Marcos García Leyva
Expediente 1231/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1231/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 16/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Marcos García Leyva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Juicio de Amparo Directo
Pachuca de Soto, Hidalgo, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos de los cuales se advierte que transcurrió el término concedido a las partes para que se inconformaran en contra de la resolución de tres de julio de dos mil veintitrés, que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio; por tanto, se tiene por consentida dicha resolución. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 202 y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, y no existir documento original que devolver, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro correspondiente; por último, con fundamento en los artículos 12, 14, y 17 fracción I, inciso a), y demás relativos y aplicables del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente en que se actúa es CONSERVABLE. Notifíquese.
- Juicio de Amparo Directo
Pachuca de Soto, Hidalgo, tres de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se procede a analizar si la sentencia dictada en el juicio de amparo directo administrativo 1231/2022, está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para ello, tal como lo dispone el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente. En efecto, dicho artículo, literalmente dispone lo siguiente: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley.". En estricto cumplimiento al dispositivo legal transcrito, y considerando que para tener por cumplida la ejecutoria de amparo debe ser en su totalidad, sin excesos ni defectos, es necesario precisar sus alcances y efectos. En sesión ordinaria virtual celebrada el trece de abril de dos mil veintitrés, este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en el juicio de amparo directo administrativo 1231/2022, promovido por Marcos García Leyva, por propio derecho, resolvió conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, en los siguientes términos: "Bajo ese contexto legal se puede concluir que la responsable faltó al principio de congruencia interna porque la sentencia reclamada contiene afirmaciones que se contradicen entre sí. En efecto, en la sentencia reclamada la autoridad responsable fijó las siguientes consideraciones: FACTOR DE INCREMENTO A LA FECHA DE LA PENSIÓN. Por un lado, estableció que virtud a que a la parte actora se le otorgó su pensión a partir del ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete, el factor de incremento de la pensión se regía conforme aumentara el salario mínimo general para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), como se establece en el artículo 57, tercer párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en vigor a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres. No obstante, en líneas subsecuentes, la propia autoridad resolvió que la prueba pericial contable que desahogó el accionante era ineficaz porque atendiendo a los criterios de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, "ninguna aplicación tienen los salarios mínimos de los trabajadores del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, a la cuota diaria de pensión de la hoy demandante en atención a la fecha en que se jubiló." Pues dijo, que como la fecha de concesión de pensión al demandante, fue el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete, el cálculo de los incrementos de la cuota de pensión se realiza de conformidad con el artículo 57, tercer párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en vigor a partir del cinco de enero de 1993, es decir, conforme al aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor y en caso que este resulte inferior a los aumentos otorgados de manera general, a los tabuladores que contienen los sueldos básicos de los trabajadores en activo, como se establece en el artículo 57, tercer párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, "en vigor a partir del 5 de enero de 1993". En ese contexto legal, es inconcuso que la sentencia reclamada contempla afirmaciones contradictorias entre sí sobre el factor de incremento a la fecha de la pensión, dando como resultado la indeterminación del punto de debate que imposibilita la defensa del actor. LEGALIDAD O ILEGALIDAD DE OFICIO CUYA NULIDAD SE DEMANDÓ EN EL JUICIO. Pero no sólo lo anterior, pues en el acto reclamado se resolvió que era ilegal el oficio SP/DPSH/OP/4789/2021, de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, cuya nulidad se demandó, porque en él la Encargada de Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se limitó a afirmar que '...los incrementos de pensión por jubilación será realizado en unidades de Medida y Actualización.', lo que estimó la Sala Regional responsable resulta insuficiente, llevándole a establecer que adolecía de la debida fundamentación y motivación. Sin embargo, al finalizar la sentencia, la propia autoridad calificó a los agravios formulados en el juicio de nulidad como "inoperantes e infundados" y con fundamento en el artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo la autoridad responsable reconoció la legalidad o validez del oficio SP/DPSH/OP/4789/2021, de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, dijo, 'en atención a la presunción de legalidad de la que goza todo acto de autoridad, debido a que la parte actora fue omisa en acreditar su ilegalidad'. De donde se advierte que el oficio no puede ser a la vez ilegal y legal, mostrando así la transgresión al aludido principio de congruencia interna en la sentencia reclamada, que debe llevar al otorgamiento del amparo solicitado ante la inconcusa transgresión a los derechos fundamentales del jubilado quejoso. CONCLUSIÓN DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO. Es en ese tenor que ante las evidentes contradicciones internas de que adolece la sentencia reclamada, es inconcuso que la Sala Regional responsable inobservó los artículos 50 y 52, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y por ende, violentó los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio del amparista. Es aplicable a lo anterior, por lo en ella analizado, la jurisprudencia VI. 3o. J/17, emitido por la Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Marzo de 1991, página 101, registro digital 223338, que dice: "SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD. PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR TODAS LAS CUESTIONES PROPUESTAS. Si el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, impone a las Salas Regionales la obligación de examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos en el juicio fiscal, es evidente que para que se ajuste a derecho la resolución que se dicte en él, debe observarse el principio de congruencia y para cumplir con éste, es necesario que se haga un pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los conceptos expuestos por los inconformes, ya que de no hacerlo así, se viola el referido precepto y la garantía de legalidad contemplada por el artículo 16 constitucional." CONCLUSIONES VICIADAS. Sin embargo, antes de plasmar los efectos de la protección constitucional, es mester precisar que no pierde de vista este Tribunal Constitucional que la autoridad responsable resolvió que a pesar a partir de dos mil dieciséis, el incremento de la cuota de pensión que se realizaba conforme a los Salarios Mínimos del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), se tendría que efectuar ahora conforme a la Unidad de Medida y Actualización, tal como lo había dilucidado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 37/2022 (11a.), de rubro: 'PENSIÓN JUBILATORIA. EL AUMENTO ANUAL EN SU CUANTÍA PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ABROGADA, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.' Asimismo, dilucidó que es inaplicable la tesis invocada por la actora de rubro: 'UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA). NO PUEDE APLICARSE PARA DETERMINAR LA CUOTA DIARIA O LA LIMITANTE DE PAGO DE UNA PENSIÓN, POR TRATARSE DE PRESTACIONES DE NATURALEZA LABORAL REGIDAS POR EL SALARIO MÍNIMO.'. toda vez que conforme a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el límite máximo de la cuota diaria pensionaria establecido en los artículos 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, y 7 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es una medida o referencia ajena a la naturaleza de lo que es el salario mínimo, y por tanto, debe cuantificarse a razón de diez veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; y al efecto se invocó la jurisprudencia: "PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.'. Sin embargo, ante la transgresión advertida; es decir, al tener la sentencia reclamada razonamientos que se contradicen entre, sí como se ha evidenciado en líneas que anteceden, no es posible abordar los conceptos de violación que al respecto se formulan, pues una vez que la autoridad responsable adopte la determinación con congruencia, estará en posibilidad de resolver con legalidad lo conducente, y así el quejoso estará en aptitud de advertir si lo que se concluya afecta o no sus derechos, y de ser el caso, combatirlo con certeza jurídica. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, deje insubsistente la sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y en su lugar emita otra en la que, prescinda de las incongruencias internas advertida por este órgano colegiado y con libertad de jurisdicción resuelva conforme a los hechos y fundamentos propuestos por las partes. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 74 a 77 y 216 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A MARCOS GARCÍA LEYVA, contra el acto reclamado a la Sala Regional Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consistente en la sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el expediente 1172/22-27-01-5, para que lo deje insubsistente por las razones apuntadas en el último considerando de esta ejecutoria." (Termina transcripción) En cumplimiento a tal ejecutoria, la Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por conducto de su Presidente, mediante oficios 27-1-2-24933/23 y 27-1-2-24934/23 remitió copia certificada del auto de dos de mayo de dos mil veintitrés y de la sentencia pronunciada en esta misma data, en el expediente 1172/22-27-01-5; sin embargo, por acuerdo presidencial de treinta y uno de ese mes y año, se tuvo por no cumplido el fallo protector, considerando que, por un lado, se había establecido que la petición de la actora reclamó "que la cuota pensionaria sea incrementada sólo en los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022", no obstante la autoridad responsable en la nueva resolución abordó tales reclamos y otros que no citó como parte de la litis (actualización de años anteriores); aunado a que se determinó que el factor o parámetro de incremento de la pensión de la parte actora se rige por las normas vigentes en el momento en que fue otorgada, es decir, conforme al aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor y en caso que éste resulte inferior a los aumentos otorgados de manera general, a los tabuladores que contienen los sueldos básicos de los trabajadores en activo, no obstante había concluido que: "Partiendo de la fecha en que se otorgó la pensión a la parte actora (8 de diciembre de 1997), se puntualice que el artículo aplicable para determinar los porcentajes de incremento lo es el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que los incrementos de la cuota diaria se deben realizar conforme al incremento que hayan tenido los salarios mínimos para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México)" Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la a responsable para que diera el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Mediante oficio 27-1-2-31735/23, de dos de junio del año que transcurre, la autoridad responsable informó sobre el cumplimiento a la ejecutoria que nos ocupa, remitiendo auto y sentencia de la misma data, dictados en el expediente 1172/22-27-01-5; documentos que participan de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, como lo ordena su numeral segundo. Ahora bien, en el primer lineamiento del fallo protector se conminó a la Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que dejara insubsistente la sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el expediente 1172/22-27-01-5; lo que se tiene por cumplido al tenor del contenido del acuerdo de dos de junio del año en curso, en el que se asienta que se dejó sin efectos las sentencias de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y de dos de mayo de dos mil veintitrés, Asimismo, como segundo lineamiento se le ordenó emitir otra sentencia en la que, la autoridad responsable prescindiera de las incongruencias internas advertida en la sentencia de amparo, y con libertad de jurisdicción resolviera; tales incongruencias consistieron en las