Marcos Gordillo Abarca y Otros.

Expediente 277/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
277/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
17/02/2021

Partes del expediente

  • Marcos Gordillo Abarca y Otros.
  • María Ruti Gordillo Morales
  • Juez Primero en Materia Civil del Distrito Judicial de Comitán, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas
  • Andrés Pérez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Visto, el oficio de cuenta signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, y anexos, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 139/2020, con número de orden 156/2020, del índice de este Juzgado, que se envió para notificar a +++, en su carácter de terceros interesados en el presente juicio. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos para que obre como corresponda la comunicación de cuenta y anexos; sin realizar mayor pronunciamiento de su contenido, toda vez que el presente juicio se encuentra concluido al haber causado firmeza el sobreseimeinto fuera de audiencia -veintisiete de noviembre de dos mil veinte-. Asimismo, no obstante que en auto de veintinueve de octubre del año próximo pasado, se acordó la devolución de las constancias de emplazamiento practicadas a los terceros interesados, remitidas por la autoridad oficiante, dése de baja en el libro de gobierno el despacho, debiéndose hacer las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de enero de dos mil veintiuno. Vistos: I. La certificación puntualizada en primer orden, de la que se advierte que con motivo de la circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, se suspendieron los plazos y términos procesales en este juicio, por lo que no se celebrarían audiencias ni se practicarían diligencias. II. La certificación indicada en segundo orden, de la que se observa que a través de la circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, la Secretaría de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que partir del doce de enero de dos mil veintiuno, los órganos jurisdiccionales no incluidos en el apartado I, de esa circular (Primer, Decimoquinto, Decimosexto y Decimoctavo Circuitos), regresarían al esquema de trabajo previsto en el, Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; por lo que a partir de esa fecha se reanudarían los plazos y términos que fueron suspendidos por la circular CAP/3/2020; lo cual implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, sin restricción alguna. III. Escrito signado por José Alejandro Solís Méndez, en su carácter de tercero interesado, mediante el cual solicita se notifique a la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Civil, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, la resolución emitida el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, sin que haya sido recurrida por los quejosos Marcos Gordillo Abarca, María Ruti Gordillo Morales, Andrés Pérez Martínez, en su calidad de miembros del Consejo de Administración de la persona moral Cooperativa de Transportes Rosario Castellanos. Al efecto, se acuerda: Respecto a los puntos I y II, se procede a la continuación del trámite del juicio en que se actúa; por tanto, infórmese a las partes que a partir de la legal notificación del presente acuerdo se reanudan los plazos y términos en este expediente, de conformidad con lo previsto en los artículos 2 primer párrafo y 20, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Ahora, atendiendo a la petición formulada por el tercero interesado, reseñada en el diverso III, y toda vez que de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa para inconformarse del proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte -tres al dieciséis de diciembre de dos mil veinte-, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el expediente en que se actúa, pues fue notificado el uno de diciembre de ese propio año, lo anterior, atendiendo a lo que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo. Por ello, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80 y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el auto de veintisiete de noviembre del año en curso, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Debiéndose notificar el contenido del presente auto, así como del diverso de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, a la autoridad responsable. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción a), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin mayor pronunciamiento, toda vez que no se formó el cuadernillo incidental. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por el quejoso susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Felix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Sobreseimiento fuera de audiencia Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el término para promover la demanda de amparo por la parte quejosa transcurrió del nueve al veintinueve de enero de dos mil veinte, al haberse ostentado sabedores del acto reclamado el siete de enero del presente año. Ahora bien, toda vez que dicha situación se traduce en una causa notoria y manifiesta de sobreseimiento, se acuerda: Se sobresee en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo En acatamiento a tal precepto legal, se advierte que respecto al acto reclamado en este asunto, se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento.". Del numeral previamente reproducido se tiene que cuando un juicio de amparo no sea promovido dentro de los términos mencionados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados conforme a las reglas que establece el diverso numeral 18, en contra de actos que en opinión del amparista lo agravian, los mismos se reputan tácitamente consentidos, para efectos de la procedencia de ese medio extraordinario de control constitucional. Ahora bien, el artículo mencionado en primer término, señala lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Por su parte, el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Este numeral dispone tres momentos a partir de los cuales debe computarse el término de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se computan, respectivamente, a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Como se observa, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. No debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse (i) la notificación, (ii) el conocimiento o (iii) la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo. En los dos últimos supuestos, el plazo de quince días comenzará al día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento de la existencia del acto reclamado o se ostente sabedor del acto o de su ejecución; sin que en estos casos inicie el cómputo a partir del día siguiente en que se surtan los efectos, pues no existe notificación cuyo efecto deba surtir, sino que como expresamente lo establece el artículo 18 de la Ley de Amparo, el cómputo inicia al día siguiente de la fecha en que haya tenido conocimiento del acto o de aquella en que haya confesado haberlo