Marcos Mendez Aguilar
Expediente 403/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 403/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marcos Mendez Aguilar
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de mayo de dos mil dieciocho. A sus autos para que obre como corresponda el oficio que suscribe el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado con residencia en Uruapan, Michoacán, por medio del cual acusa de recibo del juicio de amparo número I-403/2018-C, que le fue remitido por éste órgano jurisdiccional mediante oficio 5693; asimismo, informa que aceptó la competencia y se avocó al estudio del asunto en cuestión, formando el expediente respectivo. Ahora, como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, este órgano jurisdiccional declinó la competencia para conocer y resolver el presente asunto. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de mayo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por -, por propio derecho, que promueve contra actos del Facilitador del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jiquilpan, Michoacán; en consecuencia, anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado bajo el número I-403/2018-C. Del análisis de la demanda de garantías se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "...ACTO RECLAMADO: Orden de comparecencia emitida por la autoridad administrativa, de la cual anexo copia de ésta." Acto respecto del cual el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5 fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5 fracción I, y 6 del propio ordenamiento legal, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." El primero de los preceptos copiados no establece una causa de improcedencia en particular, sino que ello deriva de las disposiciones de la Ley de Amparo y la Constitución. Por su parte, el segundo de los numerales trascritos, define qué debe entenderse por quejoso en el juicio constitucional. Así, indica que es aquel gobernado titular de un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo, que resiente una afectación en su esfera jurídica de derechos con motivo del acto de autoridad impugnado. Es decir, para instar el juicio constitucional, el gobernado debe ser el titular de un derecho subjetivo y sufrir una afectación, menoscabo o perjuicio en alguna de sus prerrogativas. De donde se sigue que, conforme con los numerales copiados, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado de ninguna manera causa una afectación en la esfera de derechos del particular, bien por no ser obligatorio, ni establecer carga alguna. En el particular, del análisis minucioso de la demanda de garantías, se advierte que el promovente reclama el citatorio que le dejo la responsable, donde le solicita su presencia a fin de tomar una declaración dentro de la carpeta de investigación que ahí se menciona; por tanto, se duele de la invitación formulada por el Facilitador del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Jiquilpan, Michoacán, para que en la fecha y hora indicadas, de manera voluntaria, es decir si desea hacerlo, comparezca a dicho centro a desahogar una diligencia y por ende, a recibir información sobre los procedimientos alternativos para resolver una controversia en la carpeta de investigación que ahí se le indica. Ahora, la hipótesis de improcedencia apuntada se actualiza pues si bien la invitación impugnada se hizo al quejoso, cierto es que ésta en modo alguno causa un perjuicio en su esfera de derechos que haga procedente la vía constitucional. Es así, pues del contenido del documento que anexa a su escrito inicial se obtiene que el Facilitador del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Procuraduría General de Justicia del Estado con residencia en Jiquilpan, Michoacán, invitó al inconforme a comparecer ante esa dependencia a hacer una declaración y como es obvio por ser las facultades de dicha dependencia, a conocer las formas diversas para finiquitar un litigio relacionado con la comisión de un delito; la cual de ninguna manera puede entenderse como una obligación que vincule a las inconformes a actuar en determinado sentido. Es decir, la invitación para comparecer en la fecha y hora indicadas fue formulada por la autoridad responsable con la única intención de dar a conocer al quejoso sobre la integración de una carpeta de investigación en la que es parte, tomar su declaración al respecto y hacer de su conocimiento las diferentes vías para solucionar dicha controversia de origen; lo cual en modo alguno provoca la pérdida de algún beneficio con relación a las maneras de solucionar el conflicto. Además, ese proceder tampoco conlleva alguna sanción en caso de inasistencia, que incida en su libertad personal suficiente para crear, modificar o extinguir por sí, algún derecho del inconforme, o que baste para la procedencia del juicio de amparo; pues de la misma, puede observarse que no se le hace ningún apercibimiento y de los numerales con los que se funda, no