Marcos Martínez Tellez

Expediente 226/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
226/2023
Año
2023
Actuaciones
22
Última actuación
19/09/2023

Partes del expediente

  • Marcos Martínez Tellez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo. En tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en alguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General, destrúyase el presente expediente. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvanse al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, las documentales con las cuales se formaron dos tomos de pruebas. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO. Asimismo, como en la certificación secretarial que antecede, se advierte que obra en autos documento original, glosado a fojas 56 a 60, el cual anexó junto con el escrito inicial de demanda. En tal virtud, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, contados a partir del siguiente al de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dicho documento, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se le concede, se procederá a la destrucción del documento mencionado así como del expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo. En tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en alguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General, destrúyase el presente expediente. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvanse al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, las documentales con las cuales se formaron dos tomos de pruebas. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO. Asimismo, como en la certificación secretarial que antecede, se advierte que obra en autos documento original, glosado a fojas 56 a 60, el cual anexó junto con el escrito inicial de demanda. En tal virtud, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, contados a partir del siguiente al de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dicho documento, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se le concede, se procederá a la destrucción del documento mencionado así como del expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintitrés. SE ORDENA NOTIFICAR SENTENCIA Vistos los presentes autos, de los que se desprende que el uno de junio de la presente anualidad, se emitió la sentencia definitiva dentro del presente juicio de amparo, en la que se decretó el sobreseimiento de éste, al considerarse en la especie que la parte quejosa consintió los actos reclamados, al no haberlos combatido mediante el recurso ordinario correspondiente, por lo que se consideró notificar de manera personal a las partes, al no haberse emitido en la audiencia respectiva dicha sentencia. Sin embargo, se omitió notificar de manera personal a Cyndy de la Luz Cazares, adscrita a la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia de la Dirección de Litigación en cuanto Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado de origen y tutora especial de la menor de iniciales A.J.M.C., por tanto, mediante oficio que derive del presente acuerdo, notifíquese personalmente a la citada, a fin de que tenga conocimiento de la sentencia definitiva, adjuntándole para ello copia de la misma. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    . V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número III-226/2023, promovido por Karla de los Ángeles Tamayo Chacón, en su carácter de apoderada de MARCOS MARTÍNEZ TÉLLEZ, contra actos de la Jueza Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, en funciones de Jueza de Instrucción; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y remitido en esa fecha por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Karla de los Ángeles Tamayo Chacón, en su carácter de apoderada de MARCOS MARTÍNEZ TÉLLEZ, promovió demanda de garantías contra actos de la Jueza Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, en funciones de Jueza de Instrucción. La promovente del amparo estimó violados en perjuicio de su representado los derechos humanos consagrados en los artículos 1º, 4º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 1º, 8º, 17 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los numerales 2º, 3º, 5º, 9, 12, 18 y 23 de la Convención sobre los Derechos de los Niños. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda, por auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, este juzgado admitió a trámite la demanda de garantías registrada bajo el número III-226/2023; se requirió a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a la parte tercero interesada; al estar involucrados los derechos de una menor, se designó representante especial; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en: El auto de trece de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio especial oral familiar número 139/2022, mediante el cual, en atención a las manifestaciones señaladas y las solicitudes formuladas por el aquí quejoso, la juez responsable le reiteró que debía estarse a lo acordado previamente en diversos proveídos. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por la Jueza Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial en funciones de Jueza de Instrucción, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto exhibió las constancias relativas. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Así, quien suscribe considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 217 de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." De los preceptos transcritos se advierte que las causas de improcedencia pueden derivar también de los criterios que se establezcan a través de la jurisprudencia, del Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque aquéllos son de observancia obligatoria para todos los tribunales del país. