Marcos Mac Chale

Expediente 977/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 30 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
977/2021
Año
2021
Actuaciones
30
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • Marcos Mac Chale
  • Juez Tercero Mixto de lo Civil Y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Incidental

    Mérida, Yucatán, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y toda vez que el juicio de amparo del que deriva este asunto, así como los presentes autos incidentales, se encuentran archivados como totalmente concluidos; por tanto, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que una vez transcurrido el término de seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, se encontrará en aptitud de solicitar en este cuaderno incidental, la devolución del billete de depósito número N-904558, expedido por la sucursal en esta ciudad del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $9,000.00 (nueve mil pesos, 00/100 moneda nacional), que exhibiera la parte quejosa en su oportunidad, como requisito para que continuara surtiendo efectos la suspensión provisional concedida. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo establecido en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, se procederá en los términos que precisa el aludido dispositivo, de conformidad con el numeral 29, último párrafo, del mismo ordenamiento legal. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la sentencia señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó la resolución de que se trata a las autoridades responsables foráneas. Ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. Y en relación a dichas autoridades, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado. Hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 977/2021-II-A, promovido por ********************por su propio derecho, contra los actos que reclama a la Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el tres de junio de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día a este Juzgado de Distrito por razón de turno, compareció ********************por su propio derecho a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos atribuidos a la Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario de su adscripción, ambos residentes en Motul, Yucatán; Gobernador Constitucional del Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado, ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por auto de siete de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, la cual se registró con el número de expediente 977/2021-II-A; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados se precisan de la siguiente manera: La parte quejosa reclama de las responsables Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario de su adscripción, ambos residentes en Motul, Yucatán; Gobernador Constitucional del Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado, ambos con sede en esta ciudad, lo siguiente: "La ilegal orden desalojo ordenada por la Juez Tercero Mixto de Lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatan, con sede en Motul, Yucatán, y que ha suscrito el Gobernador Constitucional del Estado, a fin de que sea ejecutada por medio del actuario de dicho Juzgado juntamente con elementos de la Secretaría de Seguridad Público del Estado de Yucatán. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario de su adscripción, ambos residentes en Motul, Yucatán; Gobernador Constitucional del Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado, ambos con sede en esta ciudad, pues no obstante que lo negaron, de sus manifestaciones se advierte su existencia. Lo que se corrobora con las constancias que la primera de las responsables acompañó a su informe de ley. En tal virtud deberán tenerse por existentes al tenor de lo señalado en la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Actualización de causas de improcedencia. Resulta de explorado derecho que las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente y aun de oficio por ser ésta una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la Jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis de jurisprudencia 814, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO." Las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el presente asunto se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, del ordenamiento legal en cita, interpretado a contrario sensu, ya que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. Los preceptos legales antes relacionados, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." El motivo de improcedencia en cuestión descansa en el principio de irreparabilidad, lo cual significa, por regla general no pueden reclamarse en el amparo indirecto actos intraprocesales o intraprocedimentales, aún en ejecución, pues debe esperarse a que se dicte la última resolución. En efecto, dicha porción normativa prevé, el juicio de amparo es improcedente tratándose del periodo de ejecución de sentencia, cuando el acto reclamado no constituya la última resolución dictada en el mismo. De acuerdo con la fracción IV, párrafo segundo, del numeral 107 de la Ley de Amparo, se entiende por "última resolución" ?que se dicte en la fase ejecutiva de una sentencia?, aquélla por la cual se declara el cumplimiento total de lo sentenciado, se demuestra la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a la misma, o bien, el auto o resolución en la cual se ordena el archivo definitivo del asunto. Por lo tanto, debe decirse que esa última resolución será la reclamable en amparo y no las que la precedan; es decir, no son susceptibles de impugnación a través del juicio constitucional, las resoluciones intermedias que no conllevan de manera directa la ejecución del acto; ni los encaminados directa, inmediata y específicamente a cumplir la sentencia. Es fundamental precisar que el quejoso ********************, se ostenta como tercero extraño al juicio de interdicto de recuperación de la posesión y de obra nueva número ********************seguido por ******************** en su carácter de apoderado legal de ********************, en contra de ********************; del que reclama en el presente juicio de amparo, la orden de desalojo dictada en dicho procedimiento respecto del inmueble que dice se encuentra en su posesión, así como su ejecución. De los antecedentes que destacan de las copias certificadas del juicio civil número ********************que indica el quejoso, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se desprende lo siguiente: 1.