Marcos Javier Ramos Aguirre
Expediente 766/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 766/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 12/07/2017
Partes del expediente
- Marcos Javier Ramos Aguirre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil diecisiete. Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veinte de junio de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales; en tales condiciones, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que Marcos Javier Ramos Aguirre, en su carácter de representante legal del quejoso José Víctor Manuel López López, acude a esta instancia constitucional a reclamar del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, la omisión de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de ley, así como negarse a emplazar a juicio a los demandados dentro del expediente D-173/2014. Ahora bien, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través de su Secretario General, al rendir su informe justificado manifestó que no cierto el acto que se le reclama, en virtud de que mediante acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, señaló las doce horas del seis de junio de dos mil diecisiete para la audiencia de ley; asimismo, mediante oficio recibido el catorce de junio del año en curso, remitió copia certificada de las constancias de emplazamiento a las demandadas Director General de Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, Secretaría de Seguridad Pública y Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla y de la audiencia de seis de junio de dos mil diecisiete, en la que se llevó a cabo la audiencia de ley. Para corroborar lo anterior, el Tribunal responsable remitió copia certificada de diversas constancias del expediente D-173/2014 de su índice, de cuyo contenido se advierte la existencia del acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, en el que se señalaron las doce horas del seis de junio de dos mil diecisiete para la audiencia de ley; asimismo, mediante oficio recibido el catorce de junio del año en curso, remitió copia certificada de las constancias de emplazamiento a las demandadas Director General de Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, Secretaría de Seguridad Pública y Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla y de la audiencia de seis de junio de dos mil diecisiete, en la que se llevó a cabo la audiencia de ley, las cuales, tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y nueve, que literalmente dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla emplazara al juicio de origen a los demandadas Director General de Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, Secretaría de Seguridad Pública y Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla y que se señalara hora y día para el desahogo de la audiencia de ley, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el nueve de noviembre y ocho de diciembre de dos mil dieciséis se llevó a cabo el emplazamiento respectivo, así como que mediante acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecisiete señaló las doce horas del seis de junio del año en curso para que tenga verificativo la audiencia de ley, dentro del citado juicio laboral, la cual incluso, a la fecha ya fue desahogada. Por consiguiente, se ha restituido al solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con un minuto del cuatro de julio de dos mil diecisiete, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al quejoso, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que Marcos Javier Ramos Aguirre, en su carácter de representante legal del quejoso José Víctor Manuel López López, acude a esta instancia constitucional a reclamar del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, la omisión de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de ley, así como negarse a emplazar a juicio a los demandados dentro del expediente D-173/2014. Ahora bien, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través de su Secretario General, al rendir su informe justificado manifestó que no cierto el acto que se le reclama, en virtud de que mediante acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, señaló las doce horas del seis de junio de dos mil diecisiete para la audiencia de ley; asimismo, mediante oficio recibido el catorce de junio del año en curso, remitió copia certificada de las constancias de emplazamiento a las demandadas Director General de Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, Secretaría de Seguridad Pública y Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla y de la audiencia de seis de junio de dos mil diecisiete, en la que se llevó a cabo la audiencia de ley. Para corroborar lo anterior, el Tribunal responsable remitió copia certificada de diversas constancias del expediente D-173/2014 de su índice, de cuyo contenido se advierte la existencia del acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, en el que se señalaron las doce horas del seis de junio de dos mil diecisiete para la audiencia de ley; asimismo, mediante oficio recibido el catorce de junio del año en curso, remitió copia certificada de las constancias de emplazamiento a las demandadas Director General de Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, Secretaría de Seguridad Pública y Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla y de la audiencia de seis de junio de dos mil diecisiete, en la que se llevó a cabo la audiencia de ley, las cuales, tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y nueve, que literalmente dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla emplazara al juicio de origen a los demandadas Director General de Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, Secretaría de Seguridad Pública y Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla y que se señalara hora y día para el desahogo de la audiencia de ley, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el nueve de noviembre y ocho de diciembre de dos mil dieciséis se llevó a cabo el emplazamiento respectivo, así como que mediante acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecisiete señaló las doce horas del seis de junio del año en curso para que tenga verificativo la audiencia de ley, dentro del citado juicio laboral, la cual incluso, a la fecha ya fue desahogada. Por consiguiente, se ha restituido al solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con un minuto del cuatro de julio de dos mil diecisiete, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al quejoso, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario General del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual remite copia certificada de diversas constancias relativas al expediente D-173/2014, del que emana el acto aquí reclamado, ahora, tomando en consideración que las constancias de referencia forman parte del informe justificado rendido por la autoridad responsable, dese vista a las partes, por el término de ocho días, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten, si lo consideran necesario, lo que a su derecho importe. NOTIFÍQUESE.
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