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que el juicio de amparo es improcedente contra actos derivados de actos consentidos, tal y como aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen I, página 116, que textualmente dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos" Asimismo, se alude a la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS. Si se reitera una orden, y contra la primitiva no se interpuso en tiempo el amparo, siendo la segunda orden sólo una repetición de la primera, debe considerarse el acto como consentido." De las tesis transcritas, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en contra de aquellos actos que tienen como antecedente directo e inmediato un diverso acto que ha sido consentido por la parte quejosa, de manera que para que opere la causa de improcedencia en estudio se requieren dos supuestos: a) Un acto previo en contra del cual el quejoso no promueva medio de defensa legal alguno, o bien, que ese acto haya sido consentido expresamente o existan manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; y, b) Que el acto en contra del cual se promueva el juicio de amparo sea consecuencia legal, directa o forzosa del primero, el que, desde luego, no se combata por vicios propios; o bien, que el segundo acto reitere las consideraciones del primero. Ahora, el análisis relativo a dicho consentimiento no debe hacerse en forma aislada, sino que ha de vincularse con los actos emitidos, anteriores al reclamado, y que tengan relación con este, para determinar si dicho acto deriva de otro consentido; esto es, debe establecerse una relación de causalidad entre el acto que se estima consentido y el derivado. Precisado lo anterior, resulta necesario imponerse de los antecedentes del acto reclamado los cuales se desprenden tanto del escrito inicial de demanda como de las constancias que obran en el expediente, de entre las que se destacan que: El aquí quejoso Marcos Martínez Téllez promovió juicio especial oral familiar sobre modificación o extinción de convenio de guarda y custodia, frente a la aquí tercero interesada Valentina Coronado Chávez. Una vez admitida la demanda y emplazada la contraria, por auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, se decretó provisionalmente la convivencia presencial de la menor involucrada con su padre no custodio cada quince días, los días sábados a partir de las diez horas hasta el domingo a las diecisiete horas, con entrega-recepción en el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, así como la posibilidad de realizar las convivencias virtuales libres (foja 50 a 53 del primer tomo de pruebas). Seguido el juicio por sus cauces legales, el veintiocho de junio de dos mil veintidós, la jueza responsable determinó que no había lugar a lo solicitado por el actor, aquí quejoso, esto es, a señalar fecha para la escucha de la menor, ya que con posterioridad se determinarían los parámetros para el desahogo de la audiencia respectiva (foja 306 del primer tomo de pruebas). Asimismo, mediante uno de los proveídos de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, la jueza responsable acordó lo relativo a un escrito presentado el quince de agosto de dos mil veintidós, por la aquí tercero interesada, en lo que aquí interesa, en dicho auto reiteró que en el momento procesal oportuno se señalaría fecha y hora para el desahogo de la audiencia de escucha de la menor atendiendo al protocolo de actuación para quienes imparten justicia emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y negó girar oficio para pedir informes de la abuela materna (foja 340 del primer tomo de pruebas). Posteriormente, el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, la jueza responsable determinó que no había lugar a lo solicitado por el aquí quejoso, esto es, que se realizara un reajuste sobre las convivencias decretadas, y se le dijo que debía estarse a lo acordado en proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, en el que se giró oficio a la directora de la escuela de la menor para hacer de su conocimiento que se había decretado como medida protectora en beneficio de la menor que se abstuviera de entregar a la niña a su padre, abuela paterna y hermana, permitiéndose que únicamente la lleve y la recoja su madre (foja 424 del primer tomo de pruebas). Luego, en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, la jueza responsable tuvo a la parte aquí quejosa insistiendo en el reajuste de las convivencias, por lo que se le dijo que previo a proveer lo conducente se daría vista a su contraria (foja 427 del primer tomo de pruebas). Luego, ante la petición de la parte aquí quejosa en el sentido de que se girara oficio a la directora del centro escolar de la menor, a fin de que proporcionara información relacionada con la entrevista que sostuvo con el aquí quejoso el siete de octubre de dos mil veintidós, la jueza responsable, mediante auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, determinó que no había lugar a proveer de conformidad con dicha solicitud por estimar que era innecesario llevar a cabo esa investigación (foja 431 del primer tomo de pruebas). Mediante escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veintidós, la parte actora, aquí quejosa, insistió en que se girara oficio a la institución educativa donde estudia la menor a fin de que proporcionara información relacionada con la entrevista sostenida el siete de octubre de dos mil veintidós, siendo