Marcos Francisco González Gutiérrez
Expediente 66/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 66/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 22/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Marcos Francisco González Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el proveído de diecisiete de marzo del año en curso, consecuentemente y con fundamento en el artículo 2 de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por Marcos Francisco González Gutiérrez, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, por encontrarse en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En términos del capítulo tercero, punto decimoprimero segundo párrafo, del acuerdo General Conjunto número 1/2009, se hace constar que el presente juicio de garantías no es de relevancia documental. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
.......procedo a notificar por lista en los Estrados de este Juzgado, y lista en una página electrónica al quejoso Marcos Francisco González Gutiérrez, en términos de lo dispuesto en la fracción I, inciso B del artículo 27 de la Ley de Amparo, el auto de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis.......Vista la constancia secretarial de cuenta de la que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista concedida mediante proveído de dos del mes y año en curso, la cual le fue notificada por medio de lista del diez siguiente, respecto a la causa de improcedencia que oficiosamente se advirtió en el presente juicio, por lo que el Suscrito procede a resolver lo que en derecho procede. Ahora bien, la parte quejosa Marcos Francisco González Gutiérrez, señaló como acto reclamado la omisión por parte de la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, de dictar proveído en el que se declare cerrada la instrucción, dentro del juicio laboral 578/2009-V. Por su parte, la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante oficio OP/OF/1938 rindió su informe justificado, al que anexó copia certificada del proveído de veintiséis de febrero del año en curso, del que se advierte que declaró cerrada la instrucción turnando dicho expediente para la elaboración del dictamen correspondiente (foja 24 y 25). Actuaciones, de las cuales se desprende que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que procede el sobreseimiento fuera de audiencia por haber cesado del acto reclamado, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Al efecto, procede citar la Contradicción de tesis número 26/200-PL, con registro número 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA." En efecto en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" . Pues bien, se afirma que se actualiza dicha causal de improcedencia, en virtud de que el impetrante Marcos Francisco González Gutiérrez, señaló como acto reclamado la omisión por parte de la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, de dictar proveído en el que se declare cerrada la instrucción, dentro del juicio laboral 578/2009-V; siendo el caso que dicha responsable mediante oficio OP/OF/1938 rindió su informe justificado, al que anexó copia certificada del proveído de veintiséis de febrero del año en curso, del que se advierte que declaró cerrada la instrucción turnando dicho expediente para la elaboración del dictamen correspondiente (foja 24 y 25), lo cual constituyó la omisión reclamada a la responsable. De lo cual es dable desprender que cesaron los efectos del acto reclamado, en estas condiciones, al evidenciarse que los efectos de la omisión reclamada en este juicio constitucional ha desaparecido o han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es que se actualiza la referida causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, del diverso de la misma ley, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, tesis 2a./J. 9/98, página 210, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" . Sin que obste a lo anterior el hecho de que la parte quejosa haya aducido en su demanda que reclamaba las subsecuentes actuaciones que se den después de dictar el auto de instrucción, toda vez que el análisis de los actos reclamados derivados de un juicio laboral, se determina en función de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral; esto es, respecto al cierre de instrucción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I , Materia Común, de la Segunda Sala, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 732 , cuyo rubro es el siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL" . En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011" . Asimismo es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA . Por tal motivo, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del doce de abril de dos mil dieciséis.
- Principal
Vista la constancia secretarial que antecede de la que se desprende que se encuentra transcurriendo el término otorgado al quejoso Marcos Francisco González Gutiérrez, en proveído de dos de marzo del año en curso, de lo cual fue notificado por medio de lista del diez del mes y año en curso; en tal virtud, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las diez horas con veinte minutos del doce de abril de dos mil dieciséis, para su desahogo. Por otra parte, de la referida constancia secretarial, se advierte que el tercero interesado Sindicato Único de Trabajadores al Servicios de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, Sección Tijuana, no ha dado cumplimiento a lo requerido mediante proveído de dieciséis de febrero del año en curso, de lo cual fue notificado vía exhorto por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, por medio de lista de la autoridad exhortada del dos de marzo del año que transcurre; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, debiendo de realizar las subsecuentes notificaciones a dicho tercero por medio de lista, aún las de carácter personal, de conformidad con el numeral 27, fracción II, de la Ley de Amparo,
- Principal
Glósese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, con el cual se le tiene devolviendo la comunicación oficial 26/2016-V con número de orden 55/2016 de su índice, relativa a la 45/2016 con número de orden 51, derivada del presente juicio constitucional; por tanto, como lo solicita dicha autoridad acúsese vía correo electrónico oficial el recibo de estilo correspondiente.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · 9,394 expedientes
- Marcos Antonio Bojórquez Valenzuela447/2021
- Marcos Antonio Bojorquez Valenzuela576/2022
- Marcos Antonio González Flores1296/2022
- Marcos Antonio González Flores1295/2022
- Marcos Antonio Salgado Torres1427/2023
- Marcos Eduardo Ortega Castro1040/2022
- Marcos Henrique Ferreira De Souza Goncalves y Otros.702/2023
- Marcos Miguel Rada y Otros.566/2022
- Marcos Natanael Osoy Alvarado553/2020
- Marcos Pérez Dávila559/2021
- Marcos Sánchez Calderón1235/2021
- Marcos Sosa Martínez863/2023