siguientes: 1. Respecto del factor de incremento a la pensión de la parte quejosa, en el acto reclamado inicialmente se estableció que virtud a que a la parte actora se le otorgó su pensión a partir del ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete, ese factor se regía conforme aumentara el salario mínimo general para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México); no obstante, en líneas subsecuentes, se dijo que "ninguna aplicación tienen los salarios mínimos de los trabajadores del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, a la cuota diaria de pensión de la hoy demandante en atención a la fecha en que se jubiló pues su cálculo se realiza, conforme al aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor y en caso que este resulte inferior a los aumentos otorgados de manera general, a los tabuladores que contienen los sueldos básicos de los trabajadores en activo, como se establece en el artículo 57, tercer párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, "en vigor a partir del 5 de enero de 1993". 2. La segunda incongruencia que se advirtió fue que al analizar el oficio cuya nulidad se demandó en el juicio de origen, inicialmente la autoridad responsable estableció que era ilegal porque adolecía de la debida fundamentación y motivación, sin embargo, se concluyó lo contrario. Lo que se estima cumplido, pues además de que se dejó de incurrir en las incongruencias destacadas, con la libertad de jurisdicción concedida se dilucidó respecto del factor o parámetro de incremento de la pensión de la parte actora, ello al tenor literal siguiente: "Entonces, conforme a lo hasta aquí expuesto, en aplicación del principio de congruencia, con fundamento en los artículos 51, fracción II y 52, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y en estricto acatamiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado en la ejecutoria que se cumplimenta, lo procedente es declarar la NULIDAD de la resolución contenida en el oficio SP/DPSH/OP/4789/2021, de 21 de diciembre de 2021, emitida por la Encargada de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado PARA EL EFECTO de que emita otra resolución debidamente fundada y motivada en la que, en la que: 1) Partiendo de la fecha en que se otorgó la pensión a la parte actora (8 de diciembre de1997), puntualice que el artículo aplicable para determinar los porcentajes de incremento lo es el artículo 57 de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que los incrementos de Ia cuota diaria se deben realizar conforme al incremento que hayan tenido los salarios mínimos para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) hasta 2015. 2) lndique los porcentajes de incremento que ha tenido el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (Hoy Ciudad de México) hasta 2015, explicando pormenorizadamente los cálculos correspondientes a los incrementos generados en la pensión de la actora desde su concesión, indicando los porcentajes de aumento y los periodos por los cuales se apliquen, asimismo, deberá detallar fechas, cantidades, conceptos, incrementos y operaciones en que sustente su decisión, conteniendo los documentos utilizados para ello. 3) A partir de 2016, aplique los porcentajes de incremento correspondientes a la pensión de la pode hoy adora conforme a las Unidades de Medida y Actualización, pormenorizando los cálculos correspondientes, debiendo detallar fechas, cantidades, incrementos y operaciones en que sustente su decisión, conteniendo los documentos utilizados para ello, hasta que quede firme la presente sentencia. 4) Deberá considerar como el tope de pensión establecido en el artículo 7° del Régimen para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Derecho por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el equivalente a diez veces el Salario Mínimo Vigente para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) que establezca la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, de acuerdo con las resoluciones que año con año publica41: Diario Oficial de la Federación y a partir del año 2016 deberá de ser realizada a diez veces Unidad de Medida y Actualización a partir del veintisiete de enero de 2016, en el que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo mediante el cual se implementó la creación de la Unidad de Medida y Actualización, expresada en moneda nacional, que sustituyó al salario mínimo como índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 5) En caso de resultar conducente, proceda a determinar y pagar a la accionante las diferencias que resulten a su favor derivadas del incremento calculado, así como por lo que hace al incremento proporcional de los aguinaldos correspondientes. - 6) Finalmente, las cantidades que pague la autoridad, deberán estar actualizadas conforme al procedimiento que establece el artículo 6°, fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta." En ese tenor, y como se dijo, la sentencia de amparo se tiene por cumplida, sin exceso ni defecto. Por lo anterior, una vez que cause estado esta determinación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previo las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este tribunal federal. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que se practique la notificación encomendada en el presente asunto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Juicio de Amparo Directo
Pachuca de Soto, Hidalgo, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta de los cuales se advierte que el término concedido a las partes por proveído de seis de junio de dos mil veintitrés, transcurrió del nueve, al veintidós del mismo mes y año; en consecuencia, díctese la resolución que corresponda. Notifíquese.
- Juicio de Amparo Directo
Pachuca de Soto, Hidalgo, seis de junio de dos mil veintitrés. A sus autos el oficio del Presidente de la Sala Regional de Hidalgo y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, firmado conjuntamente con la Secretaria de Acuerdos adscrita, a los que acompañan dos anexos certificados. En atención al contenido del mismo, se tiene a la autoridad responsable remitiendo copia certificada del acuerdo y resolución de dos de junio de la presente anualidad, dictados en el expediente administrativo 1172/22-27-01-5, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con lo anterior, dese vista a las partes por el término de diez días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Hecho que sea díctese el acuerdo correspondiente. Notifíquese.
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