así que mediante proveído de cinco de diciembre de dos mil veintidós, la jueza responsable le dijo que debía estarse a lo acordado en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en el que ya se le había expresados los motivos por los cuales se había negado a girar el oficio solicitado. Posteriormente, por auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, la jueza responsable determinó que no había lugar a proveer de conformidad respecto de la propuesta de ampliación de las convivencias solicitadas mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre anterior, toda vez que ello implicaba mover las actividades tanto de la menor, como de la demandada y sus redes de apoyo para que se verifique la convivencia, por lo que se exhortó al actor, aquí quejoso, para que continuara cumpliendo con el régimen de convivencia decretado en autos, proveído que fue listado en su fecha (foja 453 del segundo tomo de pruebas) Por auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, la jueza responsable tuvo por hechas las manifestaciones vertidas por la apoderada del quejoso y se requirió a la encargada del Departamento de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado, a fin de que designara profesionista a fin de que se verifique el estudio de trabajo social, además de requerir a la encargada del Departamento de Psicología para que designara profesionista a fin de dar inicio con la valoración de las partes materiales (foja 459 del segundo tomo de pruebas). Mediante diverso auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, la jueza responsable tuvo por manifestada la inconformidad de la demandada con la propuesta de las convivencias durante el periodo vacacional, por lo que determinó que las convivencias deberían continuarse en la forma y términos que ya habían sido precisados en autos (foja 461 del segundo tomo de pruebas). Asimismo, por diverso auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, la jueza responsable le informó a la parte actora, aquí quejosa, que debía estarse a lo ordenado en el auto que antecede de esa misma fecha, en el que se determinó que las convivencias entre el actor y su hija se debían continuar en la forma y términos precisados anteriormente (foja 463 del segundo tomo de pruebas). Por escrito presentado el siete de febrero de dos mil veintitrés, la parte actora, aquí quejosa, realizó diversas manifestaciones respecto de lo que adujo son actos violatorios de derechos acontecidos durante la tramitación del juicio, para luego realizar diversas peticiones que solicitó se acordaran de conformidad en suplencia de la queja en favor de la menor y con perspectiva de género, prescindiendo de estereotipos, las cuales se sintetizaron de la siguiente manera: Solicitó el desahogo de la audiencia de escucha de la menor; Que se realizara nuevamente la valoración del material probatorio a fin de determinar la ampliación del régimen de convivencia de la menor con su padre no custodio; y, Que se girara el oficio solicitado a la escuela de la menor a fin de que se proporcionara la información solicitada (foja 487 a490 del segundo tomo de pruebas). A dicho escrito recayó el acuerdo de trece de febrero de dos mil veintitrés, en el que la jueza responsable señaló: ". dígasele que deberá estarse a lo ordenado a diversos proveídos que obran agregados en autos, en donde esta autoridad se ha pronunciado respecto a todas y cada una de las peticiones que en el escrito de cuenta nuevamente solicita. De igual manera, dígasele que en todos los asuntos de orden público familiar se resuelve con perspectiva de género. Tocante a la escucha de menor que solicita, deberá estarse a lo acordado por auto de veintiocho de junio del año próximo pasado en el que se indica que se va a fijar día y hora para la escucha de la menor atendiendo al protocolo de actuación para quienes imparten justifica emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; audiencia que se llevará a cabo antes de que se verifique la audiencia de juicio." (foja 492 del segundo tomo de pruebas) Siendo dicha determinación la que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. Como puede verse de lo antes relatado, en el auto combatido de trece de febrero de dos mil veintitrés, no se plasmaron consideraciones distintas o ajenas a las señaladas con antelación en los acuerdos que a continuación se señalan: Acuerdos de veintiocho de junio y dieciocho de agosto, ambos de dos mil veintidós, en los que se determinó lo relativo a la escucha de la menor. Autos de cuatro de noviembre, doce (en este incluso se pronunció ya sobre la improcedencia de lo pedido) y veinte de diciembre, todos de dos mil veintidós, donde se proveyó lo conducente respecto de la ampliación, modificación o ajuste del régimen de convivencias solicitado por el quejoso. Proveídos de dieciocho de noviembre y cinco de diciembre de dos mil veintidós, en los que se acordó lo relativo a la solicitud de girar oficio a la institución educativa de la menor para que se proporcionara información relativa a la entrevista del quejoso. De tal modo que en el auto reclamado literalmente se reiteró al aquí quejoso lo que ya se le había dicho con antelación, esto es, que en su momento se fijaría hora y fecha para la escucha de la menor; que no había lugar a modificar el régimen de convivencias ya que ello implicaría afectar las actividades de la menor y otras personas; y, que era innecesario girar oficio a la institución educativa para el fin pretendido en atención a que la información que se pretendía obtener era irrelevante para resolver el fondo del asunto. Ello es así, ya que la pretensión del