Marcos Martín Lizárraga Tirado

Expediente 621/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
621/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
11/05/2021

Partes del expediente

  • Marcos Martín Lizárraga Tirado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, once de mayo de dos mil veintiuno. Piezas devueltas. Ténganse por recibidas las piezas devueltas por el Administrador Postal, con residencia en esta ciudad, relativas a los oficios 4703/2021 y 4704/2021, dirigidos al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y Agentes de la Policía Federal adscritos a la Procuraduría General de la República y/o Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ambos con sede en la Ciudad de México, por las razones que en los mismos exponen. Se reenvían oficios. Ahora, en aras de contribuir a la pronta integración del expediente, en respeto al derecho de acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo, reenvíense los aludidos oficios 4703/2021 y 4704/2021, por el correo electrónico que indague la coordinación de actuaría y en caso de ser negativa la búsqueda, se utilice el medio de mensajería acelerada "Estafeta", sin necesidad de acuerdo posterior. En el entendido que el domicilio correcto de las autoridades responsbales es el ubicado en avenida Paseo de la Reforma número 72, segundo piso, colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06300, en la Ciudad de México. Remisión de oficios. Se instruye al secretario o secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata del oficio correspondiente. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en el actuario judicial de la adscripción, que corresponda. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra del proveído de quince de enero de dos mil veintiuno, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. De acuerdo a lo establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, destrúyase el presente asunto, una vez transcurridos tres años de su fecha de archivo, toda vez que se decretó el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados. IV. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. V. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. VI. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, párrafo segundo, del acuerdo general en comento, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. VII. Remisión de oficios. Se instruye al secretario o secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios correspondientes. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo de los mismos recae en el actuario judicial de la adscripción que corresponda. Notifíquese.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, doce de febrero de dos mil veintiuno. Devuelve exhorto diligenciado. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 4/2021-III-A, del índice de este órgano jurisdiccional, derivado del presente juicio de amparo. Anotaciones. Por tanto, agréguense a los autos para que surtan los efectos legales correspondientes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno; sin que sea necesario acusar de recibo el presente, dado que su devolución se realizó electrónicamente y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) generó dicho acuse. Notifíquese.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, quince de enero de dos mil veintiuno. Autoridad remite constancias. Se tiene por recibido el oficio signado por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), mediante el cual, en cumplimiento al proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, rinde informe y remite copia certificada de las constancias que integran la causa penal 436/2020. Sobreseimiento por cambio de situación jurídica. Se sobresee en el juicio de amparo intentado, al reclamarse la privación ilegal de libertad e incomunicación, y demostrarse la existencia del auto de vinculación a proceso ya cambió la situación jurídica del quejoso, conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, diciembre de 1996, Novena Época, emitió el criterio visible en la página 219) En el anterior criterio, el Máximo Tribunal de la Nación estableció que el cambio de situación jurídica, por regla se produce cuando concurren los siguientes requisitos: I. El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un administrativo seguido en forma de juicio; II. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie el estatus jurídico en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; III. No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y IV. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De lo anterior, se tiene que la regla respecto de la improcedencia del juicio de amparo llamada cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Ahora bien, del oficio de cuenta se aprecian los siguientes hechos: El veintiséis de noviembre de dos mil veinte, libró orden de aprehensión contra Marcos Martín Lizárraga Tirado, por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita. El quince de diciembre del citado mes y año, se tuvo por cumplimentada dicha orden de captura. En audiencia celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, la fiscalía formuló imputación contra el detenido y se le impuso la prisión preventiva oficiosa que cumple en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 en Almoloya de Juárez, Altiplano. En audiencia concluida el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, se dictó auto de vinculación a proceso por el ilícito de delincuencia organizada y auto de no vinculación por el diverso delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, reiterándose la medida cautelar de detención en el lugar de reclusión precisado y se fijaron dos meses y medio como plazo de investigación. En resumen, se dictó auto de vinculación a proceso al quejoso, previa formulación de imputación en su contra. De donde se tiene, que en estricto apego a lo dispuesto el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, se prevé la imposibilidad de analizar en el juicio el acto reclamado, cuando en virtud al cambio de situación jurídica se consideran irreparablemente consumadas las violaciones alegadas, al no poder decidir en relación a las mismas sin afectar la nueva situación. Lo anterior es así, porque al margen de que los actos -privación ilegal de libertad e incomunicación y auto de vinculación a proceso- se encuentren concatenados entre sí, aunque se trata de actos de naturaleza diferente, cualquiera que sea la condición vinculada con la libertad personal del quejoso, necesariamente genera un cambio en la situación personal que guardaba antes de la consumación de los primeros. Con mayor razón al no tratarse de acto de libertad fuera de procedimiento, sino con suficiente contundencia, se advierte derivada de una