Marcos Ignacio Garcia Hernandez

Expediente 533/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
533/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
04/03/2022

Partes del expediente

  • Marcos Ignacio Garcia Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de cuatro de enero del presente año, se ordenó el archivo definitivo del presente asunto, en el cual obra un tomo de pruebas por separado, que se formó con motivo de las constancias remitidas por el Juez Único Penal de este Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, en apoyo a su informe de ley. Por tanto, se ordena devolver a la autoridad en mención, las constancias consistentes copias certificadas de la causa penal *****, de su índice, en un tomo, sin que sea necesario que acuse recibo. Finalmente, hecho que sea lo anterior, vuelvan los autos al archivo definitivo del juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, cuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que la sentencia definitiva por la que se sobreseyó el presente asunto, no fue recurrida dentro del término legal. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal". En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y SE ORDENA SU ARCHIVO JUDICIAL en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental, carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna. DESTINO: -Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. -Expediente incidental original. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. -Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. DOCUMENTOS: La parte quejosa no allegó documentos en el presente asunto. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15 interpretado a contrario sentido, 18, párrafo primero, fracción I, inciso a) y 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. SE INFORMA CAMBIO DE TITULAR Finalmente, hágase saber a las partes que mediante oficio SEADS/1115/2021 signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó a este juzgado que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la licenciada Cristina Guzmán Ornelas, funge como Juez de Distrito de este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 60 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Incidental

    ... CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables al rendir su informe previo negaron la existencia del acto reclamado. Sin que la parte quejosa haya aportado medio de convicción alguno tendente a desvirtuar dichas negativas. Por tanto, al no haber desvirtuado la negativa de las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 138, de la Ley de Amparo, procede negar la suspensión definitiva por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo al particular la tesis siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 350656 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo LXXVIII Materia(s): Común Tesis: Página: 2275 "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si las autoridades responsables niegan los actos que de ellas se reclaman, y el quejoso no rinde prueba alguna para desvirtuar esa negativa y demostrar la existencia de dichos actos, es improcedente conceder la suspensión contra los mismos". Amparo civil. Revisión del incidente de suspensión 8619/42. O'Reilly y Llano María Guadalupe y coags. 30 de octubre de 1943. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José María Ortiz Tirado. La publicación no menciona el nombre del ponente". Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 140 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a ***, la suspensión definitiva de los actos reclamados, por los motivos señalados en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese.

  4. Principal

    .... TERCERO. Inexistencia de actos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En esa tesitura, se tiene que las autoridades responsables al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la tesis VI.2o.32K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página setecientos sesenta y tres cuyo rubro es "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE." Por su parte, la autoridad responsable Juez Único Penal de este Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos que se le reclaman, pues al respecto manifestó que si bien, existe la causa penal ***, instruida en contra ***, como presunto responsable del delito de Administración Fraudulenta en agravio de la persona moral ***, representada por ***; lo cierto es que en dicha causa se negó emitir la orden de aprehensión solicitada en contra del quejoso; de ahí la inexistencia del acto reclamado. En efecto, se precisa establecer el contenido de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV y 75 de la Ley de Amparo. "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ." "Artículo 63. Procede el sobreseimiento:. IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional."; y, "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad". De conformidad con el primero de los numerales transcritos, el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y los derechos fundamentales otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, dicho precepto se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, apreciación que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. De ahí que, la inexistencia de los actos reclamados se corrobora con la copia certificada de la causa penal ***, del índice del Juzgado Único Penal de este Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, que acompañó a su informe justificado; a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: "Registro digital: 394182 Instancia: Pleno Quinta Época Materias(s): Común Tesis: 226 Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 53 Tipo: Jurisprudencia DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS"." En efecto, de la causa penal ***, se advierten las siguientes diligencias: 1.- El treinta de agosto de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 95/2017 (ahora 301/2019), del índice del entonces Juzgado Segundo de Partido Penal de Irapuato, Guanajuato, se negó la orden de aprehensión solicitada en contra de Marcos Ignacio García Hernández, como presunto responsable del delito de Administración Fraudulenta en agravio de la persona moral Caja Popular Mexicana S.C. de A.P. de R.L., de C.V., representada por Ramón Mosqueda Rentería; inconforme con lo anterior, el Fiscal investigador interpuso recurso de apelación, el cual le correspondió conocer a la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, la cual por resolución de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, decretó el sobreseimiento de la causa penal en cita. 2.- Inconforme con lo anterior el sujeto pasivo, promovió juicio de amparo directo, del cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, registrándolo bajo el número de amparo directo 7/2018, el que en sentencia de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se concedió el amparo; por lo que la Octava Sala Penal de referencia en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en resolución de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, con la libertad de jurisdicción otorgada confirmó el auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete, por el que se negó la orden de aprehensión en contra del aquí quejoso. 3.- Inconforme con lo anterior el sujeto pasivo, interpuso recurso de inconformidad en contra del cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo, del cual le correspondió conocer el citado Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, registrándolo bajo el número 21/2018, el que en resolución de quince de agosto de dos mil dieciocho, lo declaró infundado. 4.- Por auto de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, en atención al oficio suscrito por la Presidenta de Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial en el Estado de Guanajuato, en el que se determinó fusionar el Juzgado Segundo Penal de Partido con el Juzgado Primero Penal de Partido, se radicó el proceso penal ***, registrándolo bajo el diverso número 301/2019. 5.- Por escrito presentado en el Juzgado Único Penal de Partido de esta ciudad, el veintiséis de julio de dos mil veintiuno, el aquí quejoso ***, solicitó se decretará la prescripción de la acción penal, lo que por auto de veintiocho siguiente, se acordó en esencia que no es posible acordar de conformidad lo pretendido, en virtud de que aún no ha transcurrido el plazo que se requiere para ello. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional considera que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -treinta de junio de dos mil veintiuno-, en dicha causa penal no existe alguna orden de aprehensión o alguna orden privativa de libertad que se haya librado en su contra; sin que, de lo anterior, se advierta del sumario Constitucional, de su detallada revisión medio de convicción alguno del que se evidencie la existencia de los actos que se reclaman. Pues, de una interpretación correlacionada de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, indica que el contenido negativo de los informes con justificación no es de suyo determinante de la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, pueden demostrar lo contrario, o incluso, su existencia puede ser advertida, directamente, de las constancias de autos, por el juzgador, lo que en la especie no acontece. Apoya a la anterior consideración, la Jurisprudencia VI.2o.J/308 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, tomo ochenta, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en la página setenta y siete, del rubro "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO." Por tanto, tomando en consideración que la parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables en relación con la inexistencia de los actos que de ellas se reclama, es dable concluir que los actos motivo de la presente litis constitucional, no existen. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo II Procesal Constitucional 1 Común Primera Parte, apéndice 1917-septiembre 2011, sexta época del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página trescientos cinco, cuyo rubro es "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." En tal tesitura, procede SOBRESEER en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: [...] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se Sobresee el presente juicio de amparo. Notifíquese.

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