafo que antecede, para que el suscrito provea lo conducente a efecto de habilitar hora inhábil para tomar la comparecencia de ratificación, de no hacerlo así no podrá ser tomada diligencia alguna fuera del horario hábil.
- Principal
MESA 2-A.- Vista la certificación que antecede y el estado de autos, este órgano jurisdiccional, de oficio se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por las autoridades responsables, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: Obligaciones básicas: "I. Dejar insubsistente la resolución reclamada de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal 202-A-1P02/2017 de su índice. II. Emitir una nueva resolución en la que manteniendo intocadas las consideraciones relativas al cuerpo del delito de despojo agravado, emprenda nuevamente, con libertad de jurisdicción, el estudio sobre la probable responsabilidad de los quejosos en la comisión del delito que se les imputa, pero de manera fundada y motivada, el cual revele los razonamientos que sustenten su conclusión y no de manera genérica como lo hizo; en ese sentido, para el caso de concluir nuevamente que está comprobada la responsabilidad a título de probable que se reprocha a los aquí quejosos, deberá exponer razonamiento propio que revele las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión, en que los justiciables intervinieron o participaron en la ejecución del antijurídico; valorando desde luego las pruebas que así lo demuestren, extrayendo el dato útil que vincule la conducta desplegada por los activos, señalando con precisión en qué apartado de la prueba se les menciona; finalmente, si esos indicios son aptos y suficientes para estimar justificada su probable responsabilidad; hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción decida lo que conforme a derecho proceda. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a la jueza Primero del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad, por no reclamarse dichos actos por vicios propios.". Ahora, mediante auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el recurso de revisión 64/2019, de su índice, en la que modificó la sentencia dictada por este órgano de control constitucional, y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 134-176). Lo anterior es así, en virtud que la Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dio total cumplimiento al fallo protector, pues de las constancias remitidas, precisamente de la copia certificada de la resolución de veintiocho de junio del año en curso dentro del Toca Penal 202-A-1P02/2017 (fojas 271-334), se desprende que dejó insubsistente la resolución reclamada de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, únicamente por lo que hace a los aquí quejosos Isaías González Morales1, Elizabet María López Salas2, Roger Heriberto López Velázquez3, Elías López Morales4, Rosario Juárez Mejía5, Matilde Ramos Aguilar6, Fernando Ramos Ramos7, Dolores López Sánchez8, Jaime Morales Pérez10, Edmundo Velázquez Pérez11, Reynaldo Ramos Ramos14, Esteban Pérez Godínez15, Catalina Godínez Pérez16, Nemecio Pérez Bartolón17, Simeon López Bartolón18, Sebastián Velásquez Bartolón19, Armando Morales Pérez20, Patrocinio López Pérez21, Sergio Morales López22, Rosa González Miguel24, Elena Velázquez Morales26, Sandra Yaneth González Velázquez27, Irma Yolanda Arias Hernández28, Pedro López Bartolón30, Artemio Guillen Domínguez31, Abelino López Bartolón32, Magdalena López Bartolón33, Juan Vázquez Pérez34, Leonardo Gómez Pérez35, Laura Diaz Morales36, Baudilio Ramos Ramos37, Elsa Ramos Ramos38, Martha Santizo Sánches39, Marcos Morales López40, María Esther López Gonzales41, Noé Bolaños Méndez42 e Israel García Sandoval43, además, emitió una nueva resolución en la que manteniendo intocadas las consideraciones relativas al cuerpo del delito de despojo agravado, emprendió nuevamente, con libertad de jurisdicción, el estudio sobre la probable responsabilidad de los quejosos en la comisión del delito que se les imputa, de manera fundada y motivada, determinando confirmar el auto de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, pronunciada por la Juez Primero del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, en el expediente 872/2017, de su índice. En tal virtud, como se apuntó, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 2. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que se concedió el amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo.