- Que en fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, la Juez responsable dictó sentencia definitiva en autos del juicio de interdicto para recuperar la posesión y obra nueva número ********************promovido por ******************** en su carácter de apoderado legal de ********************, en contra de ********************, en el que condenó al demandado la restitución de la posesión interina de los tablajes ********************y********************, de Ixil, Yucatán; asimismo ordenó la demolición de la obra nueva a costa del demandado sobre los tablajes antes señalados. 2. En contra de dicha determinación el demandado ********************, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado en fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la cual determinó confirmar el fallo apelado. 3. En sesión de fecha catorce de agosto de dos mil diecinueve, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativo del Decimocuarto Circuito, resolvió el juicio de amparo directo que promovió el demandado ********************, en contra de la sentencia de segunda instancia, advirtiéndose de la sentencia que le fue negado al ahí quejoso ********************, el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicitó. 4. Por auto de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se fijó al demandado el término de quince días para que cumpliera con la sentencia definitiva. 5. Por auto de catorce de septiembre de dos mil veinte, el Juez responsable reconoció a ******************** su carácter de apoderado legal de ********************, en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria de ********************, y en atención a lo peticionado por la parte promovente, ordenó que por conducto del actuario se hiciera la restitución a la parte actora de la posesión de los tablajes ******************** y ********************, de Ixil, Yucatán, y se procediera a la demolición de la obra nueva construida sobre esos tablajes; para lo cual también ordenó el auxilio de la fuerza pública; diligencia que tuvo verificativo el veintitrés de junio del año en curso. Por otra parte, de las constancias que acompañó el quejoso a su escrito de demanda, se desprende que el veintiocho de febrero de dos mil veinte, ********************, celebró contrato de arrendamiento respecto a dos predios rústicos identificados como tablajes ********************y 2866, del Municipio de Ixil, Yucatán, con el ahora quejoso ********************; en consecuencia, es lógico afirmar que el solicitante del amparo promueve juicio de amparo ostentándose como tercero extraño a juicio, pues no es parte en el procedimiento natural. Con motivo de lo expuesto, es esencial determinar que en el caso concreto, entre el quejoso ******************** y ********************, demandado en el juicio de donde deriva el acto que se reclama en la presente vía constitucional, opera la figura jurídica de la causahabiencia. Ello es así, considerando que con el término "causahabiente" se designa a la persona que después de celebrado un acto jurídico adquiere en forma derivada del autor de él, por transmisión, los derechos y las obligaciones que nacieron originalmente dentro de la misma relación jurídica. Luego, el causahabiente es quien con posterioridad al nacimiento de la relación jurídica entre partes distintas a él, entra en el mismo acto jurídico celebrado en calidad de sujeto de la relación, colocándose en la posición de uno de los autores del acto, sustituyendo a éste, a quien se le denomina causante. Pues bien, la anterior reseña permite concluir que el quejoso ********************, tiene el carácter de causahabiente de ********************, quien figuró como demandado en el juicio civil ******************** del índice del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, y con tal carácter reclama la orden de restitución de la posesión (no orden de desalojo) con el uso de la fuerza pública de los tablajes ******************** y ********************, de Ixil, Yucatán, así como los actos de ejecución derivados de dicha determinación, lo que pone en evidencia que en realidad no tiene la calidad de tercero extraño a juicio en la que basa su reclamo constitucional. En efecto, la amparista alega que obtuvo la posesión del inmueble que defiende, precisamente de parte de la demandada en el juicio de origen ********************, mediante el contrato de arrendamiento que celebraron el veintiocho de febrero de dos mil veinte, el cual anexó a su demanda en copia certificada; contrato que adquirió fecha cierta en esa propia fecha al haber sido firmado ante el Notario Público Número Ocho en el Estado. De manera que el título en que se funda la acción de amparo y que adquirió certeza desde su firma, se celebró con posterioridad al inicio e incluso de dictada la sentencia definitiva en el juicio de interdicto para recuperar la posesión y obra nueva número ********************de donde emanan los actos que se reclaman. En esas condiciones, se concluye que el justiciable realmente es causahabiente del demandado ********************, en el juicio civil de que se habla, del que se dice extraño, de modo que está sujeto a las resultas de esta última, pues adquirió la posesión del inmueble que pretende defender con posterioridad al inicio del juicio de origen, y su arrendador fue oído y vencido en ese litigio. Como apoyo de lo anterior, se invoca la tesis XVII.1o.C.T.54 C, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 3159 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, materia civil, Novena Época, con número de registro 163218, que establece: "CAUSAHABIENCIA. SE ACTUALIZA SI EL CONTRATO RELATIVO ES POSTERIOR A LA FECHA DE INICIACIÓN DEL JUICIO SEGUIDO EN CONTRA DE LA ARRENDADORA, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL ARRENDATARIO HUBIERA TENIDO CONOCIMIENTO O NO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 68/2006-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 85/2006, publicada en la página 128 del Tomo XXV de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de 2007, cuyo rubro es: "CAUSAHABIENCIA. PARA EFECTOS PROCESALES, SU ACTUALIZACIÓN REQUIERE QUE SE ACREDITE QUE EL ADQUIRENTE DEL INMUEBLE TUVO CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL A QUE ESTÁ SUJETO DICHO BIEN.", determinó que, desde el punto de vista procesal, para que una persona tenga el carácter de causahabiente, esto es, que se considere el sucesor de los derechos de una persona de quien ha adquirido una propiedad, es indispensable que mediante inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad