Marcos García García

Expediente 320/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
320/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
12/11/2020

Partes del expediente

  • Marcos García García

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó y el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, en acuerdo inicial concedió la suspensión de plano; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo siete, punto "7.4" relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, el proveído donde se concedió la suspensión de plano y esta determinación. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma, se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 18 del Acuerdo General multicitado, en concordancia con el capítulo siete, punto "7.6" del manual citado en párrafos que anteceden, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, contados a partir de esta determinación y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los siguientes noventas días, se procederá a depurar el expediente, conservando las constancias correspondientes. Una vez terminado el proceso de depuración, este órgano jurisdiccional solicitará la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; al cumplir diez años de haberse ordenado el archivo de este expediente como asunto concluido, la Dirección General de Archivo y Documentación podrá ejecutar la destrucción material de aquél, previa autorización de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 320/2020, promovido por **, por su propio derecho, contra el acto que reclama del Ayuntamiento de San Mateo Piñas, Pochutla, Oaxaca. I. ANTECEDENTES 1. Refiere el quejoso que el veintinueve de marzo de dos mil veinte, los integrantes del Ayuntamiento de San Mateo Piñas, Pochutla, Oaxaca, emitieron un comunicado dirigido a los habitantes del citado municipio y a los que radican fuera de éste, en el que prohibían estrictamente la entrada y salida a dicha población, ello como medida para evitar la propagación del virus COVID-19. 2. Posteriormente, el cuatro de abril del año en curso, con motivo de la sesión extraordinaria del Ayuntamiento responsable, se emitió el diverso acuerdo **, se informó a la población que se reaperturaba el libre tránsito a los ciudadanos de dicha población para el ingreso y salida de ésta, exhortando a la implementación de medidas de prevención para evitar el contagio del virus COVID-19, como lo es el uso obligatorio de cubre bocas, lavado constante de manos con agua y jabón, distanciamiento social (sana distancia), no aglomeramiento de personas y en la medida de lo posible, quedarse en casa. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Por escrito presentado el treinta de marzo de dos mil veinte, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, *** promovió juicio de amparo indirecto en contra de los integrantes del Ayuntamiento de San Mateo Piñas, Oaxaca, por el acto que más adelante se precisará. 4. En la misma fecha de su presentación, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca registró la demanda con el número 109/2020, se declaró incompetente para conocer del asunto, por razón de territorio, concedió la suspensión de plano al quejoso y ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en San Bartolo Coyotepec. 5. El uno de abril posterior, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto, lo registró con el progresivo 320/2020 y admitió a trámite la demanda, se solicitó que la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se otorgó la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la adscripción y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 6. Mediante proveído de cinco de agosto del presente año, se hizo constar que de conformidad con lo establecido en los Acuerdos Generales 4/2020, 8/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales se mantuvo suspendido del dieciocho de marzo al dos de agosto del año en curso y que el diverso Acuerdo 21/2020, ordenó la reactivación del funcionamiento de los órganos del Poder Judicial de la Federación, mediante un regreso escalonado; motivo por el cual, se reanudó el expediente en que se actúa y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 7. La audiencia constitucional se llevó a cabo el veintitrés de octubre de dos mil veinte, en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA 8. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. 9. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y la autoridad señalada como responsable tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 10. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 11. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 12. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". 1 13. En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo y las constancias allegadas al expediente, permiten sostener que la parte quejosa reclama de los integrantes del Ayuntamiento de San Mateo Piñas. Pochutla, Oaxaca, lo siguiente: ? El comunicado emitido el veintinueve de marzo de dos mil veinte, en el que se prohibía el ingreso o salida de la mencionada población, como medida para evitar la propagación del virus COVID-19. V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO 14. Al rendir su informe de ley, los integrantes del Ayuntamiento de San Mateo Piñas, Pochutla, Oaxaca, indicaron que dicho comunicado se emitió como consecuencia de una petición elevada por los ciudadanos, ya que se rigen por sistemas normativos internos. 