- Principal
MESA 2-A.- Vista la certificación que antecede y el estado de autos, este órgano jurisdiccional, de oficio se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por las autoridades responsables, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: Obligaciones básicas: "I. Dejar insubsistente la resolución reclamada de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal 202-A-1P02/2017 de su índice. II. Emitir una nueva resolución en la que manteniendo intocadas las consideraciones relativas al cuerpo del delito de despojo agravado, emprenda nuevamente, con libertad de jurisdicción, el estudio sobre la probable responsabilidad de los quejosos en la comisión del delito que se les imputa, pero de manera fundada y motivada, el cual revele los razonamientos que sustenten su conclusión y no de manera genérica como lo hizo; en ese sentido, para el caso de concluir nuevamente que está comprobada la responsabilidad a título de probable que se reprocha a los aquí quejosos, deberá exponer razonamiento propio que revele las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión, en que los justiciables intervinieron o participaron en la ejecución del antijurídico; valorando desde luego las pruebas que así lo demuestren, extrayendo el dato útil que vincule la conducta desplegada por los activos, señalando con precisión en qué apartado de la prueba se les menciona; finalmente, si esos indicios son aptos y suficientes para estimar justificada su probable responsabilidad; hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción decida lo que conforme a derecho proceda. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a la jueza Primero del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad, por no reclamarse dichos actos por vicios propios.". Ahora, mediante auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el recurso de revisión 64/2019, de su índice, en la que modificó la sentencia dictada por este órgano de control constitucional, y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 134-176). Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en este caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones básicas hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso no se cumplió con la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, en virtud que la Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, no dio total cumplimiento al fallo protector, pues si bien de las constancias remitidas, precisamente de la copia certificada de la resolución de diez de junio del año en curso dentro del Toca Penal 202-A-1P02/2017 (fojas 189-254), se desprende que emitió una nueva resolución en la que manteniendo intocadas las consideraciones relativas al cuerpo del delito de despojo agravado, emprendió nuevamente, con libertad de jurisdicción, el estudio sobre la probable responsabilidad de los quejosos en la comisión del delito que se les imputa, de manera fundada y motivada, determinando confirmar el auto de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, pronunciada por la Juez Primero del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, en el expediente 872/2017, de su índice; sin embargo, fue omisa en dejar insubsistente la resolución reclamada de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dictada en el referido toca penal de su índice, tal como se precisó en los efectos del fallo protector antes transcritos. En tal virtud, como se apuntó, la ejecutoria de amparo NO HA QUEDADO CUMPLIDA. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la autoridad responsable Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir de que reciba el oficio que al efecto se envíe, remita copia certificada de las constancias que acrediten el total cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a los quejosos Isaías González Morales, Elizabet María López Salas, Roger Heriberto López Velázquez, Elías López Morales, Rosario Juárez Mejías, Matilde Ramos Aguilar, Fernando Ramos Ramos, Dolores López Sánchez, Jaime Morales Pérez, Edmundo Velázquez Pérez, Reynaldo Ramos Ramos, Esteban Pérez Godinez, Catalina Godínez Pérez, Nemecio Pérez Bartolón, Simeon López Bartolón, Sebastián Velásquez Bartolóril, Armando Morales Pérez, Patrocinio López Pérez, Sergio Morales López, Rosa González Miguel, Elena Velázquez Morales, Sandra Yaneth González Velázquez, lrma Yolanda Arias Hernández, Pedro López Bartolón, Artemio Guillen Dominguez, Abelino López Bartolón, Magdalena López Bartolón, Juan Vázquez Pérez, Leonardo Gómez Pérez, Laura Diaz Morales, Baudilio Ramos Ramos, Elsa Ramos Ramos, Martha Santizo Sánches, Marcos Morales López, María Esther López Gonzales, Noé Bolaños Méndez e Israel García Sandoval; la cual fue para los siguientes efectos: "I. Dejar insubsistente la resolución reclamada de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal 202-A-1P02/2017 de su índice. II. Emitir una nueva resolución en la que manteniendo intocadas las consideraciones relativas al cuerpo del delito de despojo agravado, emprenda nuevamente, con libertad de jurisdicción, el estudio sobre la probable responsabilidad de los quejosos en la comisión del delito que se les imputa, pero de manera fundada y motivada, el cual revele los razonamientos que sustenten su conclusión y no de manera genérica como lo hizo; en ese sentido, para el caso de concluir nuevamente que está comprobada la responsabilidad a título de probable que se reprocha a los aquí quejosos, deberá exponer razonamiento propio que revele las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión, en que los justiciables intervinieron o participaron en la ejecución del antijurídico; valorando desde luego las pruebas que así lo demuestren, extrayendo el dato útil que vincule la conducta desplegada por los activos, señalando con precisión en qué apartado de la prueba se les menciona; finalmente, si esos indicios son aptos y suficientes para estimar justificada su probable responsabilidad; hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción decida lo que conforme a derecho proceda. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a la jueza Primero del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad, por no reclamarse dichos actos por vicios propios.". Con el apercibimiento que de no hacerlo así o de no informar el impedimento legal que tenga para ello, este juzgado se pronunciará sobre el incumplimiento, le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cien unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo artículo 258, en relación con los diversos 192 y 193 de la ley de la materia, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. No obstante lo anterior, en caso de que no cumplan con la ejecutoria de amparo dentro del plazo concedido, se requerirá el cumplimiento a través de su superior jerárquico; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en Turno, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, pues la omisión en que incurren se traduce en contumacia de dar cumplimiento a la sentencia en comento; ello, dado que las ejecutorias, son de orden público y los alcances de exigir el cumplimiento de la sentencia tiene por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, en términos del artículo 77 de la ley en la materia.
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