orden de aprehensión. De ahí que si inicialmente se reclamaron actos, por considerar que los mismos importaban violaciones directas al artículo 16 constitucional, y si con posterioridad a ésta, se dicta auto de vinculación a proceso con fundamento en el artículo 19 constitucional, en contra del impetrante de amparo, ello conlleva la imposibilidad jurídica de resolver respecto a las violaciones que el solicitante de la tutela constitucional aduce entraña el dictado del acto de molestia de que se trate [privación de libertad personal dentro de procedimiento], sin afectar la nueva situación jurídica creada al dictarse auto de vinculación a proceso en su contra. Tomando en cuenta que se consideran consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura impugnada y, por tanto, se produce la causal de improcedencia prevista por la fracción y artículo citado. Sirve de apoyo a lo anterior, por compartirse el criterio sustentado, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado auto de formal prisión y el actual auto de vinculación a proceso; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." (Época: Décima Época Registro: 2017544 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 57, agosto de 2018, Tomo III Materia(s): Común, Penal Tesis: XVII.1o.P.A. J/18 (10a.) Página: 2482) Asimismo, por identidad jurídica, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE., que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." (Época: Novena Época Registro: 169410 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, junio de 2008 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 17/2008 Página: 270) En mérito de lo expuesto, es que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, ello, se insiste, ya que la parte quejosa reclamó actos que afectan la libertad personal en su contra y durante el trámite del amparo la autoridad responsable informó sobre la emisión del auto de vinculación a proceso, por lo que debe sobreseerse en el juicio. No es obstáculo que la admisión de la demanda esté sujeta a la previa satisfacción de la condición suspensiva de la ratificación del quejoso, ni el estar pendiente apercibimiento al respecto, pues aún si se ratificara nada varía la nueva situación del quejoso, esto es, lo relevante es que se individualiza una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Sustenta los razonamientos antes vertidos, la jurisprudencia del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." (Época: Novena Época Registro: 180706 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, septiembre de 2004 Materia(s): Común Tesis: I.7o.P. J/3 Página: 1600) Hágase del conocimiento. Ahora, como lo solicita la autoridad oficiante, hágase del conocimiento que Marcos Martín Lizárraga Tirado, promovió el presente juicio de amparo 621/2020, respecto a la privación ilegal de la libertad e incomunicación, en el cual no se encuentra señalada como autoridad responsable. Se gira exhorto vía electrónica. Por otra parte, visto el oficio de cuenta, se advierte que el quejoso Marcos Martín Lizárraga Tirado, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 en Almoloya de Juárez, Altiplano. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto vía electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al Juez de Distrito Estado de México, en turno, con sede en Almoloya de Juárez, para que en auxilio y por comisión de las labores de este órgano jurisdiccional, gire sus apreciables órdenes al fedatario de su adscripción, a fin de que localice al directo agraviado Marcos Martín Lizárraga Tirado, quien se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 en Almoloya de Juárez, Altiplano, y una vez que lo localice, le notifique del presente proveído, y solo para su conocimiento el auto inicial del juicio de amparo. De igual forma, el juez exhortado deberá facultar al fedatario de su adscripción para que en caso de no encontrar al quejoso en la citada dependencia y tenga conocimiento por cualquier medio de diverso lugar en el que pueda encontrarse se traslade al mismo y lleve a cabo la diligencia encomendada, sin previo acuerdo. Diligencia que se atenderá con las medidas sanitarias que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia originada por el virus causante del COVID- 19. En consecuencia, el actuario deberá guardar sana distancia, por lo cual, si localiza al buscado es innecesario que le entregue documento alguno o le proporcione bolígrafo para recabar su firma, sino que únicamente deberá asentar lo que acontezca en la diligencia, incluso si el quejoso tuviere manifestaciones que realizar. Lo anterior a fin de mitigar el riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de las partes y únicamente por el periodo que dure la citada contingencia. Asimismo, se autoriza efectuar la diligencia de ratificación en días y horas inhábiles de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo. Finalmente, gírese oficio al Director del Centro Federal de Readaptación Social número 1 en Almoloya de Juárez, Altiplano, para que permita al actuario judicial de la adscripción del juzgado exhortante el acceso a las instalaciones del lugar en que se encuentra detenido el directo quejoso, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Con apercibimiento que de no acatar la presente disposición, se dará vista inmediatamente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, para que proceda conforme a sus atribuciones. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que dice: "JUEZ DE DISTRITO, OBLIGACIÓN DEL, PARA QUE NO QUEDEN PARALIZADOS LOS JUICIOS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 157 Y 209 DE LA LEY DE AMPARO. Una recta interpretación de los artículos 157 y 209 de la Ley de Amparo, permite establecer que los órganos de control constitucional de primer grado tienen la obligación de cuidar por todos los medios a su alcance que los juicios de amparo no queden paralizados, especialmente cuando el acto combatido atenta contra la libertad de las personas; de tal manera que las autoridades responsables que se resistan a dar cumplimiento a sus mandatos y órdenes pueden incurrir en conductas delictivas reguladas por el Código Penal Federal y, en tales hipótesis, puede y debe dar vista al fiscal federal de su adscripción para que proceda con arreglo a sus atribuciones." (Novena Época; Registro: 202122; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo III, Junio de 1996; Materia(s): Común; Tesis: XIX.1o.2 K; Página: 859). V. Remisión de oficios. Se instruye al secretario o secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios correspondientes. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en el actuario judicial de la adscripción, que corresponda. Notifíquese.

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