Marcos Mora Martínez
Expediente 79/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 79/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Marcos Mora Martínez
- Juez de Control del Juzgado de Proceso Y Procedimiento Penal Oral del Decimoséptimo Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, Titular de la Sala "C".
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo el artículo 97, fracción I, inciso "a", en relación con el diverso 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el diecisiete de marzo de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente.
- Principal
... Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se aprecia que no fue posible notificar a la parte quejosa ********************, el auto de diecinueve de febrero del presente año, por los motivos que se exponen; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, hágase por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado .. 19-02-2021: ... Visto el oficio de cuenta, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales correspondientes y en atención a su contenido, téngase al Secretario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, devolviendo diligenciado el exhorto 32/2021, número de orden 62/2021, con el cual se le encomendó notificar al directamente quejoso Marcos Mora Martínez, el auto dictado el ocho de febrero del presente año, mismo que llevó a cabo el quince del mes y año en curso, como se advierte de la diligencia anexa a la comunicación de cuenta, en consecuencia; dese de baja la aludida comunicación en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, se advierte de la citada diligencia que el quejoso Marcos Mora Martínez manifiesta que sí ratifica la demanda de amparo presentada a su favor por Martín Flores Martínez, indicando, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto que reclama el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. DESECHAMIENTO Ahora, previamente a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 730, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193379, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Entonces, como actos reclamados, en la demanda de amparo que se provee se expresaron los consistentes en: "a) Del Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral Sala "C", en Veracruz, Veracruz, la Orden de Privación Ilegal de la Libertad dictada en contra del directamente quejoso en el Proceso Penal número 442/2019 Sala "C", por la supuesta comisión del Delito de Homicidio. b) Del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz y del director del recinto del reclusorio denominado "Pacho Viejo" la ejecución de la orden de privación ilegal de la libertad dictada por la autoridad señalada como responsable ordenadora." Es el caso que el promovente Martín Flores Martínez señaló en el escrito de demanda en el capítulo respectivo a los antecedentes, que desde el mes de octubre de dos mil diecinueve, su primo Marcos Mora Martínez se encontraba privado de su libertad por delito de homicidio, radicado en el proceso penal número 442/2019, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral Sala "C", en Veracruz, Veracruz. Asimismo, mediante auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, se requirió al directamente quejoso Marcos Mora Martínez, para que manifestara la fecha en que tuvo conocimiento del acto que reclama, a lo que en diligencia de quince del mes y año en curso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto que reclama el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Ahora bien, la suscrita estima actualizada la causa de improcedencia que resulta de relacionar los numerales 17, 18, 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [.] Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado artículo 17 de la ley de la materia, se aprecia que el término para promover el juicio de amparo es de quince días, el cual, conforme al diverso 18, debe computarse a partir de: - El día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acto que reclama, de acuerdo con la ley que rige el acto reclamado; - El día siguiente al en que el quejoso tenga conocimiento de los actos o su ejecución o; - Al día siguiente a aquél en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. De no promoverse el juicio de amparo dentro del término antes señalado, éste será improcedente, dada su extemporaneidad. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición de los quejosos respecto del acto reclamado. Para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse cualquiera de los tres supuestos, la notificación, el conocimiento o la confesión. Al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser analizados para cada caso determinado. Porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él; toda vez que la notificación es una actuación procesal que requiere formalidades, mientras que el conocimiento del acto reclamado no siempre proviene de una notificación y la confesión implica la aceptación de un hecho vertido por los propios promoventes. Ahora bien, en el caso a estudio, el quejoso reclama de privación de la libertad dictada en el proceso penal número 442/2019 Sala "C", por la supuesta comisión del delito de homicidio, misma que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del mismo dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. En efecto, debe partirse de la premisa de que los actos reclamados fueron emitidos dentro de un juicio del sistema penal acusatorio en el que las partes deben estar presentes en las audiencias, tal como lo dispone el artículo 56 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y que por ese motivo, quedaron formalmente notificados de ellas, como lo establece el numeral 63 de esa legislación; de lo que se colige que el aquí inconforme, en su carácter de imputado dentro del proceso penal de origen, tuvo conocimiento del acto reclamado desde el momento en que fue emitido, esto es, el veintiocho de diciembre de dos mil veinte. Tales preceptos disponen: "Artículo 56. Presencia del imputado en las audiencias Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de quien o quienes integren el Órgano