Marcos Iván Hernández González
Expediente 369/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 369/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Magistrado del Cuarto Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito
- Marcos Iván Hernández González
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, once de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Tercer Tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta localidad fronteriza; atento a su contenido, téngasele informando que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada, por ser legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Marcos Iván Hernández González, por propio derecho, la cual quedó registrada como juicio de amparo indirecto 6/2022. Ahora bien, tomando en consideración que no existe actuación alguna por cumplimentar, aunado a que, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del cuadernillo en que se actúa, visibles en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), concuerdan con las que obran en el expediente físico; por tanto, archívese el presente asunto como totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área respectiva para su resguardo en este juzgado. Se hace la precisión de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 6, 12, y 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en los supuestos previstos en el capítulo ocho, apartado 8.1.2, número 10, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que se decretó la incompetencia para conocer de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, aunado a que al prudente arbitrio del suscrito no tiene relevancia documental.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta localidad fronteriza; atento a su contenido, téngasele acusando de recibo el auto de tres de los actuales, en el que se determinó declinar la competencia planteada, así como de los anexos de la demanda; además, informa que dicho órgano jurisdiccional al ser autoridad responsable, remitió los autos al Tercer Tribunal Unitario, para que éste se pronuncie respecto de la demanda de amparo y acuerde lo conducente.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de mayo de dos mil veintidós. Por recibida la demanda promovida por Marcos Iván Hernández González, por propio derecho, contra el acto del Magistrado del Cuarto Tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito habilitado para conocer como Tribunal de Alzada, respecto de asuntos que se tramiten en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad; el cual considera violatorio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente y regístrese bajo el número 369/2022-IV. Ahora bien, de la demanda se advierte que el acto que se reclama lo hace consistir en: ".I. De la autoridad mencionada los actos violatorios al debido proceso contemplados en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondientes a la falta de legal notificación hacia el suscrito. II. De la autoridad mencionada los actos violatorios al debido proceso contemplados en el artículo 20, inciso A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en la ilegal falta de igualdad procesal dentro del proceso penal. .Lo anterior derivado del auto dictado el ocho de abril de dos mil veintidós.". En virtud de lo anterior, se estima que este Juzgado de Distrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para conocer de la presente demanda de derechos fundamentales, en atención a lo dispuesto por el artículo 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 36, de la Ley de Amparo, los cuales prevén: "Artículo 35. Los Tribunales Colegiados de apelación conocerán: I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Colegiados de apelación, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante Juez de Distrito. En estos casos, el Tribunal Colegiado de Apelación competente será el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado.". "Artículo 36. Los Tribunales Colegiados de Apelación sólo conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado". Lo anterior es así, si se toma en consideración que el acto reclamado se trata de aquellos que no son competencia de este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos anteriormente aludidos, ya que no es jurídicamente posible que este órgano judicial se pronuncie sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de actos dictados por una autoridad de mayor jerarquía. En consecuencia, previa copia certificada que se recabe de la demanda de derechos fundamentales, envíense a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios del Decimoséptimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, a fin de que proceda a turnar al Tribunal que corresponda el asunto según sus atribuciones; solicitándole respetuosamente a este último, el acuse de recibo y la comunicación de la resolución que pronuncie al respecto. Es aplicable al presente caso, la Jurisprudencia P./J. 25/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de 1998, Novena Época, registro 196514, página 17, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE UN TRIBUNAL UNITARIO CUANDO EN SU CIRCUITO EXISTEN VARIOS. RECAE EN OTRO DEL MISMO CIRCUITO. Con motivo de las reformas al artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo dispuesto en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales Unitarios de Circuito les compete conocer, entre otras cuestiones, de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios, que no constituyan sentencias definitivas. De acuerdo a una correcta interpretación de lo previsto en la parte final de la fracción I del artículo 29 de la ley orgánica en mención, que textualmente dice: "... En estos casos, el Tribunal Unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado.", debe estimarse que la proximidad de la residencia a que se refiere el precepto en mención no excluye a un Tribunal Unitario del mismo circuito al que pertenece el señalado como autoridad responsable, lo que queda patente atendiendo a que con los preceptos antes señalados quedó superado lo estatuido en el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, referente a que es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a su residencia, pues dicha regla implicaba que el Juez de Distrito perteneciera a un distinto circuito al del Tribunal Unitario, para salvaguardar la independencia de aquél; pero ahora, como los actos de un Unitario son del conocimiento de otro tribunal igual en jerarquía y grado y ya no de un inferior, ninguna razón legal ni práctica subsiste para que, habiendo en el mismo circuito dos o más Tribunales Unitarios, queden mutuamente excluidos para conocer en amparo de sus actos; lo que queda patente atendiendo a la unidad lógica que se desprende del sistema de competencias establecido en la propia Ley de Amparo, ya que si el párrafo primero de su artículo 42 establece que un Juez de Distrito conoce en amparo de los actos de otro de su misma jurisdicción, por igualdad de razón un Tribunal Unitario puede conocer de los de otro Unitario de su misma circunscripción, a más de que, por identidad procesal sustancial, también se estima aplicable, para fincar la competencia del Tribunal Unitario del mismo circuito del responsable, la regla competencial del artículo 36 de la ley de la materia, consistente en que es competente para conocer del amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto que se reclama". De igual forma, ilustra lo expuesto la Jurisprudencia P./J. 31/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, julio de 1998, Novena Época, registro 195859, página 29, que establece: "TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO. SU COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO NO SE LIMITA A LA MATERIA PENAL. La interpretación armónica de lo dispuesto por los artículos 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. y 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los antecedentes legislativos que motivaron la incorporación de los Tribunales Unitarios de Circuito al ámbito competencial del juicio de amparo indirecto, pone de manifiesto que esa facultad no se limita a los casos previstos en los artículos 16 en materia penal, 19 