Marcos Loranca Zapata

Expediente 1067/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1067/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
11/12/2018

Partes del expediente

  • Marcos Loranca Zapata

Actuaciones

  1. Principal

    Al expediente el oficio de cuenta, signado por la Juez de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado de Puebla, por el cual rinde su informe justificado y remite copia certificada de diversas actuaciones del incidente de ejecución ++ de su índice, en apoyo al mismo. Ahora, la recepción de dichas constancias permite visualizar la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo . Lo anterior porque cambió el escenario planteado desde el inicio por la quejosa -en su demanda de amparo-. Explico mi percepción: En un principio, el quejoso reclamó la dilación y falta de acuerdo de la responsable al escrito presentado el veinte de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual solicitó la elaboración de un plan de actividades para obtener el beneficio de libertad anticipada. Sin embargo, durante la tramitación del sumario constitucional le fue restituido el goce de ese derecho. Lo anterior porque, del informe justificado de la autoridad responsable y de las constancias remitidas en apoyo al mismo, se advierte que dicho escrito fue acordado el cinco de diciembre del año en curso, y notificado el seis siguiente, tal como se advierte la firma plasmada en el sello de notificación correspondiente. Las referidas constancias adquieren pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2 . De modo que dichas constancias reflejan la cesación de los efectos del acto reclamado en el presente juicio de amparo, pues el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se dio trámite al escrito del quejoso; de lo cual tiene conocimiento. En consecuencia, han cesado los efectos de la omisión de la autoridad responsable, al grado de haber restituido al quejoso en su derecho fundamental violado, como si se hubiera concedido el presente juicio de amparo, pues la Juez de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado de Puebla, dio contestación y trámite al escrito presentado por el quejoso, por tanto se configura de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la misma ley. Funda lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Tomo IX, correspondiente al mes de Junio de 1999, cuyo rubro dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Asimismo, resulta aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2ª.J/10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha que se encontraban señaladas para la audiencia constitucional en este juicio, esto es, las diez horas con treinta y seis minutos de esta data (once de diciembre de dos mil dieciocho). Cabe precisar que resulta inconducente dar vista al quejoso con el acuerdo emitido por la responsable en torno a su escrito de veinte de agosto del año actual, pues se acordó lo conducente y se le notificó el mismo. Por otra parte, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    ...........................Se recibe la demanda de protección de derechos suscrita por ++++, por propio derecho, contra actos de la Jueza de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Puebla. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Debido a que cumple los requisitos legales establecidos, se admite a trámite con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se hace la precisión que como acto reclamado el quejoso menciona que el veinte de agosto de dos mil diecisiete, presentó un escrito dentro del incidente ++++ del índice del Juzgado de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Puebla, al cual no le ha recaído acuerdo alguno. Sin embargo, del sello del acuse de recibo que anexó como prueba se advierte que la fecha de presentación es veinte de agosto de dos mil dieciocho, por tanto se tiene esta última como correcta. Por otra parte, no se tramita incidente de suspensión pues el quejoso descartó solicitar la medida cautelar, y tampoco se advierte la hipótesis prevista en el artículo 127 fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, que se trate de un acto que de llegar a consumarse haría físicamente imposible restituir el goce del derecho involucrado. Se ordena notificar en forma personal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que intervenga en términos del artículo 5 fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar copia autorizada de este proveído y copia de la demanda de protección de derechos. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente que deje constancia legal en el expediente. Una vez que resulte cierto el acto reclamado, habrá de proveerse el emplazamiento del tercero interesado -si procede- en términos del artículo 5 fracción III, de la Ley de Amparo. Sin embargo, se ordena desde este momento librar oficio para el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Puebla, a fin que pueda ejercer los derechos que le asiste como tercero interesado, los cuales implican la posibilidad de ofrecer pruebas y formular alegatos, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo. Ahora, se requiere a la autoridad responsable su informe con justificación, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de que haya quedado notificada, de conformidad con el artículo 31 fracción I, de la Ley de Amparo. Se advierte a la citada responsable que el informe deberá reunir los requisitos del artículo 117 cuarto párrafo, de la ley en comento, por lo que deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad del acto reclamado. También deberá remitir a este juzgado copia certificada legible