15. De ahí, que se tenga como cierto el acto que se le atribuye. 16. La anterior circunstancia, se corrobora las diversas constancias que acompañó a su informe de ley, a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°; por tanto, se tiene por probado plenamente el acto reclamado a dicha autoridad. 17. Al respecto es aplicable la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página doscientos treinta y uno, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." 18. Así como la jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 19. Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. 20. Es aplicable la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 553, Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." 21. En tal sentido, del estudio de las actuaciones que componen el presente juicio de amparo, de oficio se advierte que contra el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." 22. La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se restituyera al quejoso en el goce de los derechos fundamentales que alega le fueron violados. 23. El supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. 24. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto sea negativo o implique una omisión. 25. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página treinta y ocho, aplicada por identidad jurídica sustancial, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 26. Ahora bien, para evidenciar el por qué se actualiza la causa de improcedencia antes invocada, es necesario relatar los antecedentes del acto reclamado, mismos que se obtienen del escrito de demanda y de las constancias que allegó la autoridad responsable: a) El veintinueve de marzo de dos mil veinte, los integrantes del Ayuntamiento de San Mateo Piñas, Pochutla, Oaxaca, emitieron un comunicado que prohibía la entrada y salida de dicha población, como medida para evitar la propagación del virus COVID-19. b) El cuatro de abril posterior, se llevó a cabo una sesión extraordinaria, donde los integrantes del mencionado Ayuntamiento dejaron sin efecto el comunicado citado en el párrafo que antecede, y ordenaron emitir uno diverso que ordena la reapertura del libre tránsito en la población de San Mateo Piñas, exhortando a la ciudadanía para que intensifique las medidas de prevención. c) Con motivo de lo anterior, se emitió el acuerdo MSMP/253/006/2020. 27. Luego, si el quejoso acudió al amparo a controvertir el comunicado de veintinueve de marzo de dos mil veinte, en el que la autoridad responsable prohibía la entrada y salida de San Mateo Piñas, Pochutla, Oaxaca, pero dicho comunicado quedó sin efectos al emitirse el diverso de cuatro de abril del año en curso, que reaperturó el libre tránsito en dicha población, es inconcuso que cesaron los efectos de éste. 28. Lo anterior, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de causar perjuicio, restituyendo a la parte quejosa en el goce de su derecho fundamental violado. VII. DECISIÓN 29. En esas condiciones, es patente que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, y consecuentemente, procede sobreseer en el juicio de amparo, ello de conformidad con la fracción V del diverso 63 de esa legislación. 30. En tal virtud, no resulta jurídicamente posible ocuparse de los argumentos expresados por la parte quejosa en sus conceptos de violación, para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, pues ello constituye el fondo de la litis constitucional, cuyo análisis no es permitido por el sentido (sobreseimiento) del presente estudio. 31. Así, este órgano de control constitucional se encuentra legalmente imposibilitado para pronunciarse respecto al fondo del problema jurídico planteado, en atención a la existencia de una causa que hace improcedente el juicio de amparo, acorde con la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 88, Tomo 187-192, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro en el IUS 232302 que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." 32. Resulta importante destacar, que el suscrito, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por el Fiscal Federal de la adscripción, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. 33. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. 34. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. 35. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." 36. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. 37. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **, por su propio derecho, de conformidad con lo expuesto en el apartado VI del presente fallo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado rendido por el Síndico Municipal y Representante Legal del Municipio de San Mateo Piñas, Pochutla, Oaxaca, y ténganse como pruebas de su parte, las documentales que exhibe, para tal efecto; y con lo anterior, dese vista a las partes. En ese orden, a efecto de dar vista a las partes con el aludido informe con justificación, por el plazo de ocho días, como lo prevé el primer numeral invocado en el párrafo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta data, se difiere y se fijan las quince horas con veinte minutos del veintitrés de octubre de dos mil veinte, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE."

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