y 20 de la Carta Magna, sino que la intención del legislador fue la de concederla en sentido irrestricto a todos aquellos actos provenientes de un tribunal de esa naturaleza, respecto de los cuales procediere el juicio de amparo indirecto; por lo que debe atenderse al espíritu que inspiró su adición para darle el verdadero alcance que impide que un Juez de Distrito, aun como Juez de amparo, juzgue los actos de quien jerárquicamente es su superior". En términos de lo previsto en los artículos 6 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 40 y 41, del Reglamento de la citada ley; y 8º, párrafo primero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Unión y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, infórmese a las partes, que tienen derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la resolución que se dicte en el presente asunto, no obstante comuníquese también que en la versión pública de la sentencia que se emita, se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, procurado que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Asimismo, con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista únicamente mediante la publicación en internet, la cual se puede consultar en la liga siguiente https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, con excepción de las notificaciones que a juicio de este órgano jurisdiccional se requieran hacer personalmente dada su trascendental naturaleza, en términos del en términos del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo privilegiarse en todo momento las referidas en el párrafo que antecede, y en su caso el actuario deberá realizarlos acatando los lineamientos sanitaras existentes respecto al virus COVID-19, siguiendo las medidas de sana distancia y cubre bocas. En adición a lo anterior y atendiendo a las medidas preventivas que se deben implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2, con el fin de preservar la salud de todas las partes debido a la pandemia que aqueja al país, con el fin de dar seguridad jurídica a las partes, se autoriza que el presente auto se remita vía electrónica a la parte quejosa una vez que haya sido proporcionado; por ende, se le requiere para que facilite un correo electrónico o en su caso el usuario registrado para la consulta de expedientes electrónicos. Tal como se establece en la Circular SECNO/7/2020, relativa a la Propuesta de solución a diversas consultas derivadas de la entrada en vigor del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la Comisión Especial en sesión de seis de mayo último, determinó que cuando lo requiera el orden público, puede ordenarse que la notificación se haga a las autoridades responsables por cualquier medio oficial, por lo que, en términos del numeral 28, fracción III, de la Ley de Amparo, esta determinación podrá remitirse vía correo electrónico institucional o personal de la autoridad (medios electrónicos). Hágase del conocimiento de las partes que a partir de esta fecha, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontraran los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de este y todos los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como la lista de acuerdos. De igual manera, se autoriza firmar electrónicamente, mediante el uso de la Firel, los oficios que correspondan a este asunto. Con apoyo en los artículos 22 y 28, del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); para el caso de no contar con la misma, podrán realizar su trámite de firma electrónica y continuar siguiendo las directrices del manual de uso que se encuentra disponible en la liga del propio portal de servicios en línea:https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayudaohttps://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales; por ende, por ende, se requiere a todas las partes para que faciliten un correo electrónico y en su caso el usuario registrado para la consulta de expedientes electrónicos a través del Portal de Servicios en Línea. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. De igual forma, para privilegiar el distanciamiento social y trabajo a distancia se autoriza para que los Fedatarios de la adscripción, en la medida de lo posible lleven a cabo las diligencias vía telefónica, por video llamada, por fax o por cualquier medio electrónico, sin perjuicio de levantar acta pormenorizada de ello, lo anterior de conformidad con los artículos 5 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la parte quejosa deberá generar cita a través del sistema "Agenda OJ"; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Camino viejo a San José número 6310-3 de la colonia El Marquis en esta ciudad, autorizando en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados José Roberto Carrillo Acosta, Edmundo Escudero Morales e Irving Jesús Cosio Acosta, por no tener su cédula inscrita en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho", ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, téngasele como medio de contacto el correo electrónico que menciona en su escrito de demanda, previa certificación correspondiente, lo anterior de conformidad a los dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el Covid-19. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado José Erasmo Barraza Grado, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Alma Karina González Carrillo, secretaria que autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE 03 DE MAYO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO: Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de mayo de dos mil veintidós. Por recibida la demanda promovida por Marcos Iván Hernández González, por propio derecho, contra el acto del Magistrado del Cuarto Tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito habilitado para conocer como Tribunal de Alzada, respecto de asuntos que se tramiten en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad; el cual considera violatorio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente y regístrese bajo el número 369/2022-IV. Ahora bien, de la demanda se advierte que el acto que se reclama lo hace consistir en: ".I. De la autoridad mencionada los actos violatorios al debido proceso contemplados en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondientes a la falta de legal notificación hacia el suscrito. II. De la autoridad mencionada los actos violatorios al debido proceso contemplados en el artículo 20, inciso A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en la ilegal falta de igualdad procesal dentro del proceso penal. .Lo anterior derivado del auto dictado el ocho de abril de dos mil veintidós.". En virtud de lo anterior, se estima que este Juzgado de Distrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para conocer de la presente demanda de derechos fundamentales, en atención a lo dispuesto por el artículo 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 36, de la Ley de Amparo, los cuales prevén: "Artículo 35. Los Tribunales Colegiados de apelación conocerán: I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Colegiados de apelación, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante Juez de Distrito. En estos casos, el Tribunal Colegiado de Apelación competente será el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado.". "Artículo 36. Los Tribunales Colegiados de Apelación sólo conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado". Lo anterior es así, si se toma en consideración que el acto reclamado se trata de aquellos que no son competencia de este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos anteriormente aludidos, ya que no es jurídicamente posible que este órgano judicial se pronuncie sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de actos dictados por una autoridad de mayor jerarquía. En consecuencia, previa copia certificada que se recabe de la demanda de derechos fundamentales, envíense a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios del Decimoséptimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, a fin de que proceda a turnar al Tribunal que corresponda el asunto según sus atribuciones;
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