de las actuaciones que sean necesarias para apoyar el informe de contestación, el cual podrá rendir a través de los medios legales establecidos. Se apercibe a la responsable que de omitir la rendición del informe justificado o de presentarlo sin acompañar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, (a razón de su valor diario) de conformidad con el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo. Se requiere a la autoridad responsable que manifieste si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señale ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. Para lograr el cumplimiento de lo anterior, se le apercibe con la imposición de una multa por el importe de treinta Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo. De igual manera, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, a fin de integrar en forma debida el presente juicio de amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que en el plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione el nombre y domicilio de la o las personas que en su caso pudieran tener el carácter de terceros interesados, así como remita las constancias de donde se desprende tal información. Asimismo, se le requiere a la responsable, para que al momento de dar contestación al escrito del quejoso presentado el veinte de agosto de dos mil dieciocho, dentro del incidente de ejecución +++ de su índice, remita copia certificada del acuerdo que contenga dicha respuesta de manera inmediata a este órgano de control constitucional. Apercíbase a la responsable de no dar cumplimiento a lo ordenado en los párrafos que anteceden en el término señalado, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, (a razón de su valor diario) conforme a los artículos 260, fracción IV y 244, ambos con relación al diverso 238, todos de la Ley de Amparo. Término que se concede al considerar un hecho notorio el consistente en la carga de trabajo de la autoridad responsable ordenadora, pese a que el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles contempla un plazo de tres días, así como el hecho de que el incumplimiento del presente requerimiento le generaría consecuencias de trascendencia relevante, tanto en lo económico, como en su caso, de naturaleza penal, por resistirse a dar cumplimiento a lo ordenado por este juzgado federal; lo anterior, en conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 262, fracción V, de la Ley de Amparo. También se hace saber a la autoridad responsable que de negarse a recibir la notificación, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, procederá el actuario de este juzgado a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá hecha la notificación, con fundamento en el artículo 28 fracción I párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Además, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, (a razón de su valor diario) como lo ordena el artículo 245 de la citada legislación, en los términos siguientes: ".a la autoridad responsable que se niegue a recibir la notificación se le impondrá una multa". Para lograr el eficaz cumplimiento de lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de la tramitación del presente asunto la emisión completa y correcta de todos los oficios y traslados ordenados en este acuerdo, para lo cual deberá firmar el espacio correspondiente a su cargo que se encuentra al final de la minuta que se deje para constancia y en caso de que posteriormente se solicite una reimpresión de los mismos, se deberá asentar una razón de ello, con la inserción del cargo y nombre del personal de este juzgado que lo solicite. De la misma forma, se ordena a los demás funcionarios públicos que tengan encomendada la revisión, tramitación y captura de este expediente que deberán verificar y cuidar los traslados y oficios de referencia y firmar el espacio relativo a su cargo, pues ello apoyará para que el presente sumario se mantenga en buen estado y los traslados lleguen en forma íntegra a los actuarios que deban notificarlos. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de las autoridades responsables, se le apercibe que en caso de que la autoridad que designó como responsable no exista con la denominación referida o en la residencia indicada, se tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con ésta. Bajo este contexto, de conformidad con el artículo 115 primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./j.176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace saber a la responsable con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, que en el presente juicio únicamente le será notificada por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificaran por medio de lista que se fije en este juzgado de distrito. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación; y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten. Para lograr el cumplimiento de lo anterior, se les apercibe con la imposición de una multa de treinta unidades de medida y actualización, (a razón de su valor diario) de conformidad con el numeral 251 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el Centro de Reinserción Social de Puebla, Puebla, y únicamente para tal efecto a la profesionista +++, por así haberlo solicitado. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas que ofreció el quejoso en la demanda de amparo, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Por otra parte, se ordena a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a la denominación de la autoridad responsable y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita).

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