tenido. Cabe destacar que el acto que se reclama no se encuentra en algunos de los casos de excepción del artículo 17 de la Ley de Amparo. En el caso que nos ocupa, del escrito aclaratorio de demanda que bajo protesta de decir verdad formuló la parte quejosa, al que se asigna el valor probatorio de una confesión expresa en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se obtiene que el siete de enero de dos mil veinte, +++++, en su carácter de integrantes del Consejo de Administración de la +++++, se ostentaron sabedores del proveído de once de diciembre de dos mil nueve, en el cual no se tuvo por admitido el recurso de revocación interpuesto en el expediente 777/2014. Por ende, en la especie, se actualiza la tercera regla establecida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, es decir, que el término para la instauración del juicio de derechos fundamentales inició a partir del día siguiente en que se ostentó sabedor del acto reclamado. Con base en lo expuesto, resulta evidente que el término de quince días que para la presentación de la demanda de amparo establece el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, empezó a contar a partir del día siguiente hábil de la fecha en que el justiciable se ostentó sabedor del acto reclamado -siete de enero de dos mil veinte-, es decir, transcurrió del nueve al veintinueve de enero del año en curso, descontándose los días once, doce, dieciocho y diecinueve de enero de la misma anualidad, por haber sido inhábiles. Luego, si el escrito de demanda fue presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales, con residencia en Tuxtla Gutiérrez y Juzgados de Procesos Penales Federales y Amparo en Materia Penal, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, el seis de marzo de dos mil veinte, como se advierte de la boleta de turno expedida por la citada oficina de correspondencia, válidamente se concluye que la presentación de la demanda resulta extemporánea al haber fenecido el plazo que la ley concede para tal efecto y, como consecuencia de ello, el acto reclamado se considera como tácitamente consentido para los efectos del juicio constitucional, lo que por sí solo, hace que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página cuarenta y siete, volumen 193-198 primera parte, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". Sin que sea obstáculo a lo anterior, que los quejosos hayan promovido demanda de amparo indirecto equivocadamente ante la autoridad responsable Juez Primero en Materia Civil, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, el veintidós de enero del presente año, escrito del cual de manera inobjetable se advierte su ánimo de ejercer la defensa de sus derechos que estima transgredidos en la vía biinstancial ante un Juez de Distrito; por tanto, el término de la presentación de la demanda de amparo se toma en cuenta a partir de que las constancias fueron recibidas en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en esta ciudad, y Juzgados de Procesos Penales Federales y Amparo en Materia Penal, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, el seis de marzo siguiente, fecha que como se dijo en párrafos precedentes resulta extemporánea para su presentación. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU PRESENTACIÓN ANTE LA RESPONSABLE NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI NO EXISTE EQUIVOCACIÓN EN LA VÍA DE IMPUGNACIÓN. La presentación de la demanda de amparo indirecto, ante la autoridad responsable, no interrumpe el término de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo para el ejercicio de la acción constitucional. Lo anterior es así ya que si el quejoso en su demanda con toda claridad alude al amparo en la vía indirecta o biinstancial, e incluso dicho escrito lo dirige al Juez de Distrito en turno, no hay razón para que lo presente por conducto de la autoridad responsable porque no hay disposición legal que lo permita; por tanto, al no haber equivocación en la vía de impugnación no se interrumpe el término para interponer la demanda de amparo indirecto. Por lo antes expuesto se sobresee el juicio fuera de audiencia en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Lo anterior al ser una causa de sobreseimiento manifiesta e indudable, pues como se plasmó en párrafos precedentes existe la confesión expresa por parte de los impetrantes de tener conocimiento del acto que aquí reclaman el siete de enero del presente año, y la certeza de que la demanda de amparo fue presentada hasta el seis de marzo siguiente, es decir fuera del término de quince días establecido en la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior al presentar los quejosos la demanda de amparo manifestaron que su intención era promover amparo indirecto mismo que debieron haber presentado ante un Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con residencia en esta ciudad, no así ante la responsable y al no hacerlo de esa manera, su plazo de presentación fue hasta que el asunto se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en esta ciudad, y Juzgados de Procesos Penales Federales y Amparo en Materia Penal, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, esto al conocer la vía correspondiente, y al no hacerlo así no es posible tener por presentada la demanda cuando promovió el juicio de amparo ante la responsable, tal y como se dilucidó en la jurisprudencia citada en el presente acuerdo; situación que se evidencia objetivamente en el expediente, de ahí resulta notoria la causal citada. Apoya lo anterior la jurisprudencia registrada con el número 184572, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XVII, Materia Común, de rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Razón por la cual se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Vistos; i) Las certificaciones que anteceden, de la cual se advierte que se encuentran suspendidos los términos y plazos para que la autoridad responsable Juez Primero en Materia Civil, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, esté en aptitud de rendir su informe justificado, requerimiento que fue notificado el ocho de octubre del presente año. ii) El estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se aprecia que la audiencia constitucional está señalada para la presente fecha. Al efecto, se acuerda: Atento a los puntos anteriores y para no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a la autoridad responsable, toda vez que el diferimiento de una audiencia constitucional, constituye un acuerdo de trascendencia menor que, por exclusión, puede notificarse por lista a las partes, ya que de ello no les impide conocer el desarrollo del procedimiento en que se actúa, ni se afecta la correcta integración de este expediente; por tanto, se ordena notificarla por el medio antes indicado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, enero de 2013, Décima Época, con registro 2002576, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE POR LISTA.

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