Marcos Luis Santiago o Marcos Gonzales Torres

Expediente 1694/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1694/2016
Año
2016
Actuaciones
16
Última actuación
06/03/2017

Partes del expediente

  • Marcos Luis Santiago o Marcos Gonzales Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, específicamente que en el presente incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada por la parte quejosa; con fundamento en lo establecido en el punto cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido; este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo y la resolución emitida y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en este expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo vigente en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Finalmente, resulta innecesaria la permanencia del tomo de pruebas formado con el duplicado de la causa penal 66/2016, que remitió el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ocotlán de Morelos, Oaxaca en apoyo a su informe justificado; por tanto, se ordena devolver dicho duplicado al juez aludido. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso MARCOS LUIS SANTIAGO o MARCOS GONZÁLEZ TORRES; visto su contenido, téngasele autorizando en términos del artículo 27 de la abrogada Ley de Amparo, a las personas que indica en su escrito de cuenta, lo anterior para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 1694/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Marcos Luis Santiago o Marcos González Torres por su propio derecho, mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia entonces en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que por razón de turno tocó conocer a este órgano judicial, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, y Director de la Penitenciaría Central del Estado, que hizo consistir en el auto de formal prisión pronunciado en su contra el doce de septiembre de dos mil dieciséis, en la causa penal 66/2016 y su ejecución, que estimó violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de que se trata, bajo el número 1694/2016, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante auto de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional ordenó emplazar a los terceros interesados Freddy Moreno Santos, y Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, y la audiencia de fondo se llevó a cabo con el resultado del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo disponen los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6°, 37, 107, 108, 124 y relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013. SEGUNDO. De los informes justificados rendidos por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, y Director de la Penitenciaría Central del Estado, se desprende la certeza de los actos impugnados. Para corroborar lo anterior, el mencionado Juez, remitió copia certificada de la causa penal 66/2016, a la que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. TERCERO. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este Juzgado Federal advierta, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; y con apoyo además, en la jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 262, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1985, bajo el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, este órgano jurisdiccional estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV de la ley de la materia, que establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento". En términos del numeral transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva dentro de los plazos previstos en la ley de la materia. Los plazos para promover el juicio constitucional se encuentran normados por el artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". El citado precepto legal prevé que por regla general el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. No pasa inadvertido para este resolutor, que la Ley de Amparo que estuvo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, establecía en su artículo 22, fracción II, que: "Artículo 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: [.] II.- Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo". Conforme a la citada legislación abrogada, era posible promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, cuando se tratara de ataques a la libertad personal. Sin embargo, en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador determinó al referirse a los ataques a la libertad personal, que estos tengan lugar fuera de procedimiento, como condición para que el amparo en su contra pueda promoverse en cualquier tiempo. Esta excepción en el plazo aplica únicamente en el supuesto de que el acto reclamado se haya dictado fuera de un procedimiento, porque de lo contrario debe regir la regla general, esto es de quince días. Lo anterior significa que si se afecta a la libertad personal de un gobernado dentro de un procedimiento sea éste penal, civil, laboral o administrativo, el plazo para promover la demanda de amparo será de quince días. En este contexto, de autos se advierte que el impetrante de la acción constitucional reclama el auto de formal prisión dictado en su contra por el juez responsable, el doce de septiembre de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 66/2016, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de Carlos Moreno Santos. Proveído de formal procesamiento, que se notificó personalmente al aquí quejoso Marcos Luis Santiago o Marcos González Torres, y a su defensor de oficio licenciado Luis Eduardo Molina Aquino, el trece de septiembre de dos mil dieciséis, en la Penitenciaría Central del Estado (foja 74 vuelta), de donde se sigue, el término para promover oportunamente la demanda de garantías, empezó a correr el día siguiente al en que se le notificó el acto reclamado; por tanto, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, transcurrió del quince de septiembre al seis de octubre de dos mil dieciséis, sin contar los días dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de septiembre, uno y dos de octubre de dos mil dieciséis por ser inhábiles. Luego, es claro que al haberse presentado la demanda de que se trata en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede entonces en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el trece de octubre de dos mil dieciséis, como se desprende del sello de recepción, es evidente, la acción de amparo que es motivo de este juicio se ejerció fuera del término de quince días a que hace referencia el artículo 17 de la Ley de Amparo, y en esa virtud, tal conducta jurídicamente revela conformidad con el acto reclamado, por así estar dispuesto en el artículo 61 fracción XIV, de la ley de la materia, lo que hace imposible encausar la inconformidad del quejoso en este medio de control, si previamente lo consintió. Se cita en apoyo a lo anterior, en lo conducente y por identidad el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página: 364, Tomo: IX, Junio de 1992, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda". El criterio invocado, a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, resulta aplicable al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta. En ese sentido, al actualizarse la citada causa de improcedencia, se impone sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 1694/2016, promovido por Marcos Luis Santiago o Marcos González Torres. NOTIFIQUESE.

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