Marcos Manuel Delgado Portillo
Expediente 10/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 10/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 14/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Marcos Manuel Delgado Portillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
1. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera sobre el cumplimiento que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, ha dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. 2. Efectos para los que se concedió el amparo. Se concede la protección constitucional solicitada por **********************, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de manera inmediata dicte el laudo correspondiente en el juicio laboral 323/2020. 3. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Presidente por ministerio de Ley de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, remitió constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional. Documental a la que se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. Con dichas constancias mediante proveído de seis de marzo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera; sin que se hayan pronunciado al respecto. 3.1. Único efecto. En cumplimiento a la sentencia constitucional, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictó el laudo correspondiente dentro del expediente laboral ********************. 4. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y los anexos remitidos por la autoridad responsable, se concluye que ésta atendió total y exactamente los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 6. Valoración. Toda vez que se concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 7. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 8. Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.
- Principal
1. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa, no fue recurrida por alguna de las partes; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria. Comuníquese a las autoridades responsables y hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el dos de marzo del presente año, se tuvo por recibido el oficio signado por la autoridad responsable Presidente y Secretario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, mediante el cual remitieron copias certificadas relacionadas con el cumplimiento de la sentencia protectora. 2.1 Vista a la parte quejosa. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con la anterior circunstancia dése vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su interés convenga.
- Principal
1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente y Secretaria de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de las constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia protectora dictada en este asunto 1.1 Acuerdo. Se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia definitiva dictada el catorce de febrero de dos mil veintitrés.
- Principal
SENTENCIA DEFINITIVA Este Juzgado resuelve el juicio de amparo indirecto 10/2023, emitiendo la siguiente: DECISIÓN Única. Se concede la protección constitucional solicitada por ********************, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de manera inmediata dicte el laudo correspondiente en el juicio laboral ********************. ANTECEDENTES 1. Demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de enero de dos mil veintitrés, ante este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, ************* solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto ahí precisado. 2. Trámite. Por auto de cinco de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo. La audiencia constitucional tuvo verificativo el día de hoy. RAZONES Y FUNDAMENTOS 3. Competencia. Este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo. 4. Precisión de los actos reclamados. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se puntualiza que la parte quejosa reclama: 4.1. Autoridad responsable. Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. 4.2 Acto reclamado. La omisión de dictar laudo en el expediente laboral 323********************. 5. Procedencia. En esta parte considerativa se estudiará la existencia de los actos reclamados y las causales de improcedencia alegadas por las partes o bien, las que de oficio advierta este órgano de justicia. 5.1. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo aceptó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, exponiendo que el veintitrés de enero de dos mil veintitrés se había declarado cerrada la instrucción; manifestación que resulta suficiente para acreditar la existencia del acto que se le reclama en términos de la jurisprudencia 749. Circunstancia que se corrobora con las copias certificadas de diversas actuaciones del procedimiento laboral de origen; documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 5.2. Causa de improcedencia. Las partes no invocaron la actualización de algún motivo de improcedencia, ni este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se configure alguna de las hipótesis de los dispositivos 61 y 63 de la Ley de Amparo. 6. Estudio de constitucionalidad. 6.1. Conceptos de violación. La parte quejosa argumenta que la responsable viola sus derechos humanos de impartir justicia pronta y expedita en los términos y plazos que fijan las leyes contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, porque se ha abstenido de manera excesiva de brindar justicia al no haber emitido el laudo correspondiente en el juicio laboral que promovió. 6.2. Calificación de planteamientos. Es fundado el concepto de violación. 6.3. Normatividad constitucional. Como premisa fundamental conviene señalar que del artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, en el que se consagran los siguientes principios: i) Justicia pronta, se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. ii) Justicia completa, consiste en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. iii) Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no solo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. iv) Justicia gratuita, estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Así, el citado derecho fundamental está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarlo, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, lo que hace que dichas autoridades se encuentren obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran; es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Tiene sustento lo anterior el contenido de la tesis 2a. L/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 6.4. Normatividad federal. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en la ley que rige el acto reclamado se establecen también principios procesales que la autoridad laboral debe acatar, como es el contenido de los artículos 885, 886 y 887, de la Ley Federal del Trabajo que previenen que una vez desahogadas la totalidad de las pruebas y, en su caso, formulados los alegatos respectivos, se declarará cerrada la instrucción en el juicio laboral y se turnará para formular el proyecto por escrito en forma de laudo, dentro de los diez días siguientes. Posteriormente, se entregará una copia de éste a cada uno de los miembros de la junta, quienes en un plazo de cinco días habrán de manifestar si a su consideración se encuentran diligencias pendientes por desahogar, a fin de que se acuerde lo procedente o bien, de no ser así, el presidente del órgano colegiado los cite para discutir y votar dicho proyecto dentro de los diez días posteriores al en que concluya el plazo referido. Entonces, resulta innegable que del veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en el que se turnaron los autos a fin de formular el proyecto de resolución en forma de laudo, a la presente data, han transcurrido en exceso los diez días previstos por la ley que rige el acto para el dictado del laudo; desatendiendo con ello el procedimiento que para su dictado establecen los numerales de la Ley Federal del Trabajo que han quedado transcritos. Resulta aplicable al caso concreto la jurisprudencia 33/2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, es claro que en el caso existe contravención al derecho fundamental conferido en el artículo 17 constitucional. En apoyo a todo lo anteriormente expuesto, se invoca por su contenido jurídico substancial, la Jurisprudencia 113/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7. Conclusión. Al acreditarse la transgresión al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es conceder el amparo solicitado. 8. Efectos de la concesión de amparo. Se concede la protección constitucional solicitada por ********************************, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de manera inmediata dicte el laudo correspondiente en el juicio laboral 323********************. 9. Notifíquese en términos de ley.10. Juez y Secretario que da fe. Así lo resolvió y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido del Secretario Marco Antonio Sáenz Cárdenas, quien certifica que esta resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. 11. Versión pública. El Secretario certifica que se integró la versión pública para cumplir lo establecido en el artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, y el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Certifico y doy fe.
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