jurisdiccional y de las partes que intervienen en el proceso, salvo disposición en contrario. El imputado no podrá retirarse de la audiencia sin autorización del Órgano jurisdiccional. El imputado asistirá a la audiencia libre en su persona y ocupará un asiento a lado de su defensor. Sólo en casos excepcionales podrán disponerse medidas de seguridad que impliquen su confinamiento en un cubículo aislado en la sala de audiencia, cuando ello sea una medida indispensable para salvaguardar la integridad física de los intervinientes en la audiencia. Si el imputado se rehúsa a permanecer en la audiencia, ser custodiado en una sala próxima, desde la que pueda seguir la audiencia, y representado para todos los efectos por su Defensor. Cuando sea necesario para el desarrollo de la audiencia, se le hará comparecer para la realización de actos particulares en los cuales su presencia resulte imprescindible." "Artículo 63. Notificación en audiencia Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código." En este contexto, el término para la presentación de la demanda transcurrió del dieciocho de octubre al ocho de noviembre de dos mil diecinueve, descontándose los días diecinueve, veinte, veintiséis, veintisiete de octubre, dos y tres de noviembre de dos mil diecinueve, por haber sido sábados, domingos, el día uno de noviembre de dos mil diecinueve por haber sido inhábil. Sin que obste a lo anterior que del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte y del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno se hayan suspendido las labores de todos los órganos del Poder Judicial de la Federación debido a la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); puesto que del cómputo realizado se aprecia que el último día para presentar la demanda de amparo fue el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, esto es, antes de la pandemia; por tanto, esa suspensión de plazos no aplica al caso concreto para el efecto del cómputo del plazo para la presentación de la demanda. Entonces, si la demanda que dio origen al sumario constitucional en que se actúa, se presentó hasta el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, es evidente que transcurrió en exceso el término de quince días hábiles con que contaba la parte quejosa de conformidad con el artículo 17 de la ley de Amparo, para interponer la demanda de amparo tratándose de asuntos de esta naturaleza, sin que así lo hubiera hecho, de ahí que su promoción es extemporánea. Así las cosas, es obvio que el juicio de derechos fundamentales que pretende instaurar respecto del acto señalado en la demanda de amparo deviene improcedente de manera notoria y manifiesta, razón por la cual se desecha la referida demanda de amparo por no haberse promovido dentro del término señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, y de ahí resulta incuestionable su improcedencia, conforme a la fracción XIV del artículo 61 de la ley en consulta. Robustece lo anterior por analogía la jurisprudencia por contradicción de tesis número 1a./J. 30/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos ochenta y seis, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." En las relacionadas circunstancias, debe concluirse que se actualiza la improcedencia analizada. Por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda origen de este asunto. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales correspondientes y en atención a su contenido, téngase al Secretario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, devolviendo diligenciado el exhorto 32/2021, número de orden 62/2021, con el cual se le encomendó notificar al directamente quejoso Marcos Mora Martínez, el auto dictado el ocho de febrero del presente año, mismo que llevó a cabo el quince del mes y año en curso, como se advierte de la diligencia anexa a la comunicación de cuenta, en consecuencia; dese de baja la aludida comunicación en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, se advierte de la citada diligencia que el quejoso Marcos Mora Martínez manifiesta que sí ratifica la demanda de amparo presentada a su favor por Martín Flores Martínez, indicando, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto que reclama el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. DESECHAMIENTO Ahora, previamente a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 730, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193379, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Entonces, como actos reclamados, en la demanda de amparo que se provee se expresaron los consistentes en: "a) Del Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral Sala "C", en Veracruz, Veracruz, la Orden de Privación Ilegal de la Libertad dictada en contra del directamente quejoso en el Proceso Penal número 442/2019 Sala "C", por la supuesta comisión del Delito de Homicidio. b) Del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz y del director del recinto del reclusorio denominado "Pacho Viejo" la ejecución de la orden de privación ilegal de la libertad dictada por la autoridad señalada como responsable ordenadora." Es el caso que el promovente Martín Flores Martínez señaló en el escrito de demanda en el capítulo respectivo a los antecedentes, que desde el mes de octubre de dos mil diecinueve, su primo Marcos Mora Martínez se encontraba privado de su libertad por delito de homicidio, radicado en el proceso penal número 442/2019, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral Sala "C", en Veracruz, Veracruz. Asimismo, mediante auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, se requirió al directamente quejoso Marcos Mora Martínez, para que manifestara la fecha en que tuvo conocimiento del acto que reclama, a lo que en diligencia de quince del mes y año en curso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto que reclama el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Ahora bien, la suscrita estima actualizada la causa de improcedencia que resulta de relacionar los numerales 17, 18, 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [.] Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado artículo 17 de la ley de la materia, se aprecia que el término para promover el juicio de amparo es de quince días, el cual, conforme al diverso 18, debe computarse a partir de: - El día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acto que reclama, de acuerdo con la ley que rige el acto reclamado; - El día siguiente al en que el quejoso tenga conocimiento de los actos o su ejecución o; - Al día siguiente a aquél en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. De no promoverse el juicio de amparo dentro del término antes señalado, éste será improcedente, dada su extemporaneidad. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición de los quejosos respecto del acto reclamado. Para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse cualquiera de los tres supuestos, la notificación, el conocimiento o la confesión. Al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser analizados para cada caso determinado. Porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él; toda vez que la notificación es una actuación procesal que requiere formalidades, mientras que el conocimiento del acto reclamado no siempre proviene de una notificación y la confesión implica la aceptación de un hecho vertido por los propios promoventes. Ahora bien, en el caso a estudio, el quejoso reclama de privación de la libertad dictada en el proceso penal número 442/2019 Sala "C", por la supuesta comisión del delito de homicidio, misma que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del mismo dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. En efecto, debe partirse de la premisa de que los actos reclamados fueron emitidos dentro de un juicio del sistema penal acusatorio en el que las partes deben estar presentes en las audiencias, tal como lo dispone el artículo 56 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y que por ese motivo, quedaron formalmente notificados de ellas, como lo establece el numeral 63 de esa legislación; de lo que se colige que el aquí inconforme, en su carácter de imputado dentro del proceso penal de origen, tuvo conocimiento del acto reclamado desde el momento en que fue emitido, esto es, el veintiocho de diciembre de dos mil veinte. Tales preceptos disponen: "Artículo 56. Presencia del imputado en las audiencias Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de quien o quienes integren el Órgano jurisdiccional y de las partes que intervienen en el proceso, salvo disposición en contrario. El imputado no podrá retirarse de la audiencia sin autorización del Órgano jurisdiccional. El imputado asistirá a la audiencia libre en su persona y ocupará un asiento a lado de su defensor. Sólo en casos excepcionales podrán disponerse medidas de seguridad que impliquen su confinamiento en un cubículo aislado en la sala de audiencia, cuando ello sea una medida indispensable para salvaguardar la integridad física de los intervinientes en la audiencia. Si el imputado se rehúsa a permanecer en la audiencia, ser custodiado en una sala próxima, desde la que pueda seguir la audiencia, y representado para todos los efectos por su Defensor. Cuando sea necesario para el desarrollo de la audiencia, se le hará comparecer para la realización de actos particulares en los cuales su presencia resulte imprescindible." "Artículo 63. Notificación en audiencia Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código." En este contexto, el término para la presentación de la demanda transcurrió del dieciocho de octubre al ocho de noviembre de dos mil diecinueve, descontándose los días diecinueve, veinte, veintiséis, veintisiete de octubre, dos y tres de noviembre de dos mil diecinueve, por haber sido sábados, domingos, el día uno de noviembre de dos mil diecinueve por haber sido inhábil. Sin que obste a lo anterior que del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte y del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno se hayan suspendido las labores de todos los órganos del Poder Judicial de la Federación debido a la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); puesto que del cómputo realizado se aprecia que el último día para presentar la demanda de amparo fue el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, esto es, antes de la pandemia; por tanto, esa suspensión de plazos no aplica al caso concreto para el efecto del cómputo del plazo para la presentación de la demanda. Entonces, si la demanda que dio origen al sumario constitucional en que se actúa, se presentó hasta el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, es evidente que transcurrió en exceso el término de quince días hábiles con que contaba la parte quejosa de conformidad con el artículo 17 de la ley de Amparo, para interponer la demanda de amparo tratándose de asuntos de esta naturaleza, sin que así lo hubiera hecho, de ahí que su promoción es extemporánea. Así las cosas, es obvio que el juicio de derechos fundamentales que pretende instaurar respecto del acto señalado en la demanda de amparo deviene improcedente de manera notoria y manifiesta, razón por la cual se desecha la referida demanda de amparo por no haberse promovido dentro del término señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, y de ahí resulta incuestionable su improcedencia, conforme a la fracción XIV del artículo 61 de la ley en consulta. Robustece lo anterior por analogía la jurisprudencia por contradicción de tesis número 1a./J. 30/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos ochenta y seis, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." En las relacionadas circunstancias, debe concluirse que se actualiza la improcedencia analizada. Por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda origen de este asunto. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
.. Agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito con sede en Xalapa, Veracruz; y en atención a su contenido, téngasele remitiendo el expediente del juicio de amparo 885/2019 y un tomo de pruebas del índice de este órgano jurisdiccional. En ese tenor, acúsese recibo vía interconexión, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. ..
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