o algún otro medio de prueba idóneo y fehaciente, se acredite que el adquirente tuvo conocimiento de que el bien de que se trata está sujeto a una controversia judicial y, por ende, que contrajo un derecho litigioso. Sin embargo, como bien lo señala el texto de la misma y la ejecutoria de la cual emanó, se obtiene que el tema a que se refiere es la "adquisición" de bienes inmuebles, empero, cuando los derechos cuestionados derivan de un contrato de arrendamiento celebrado con posterioridad a la iniciación del juicio seguido en contra de la arrendadora, no resulta necesario, para que la causahabiencia se actualice, que se acredite que el arrendatario quejoso hubiera tenido conocimiento de que el bien inmueble, cuyo uso y goce recibió, estaba sujeto a una controversia judicial, pues esa figura jurídica se da por el simple hecho de que el contrato se hubiere celebrado con posterioridad a la iniciación del procedimiento del que emanan los actos reclamados." Asimismo, se cita la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 684 del Semanario Judicial de la Federación, tomo IV, segunda parte-2, julio-diciembre de 1989, Materia Civil, Octava Época, con número de registro 227689, que dice: "ARRENDAMIENTO. EL ARRENDATARIO NO ES TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO INSTAURADO EN CONTRA DE SU ARRENDADOR, POR SER CAUSAHABIENTE DE ESTE EN EL CONTRATO DE. Cuando el contrato de arrendamiento, por virtud del cual entró en posesión del inmueble el quejoso, es celebrado con fecha posterior a la en que se pronunció sentencia definitiva por el juez de primera instancia, a través de la cual se condenó al arrendador, a la restitución y desocupación de la vivienda, el que fue oído y vencido en juicio, es inconcuso que lo resuelto en éste, repercute en el arrendatario, dada la causahabiencia que lo une con aquél." Por tanto, el causahabiente, ahora quejoso, recibió el bien en las condiciones en las que se encontraba su causante ********************, y que fueron afectadas en el juicio de origen; motivo por el cual, una vez acreditada la causahabiencia del promovente de esta vía de acción constitucional, respecto a los derechos del bien inmueble que fue motivo de controversia en el juicio natural, esa eventualidad lo excluye de que pueda ser considerado como tercero extraño en el juicio, en el que fue llamado e intervino como parte demandada su causante. Lo anterior, trae como consecuencia que los actos de afectación no lo son propiamente como lo pretende hacer notar la impetrante, esto es, en todo el juicio de origen, sino el procedimiento de ejecución de una sentencia judicial de naturaleza civil que se encuentra firme de toda conformidad, que no se vislumbra como la "última resolución" de dicho procedimiento. En efecto, la causa de improcedencia en comento se encuentra prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ésta fracción interpretada a contrario sensu, ya que en tratándose de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; requisito que tiene como finalidad, evitar que se abuse del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución", expresión que nuestro Máximo Tribunal del País, ha interpretado como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia ejecutoria. En ese tenor, se hace patente que el hoy quejoso es causahabiente del demandado en el juicio de origen ********************, por lo tanto, se actualiza la causal de improcedencia invocada, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente juicio en términos de la fracción V, del diverso numeral 63 de ese ordenamiento legal. Sin que sea óbice a lo anterior, que aunque la causahabiencia no es en sí misma una causa de improcedencia del juicio de amparo, lo relevante es que al causahabiente, por ubicarse en una posición idéntica que su causante, le afectan los mismos motivos de inejercitabilidad que le afectarían a éste. Lo anterior se robustece con lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 76/2002-SS, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 34/2003, al señalar lo siguiente: ".Por tanto, cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño a un procedimiento y en el juicio de amparo se demuestra que es causahabiente de aquella de las partes a quien afecta el acto reclamado, entonces, su situación en el amparo es idéntica a la de esa parte, puesto que solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes, motivo por el cual las causas de improcedencia que afectarían al causante son válidas también para el causahabiente, porque éste está sujeto a la misma situación jurídica de aquél. De lo anterior se desprende que aun cuando exista causahabiencia, si no concurren causales de improcedencia que hayan afectado al causante el juicio no debe sobreseerse y debe entrarse al estudio de los conceptos de violación." Por lo tanto, como se indicó, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, dado que la causahabiente asumió la misma posición que su causante, por lo que, al no tener la calidad de tercer extraño, le afectan los mismos motivos de improcedencia que afectarían a éste en caso de que intentara la acción de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución reclamados a las diversas autoridades Actuario adscrito al Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, residentes en Motul, Yucatán; Gobernador Constitucional del Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado, ambos con sede en esta ciudad, al reclamarse en vía de consecuencia. Situación que impide analizar el fondo del asunto, de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************por su propio derecho, contra los actos que reclamó a la Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario de su adscripción, ambos residentes en Motul, Yucatán; Gobernador Constitucional del Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado, ambos con sede en esta ciudad, en términos del considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA POR MEDIO DE LISTA D EOCNFORMIDDA CON LOS ARITUCLOS 27 Y 29 D ELA LEY DE AMPARO RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************por su propio derecho, contra los actos que reclamó a la Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario de su adscripción, ambos residentes en Motul, Yucatán; Gobernador Constitucional del Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado, ambos con sede en esta ciudad, en términos del considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente.

Quedan 26 actuaciones en este expediente

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