quejoso en sus solicitudes formuladas anteriormente y las contenidas en el escrito presentado el siete de febrero de dos mil veintitrés, son las mismas, que se desahogue la escucha de la menor, se modifique el régimen de convivencias provisionales y que se solicite información al centro educativo donde estudia la menor, sin aportar elementos novedosos que obliguen a modificar lo ya determinado; de ahí que las consideraciones plasmadas por la jueza responsable en las ocasiones destacadas sean las mismas, por lo que el auto reclamado de trece de febrero de dos mil veintitrés, sin duda constituye propiamente la reiteración de los diversos señalados con antelación, y en contra de los cuales el aquí quejoso no se inconformó oportunamente. Lo cual está corroborado con la manifestación vertida, bajo protesta de decir verdad, en el escrito aclaratorio de la demanda de amparo, en la que el quejoso señaló: ". no se interpuso recurso alguno en contra de dichos autos,.". De ahí que sea meridianamente claro que el quejoso consintió tácitamente los acuerdos anteriores, toda vez que omitió impugnarlos en la vía conducente, por lo que debe considerarse que consintió implícitamente el contenido de lo determinado en el acto de que se trata. De manera tal que, el acuerdo aquí combatido de trece de febrero de dos mil veintitrés, constituye la reiteración de los diversos de veintiocho de junio, dieciocho de agosto, cuatro y dieciocho de noviembre, cinco, doce y veinte de diciembre, todos de dos mil veintidós, en los que la responsable señaló que en su momento se fijaría hora y fecha para la escucha de la menor; que no había lugar a modificar el régimen de convivencias ya que ello implicaría afectar las actividades de la menor y otras personas; y, que era innecesario girar oficio a la institución educativa para el fin pretendido en tención a que la información que se pretendía obtener era irrelevante para resolver el fondo del asunto, los cuales consintió tácitamente al no inconformarse oportunamente en su contra. Máxime que los planteamientos del quejoso vía concepto de violación ratifican la idea de que el aspecto medular que controvierte en este juicio biinstancial, inmiscuye diversos tópicos que pudo combatir con anterioridad, sin que lo haya hecho. Sin que obste para considerarlo así el hecho de que el acto reclamado derive de un juicio del orden familiar en el que están involucrados los derechos de una menor de edad, toda vez que no se expusieron ante la responsable argumentos novedosos que llevaron a determinar la necesidad de modificar lo antes resuelto; además, estimar lo contrario atentaría contra las reglas de procedencia de la vía constitucional, dado que bastaría que el quejoso provocara el acto de autoridad mediante un nuevo escrito cuyas pretensiones sean las mismas, para que la decisión que le recaiga indefectiblemente remita a la anterior, sólo con el objeto de actualizar de motu proprio el término para la promoción de la vía constitucional, lo que no debe permitirse. Sobre todo que en el particular ya existía un régimen de convivencias con la menor y su padre establecido y que se lleva a cabo; y, en su momento, como lo determinó la jueza, se desahogará la escucha de la menor. Sobre el particular se invoca la tesis XXI.4o.6 K del Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, del tenor siguiente: "ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE CARÁCTER LA DETERMINACIÓN QUE REITERA LO PROVEÍDO EN ACUERDOS ANTERIORES NO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL QUEJOSO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo contenido es una reiteración de uno diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el objeto de actualizar el término de la interposición de la demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada fracción XII del artículo 73 de la ley citada." Asimismo, se alude a la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS. Si se reitera una orden, y contra la primitiva no se interpuso en tiempo el amparo, siendo la segunda orden sólo una repetición de la primera, debe considerarse el acto como consentido." También, se cita la tesis dictada de la referida Segunda Sala del Supremo Tribunal de la República, que estatuye: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. El sobreseimiento en el amparo sólo debe decretarse cuando se trata de repetición del mismo acto reclamado, o de actos que son consecuencia necesaria y legal del que debe considerarse como consentido, y cuando el acto de que es consecuencia el segundo, lleva implícito o comprendido a este último." Lo que conduce a este órgano jurisdiccional a estimar que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217, ambos de la Ley de Amparo; y, por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la propia ley, se impone sobreseer en el presente juicio. En este contexto y al decretarse el sobreseimiento en este juicio por los motivos expuestos, ello impide a este juzgador el estudio de los conceptos de violación que atañen a las cuestiones de fondo; lo anterior de acuerdo a la tesis 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 708, tomo VI, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1917-1995, Materia Común, cuyo texto dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por MARCOS MARTÍNEZ TÉLLEZ, en contra del acto que reclamó de la Jueza Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial en funciones de Jueza de Instrucción, por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy uno de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.

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