se advierte ningún castigo de tipo preventivo. En ese contexto, como la invitación del Facilitador del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jiquilpan, Michoacán, de ninguna manera ocasiona un perjuicio real, actual e inminente en la esfera jurídica de derechos del quejoso, es innegable la actualización de la causal de improcedencia apuntada. Por la razón que informa, se cita la jurisprudencia 2a./J. 78/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 296 del Tomo XXIX, Junio de 2009 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 167119, de contenido siguiente: "ESCUELAS NORMALES DEL ESTADO DE JALISCO. LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA INVITANDO A LOS EGRESADOS DEL BACHILLERATO A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA INGRESAR A AQUÉLLAS, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE EN AMPARO. Es cierto que la citada Secretaría, en términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Ley de Educación, ambas del Estado de Jalisco, puede considerarse, en principio, una autoridad, en la medida que sus atribuciones están previstas en la legislación y, en consecuencia, puede emitir actos unilaterales en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales para hacer cumplir su voluntad; sin embargo, ello no implica que todos los actos que emita necesariamente sean impugnables en amparo, sino que en cada caso tendrá que analizarse la naturaleza del acto para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Así, la convocatoria emitida por la Secretaría de Educación invitando a los egresados del bachillerato a participar en el proceso de selección para ingresar a las escuelas normales del Estado de Jalisco no es un acto de autoridad impugnable a través del juicio de garantías, pues únicamente constituye un llamado para que quienes cumplan con los requisitos ahí establecidos acudan al proceso de selección respectivo, lo que evidencia que a través de aquélla no se crea, modifica o extingue, por sí y ante sí, algún derecho de los gobernados, es decir, no modifica o afecta alguna situación en concreto, máxime que dicha convocatoria no está dirigida a una persona en particular, sino a la colectividad interesada en cursar las licenciaturas impartidas en las indicadas escuelas normales." Y, la diversa 2a./J. 149/2002 de la referida instancia, consultable en la página 522 del Tomo XVII, Enero de 2003 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 185071, de rubro y texto siguiente: "RENTA. LAS "CARTAS INVITACIÓN" EMITIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NO CONSTITUYEN EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 80-A, PÁRRAFO QUINTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO. Los oficios o "cartas invitación" emitidos por la Administración Central de Programas Especiales del Servicio de Administración Tributaria mediante los que se comunica al contribuyente, que tiene trabajadores y empleados a su servicio, la obligación derivada del artículo 80-A, párrafo quinto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuanto a la determinación del subsidio acreditable contra el impuesto que resulte a cargo de quienes perciban ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado y en los cuales se indica que en la contradicción de tesis 97/2000-SS (jurisprudencia 2a./J. 19/2001) la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para obtener la proporción aplicable para calcular el monto de dicho subsidio, deben incluirse las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dentro de las erogaciones relacionadas con los servicios personales subordinados, no generan un perjuicio al contribuyente traducido en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ello es así, porque con dichos documentos solamente se le comunica al contribuyente la jurisprudencia de este Alto Tribunal, en cuanto a la inclusión de las cuotas patronales mencionadas para determinar el subsidio acreditable, convocándolo a corregir su situación fiscal si incurrió en la omisión de no considerar tales cuotas, y si bien se le indica que una vez regularizada su situación fiscal, se proporcione a la autoridad fotocopia de las declaraciones presentadas en las que conste el pago de las diferencias dentro de un plazo no mayor a quince días, no se establece sanción alguna para el caso de incumplimiento, por lo cual, dichas cartas, en realidad, constituyen un programa preventivo para evitar sanciones y molestias innecesarias, que no trascienden de manera alguna a la esfera jurídica del contribuyente y, por ende, no le causan perjuicio para los efectos de la procedencia del juicio de amparo." En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el 5, fracción I, y 6 de ese propio ordenamiento, procede DESECHAR la demanda de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizando para tal efecto, a las personas que menciona. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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