Marcos Manuel Catrejón Morales
Expediente 487/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 487/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 22/06/2018
Partes del expediente
- Marcos Manuel Catrejón Morales
- Rubén González Velázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que el quejoso no interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 86, de la Ley de Amparo, contra la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 76 a 93), por el que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que éste ha causado ejecutoria. Por otra parte el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante
- Principal
UNA SENTENCIA NOTIIFICACION PEERSONAL A LAS PARTES.
- Incidental
II.- Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto legal 2°, agréguese la razón de cuenta, en virtud de la cual el Actuario Judicial de la adscripción manifiesta su imposibilidad de notificar al tercero interesado Rubén González Velázquez, diversas determinaciones emitidas en el incidente de suspensión en que se actúa, por las razones que en ésta expone. Dicha diligencia en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del código adjetivo citado, tiene valor probatorio pleno al tratarse de la actuación de un funcionario investido de fe pública cuyas manifestaciones vertidas en sus razones, corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Es aplicable la jurisprudencia 563, publicada en la página 405, del Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, materia común, con número de registro 198729, que establece: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Ahora, dado el motivo de imposibilidad externado por el fedatario judicial de la adscripción y tomado en consideración que el citado tercero interesado fue emplazado en autos del juicio de amparo del cual emana el presente incidente, en el propio domicilio a que se refiere la razón de cuenta; con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, comisiónese nuevamente al Actuario judicial de la adscripción, a fin de que notifique personalmente al citado tercero interesado la resolución interlocutoria de veintiséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 17 a 21).
- Principal
Toluca, México; nueve de mayo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto legal 2°, agréguese la razón de cuenta, en virtud de la cual el Actuario Judicial de la adscripción manifiesta su imposibilidad de emplazar al presente juicio de amparo al tercero interesado Rubén González Velázquez, por las razones que en ésta expone. Dicha diligencia en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del código adjetivo citado, tiene valor probatorio pleno al tratarse de la actuación de un funcionario investido de fe pública cuyas manifestaciones vertidas en sus razones, corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Es aplicable la jurisprudencia 563, publicada en la página 405, del Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, materia común, con número de registro 198729, que establece: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." No obstante lo anterior, agréguese a los autos sin mayor proveído, toda vez que en autos ya obran agregadas las constancias de emplazamiento relativas al citado tercero interesado (fojas 67 y 68). Por otro lado, el estado procesal del sumario evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse a las nueve horas con treinta y cinco minutos de la fecha en que se actúa, tal como se ordenó en auto de diecinueve de abril de dos mil dieciocho (fojas 42 a 45); sin embargo, el veintisiete de abril de dos mil dieciocho se emplazó al presente sumario al tercero interesado Rubén González Velázquez (fojas 67 y 68). De lo anterior se colige, que a la fecha no ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que dicho tercero interesado tenga a la vista el contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable y mucho menos media un lapso prudente para darle a éste, oportunidad de que si a sus intereses conviene ofrezca pruebas y formule alegatos con la debida anticipación que marca la ley; razón por la cual, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, con fundamento en el precepto legal 115 de la ley de la materia, se ordena diferir la audiencia constitucional prevista para celebrarse el día de hoy, por lo que se fija como nueva fecha las doce horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia publicada con el número 7, en la página 11 de la actualización 2001, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, tomo VI, materia común, con número de registro 920677, cuyo rubro y texto son: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, ("...el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,..."), sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese. Así lo acordó y firma, Paola Lizzette Acosta Campos, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por licencia del titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio IJF/DG/4052/2018 de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, suscrito por el Director General del Instituto de la Judicatura Federal, quien actúa con la Secretaria Nataly Andrea Nava Ramírez, que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
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